28 de julio de 2025. Desde Caribe Afirmativo expresamos nuestra profunda preocupación y enérgico rechazo ante los hechos de violencia ocurridos durante un operativo policial en el Centro de Atención Integral para Menores Infractores de La Guajira (CAIMEG), ubicado en Riohacha, que actualmente funciona como centro de reclusión transitoria debido al grave hacinamiento que presenta la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad de esta ciudad.

En la noche del viernes 25 y la madrugada del sábado 26 de julio, funcionarios del grupo GAULA de la Policía Nacional y de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO, antes ESMAD), ingresaron a las instalaciones del CAIMEG con el propósito de realizar registros e incautar objetos no permitidos en el lugar. Las personas privadas de la libertad, junto con sus familiares, denunciaron que esta intervención se ejecutó de manera violenta, con agresiones físicas, verbales y psicológicas, dirigidas especialmente hacia personas LGBTIQ+ e integrantes del pueblo indígena wayuu. Lo anterior, a pesar de haberse desarrollado –según se indica– con el acompañamiento del Ministerio Público, como lo establece la norma.

Ante la gravedad de las denuncias, el lunes 28 de julio funcionarios de la Defensoría del Pueblo realizaron una visita de verificación de derechos en el CAIMEG, en la que recolectaron testimonios de las víctimas, activaron rutas de atención y restitución de derechos. Tras su presencia en el lugar y las entrevistas realizadas, se identificaron los siguientes hallazgos:

• El operativo se habría realizado por orden de instancias jerárquicas superiores, sin notificación previa al comandante del CAIMEG, quien al momento de la intervención se encontraba fuera del centro. Las personas privadas de la libertad señalaron que las requisas son habituales en el CAIMEG, pero que nunca antes habían sido objeto de maltratos.

• Si bien se reporta la presencia de una funcionaria de la Personería durante el operativo, las víctimas manifestaron que no observaron en ningún momento la presencia de personal civil verificando el desarrollo de la intervención en el interior del recinto.

• Las personas privadas de la libertad relataron que los uniformados ingresaron de forma violenta y profirieron amenazas de muerte a todas las personas recluidas. En una de las celdas, donde se encuentran cinco mujeres, fue agredida una mujer trans, quien recibió un golpe en la cabeza durante el ingreso forzado de los uniformados. A esta persona LGBTIQ+ le fue negado su derecho a la identidad de género, se le manifestó que no debía estar en esa celda y fue objeto de amenazas con expresiones discriminatorias y violentas como “la vamos a matar por marica”.

• Además, otras personas recluidas también denunciaron agresiones físicas, verbales y psicológicas. Personas indígenas wayuu informaron que fueron obligadas a raparse el cabello, una práctica que representa un acto de humillación cultural y simbólica, pues para muchas comunidades indígenas el cabello es símbolo de identidad, dignidad y conexión ancestral.

La Policía Nacional ha informado la apertura de una investigación interna sobre los hechos.

Recordamos que la Corte Constitucional, mediante la Sentencia SU-122 de 2022, extendió el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) a los centros de detención transitorios, como el CAIMEG, reconociendo la existencia de una vulneración sistemática de derechos fundamentales en contextos de hacinamiento, negligencia institucional y condiciones indignas de reclusión.

Lo ocurrido en el CAIMEG no puede tratarse como un hecho aislado. Este caso refleja una crisis estructural que recae de forma desproporcionada sobre cuerpos e identidades históricamente marginadas, en particular sobre personas LGBTIQ+ y pueblos indígenas.

Por ello, desde Caribe Afirmativo:

Reiteramos que el Estado colombiano tiene una obligación reforzada de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, en virtud de la especial relación de sujeción en la que se encuentran.

Exigimos una investigación diligente, sanciones ejemplares a los responsables y medidas urgentes de protección para las personas afectadas.

