Es hallada muerta la jefa de bombero, una mujer trans de Dabeiba

25 de julio de 2025. En las últimas horas, se conoció el hallazgo del cuerpo sin vida de Fernanda Domicó, reconocida lideresa social, mujer indígena trans y jefa del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Dabeiba, en el occidente antioqueño. Las circunstancias que rodean su fallecimiento aún no han sido esclarecidas, pero ya han generado profunda conmoción tanto en el municipio como en el ámbito regional, donde Fernanda era ampliamente reconocida por su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la protección de la vida y de las personas LGBTI en contextos comunitarios.

Este hecho, que enluta a las personas LGBTIQ+ del Urabá no puede ser tratado como un hecho aislado. Se inscribe, por el contrario, en un patrón estructural de violencia sistemática contra mujeres trans y personas que ejercen el trabajo sexual, quienes enfrentan riesgos diferenciados marcados por la exclusión social, la estigmatización, la pobreza y la ausencia de garantías institucionales para el ejercicio pleno de sus derechos.

Este asesinato se suma a una larga lista de hechos. El Observatorio de DD. HH de Caribe Afirmativo registra 50 casos en este 2025. Una cifra desalentadora que expone el crecimiento de violencia en Colombia contra personas trans, tal como se anunció en la audiencia CIDH sobre violencia en el país.

Desde Caribe Afirmativo, exigimos a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Metropolitana de Barranquilla adelantar una investigación exhaustiva y con enfoque diferencial, aplicando el Protocolo para la investigación de asesinatos de personas LGBTI+ y considerando la hipótesis de un crimen por prejuicio. Además, incluir protocolos específicos en la investigación que reconozcan su identidad de género, su pertenencia étnica y su rol como defensora de derechos.

Solicitamos a las entidades territoriales activar las rutas de atención, protección y acompañamiento a personas trans y trabajadoras sexuales en riesgo, garantizando el cumplimiento de los compromisos institucionales en materia de derechos humanos y no discriminación. Llamamos a los medios de comunicación a informar sobre este caso con responsabilidad, evitando enfoques revictimizantes o estigmatizantes, y a reconocer la identidad de género de la víctima de acuerdo con los principios del respeto, la dignidad y el nombre sentido.

Recordamos al Estado colombiano su obligación internacional de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violencias basadas en prejuicio, en cumplimiento de los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales de derechos humanos.

Desde Caribe Afirmativo exigimos garantías de no repetición para las personas LGBTI en los territorios rurales y étnicos, así como la implementación efectiva de medidas de protección colectiva para liderazgos diversos. Su muerte no puede quedar en la impunidad ni en el olvido.

Justicia para Fernanda. Su voz sigue encendida como llama de dignidad.

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Asesinato de mujer sexualmente diversa en Barranquilla

24 de julio de 2025. En la noche del lunes 21 de julio, Nerlis Isabel Henríquez Barraza, mujer trans, trabajadora sexual y sexualmente diversa de Barranquilla, fue asesinada en el barrio San Roque tras recibir un disparo en la cabeza. El hecho ocurrió en plena vía pública, en la intersección de la carrera 36 con calle 37, cuando un sujeto armado se acercó directamente a ella y le disparó a quemarropa. La víctima fue trasladada al Hospital General de Barranquilla, donde se confirmó su fallecimiento.

Rechazamos de manera categórica este crimen que, más allá de un hecho individual, se inscribe en un patrón reiterado de violencia hacia las mujeres en el departamento del Atlántico, y del riesgo inminente que viven trabajadoras sexuales en la ciudad. La crueldad del acto, la modalidad con la que fue ejecutado, las amenazas previas y el contexto de exclusión en que vivía Nerlis no pueden ser tratados como un simple hecho de intolerancia o riña personal. Estamos ante un homicidio que reproduce la violencia estructural que enfrentan muchas mujeres en contextos de pobreza, informalidad laboral y criminalización social.

