Comentarios desactivados en Absolvieron a Luz Aimé Díaz, trans que pasó dos años presa por un crimen que no cometió
Por Verónica Stewart
Luz Aimé Díaz, travesti migrante acusada y encarcelada en 2018 por un crimen que no cometió, fue absuelta hoy por el Tribunal N8 de la Ciudad de Buenos Aires. El juez ordenó que se le quitara el dispositivo de vigilancia electrónica que le había sido colocado como parte de la prisión domiciliaria.
La fiscal María Luz Castany, siguió la línea de la abogada defensora Luciana Sánchez y pidió la absolución, destacando la violencia estructural que sufre el colectivo travesti-trans.
En julio de 2018, Luz fue acusada de “robo agravado y privación de la libertad agravada”. Tras realizar un servicio sexual a dos hombres en Palermo, Luz fue acusada dos meses más tarde de haber maniatado y violentado a un hombre de 50 años del colectivo LGBT+ en la habitación de al lado. A pesar de no existir ninguna prueba de su vinculación al crimen más allá de su paso por la escena del crimen, cumplió una prisión preventiva de ocho meses en el penal de Ezeiza antes de serle otorgada la prisión domiciliaria.
Castañy afirmó que, aunque Luz hubiera aceptado ir a un departamento con dos personas desconocidas, esa decisión correspondía a las características de Luz y al grado de exposición al que se encuentraba por ejercer la prostitución. Concluyó que “es poco verosímil que haya sido coautora de los hechos por los que se la imputa” y que, por lo tanto, correspondía que el Tribunal dictara su absolución.
La fiscal no solo detalló la evidencia forense producida durante el juicio, sino que también hizo mención extensa al informe antropológico brindado durante la segunda audiencia que daba cuenta de las condiciones de vida de la población trans. Además, destacó informes internacionales sobre la importancia del derecho a la identidad y, con ella, a la identidad de género y al respeto por la misma.
Por su parte, la abogada defensora Luciana Sánchez agradeció la posibilidad de sostener el debate mediante la escucha atenta de las pruebas y la posibilidad, en primer lugar, de haberlas producido. Sánchez agregó que espera “que a partir de este caso también estos estándares puedan ser aplicados y extendidos como se viene haciendo en la jurisprudencia que viene incorporando la perspectiva de género”. Agradeció, también, “la posibilidad de poder contar con un precedente donde quede claro que estas vulnerabilidades impiden realmente la persecución penal de determinadas personas y que no debe ser asociada la identidad travesti de mujeres trans ni de las trabajadoras sexuales ni de quienes están en situación de prostitución a la comisión de delitos.”
“Procesada por travesti y por migrante”
Luz nació en Salta. A sus 13 años comenzó a prostituirse y eso la acercó a situaciones de extrema violencia. Sufrió tres ataques transfóbicos que la llevaron a perder la visión de un ojo en su totalidad. Solo ve parcialmente a través del ojo derecho y sufre de constantes cataratas. Esos ataques quedaron impunes.
En 2017 y con solo 20 años, Luz se despidió de su Salta natal y llegó a Buenos Aires. En esta ciudad comenzó a estudiar en el Bachillerato Popular Trans Mocha Celis con la intención de conseguir nuevos trabajos. “También acá comenzó a tramitar su certificado de discapacidad en el Instituto Oftalmológico Pedro Lagleyze”, explica Alcalde. “Imaginate que ella en un departamento, de noche, a oscuras y con un problema de visión severo, nunca pudo ver lo que ocurría en el interior de otros ambientes del departamento”.
En 2019 se organizó la campaña “Absolución para Luz” de la que participaron defensorxs de derechos humanos
Por este motivo, y tal como le corresponde por el inciso C del artículo 32 de la ley ejecución de la pena privativa de la libertad (ley 24.660) que ordena otorgar el beneficio en caso de que la permanencia en la cárcel de la persona discapacitada sea inadecuada por su condición y/o reciba un trato indigno, inhumano o cruel, a Luz se le otorgó el arresto domiciliario.
“Ella está juzgada y siendo procesada por ser travesti, por tener una discapacidad visual y por ser una migrante interna. Lo que le pasa a Luz nos pasó a todas”, explica Bertolini. La violencia estructural del Poder Judicial no solo es violencia institucional, sino también violencia de género. En la etapa de instrucción, el fiscal tomó lo necesario para poder centrar a Luz como la principal culpable, pero a las personas que actuaron y que llevaron a Luz allí no se las tomó en consideración. Eso solo es posible porque las travestis y transgénero somos seres delincuenciales”.
La falta de equidad, el grado de vulnerabilidad de la población trans, la estigmatización y la marca de la prostitución son algunas de las características que nombra Bertolini que permiten que el sistema jurídico condene a las personas trans como seres delincuenciales. “Existe algo llamado delito del ser existencial, que es un delito por tu existencia. En este caso, el existir como travestis y trans es pensado como un delito. Ante la falta de conocimiento de las identidades de género, al no tener el Estado un registro de las múltiples identidades que emergen reclamando equidad en los derechos, se pierde la garantía constitucional del derecho al principio de inocencia. Para Luz, este principio no existe porque el ser travesti la catapulta a ser condenada jurídicamente y socialmente”.