Demandamos la implementación inmediata de las órdenes contenidas en la Sentencia SU-122 de 2022, en particular:

• (i) Traslado inmediato y progresivo a centros penitenciarios adecuados, especialmente en casos de personas condenadas.
• (ii) Implementación de estándares de reclusión digna, con condiciones mínimas de habitabilidad, salud, alimentación, servicios básicos y enfoque diferencial.
• (iii) Separación de personas privadas de libertad conforme a su sexo, género e identidad de género.
• (iv) Protección especial para personas en situación de riesgo, como personas LGBTIQ+ o de comunidades étnicas.
• (v) Establecimiento de rutas efectivas para prevenir y denunciar tratos crueles, inhumanos o degradantes.
• (vi) Coordinación interinstitucional efectiva entre todos los actores del sistema penitenciario.
• (vii) Puesta en marcha de un sistema de monitoreo y rendición de cuentas, con indicadores sobre hacinamiento y vulneración de derechos.

Hacemos un llamado urgente a frenar la violencia institucional y a garantizar condiciones dignas de reclusión sin discriminación por identidad de género, orientación sexual o pertenencia étnica.

Las personas trans, indígenas y privadas de la libertad no están solas. La dignidad no se encierra, no se golpea, no se rapa. Se respeta y se protege.

Fuente Caribe Afirmativo

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16 de junio de 2025. En pleno mediodía y frente a decenas de personas que transitaban por el barrio 31 de octubre en Riohacha, fue asesinada Emy Brito, una mujer lesbiana conocida y apreciada en su comunidad. El ataque se registró en un establecimiento comercial, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta ingresaron y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones. Su muerte ha generado profunda consternación entre comerciantes y residentes del sector, no solo por la violencia del hecho, sino también por la hora y el lugar en que ocurrió: uno de los momentos de mayor flujo comercial en la zona.

Las Unidades de la Policía Metropolitana y personal de Medicina Legal acudieron rápidamente al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones. Las autoridades han indicado que se están revisando las cámaras de seguridad cercanas para obtener pistas que permitan identificar a los responsables. Asimismo, se espera que en las próximas horas se entregue el informe preliminar de la necropsia.

Este crimen se suma a una preocupante serie de hechos violentos que han tenido como víctimas a personas LGBTIQ+ en distintas regiones del país, lo que ha vuelto a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan las mujeres en contextos donde aún persisten altos niveles de estigmatización y violencia por prejuicio.

De acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, Emy Brito sería la víctima número 45 de personas LGBTIQ+ asesinadas en Colombia en lo que va de 2025, y el segundo en la ciudad. El caso ha encendido nuevamente las alarmas sobre el riesgo y la violencia que enfrentan personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en distintas regiones del país.

Este nuevo crimen pone en evidencia la ausencia de garantías reales para la vida de las personas LGBTIQ+ en departamentos como La Guajira, donde confluyen múltiples factores de vulnerabilidad, entre ellos la discriminación, la exclusión institucional y la impunidad. Las organizaciones defensoras de derechos humanos han exigido a la Fiscalía General de la Nación investigar este asesinato con enfoque de género y orientación sexual, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1482 de 2011, que sanciona los actos motivados por prejuicio.

Fuente Caribe Afirmativo

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04 de febrero de 2025. En la mañana del 4 de febrero de 2025, habitantes del corregimiento de Matitas, en el municipio de Riohacha, encontraron el cuerpo sin vida de Daniela, una mujer trans, bajo un puente en la vía que conduce a Mingueo, al sur de La Guajira. Este lamentable hallazgo ha conmocionado a la comunidad y ha encendido las alarmas sobre la grave situación de violencia que enfrentan las personas trans en la región.

Según fuentes preliminares, la víctima era una mujer trans reconocida en el departamento, lo que aumenta la preocupación por la vulnerabilidad de esta población y la falta de protección estatal efectiva. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado su identidad ni las causas de su muerte, pero no se descarta ninguna hipótesis, especialmente en un contexto marcado por la presencia de grupos armados irregulares, redes de criminalidad organizada y la persistencia de imaginarios sociales negativos hacia la población LGBTIQ+. Cabe recordar que, durante la última semana, se registraron dos panfletos en los que se amenaza a personas LGBTIQ+.