Este asesinato se suma a una larga lista de hechos. El Observatorio de DD. HH de Caribe Afirmativo registra 49 casos a casi cumplirse 7 meses del año 2025. Una cifra desalentadora que expone el crecimiento de violencia en Colombia, tal como se anunció en la audiencia CIDH sobre violencia en el país. Es importante destacar que Nerlis había recibido amenazas recientes por parte de desconocidos y conflictos laborales con otras trabajadoras sexuales, según versiones de sus allegados. Sin embargo, no existen indicios de que se hubieran activado rutas efectivas de protección, lo que expone las graves fallas institucionales para atender y prevenir la violencia basada en prejuicio.

Caribe Afirmativo exige a las autoridades una investigación pronta y con enfoque diferencial, que contemple la hipótesis de crimen por prejuicio y active el Protocolo de investigación para homicidios de personas LGBTIQ+ tal como lo establece la Directiva 006 de 2023 de la Fiscalía General de la Nación. Además, solicitamos que se garantice la protección de las mujeres trabajadoras sexuales que puedan estar en riesgo en la zona.

Este nuevo crimen es un llamado urgente a reforzar la acción del Estado en los territorios donde la vida de las personas LGBTI+ continúa siendo desechable para quienes empuñan las armas o perpetúan la discriminación. Nerlis Isabel Henríquez, conocida cariñosamente como “La Repollito”, no era solo una víctima. Era una mujer con una historia, una vida, una identidad y unos derechos que hoy fueron arrebatados.

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Rechazamos el atentado contra el defensor Nilson de Arco en Soledad, Atlántico

22 de julio de 2025. Desde Caribe Afirmativo expresamos nuestro más profundo rechazo y preocupación por el atentado armado del que fue víctima el defensor de derechos humanos Nilson de Arco, integrante del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), en la tarde del 20 de julio de 2025 en el municipio de Soledad, Atlántico.

El ataque, ocurrido mientras el defensor adelantaba labores de documentación junto a otras organizaciones de derechos humanos en un espacio comunitario del barrio Los Campanos, no solo pone en riesgo su vida —actualmente se encuentra hospitalizado y recibiendo atención médica especializada—, sino que también amenaza a su familia, compañeros de trabajo y a las comunidades que acompañan.

Este hecho no es aislado. Se enmarca en un contexto de creciente violencia, hostigamiento y persecución hacia quienes defienden los derechos humanos en Colombia. Las personas que se atreven a denunciar la corrupción, los abusos del poder y las injusticias que viven las poblaciones más vulnerables enfrentan, cada vez con mayor frecuencia, amenazas, atentados y asesinatos, especialmente en los territorios históricamente atravesados por el conflicto armado y el abandono estatal.

Nilson de Arco había advertido con anterioridad sobre situaciones de riesgo y señalado presuntos actos de corrupción y administración fraudulenta por parte de particulares. Esta información debe ser considerada en el marco de las investigaciones como un posible móvil del atentado, por lo cual exigimos a las autoridades judiciales y al Estado colombiano avanzar con celeridad y diligencia en el esclarecimiento de los hechos, identificar a los responsables y garantizar la protección integral de Nilson, su familia y su equipo de trabajo.

Desde Caribe Afirmativo nos solidarizamos con el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), reconocemos la valentía de Nilson y reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la vida, los derechos humanos y la justicia social en el Caribe colombiano y en todo el país.

Fuente Caribe Afirmativo 1, 2, 3

General, Homofobia/ Transfobia. Atlántico, Barranquilla, Colombia, Dabeiba, Defensores de Derechos Humanos, Fernanda Domicó, Homofobia/Transfobia, La Repollito, Nelson de Arco, Nerlis Isabel Henríquez Barraza, Personas Gays, Personas LGTBIQ, Personas trans, Soledad

Caribe Afirmativo exige a la Fiscalía General de la Nación que investigue de forma inmediata la muerte de Samir López Visbal, quien trabajaba por los derechos LGBTI de este municipio del Atlántico.

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CARIBE AFIRMATIVO lamenta el asesinato del concejal de Galapa, Atlántico, Samir López Visbal, miembro del partido Alianza Social Independiente (ASI). Un hombre que ingresó esta madrugada a su apartamento le propinó con un arma blanca varias heridas en el cuerpo que le causaron la muerte. López, de 33 años, era un hombre abiertamente gay que se graduó hace unos días de idiomas en la Universidad del Atlántico, era un líder que se había destacado por impulsar la cultura y la educación de este municipio.