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En julio de 2018, la joven de 22 años fue acusada por “robo agravado y privación de la libertad agravada”. Estuvo 8 meses presa en el Penal de Ezeiza y hoy se encuentra con arresto domiciliario. El 20 de febrero comenzará el juicio oral.
Por Alejandra Zani
En un cuarto del HotelGondolín, cumpliendo su prisión domiciliaria, Luz Aimé Díaz (22) espera la llegada de su juicio. La acusan por “robo agravado y privación de la libertad agravada” en un crimen del que su defensa asegura que no tuvo conocimiento ni participación. Esta acusación le valió 8 meses de prisión en el Penal de Ezeiza.
“Una noche del 2018, Luz estaba trabajando en una esquina del barrio en Palermo y dos personas la contrataron para un servicio sexual. Fue llevada a un departamento donde realizó su trabajo y luego se fue. Dos meses más tarde, mientras trabajaba en la misma esquina, la detuvieron. La acusaban de un crimen que ocurrió en el departamento en el que había estado, pero del que ella no sabía nada”, explica Andrea Alcalde, docente de Proyecto Formativo Ocupacional en el Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, a Presentes.
Luego se supo que, poco tiempo antes de que Luz entrara al departamento, las personas que pidieron su servicio habían maniatado y violentado a un hombre de 50 años perteneciente al colectivo LGBT+ que se encontraba en una habitación contigua a ellos. Este hombre sobrevivió al ataque, aunque gravemente herido.
El paso de Luz por el departamento fue prueba suficiente para el Poder Judicial, que no indagó acerca de la presencia de más gente en la escena. “Son personas de las que no hay rastro. El fiscal ni siquiera ahondó ni intentó buscarlos. Por eso decimos que la Justicia es patriarcal, machista y heteronormativa, porque pretende responsabilizar a una identidad travesti que estaba realizando su trabajo y se la acusa de ser la organizadora de un crimen contra un miembro del colectivo, cuando los verdaderos ejecutores están libres y probablemente sigan cometiendo los mismos delitos”, continúa Alcalde. Por este motivo y desde julio de 2018, Luz estuvo en prisión preventiva a disposición del Juzgado Criminal Número 40 a cargo de la jueza Paula González.
Una Justicia binaria y heteronormativa
En una primera instancia, a Luz se le otorgó una defensa oficial que no estaba formada en perspectiva de género y que no respetó su identidad. Le decían ‘el travestido’. “Por eso decidimos formar un comité de justicia integrado por docentes del bachi, por abogadas y por una psicóloga”, cuenta Alcalde. También se propuso para Luz una defensa particular conformada por la abogada Luli Sánchez, quien también trabajó con el juicio de Diana Sacayán, Natalia Dalessandro, quien estuvo en la querella contra Lucas Carrasco, y Lara Bertolini, teórica y activista travesti y traVajadora judicial.
Durante 8 meses, Luz estuvo privada de su libertad en el Penal de Ezeiza. La Comisión por la Memoria (CPM) a través del programa Comité contra la Tortura, en un informe de 2019 sobre lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires expone que “el uso abusivo de la prisión preventiva tiene consecuencias específicas para las travestis y trans”. Esto se deba a que “los sistemas de exclusión que atraviesan antes de ingresar al penal se agravan por la prisionización y la mayor exposición a las violencias” y concluye con la idea de que “este contexto de desigualdad estructural no es tenido en cuenta por el Poder Judicial al momento de resolver la prisión preventiva”. Recién en abril de 2019 se le otorgó la prisión domiciliaria.
Comentarios desactivados en Apartaron por sexistas, a dos jueces de la causa de Luz, presa por travesti
El juicio de Luz Aimé Díaz (23), programado para empezar el 20 de febrero, fue postergado para el 3 abril. La defensa presentó un pedido de recusación y denunció los estereotipos de género con los que se está llevando adelante el proceso. La Cámara Nacional de Casación Penal decidió el apartamiento de dos jueces. Con la firma de su presidente, Daniel Morin, Casación Penal hizo lugar al planteo de recusación por temor de imparcialidad que realizó Luciana Sánchez, la abogada a cargo de la defensa.
Los jueces apartados son Luis Rizzi y Javier Anzoátegui del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8. En el expediente, nombraban a la imputada, que se define trabajadora sexual, en género masculino como “el acusado” o “imputado con tendencias homosexuales” e incluso llegaron a decir, de acuerdo a un supuesto análisis religioso, que es una persona con una “inclinación objetivamente desordenada”.
En julio de 2018, Luz, de 23 años, fue acusada por “robo agravado y privación de la libertad agravada” por un hecho del que no tenía conocimiento. Mientras tanto, seguirá en prisión domiciliario en el Hotel Gondolín.