Este caso se suma a la alarmante ola de violencia contra mujeres trans en el país. Con este nuevo asesinato, asciende a 6 el número de personas trans víctimas de homicidio en lo que va del año (2 hombres trans y 4 mujeres trans), para un total de 15 personas asesinadas en los 35 días del 2025, según los datos del Observatorio de DD.HH de Caribe Afirmativo. Las autoridades locales han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables. En los próximos días, se espera que se realicen los procedimientos de identificación y necropsia para determinar la magnitud de las lesiones y su posible relación con actos de violencia por prejuicio.

Ante esta situación, se hace un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes para que apliquen de manera inmediata la Directiva 006, la cual establece lineamientos específicos para la investigación y judicialización de crímenes contra personas LGBTIQ+. La implementación efectiva de esta directiva es fundamental para garantizar justicia y evitar la impunidad en casos de violencia contra mujeres trans.

Asimismo, se exhorta al Ministerio de la Igualdad a tomar acciones concretas frente a la escalada de violencia que afecta a la comunidad trans en Colombia. La falta de respuestas contundentes por parte del Gobierno Nacional ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que exigen políticas públicas efectivas para la protección y garantía de los derechos de las personas trans. Es imperativo que el Estado actúe con celeridad para frenar esta ola de violencia y brinde el respaldo necesario a las víctimas y sus familias.

El cuerpo de la víctima permanece en Medicina Legal a la espera de ser reclamado por sus familiares o allegados. Mientras tanto, la comunidad espera respuestas claras y acciones concretas por parte de las autoridades frente a este nuevo caso de violencia de género en La Guajira.

Este trágico suceso debe servir como un llamado de atención para fortalecer las medidas de protección y garantizar los derechos de las personas trans en Colombia, promoviendo un entorno de respeto, inclusión y justicia.

Fuente Caribe Afirmativo

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(El Colombiano / Facebook)

En solo 24 horas, tres personas trans y no binarias fueron asesinadas en Colombia.

En Colombia, la violencia anti-trans «sistemática» se dispara

En un solo día en Colombia, tres personas trans y no binarias fueron brutalmente asesinadas, capturando la violencia “sistemática” que la comunidad conoce muy bien.

Maní, una trabajadora sexual, fue asesinada a puñaladas en Bogotá, la capital del país, el martes (7 de diciembre), informó el medio nacional de noticias El Colombiano .

La Divaza, una persona no binaria sin hogar, fue asesinada a puñaladas en el pecho en Riohacha, La Guajira, luego de que una pelea se convirtió en violencia, según to violence, according to El Tiempo. Los activistas locales han pedido a los fiscales que consideren el ataque como un crimen de odio.

Christina Cantillo Martínez, una activista de derechos LGBT + veterana, recibió un disparo en Santa Marta, Magdalena, mientras hablaba con miembros de su familia en la terraza fuera de su casa, dijeron defensores.

Conocimos informe del homicidio en Sta Marta, de Wilfrido Cantillo Martínez mujer trans con nombre identitario Cristhina Cantillo; quien poseía medidas de protección desde dic / 2018, con resolución 11000. Rechazamos estos hechos que están siendo investigados por las autoridades pic.twitter.com/I8db3yuUF1

— ALFONSO CAMPO MARTINEZ (@AlfonsoCampoM) December 8, 2021

Sus dos asesinos condujeron por el barrio de Ondas del Caribe donde vivía Martínez y abiertamente abrieron fuego contra ella mientras su familia horrorizada los miraba.

Martínez ha vivido gran parte del año pasado con miedo. Líder de la comunidad trans, sufrió dos ataques con arma de fuego solo en 2020.

La Unidad Nacional de Protección, una agencia policial que protege a cientos de activistas, periodistas y políticos amenazados, le había asignado seguridad durante el día.

“Esto es sistemático”, dijo a El Colombiano Matilda González, abogada de la Red Comunitaria Trans de Colombia, un grupo comunitario trans liderado por mujeres trans.

Agregó que, para las personas trans que tienen trabajos con mayores riesgos y poca o ninguna red de seguridad del estado, como el trabajo sexual, esto solo agrava la discriminación que enfrentan.