Fue concejal de Galapa luego de obtener 288 votos en las elecciones de octubre de 2015, él hacía parte de un grupo de líderes LGBTI del país que cree que la única forma de que se reconozcan los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex, es participando en política. Su agenda de campaña se basó en la calidad y acceso a la educación de niños y niñas de este municipio, y se encontraba gestionando la creación de una oficina para la atención de las personas con orientación sexual e identidades de género diversas, de esta parte del país. Durante su corta carrera como concejal, demostró que las personas LGBTI tienen mucho que aportarle a la sociedad. Era parte de la bancada que hacia oposición a quien fue hasta hace unos meses alcalde de este municipio, José Fernando Vargas, quien destituyeron del cargo. Precisamente, por esta labor de control político, López había recibido amenazas.

El presunto asesino ha sido detenido

La Corporación CARIBE AFIRMATIVO hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que la muerte de Samir López sea investigada de forma inmediata y se identifique si el hecho violento tiene relación con su orientación sexual. Esta organización también pide al partido Alianza Social Independiente, que ha sido garante de los derechos LGBTI, que se una a esta exigencia que se le hace al órgano investigador, para que el homicidio de este concejal abiertamente gay no quede en la impunidad, y que además revise la seguridad de todos sus concejales, líderes y lideresas, sobre todo de quienes representan a grupos históricamente discriminados. También solicitamos a la Alcaldía encargada de Galapa que realice campañas en pro de los derechos LGBTI de este municipio.

López hacía parte de un grupo de 10 concejales abiertamente lesbianas, gais, bisexuales y trans del país, que han participado en talleres de formación liderados por CARIBE AFIRMATIVO, que reconoce la importancia de la participación política de las personas LGBTI. Enviamos un mensaje de solidaridad a los habitantes de Galapa, que perdieron a un gran líder, y por último, hacemos un llamado al gobierno para que garantice que personas con orientación sexual e identidad de género diversas, participen en cargos públicos, y se les brinde seguridad durante el ejercicio de sus funciones.

Fuente Caribe Afirmativo

General, Homofobia/ Transfobia. Alianza Social Independiente (ASI), Atlántico, Galapa, José Fernando Vargas, Samir López Visbal

La zona más crítica es la Costa Caribe. / Andrés Torres

Organizaciones armadas ilegales en distintas regiones del país amenazan y desplazan a líderes de esa comunidad. Sectores del gobierno y las ONG trabajan para visibilizar los casos y atacar la discriminación.

“Teniendo presente la difícil situación de conflicto armado interno por la que pasa el país, en la cual hay presencia de distintas fuerzas al margen de la ley, los sectores sociales LGBTI se han convertido en objeto de señalamientos, amenazas, homicidios y desplazamiento forzado”. Así lo revela un reciente informe elaborado por el Ministerio del Interior, en el que se evidencia la preocupante situación de seguridad que vive esta población en departamentos como Sucre, Bolívar, Cesar, Chocó, Santander y Atlántico, donde hacen presencia las Farc y las bandas criminales.

Según el ministerio, la violencia que ejercen esas estructuras criminales contra personas LGBTI se ha agravado en los últimos años, debido a los esfuerzos que ha hecho esa población por exigir la garantía de sus derechos fundamentales. En algunas zonas del país estas circunstancias los han convertido en objeto de panfletos amenazantes, en los que se les conmina a desplazarse de sus lugares de residencia so pena de ser asesinados. Aunque las amenazas se han presentado en ciudades como Bogotá y Barrancabermeja, la zona más golpeada por este fenómeno es la Costa Caribe, donde se han recibido 19 panfletos desde 2012 firmados por los Rastrojos, los Urabeños y las Autodefensas de la Sierra Nevada del Magdalena.

Justamente, el pasado 9 de julio los Comandos Urbanos de los Rastrojos le enviaron un panfleto a varios defensores de derechos humanos del departamento del Atlántico, en el que los declararon “objetivo militar”. Entre ellos se encuentra Edwin Nemes, integrante de Caribe Afirmativo, una organización que defiende los derechos de la población LGBTI. En el documento se lee que esas personas serían asesinadas por “no apoyar la avanzada de la seguridad democrática y por defender los derechos humanos de los campesinos, desplazados, maricas, lesbianas y mujeres violadas por las extintas Auc”. En otro panfleto sin fecha, recibido este año, la misma organización armada ilegal amenazó con “dar muerte” a “lesbianas y homosexuales que degradan la moral y dan mal ejemplo a los niños”.

Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, señala que además de las amenazas “hay mucha presión por parte de las Farc y de grupos paramilitares en los Montes de María, en el Golfo de Morrosquillo y en La Guajira. En Cartagena y Barranquilla las bandas criminales amenazan, prohíben el uso del espacio público y utilizan a las personas LGBTI en el marco de la guerra por el tráfico de drogas”, lo cual ha generado desplazamientos forzados y temor en la región. Además, “se han presentado seis muertes violentas en lo corrido de este año en el Caribe, casos de abuso policial y agresiones de particulares en Barranquilla, en zona bananera del Magdalena y en Montería”.

El informe del Ministerio también reporta casos de discriminación en los que personas LGBTI fueron expulsadas de centros comerciales, retiradas de parques, iglesias, plazas y zonas de prostitución, y otros en las que fueron objeto de “burlas y expresiones agresivas” en escenarios de participación política. Respecto a los homicidios, “el mayor número se presenta contra mujeres trans, que son abordadas en la calle o en sus sitios de trabajo, como peluquerías o salones de belleza”. Igualmente, se han presentado casos de tortura ejercidos “a través de violaciones a mujeres lesbianas por parte de victimarios presuntamente pertenecientes a grupos paramilitares”.

La sistematicidad de la violencia contra esa población ha hecho que la Fiscalía incorpore un enfoque diferencial en sus investigaciones, lo cual permitió la priorización de los homicidios de mujeres trans en Sincelejo y Maicao. Sin embargo, los niveles de impunidad son alarmantes, teniendo en cuenta que de los 202 hechos que conoce el ente acusador, tan sólo siete se encuentran en etapa de juicio y ocho han recibido sentencia condenatoria. Al respecto, Wilson Castañeda opina que “esto es muy contraproducente, porque se manda un mensaje a la sociedad civil de que no son relevantes las violencias contra la población LGBTI y un mensaje de tranquilidad a los victimarios, de que no les va a pasar nada si afectan a esa población”.

A ello se suman las dificultades de las entidades estatales para atender de manera diferenciada los casos en que se ven involucradas personas de esa comunidad. Según Natalia Sorzano, coordinadora del Grupo de Minorías del Ministerio del Interior, “no ha habido el primer caso que tenga un agravante punitivo en el que se diga ‘esto fue por odio’. Se viene trabajando con la Fiscalía en identificar si por el hecho de que la víctima sea una persona LGBTI el presunto victimario debe demostrar que el crimen no fue por homofobia, con el fin de que no se le genere un agravante punitivo. Estas particularidades deben incidir en los protocolos de investigación; son vacíos que existen en la institucionalidad, en las leyes y en toda la construcción jurídica del país”.

Según el informe, otra de las preocupaciones son las denuncias sobre “abuso de autoridad, fuerza desmedida, burlas y agresiones” por parte de la Policía contra mujeres trans y hombres gais. Al respecto, el teniente coronel Alexánder Collazos, coordinador del área de Derechos Humanos de la institución, asegura que “se siguen implementando acciones de prevención en el interior de la Policía y diagnósticos regionales para proteger a esta población”. Se espera que el 21 de diciembre el Ministerio del Interior presente un proyecto de política pública nacional que dé respuesta a las necesidades en materia de salud, educación, trabajo y derechos humanos de la población LGBTI, duramente victimizada y excluida.

Via EL ESPECTADOR

mflorez@elespectador.com

Homofobia/ Transfobia. Alexánder Collazos, Atlántico, Autodefensas de la Sierra Nevada del Magdalena, Barrancabermeja, Bogotá, Bolívar, Caribe Afirmativo, Cesar, Chocó, Colombia, Costa Caribe, Edwin Nemes, FARC, Los Rastrojos, Los Urabeños, Natalia Sorzano, Santander, Sucre, Wilson Castañeda