“El hecho de dar entrevistas y visibilizar el caso le está dando confianza y seguridad”, dice Alcalde. Destaca, también, la importancia de la movilización popular y de las campañas que se gestaron por su absolución en las redes sociales, ya que le dan confianza y seguridad a Luz. “Se siente más acompañada”, agregó.
Presa por travesti y pobre
Tras realizar un servicio sexual a dos hombres en el barrio de Palermo, Luz fue detenida, dos meses más tarde, por un crimen del cual no tenía conocimiento. A medida que avanzó el caso, se supo que Luz estaba siendo acusada de maniatar y violentar a un hombre de 50 años del colectivo LGBT+ que se encontraba en la habitación de al lado. Su paso por la escena del crimen alcanzó para que el Poder Judicial le diera prisión preventiva en el penal de Ezeiza por ocho meses. “La única prueba es que estuvo en el lugar”, explica Alcalde. “Después, nada la vincula con la víctima ni con los agresores”.
La docente del bachillerato resalta, también, la importancia de la cobertura mediática que recibió el caso en los últimos meses. “Queremos darle visibilidad para que las magistradas que tienen la causa a su cargo no se la quieran sacar de encima rápidamente, sino que le dediquen el tiempo que se merece”, continúa.
“A Luz se la tiene detenida más de la necesario”, explica Lara Bertolini, activista travesti y traVajadora judicial. “Se han aportado pruebas donde se demostraba que no hay razón para seguir teniéndola detenida. No presenta peligro ni para ella ni para terceros, no hay peligro de fuga”. Bertolini afirma que Luz ni siquiera debería estar siendo procesada, ya que no hay evidencia de ningún tipo que apoye la denuncia realizada en su contra. “Es necesario liberar a Luz porque no hay fundamentación suficiente para mantenerla con arresto domiciliario o en esta situación de restringirle la libertad”, dice.
Para ilustrar más claramente las injusticias que hacen posible la denuncia a Luz, Bertolini cita al concepto del delito de autor de Zaffaroni, que se refiere a cómo tener ciertas características sociales hacen que algunas personas sean propensas a ser revisadas y tratadas como autores delincuenciales. Sin embargo, esta percepción puede ser alterada mediante el uso de vestimenta más formal. Pero cuando se trata de una persona trans, Bertolini afirma que se trata de un ser delincuencial por la identidad. “A una persona trans, aunque le pongas la mejor vestimenta, si sigue siendo trans sigue siendo acusada, vulnerada, estigmatizada. El delito de autor no tiene cabida. Si le cambias la categoría social a una persona binaria, pasa”, explica.
En vistas de esta estigmatización constante que sufre Luz desde el comienzo del juicio, donde se la trató en repetidas ocasiones del proceso administrativo en masculino, sin respetar su identidad, la defensa presentó un escrito de recusación y pedido de excarcelación en el juzgado. “También denunciaron los estereotipos de género con los cuales se está llevando adelante todo el proceso”, explica Alcalde.
“El pasado lunes 17 de febrero de 2020 se notificó a esta defensa la denuncia del Dr. Fernando Larraín a su cargo de juez subrogante del Tribunal Oral en lo Criminal N8, y la nueva integración del tribunal con los Dres. Luis M. Rizzi, Javier Anzoátegui y Alfredo A. Sañudo”, dice el fallo. “Esta integración del Tribunal ha provocado un grave temor de parcialidad en Luz Aimé Díaz, que motiva el presente planteo de recusación”.
El comunicado de la Campaña de Absolución para Luz Aimé Díaz explica que el temor por la parcialidad de los jueces Rizzi y Anzoátegui se debe a sus declaraciones con respecto a la ley vigente en materia de derechos humanos y, particularmente, de género. El Juez Anzoátegui, por ejemplo, expresó preocupación, con respecto a la Ley de Identidad de Género (26.743), “el totalitarismo de la ideología de género”.
Mientras Luz aguarda el comienzo de su juicio en abril, la campaña busca seguir acompañándola. Como explica Alcalde, “Luz no puede trabajar ni continuar con sus estudios. Está comiendo gracias a la solidaridad de sus compañeras”.
Comentarios desactivados en Por qué se postergó el juicio de Luz, presa por ser travesti
Por Verónica Stewart
El juicio de Luz Aimé Díaz (23), programado para empezar el 20 de febrero, fue postergado para abril. La defensa presentó un pedido de recusación y denunció los estereotipos de género con los que se está llevando adelante el proceso.
Luz Aimé Díaz (23), que esperaba ansiosa el comienzo de su juicio, deberá esperar un mes y medio más. Programado para ayer, el juicio fue postergado hasta el viernes 3 de abril a las 9.30hs. En julio de 2018, Luz fue acusada por “robo agravado y privación de la libertad agravada” por un hecho del que no tenía conocimiento. Mientras tanto, seguirá en prisión domiciliario en el HotelGondolín.