A menudo se deja en manos de los grupos de defensa LGBT + de base, como la Red Comunitaria Trans de Colombia, dijo González, para ayudar a las víctimas trans de la violencia a obtener ayuda de las autoridades.

Con las muertes de Maní, La Divaza y Martínez, al menos 35 personas trans, no binarias o con disconformidad de género han sido asesinadas este año solo en Colombia, según grupos de monitoreo.

SinViolencia LGBTI, un sistema de información regional, encontró que entre 2014 y 2019, unas 500 mujeres trans fueron asesinadas en América Latina.

En general, 2021 será el año más mortífero para la violencia fatal contra las personas trans desde que comenzó el mantenimiento de registros globales, según mostraron los datos compilados por Transrespect versus Transphobia Worldwide (TvTW), un proyecto Transgender Europe.

Fuente El Colombiano/El Tiempo

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Sobre las 6:10 de la mañana del pasado viernes, 10 de junio, encuentran el cadáver de una transexual degollada en la parte trasera del Centro Cultural de Riohacha, en una playa. Se trata de Richard Zarante Ramos, una líder transexual conocida como Paloma, que fue encontrada muerta con una profunda herida en el cuello, a orillas de la playa, en inmediaciones del Centro Cultural de esta capital. Paloma tenía 44 años de edad y era natural de Montería, departamento de Córdoba.

La Corporación Caribe Afirmativo indicó en un comunicado que las pesquisas de las autoridades arrojaron que el cuerpo tenía signos de estrangulamiento y varias heridas en el cuello. “Las primeras hipótesis dan cuenta de la existencia de relaciones sexuales previas al hecho homicida”. La Policía corroboró que en la escena del crimen se encontraron unas sandalias y varios preservativos, elementos que están bajo disposición de la Fiscalía.

«Es un crimen de odio por la manera en que le produjeron al herida en el cuello. Ahora se comienza a vivir el desplazamiento de algunas mujeres trans porque piensan que esto puede ser no solamente en contra de Paloma, sino de todas», señala Edmundo Deluque, activista de la comunidad LGTB. Por otra parte pidieron a las autoridades que no haya discriminación y que investiguen para que den con  el paradero de los responsables.

Al parecer se trata de una conocida del propio Deluque, puesto que es él mismo quien explica que Paloma trabajaba como estilista, en un salón de belleza en la capital del departamento La Guajira, adonde llegó hace 10 años desde su natal municipio de Lorica (Córdoba), pero ante la falta de trabajo se vio obligada a buscar una alternativa profesional, motivo por el que terminó ejerciendo la prostitución. Por falta de oportunidades, sin embargo, abandonó su oficio de estilista. “Dejó su arte por ir a las calles a ejercer la prostitución, para buscarse el pan de cada día, y mire lo que encontró”, lamentó Deluque.

Caribe Afirmativo dio a conocer que la víctima venía tramitando su inclusión al Registro Único de Víctimas del conflicto armado, debido “desplazamiento forzado en razón a su identidad de género”. La organización de la comunidad LGBTI hizo un llamado a las autoridades para que esclarezcan “con celeridad” el asesinato.

Advirtió además que allegados dijeron que, al parecer, “se dirigía a realizar un servicio como estilista y luego volvía a su lugar habitual de trabajo”. De ella no supieron más hasta la noticia de su asesinato.

La policía se encuentra investigando el que es el primer crimen de estas características producido en la provincia de La Guajira en lo que va de año. Por el momento los únicos datos confirmados son que en la noche del jueves, Paloma se encontraba en la zona donde habitualmente encontraba sus clientes, en la confluencia de la calle 14 con al 5, pero se desconoce el momento en el que abandonó el lugar ni si se fue de allí en compañía de alguien.

El coronel Tito Castellanos Tuay, comandante de Policía en La Guajira, señaló que a Paloma la habrían matado con una cuchilla de afeitar y están recolectando más información sobre una persona con quien estuvo hasta las 11 de la noche del jueves. “Aparentemente no le hurtaron nada. Todos los supuestos son materia de investigación”, declaró Castellanos.

Fuente el Heraldo/Caribe Afirmativo

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