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Chile avanza imparable hacia el matrimonio igualitario: tras el visto bueno del Senado, llega a la Cámara de Diputados con respaldo unánime de su Comisión Constitucional

Viernes, 17 de septiembre de 2021

matrimonio_gay_chileChile avanza imparable hacia la aprobación del matrimonio igualitario, un hecho histórico que podría producirse en pocas semanas. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados de ese país ha aprobado por unanimidad de sus miembros dar curso al proyecto que regula el matrimonio de parejas del mismo sexo, después de que el pasado julio lo aprobase el Senado. La propuesta, presentada en 2017 (cuando aún era presidenta Michelle Bachelet) se ha visto acelerada tras años de espera después de que el actual presidente, Sebastián Piñera, diera un giro de 180 grados y se posicionase a favor.

Hagamos un poco de historia: en 2016, el Estado chileno y el Movimiento de Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) alcanzaron una solución amistosa a la demanda que este colectivo había interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio (puedes descargar aquel acuerdo aquí). El acuerdo, considerado histórico en su momento, implicaba ir más allá de las uniones civiles entre personas del mismo sexo (aprobadas el año anterior) y promover el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y los derechos plenos de parentalidad, que a día de hoy tienen que ser reclamados ante los tribunales, así como la aprobación de una ley de identidad de género y un refuerzo de la legislación antidiscriminatoria (la conocida como «ley Zamudio»), entre otras medidas. De hecho, en agosto de 2017 el Gobierno de Michelle Bachelet remitía al Congreso un proyecto de ley de matrimonio igualitario, que no llegó a ser aprobado antes de las elecciones de noviembre que auparon de nuevo al conservador Sebastián Piñera a la presidencia.

Y aunque en septiembre de 2018 se aprobaba la ley de identidad de género, tras cinco largos años de tramitación y no sin grandes dificultades, la promesa de avanzar hacia el matrimonio igualitario quedó en suspenso. Según se filtró en su momento a la prensa chilena, el Gobierno de Piñera manifestó ante la CIDH que no pensaba cumplir el acuerdo por lo que al matrimonio igualitario se refiere. Se acogía para ello a una más que dudosa interpretación del acuerdo, según la cual el compromiso adquirido ya se habría satisfecho con la presentación del proyecto de ley por parte del anterior Gobierno en 2017. No fue hasta enero de 2020, tres meses después del comienzo de las protestas que han trastocado la realidad social y política de Chile (que se encuentra en este momento en pleno proceso constituyente) cuando el Senado incluyó por primera vez la tramitación del proyecto de ley de matrimonio igualitario en el orden del día. La oposición de buena parte de la bancada conservadora, sin embargo, abortó la iniciativa. Sin embargo, en un primer giro de los acontecimientos, Sebastián Piñera pidió a sus ministros que se replantearan su postura. Y finalmente, el pasado 1 de junio, durante su comparecencia ante el Congreso, Piñera hacía un inesperado anuncio: daba su apoyo a la aprobación del matrimonio igualitario. «Anunciamos que pondremos urgencia al proyecto de ley que lleva años en el Congreso y que establece el matrimonio igualitario entre todos nuestros compatriotas», prometía Piñera.

Desde entonces los acontecimientos se han acelerado. El pasado 21 de julio el Senado de Chile aprobaba la iniciativa. Entre los elementos más discutidos se encontraban las disposiciones relativas a la adopción, en un momento en el que precisamente el Congreso chileno tramita una nueva ley de adopción y hay sobre la mesa un proyecto sobre filiación de hijos de parejas del mismo sexo. Finalmente, las disposiciones relativas a la autorización del matrimonio de parejas del mismo sexo fueron aprobadas por 28 votos a favor y 14 en contra. Por lo que se refiere a las normas relativas a la filiación, fueron aprobadas por 29 votos a favor y 14 en contra.

Ahora la iniciativa está en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde la Comisión Constitucional ha sido unánime. En una primera sesión, todos sus miembros dieron su apoyo a que en las leyes con expresiones «marido y mujer» o «marido o mujer» se entiendan aplicables a todos los cónyuges, con independencia de su sexo. También se estableció que donde se haga referencia a las expresiones padre y madre u otras semejantes, estas se entenderán aplicables a las y los progenitores. También se aprobó una indicación parlamentaria para eliminar la restricción de que la filiación de los hijos nunca pueda determinarse respecto de más de dos personas, un cambio legal que ha sido saludado por MOVILH. «Se podrán reconocer derechos de filiación a dos madres y un padre o a dos padres y una madre. Avanzamos así en la plena igualdad para todas las familias. Las familias son diversas y todas merecen igualdad y respeto», ha expresado la organización. Su portavoz, Óscar Rementería, ha celebrado el hecho de que «hoy el apoyo al matrimonio igualitario  sea un tema transversal, donde hay votos favorables de todas las tendencias políticas e ideológicas, con adopción y filiación homoparental incluida». «Habrá ley, sin duda», ha añadido.

Queda pendiente para una próxima sesión de la Comisión la votación del articulado donde se define el matrimonio y sus fines. La propuesta señala que corresponde a un contrato solemne por el cual dos personas se unen actual e indisolublemente, de por vida. También se someterá a discusión una propuesta para eliminar el fin de procrear, dejando solo el de vivir juntos y de auxiliarse mutuamente. Parlamentarios de la derecha, por su parte, quieren agregar al texto una disposición para asegurar que las iglesias no estarán obligadas a celebrar matrimonios entre parejas de igual sexo.

Una vez finalizada la votación en particular en la Comisión de Constitución, el proyecto pasará a Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Tras ello, su último trámite será en Comisión Mixta de Senado y Cámara. Se espera que  el proyecto sea ley antes de finalizar el 2021.

Fuente Dosmanzanas

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