“Le dijeron a la abogada que uno de los jueces llamados a subrogar había renunciado el lunes, por lo que la nueva jueza no llegaba a ponerse al día con el juicio”, dijo a Presentes Andrea Alcalde, docente de Proyecto Formativo Ocupacional en el Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, a Presentes. Alcalde también cuenta que, aunque Luz esperaba ansiosa el comienzo del juicio para poder retomar sus estudios en el bachillerato, recibió bien la noticia, y afirmó que usaría el tiempo para seguir preparándose para el juicio.
“El hecho de dar entrevistas y visibilizar el caso le está dando confianza y seguridad”, dice Alcalde. Destaca, también, la importancia de la movilización popular y de las campañas que se gestaron por su absolución en las redes sociales, ya que le dan confianza y seguridad a Luz. “Se siente más acompañada”, agregó.
Presa por travesti y pobre
Tras realizar un servicio sexual a dos hombres en el barrio de Palermo, Luz fue detenida, dos meses más tarde, por un crimen del cual no tenía conocimiento. A medida que avanzó el caso, se supo que Luz estaba siendo acusada de maniatar y violentar a un hombre de 50 años del colectivo LGBT+ que se encontraba en la habitación de al lado. Su paso por la escena del crimen alcanzó para que el Poder Judicial le diera prisión preventiva en el penal de Ezeiza por ocho meses. “La única prueba es que estuvo en el lugar”, explica Alcalde. “Después, nada la vincula con la víctima ni con los agresores”.
La docente del bachillerato resalta, también, la importancia de la cobertura mediática que recibió el caso en los últimos meses. “Queremos darle visibilidad para que las magistradas que tienen la causa a su cargo no se la quieran sacar de encima rápidamente, sino que le dediquen el tiempo que se merece”, continúa.
“A Luz se la tiene detenida más de la necesario”, explica Lara Bertolini, activista travesti y traVajadora judicial. “Se han aportado pruebas donde se demostraba que no hay razón para seguir teniéndola detenida. No presenta peligro ni para ella ni para terceros, no hay peligro de fuga”. Bertolini afirma que Luz ni siquiera debería estar siendo procesada, ya que no hay evidencia de ningún tipo que apoye la denuncia realizada en su contra.“Es necesario liberar a Luz porque no hay fundamentación suficiente para mantenerla con arresto domiciliario o en esta situación de restringirle la libertad”, dice.
Para ilustrar más claramente las injusticias que hacen posible la denuncia a Luz, Bertolini cita al concepto del delito de autor de Zaffaroni, que se refiere a cómo tener ciertas características sociales hacen que algunas personas sean propensas a ser revisadas y tratadas como autores delincuenciales. Sin embargo, esta percepción puede ser alterada mediante el uso de vestimenta más formal. Pero cuando se trata de una persona trans, Bertolini afirma que se trata de un ser delincuencial por la identidad. “A una persona trans, aunque le pongas la mejor vestimenta, si sigue siendo trans sigue siendo acusada, vulnerada, estigmatizada. El delito de autor no tiene cabida. Si le cambias la categoría social a una persona binaria, pasa”, explica.
En vistas de esta estigmatización constante que sufre Luz desde el comienzo del juicio, donde se la trató en repetidas ocasiones del proceso administrativo en masculino, sin respetar su identidad, la defensa presentó un escrito de recusación y pedido de excarcelación en el juzgado. “También denunciaron los estereotipos de género con los cuales se está llevando adelante todo el proceso”, explica Alcalde.
“El pasado lunes 17 de febrero de 2020 se notificó a esta defensa la denuncia del Dr. Fernando Larraín a su cargo de juez subrogante del Tribunal Oral en lo Criminal N8, y la nueva integración del tribunal con los Dres. Luis M. Rizzi, Javier Anzoátegui y Alfredo A. Sañudo”, dice el fallo. “Esta integración del Tribunal ha provocado un grave temor de parcialidad en Luz Aimé Díaz, que motiva el presente planteo de recusación”.
El comunicado de la Campaña de Absolución para Luz Aimé Díaz explica que el temor por la parcialidad de los jueces Rizzi y Anzoátegui se debe a sus declaraciones con respecto a la ley vigente en materia de derechos humanos y, particularmente, de género. El Juez Anzoátegui, por ejemplo, expresó preocupación, con respecto a la Ley de Identidad de Género (26.743), “el totalitarismo de la ideología de género”.
Mientras Luz aguarda el comienzo de su juicio en abril, la campaña busca seguir acompañándola. Como explica Alcalde, “Luz no puede trabajar ni continuar con sus estudios. Está comiendo gracias a la solidaridad de sus compañeras”.
Comentarios desactivados en Población LGBTI+ privada de libertad denuncia falta de protección ante COVID-19
Por Alejandra Zani y Verónica Stewart
Foto: Cárcel de Ezeiza/Centro de Información Judicial
Pabellones LGBTI+ de distintos complejos penitenciarios denuncian la falta de insumos para hacer frente a la pandemia. Un informe del RESET da cuenta de la discriminación y los riesgos propios que enfrenta esta población.
En el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, Emiliano Santa Cruz (34 años) pasa sus días junto a 21 chicos gays en el Pabellón A, destinado a la población carcelaria LGBTI+. “Durante todo el fin de semana estuvimos sin señal de cable y de teléfono, y se presta a confusión. Creímos que querían desinformarnos sobre lo que está pasando con nuestros compañeros de Devoto”, contó a Presentes.
El 24 de abril, un guardia de seguridad del Complejo Penitenciario de Villa Devoto dio positivo en las pruebas de Covid-19. La noticia generó una enorme preocupación entre los presos que venían exigiendo la falta de insumos para higiene personal y limpieza. A partir de esto, comenzó un motín que terminó con varios heridos y la conformación de una mesa de diálogo entre distintas autoridades, representantes de Derechos Humanos y delegados de los distintos pabellones. Finalmente, esta semana comenzaron a realizar tests de coronavirus en los reclusos.
“Yo llamé al pabellón de Devoto porque estaba preocupado por unos amigos y me comentaron que ya hay chicos infectados por el virus. Pusieron a todo el pabellón en cuarentena, porque allá no hay celda individual, les dieron guantes y barbijos y se hizo el hisopado a todos. Pero entre los tests de la ciudad más los de la cárcel, cuando los resultados estén va a ser un poco tarde. Lo que sucede con el coronavirus en las cárceles es una bomba de tiempo”, cuenta Emiliano. Tal es así que los chicos del Pabellón A debieron organizarse para juntar sus preculios, el salario que perciben por sus tareas diarias, e invertirlo en lavandina y otros insumos de higiene.
Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación, Josefina Alfonsín, quien también integra la Comisión por la Absolución para Luz, asegura que desde los pabellones decidieron denunciar las irregularidades y la situación que están viviendo. “Están con ganas de contar la situación en la cárcel, que actualmente es sumamente delicada desde que arrancaron los motines en Devoto, y que se replicaron a modo de distintas protestas en otras cárceles. Sabemos que esta situación trae más violencia y represión”, explica Alfonsín a Presentes.
Hace poco, en Facebook se dio a conocer una fanpage con el nombre Gays privados de su libertad en donde los chicos del Pabellón A de Ezeiza realizaron una denuncia por falta de insumos para higiene personal: lavandina, detergente, jabón blanco. A esto, sumaron la denuncia por la mala calidad de la comida y por la constante discriminación que reciben por parte de los guardias. “La situación es preocupante y estresante. Cuando se enteraron de la página conseguimos mágicamente que nos dieran yerba, azúcar y hasta galletitas. Me sorprendió. La calefacción, igual, no anda desde el año pasado”.
El objetivo de la fanpage es que la gente conozca que existe un pabellón LGBTI+ en el penal de Ezeiza y que conozcan lo que sucede adentro. “Ningún organismo de Derechos Humanos, ninguna organización LGBTI+ vino nunca a darnos ninguna ayuda, a conocer a los gays privados de su libertad, porque no todos los que estamos acá somos iguales. Hay diferentes historias y no tienen que meter a todos en la misma bolsa porque esto no es la televisión, somos personas y tenemos derechos”.
En el año 2000, Emilce fue acusada por tentativa robo y estuvo ocho meses presa hasta que le dictaron falta de mérito. En el año 2007, estuvo detenida en Marcos Paz, donde vivió en un pabellón con personas acusadas por violaciones y abusos deshonestos. Allí se organizó junto a otras nueve compañeras trans para denunciar las diversas violaciones y extorsiones sexuales que los agentes penitenciarios le pedían a cambio de comida, y lograron que las trasladaran a los pabellones divididos por género en Ezeiza.
“Yo soy sobreviviente del sistema penitenciario argentino. Vivo con VIH, un nódulo pulmonar y estoy a la espera de un arresto domiciliario”. De acuerdo a Emilce, actualmente en Ezeiza no se están haciendo los testeos necesarios. “El aislamiento en este lugar es imposible. El comedor es un pasillo de dos metros, la cocina y el baño son focos infecciosos, somos 9 chicas trans en un cuarto y nos dan medio litro de lavandina para todas. Las ventanas están rotas, no vienen a arreglarlas, y no dejan entrar a nuestros familiares para que nos depositen nuestra comida. Ya hace unos años hubo personas con tuberculosis asintomáticas y recién se dieron cuenta cuando empezaron a escupir sangre y se las tuvo que trasladar. Acá el virus no va a entrar por la ventana, mi reina”.
Población de riesgo
Emilce no es la única a la espera de prisión domiciliaria. En el contexto de crisis sanitaria actual, son muchas las compañeras privadas de su libertad con problemas de salud preexistentes que la necesitan. En un nuevo informe presentado por el Equipo de Género y Diversidad Sexual de la Procuración Penitenciaria de la Nación junto otras organizaciones regionales se estimó que en Argentina se ha podido observar un crecimiento exponencial del encarcelamiento de mujeres trans y travesti. “Los últimos datos presentados por el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP), dan cuenta de una creciente criminalización hacia este colectivo por la ley de 23.737, exponiendo que siete de cada diez se encuentran privadas de su libertad en el SPF por infringir la ley de estupefacientes. Para finales del 2018, el 76 % se encontraba detenida sin condena firme, lo cual resulta sumamente preocupante”, explica el informe.
Por otra parte, el pasado 27 de abril, la organización activista RESET – Política de drogas y derechos humanos presentó un amicus curiae, el cual constituye una herramienta judicial que permite a quienes no son parte de una contienda, pero cuya intervención en el debate es valiosa (como es el caso de varias organizaciones de derechos humanos), participar de la misma. En este caso, el documento busca, entre otras cosas, “considerar al colectivo de mujeres trans y travestis como población especialmente vulnerable frente al COVID-19, en un contexto generalizado de hacinamiento, sobrepoblación y crisis humanitaria en las cárceles bonaerenses.”
Según este pedido, los problemas de salud más frecuentes que padece la población travesti trans son “antecedentes de tuberculosis, complicaciones derivadas del uso de silicona industrial o alguna enfermedad crónica”. El informe de diagnóstico de situación durante el periodo 2018-2019 “Personas travestis y trans en situación de encierro” realizado por la organización Otrans registra que el 73.3% de la población travesti trans en penales en la Provincia de Buenos Aires padece algún tipo de enfermedad. La más frecuente, representada por el 59%, es el VIH.
En lo que respecta a la atención médica intramuros, el informe denuncia una falta de insumos y de personal médico, por lo que gran parte de las reclusas se ve obligada a recurrir a hospital extramuros. “Lo que sucede en el penal es que cualquier medicamento de venta libre, como ser Ibuprofeno o Tafirol, se termina utilizando para tratar padecimientos complejos como la tuberculosis”, explica Aramis, abogadx y activista de RESET, a Presentes
Arresto domiciliario
Conseguir el arresto domiciliario no es tan sencillo. Por un lado, como explica Aramis, muchos jueces y juezas no van a trabajar con regularidad debido a la pandemia. Por el otro, “el tema de la domiciliaria está atada al acceso a la vivienda, a las mismas dificultades para obtenerla”, agrega Aramis. “Generalmente los domicilios donde se producen los allanamientos son donde vivían”. Por lo tanto, suelen ser las amigas quienes ofrecen sus casas para que las privadas de su libertad que así lo necesiten puedan obtener este beneficio. Como detalla el informe de RESET, “la inmensa mayoría de las mujeres trans y travestis tiene que atravesar enormes escollos para acceder a una vivienda.”
Otro gran problema al que se enfrenta la población carcelaria en este contexto es la prohibición de las visitas. Ante la falta de insumos de parte de los penales, son los vínculos cercanos de los privados de libertad quienes la suplen. Así, son las referentes de los pabellones LGBTI+ y las organizaciones de derechos humanos los que acercan los insumos necesarios. “No son cosas que nos provean dentro del penal”, explica Crystal (36), a Presentes. Crystal obtuvo el 20 de abril, tras complicaciones derivadas de la inyección de silicona, el arresto domiciliario, el cual está cumpliendo en el hogar de una compañera. “En el pabellón en el que yo estaba éramos 64, pero con todo esto que pasó muchas chicas se fueron en libertad. Había 23 infectadas de VIH”, agrega.
Las demoras habituales en el procesamiento de las causas también impiden que quienes lo necesiten reciban el tratamiento médico adecuado. Cuando no hay nadie exigiendo que se aceleren estos procesos desde afuera, los casos avanzan aún más lentamente. Tal como detalla RESET en su pedido de amicus,“la gran mayoría de las mujeres trans y travestis detenidas en la provincia de Buenos Aires son migrantes sudamericanas, no suelen recibir visitas y su comunicación y redes interpersonales extramuros son sumamente reducidas lo que acentúa la demora en el acceso a derechos como la libertad condicional, las salidas transitorias o la prisión domiciliaria”. En relación a esto, Aramis cuenta a Presentes que “junto con otrxs amigxs y activistas pasamos el caso de diez chicas para darles domiciliaria que todavía no lo habían pedido. Si no hay nadie atrás monitoreando y demostrando que importa lo que sucede, pasa esto.”
La discriminación, un problema recurrente
A pesar de encontrarse en un pabellón dividido por género, Emilce explica la discriminación está lejos de ser resuelta. “Acá somos discriminadas por las agentes que nos dicen “dónde están los pibes, qué olor a huevos”cada vez que pasan, mientras que los grandes mandatarios afuera se regodean por decir que nos traen a un penal divino. “Después los periodistas se sorprenden cuando ven un facón escondido. ¿Qué pretenden? ¿Qué nos dejemos matar en un motín? Acá tenemos que defendernos de la violencia de un sistema que nos maltrata constantemente”.
Según detalla el pedido de amicus de RESET, “la violación del derecho a la identidad de género, la disposición de prohibiciones reglamentarias cisexistas en el régimen de visitas (que solo tienen en cuenta la familia tradicional y biológicamente constituida), en el uso de indumentaria o cosmética, en el esparcimiento o en el acceso a la trabajo, educación y salud y el ejercicio de la violencia por parte del personal penitenciario en los traslados, en las requisas y durante la estadía en el encierro son algunas de las problemáticas denunciadas en el ámbito judicial provincial, nacional e internacional.”
En Ezeiza, cuenta Emiliano, los pabellones A y B son “los de los homosexuales”. “El B está destinado a extranjeros y mayores de 50. Ellos iniciaron una huelga porque estuvimos sin agua durante varios días. Imaginate lo que es no poder tirar el inodoro por tres días, no poder baldear… En fin, tuvimos que hablar con el director que por suerte es flexible. Acá vinieron a dar un curso de cómo tratarnos, pero ya el curso fue discriminatorio. Nos reíamos, “los putos respiran, toman leche, toman café”, ¿qué enseñaron en ese curso? De nada sirvió, siguen insultándonos por nuestra orientación sexual o por nuestra identidad de género”.
En cuanto al pabellón A, explica Emiliano, el servicio penitenciario no los trata adecuadamente. “Nos dicen que somos putos quilomberos, que por ser putos cometemos tales o cuales delitos, y que venimos a hacer lío. Yo estoy a punto de cumplir mi condena y los funcionarios penitenciarios no conocen la historia de cada uno, no están para juzgarnos, para eso está la justicia”.
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En el GAM de Santiago, se conoció la misiva respaldada por más de cien personalidades del mundo de la Cultura, la Economía y de los Derechos Humanos
Carta abierta al Papa Francisco
Ante hechos recientes que desconciertan al Pueblo de Dios en Chile
Querido Hno. Papa Francisco:
Junto con agradecer la esperanza que Ud. ha traído de vuelta a la Iglesia universal, un grupo de cristianos estimamos conveniente ejercer nuestra corresponsabilidad laical, y solicitar respetuosamente su atención a un hecho que ha conmocionado a la opinión pública de nuestro país: la acusación, desmentidos, aclaraciones y retractaciones de altos dignatarios de la Iglesia que han producido desconcierto, confusión y división en el Pueblo de Dios, derivado de una investigación canónica contra tres insignes sacerdotes.
La prensa ha informado de una investigación canónica, motivada por opiniones públicas personales que expresan: apoyo a reformas que se discuten en el Congreso Nacional; acogida a marginados por su condición sexual; comprensión a mujeres que sucumben dramáticamente abortando a un hijo en gestación; y acompañamiento en el discernimiento moral.
Sin inmiscuirnos en cuestiones canónicas, vemos que lo ocurrido no es un hecho aislado, sino el síntoma de una grave crisis que vive nuestra Iglesia chilena en general, y la Iglesia de Santiago en particular. Por eso, consideramos necesario compartir una mirada objetiva de la situación de nuestra Iglesia, ofreciendo de paso un testimonio de la vida sacerdotal de los hermanos cuestionados.
1. «Los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio» EG48
Los sacerdotes involucrados – padres José Aldunate SJ, Mariano Puga y Felipe Berríos SJ – se han ganado el cariño y respeto de la mayoría de los chilenos. Ellos son el rostro comprometido y acogedor de una Iglesia cercana a los pobres y perseguidos. Ellos son referentes morales y personas creíbles por su coherencia evangélica, cautivando a multitud de niños, jóvenes y adultos, sin distinción de clase, credo ni ideología.
Es sabido que la voz de estos sacerdotes incomoda, entre ellos, a algunos obispos y a grupos vinculados a la Iglesia que ejercen poder.
2. «Deseo de escuchar a todos y no sólo a algunos que le acaricien los oídos» EG 31
La opinión pública ha sido testigo, con no poca perplejidad, de un pudoroso conflicto entre el arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati Andrello, y el nuncio apostólico, monseñor Ivo Scápolo. Mientras el cardenal desconoce responsabilidad y endosa culpas a la nunciatura, monseñor Scápolo actúa con prudencial sigilo.
Entre los antecedentes objetivos disponibles hay constancia de la investigación canónica, así como de la difusión de los hechos en una reunión del clero de Santiago presidida por el cardenal arzobispo.
Se instala así la duda, la intriga y la desconfianza, invadiendo el alma del Pueblo de Dios que, confundido, contempla el Cuerpo Místico de Cristo herido.
3. «La gloriosa libertad de los hijos de Dios.» Rm 8,22b
Con estos hechos se impone la censura a la libertad de opinión y se revela un rasgo de la Iglesia preconciliar, jerárquica y piramidal. Queda también en evidencia el indebido respeto por la conciencia ajena.
Como un hecho persistente, vemos en la Iglesia de Santiago un nocivo ambiente de desconfianza y de miedo que inhibe la libertad de los hijos de Dios, afectando particularmente al clero y a la vida religiosa. Ello, es consecuencia de un estilo de liderazgo autoritario de público conocimiento: “Hace un par de meses en reunión con sus vicarios del Arzobispado consultó: «¿Es verdad que me ven como alguien autoritario?» Los vicarios se miraron y negaron el hecho porque asumen que su estilo ejecutivo que imprime en su gestión es parte de su personalidad”. (Diario La Segunda, 22 de Agosto de 2014).
4. «¡El dinero debe servir y no gobernar!» EG 58
En la Iglesia chilena, vemos opacidad económica que afecta su imagen pública. Los fieles tenemos derecho a conocer con transparencia las fuentes de financiamiento y los gastos de nuestra Iglesia, así como la administración de su patrimonio y los vínculos comerciales con algunos grupos económicos. Nuestra Iglesia necesita liberarse del apego al poder del dinero, que inhibe la libertad evangélica de los pastores.
A modo de ejemplo, está la demanda judicial de una familia contra el Arzobispado de Santiago por 200 millones de dólares, por la supuesta apropiación indebida de parte de la propiedad de la filial de SOPROLE, Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A. (El Mostrador, 21 de noviembre de 2013).
5. «No a la mundanidad espiritual» EG 97
Vemos con preocupación que un emblemático edificio institucional, inaugurado en Diciembre de 2013 en el campus San Andrés de la Pontificia Universidad Católica de la Santísima Concepción, lleve el nombre de Monseñor Ricardo Ezzati Andrello y haya sido inaugurado por él mismo. (http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=22992.
6. «Cada pueblo, en su devenir histórico, desarrolla su propia cultura con legítima autonomía» EG 115
Vemos que no se respeta la autonomía del Estado, como cuando el arzobispo de Santiago hacía lobby privado ante el gobierno del expresidente, Sebastián Piñera, para persuadir que el Estado de Chile no ratifique la Convención Interamericana Contra Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia, adoptada por la 43ª Asamblea de la OEA. Eso dañó la imagen eclesial, exponiéndola a un severo escrutinio social y político. (The Clinic, 16 de Octubre de 2013).
7. «El mensaje que anunciamos siempre tiene algún ropaje cultural, pero a veces … podemos mostrar más fanatismo que auténtico fervor evangelizador» EG 117
Vemos falta de prudencia pastoral cuando el arzobispo de Santiago ha protagonizado una persistente y reñida confrontación pública en la discusión de la Reforma Educacional, donde la Iglesia aparece defendiendo privilegios y mecanismos de segregación que no son compartidos por todo el Pueblo de Dios. Muchos ven en ello la defensa de privilegios, más que servicio al Bien Común.
En los denominados temas valóricos, la falta de serenidad y un estilo confrontacional impiden que la riqueza magisterial de la Iglesia ilumine el diálogo social, consiguiendo tensionar la vida cívica del país. (El Mercurio, 19 de Enero; 22 de Mayo y 27 de Julio de 2014).
8. «La homilía es la piedra de toque para evaluar la cercanía y la capacidad de encuentro de un Pastor con su pueblo» EG 135
Vemos cómo se deteriora la autoridad del arzobispo de Santiago. Prueba de ello es que al convocar a un “Gran Propósito Nacional”, en la homilía del Te Deum realizado en el templo catedral de la Iglesia de Santiago el 18 de Septiembre de 2014, no tuvo respuesta pública. Ante el silencio, insistió publicando una carta en El Mercurio del 28 de Septiembre, la que nuevamente no encontró acogida.
9. «La Iglesia católica es una institución creíble ante la opinión pública» EG 65
Vemos con tristeza una pérdida de credibilidad de nuestra Iglesia, ratificada en una persistente caída de este atributo en encuestas de opinión serias. Nos duele que sólo un 30% de los chilenos concedan credibilidad a la Iglesia Católica. Ello singifica que la mitad de los católicos no confían en su propia Iglesia. (Encuesta CEP, Julio de 2014).
10. «La dulce y confortadora alegría de evangelizar» EG 9
Nuestra Iglesia chilena sufre y su imagen es desacreditada; mientras el Pueblo de Dios resiente la crisis y parece “como ovejas sin pastor” (Mt 9, 36b). Mucho bien hace nuestra Iglesia, pero su tarea esencial se ve dificultada porque, sin credibilidad, no es posible anunciar la confortadora Alegría del Evangelio.
Querido papa Francisco, para encontrar cauces de solución, y por el bien superior de nuestra Iglesia, queremos solicitar respetuosa y responsablemente, que tenga a bien considerar la venida de una Visita Apostólica al Arzobispado de Santiago, para evaluar objetivamente la delicada situación descrita.
En este atrevimiento de escribirle una carta abierta, nos mueve un entrañable amor a nuestra Iglesia, y nos ha convencido aquello que “Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: « ¡Dadles vosotros de comer! » (Mc 6,37)” EG 49.
Con afecto filial, lleno de esperanza, y con el compromiso de nuestra perseverante oración por Ud. y por el bien nuestra Iglesia, le saludan afectuosamente: Leer más…
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