Si ayer nos alegrábamos poque había ocurrido todo lo contrario en otros cuatro  estados, hoy tenemos que informar de queen Arizona, la intolerancia religiosa se ha impuesto sobre la ley civil y los derechos humanos…

Una pizzería de Arizona se reserva el derecho de admisión a ‘legisladores homófobos’

Hace pocos días Kansas conseguía resistir el embate homófobo, pero Arizona no ha podido. Las cámaras legislativas de ese estado han aprobado una ley que autoriza la discriminación de las personas LGTB en base a las creencias religiosas de los prestadores de servicios. Eso sí, a diferencia del proyecto que se debatió en Kansas, la ley de Arizona solo será aplicable a servicios de titularidad privada, no a funcionarios públicos. Todo apunta a que la gobernadora del estado, la republicana Jan Brewer, firmará la ley, pese al llamamiento que sectores económicos le han hecho para que la vete.

La norma fue aprobada el miércoles por el Senado de Arizona por 17 votos a favor (los de todos los senadores republicanos) y 13 en contra (los de todos los senadores demócratas), dejando claro que en este estado la identificación de los republicanos con las posiciones discriminatorias es mucho más sólida que en otros lugares de Estados Unidos. Un día después era la Cámara de Representantes la que le daba su visto bueno por 33 votos a favor (todos ellos republicanos) y 27 en contra (los de los 24 demócratas y 3 republicanos). Los tres únicos representantes republicanos que votaron contra la discriminación fueron Heather Carter, Kate Brophy-McGee y Ethan Orr.

La ley “relativa al libre ejercicio de la religión” (que puedes descargar, en inglés, pinchando aquí) fue una propuesta de grupos conservadores ligados a la derecha religiosa que los legisladores republicanos no han dudado en hacer suya. Si entra en vigor, el propietario de cualquier negocio podrá negarse a atender a clientes cuando ello colisione “de forma sustancialmente motivada” con su fe, una licencia discriminatoria que hasta ahora solo estaba permitida para organizaciones religiosas. Aunque el texto no las menciona, el objetivo de la ley no es otro que las personas LGTB, que a partir de ahora pasan a ser ciudadanos de segunda clase a los que se podrá denegar servicios sin que ello suponga una infracción.

Los defensores de la ley argumentan que ello impedirá, por ejemplo, que un fotógrafo opuesto al matrimonio igualitario por razones religiosas pueda negarse a prestar sus servicios en una boda entre personas del mismo sexo (aunque Arizona no permite a día de hoy tales bodas), pero lo cierto es que los términos de la ley son lo suficientemente ambiguos como para permitir que cualquier persona LGTB sea rechazada en un comercio, en un restaurante, en una sala de espectáculos o en un hotel, por mencionar algunos ejemplos. Si la persona acude a la justicia, quedará a interpretación del juez determinar si la discriminación está suficientemente fundada en las “creencias religiosas” o no.

“Intentamos proteger la libertad religiosa”, ha justificado el representante republicano Steve Montenegro. “No queremos que el gobierno venga y obligue a una persona a actuar contra sus sagradas creencias religiosas o que se vea forzado a ello porque es el propietario de un pequeño negocio”, ha añadido. Para el representante demócrata Rubén Gallego, sin embargo, “el mensaje es el siguiente: ‘queremos que trabajes aquí, pero no estamos dispuestos a protegerte, a proteger tus derechos, a proteger a tu familia’”.  ”Justificar la discriminación contra la comunidad LGTB o contra otros utilizando la religión es una afrenta a todos los ciudadanos de Arizona. Esta no es la Arizona en la que quiero vivir. Esta no es la Arizona en la que la comunidad LGTB quiere vivir”, ha afirmado el también representante demócrata Demion Clinco, él mismo abiertamente gay. Por su parte, Victoria López, directora de programas de la ACLU (American Civil Liberties Union) en Arizona, ha expresado que su organización está examinando con detalle la legalidad de la norma.

Líderes económicos del estado piden a la gobernadora que vete la ley

Pero la oposición a la norma no proviene solo de la comunidad LGTB, de los políticos demócratas o de las organizaciones de defensa de los derechos civiles. Sectores económicos del estado no ven con buenos ojos una ley que coloca a Arizona en el ojo del huracán como un estado irrespetuoso hacia las minorías, como ya sucedió hace pocos años cuando el estado aprobó una polémica ley antiinmigración, que ya entonces produjo un boicoteo hacia el estado de Arizona con importantes consecuencias económicas.

El Consejo Económico del Gran Phoenix (Greater Phoenix Economic Council) una entidad que busca atraer inversiones a la capital del estado y a su región, ha dirigido por ejemplo una carta a la gobernadora Brewer en la que expresamente le piden que vete la ley. La carta está firmada por su presidente ejecutivo, Barry Broome, y por el presidente de su consejo, James Lundy (que a su vez es el presidente del Alliance Bank of Arizona).

Fuente Dosmanzanas

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Informa Dosmanzanas de esta buena buena noticia la que nos llega desde Kansas, en Estados Unidos. La presidenta del Senado estatal, la republicana Susan Wagle, ha confirmado que no permitirá la tramitación de un proyecto de ley que hace pocos días aprobaba la Cámara de Representantes del estado, y que hubiera permitido a empleados públicos y a particulares negarse a atender a las personas LGTB que solicitaran un servicio simplemente alegando un conflicto con sus creencias religiosas.

Susan Wagle ha expresado su opinión de que el proyecto de ley 2453 (Ley acerca de la libertad religiosa con respecto al matrimonio), aprobado en la Cámara de Representantes de Kansas por un cómodo margen de 72 votos a favor y 42 en contra, va demasiado lejos al proponer incluso que los funcionarios públicos puedan negarse a prestar servicios a personas LGTB. “Creo que los oficiales de policía o los bomberos no pueden elegir a quienes prestan sus servicios. Sirven a cualquier persona vulnerable, sea cual sea su edad, raza u orientación sexual. El servicio público tiene que seguir siendo servicio público para todo el mundo”, ha declarado Wagle, que haciendo uso de sus atribuciones como presidenta del Senado no permitirá que el proyecto sea votado en su formulación actual.

Como explicábamos hace pocos días, los defensores de la reforma se escudaban en la protección de la libertad religiosa, añadiendo, en un alarde de cinismo, que el proyecto de ley no iba dirigido específicamente contra las personas LGTB, ya que alguien con un sentimiento religioso “sincero” contrario al matrimonio heterosexual podría negarse también a atender a una pareja de sexos opuestos.

Habrá que ver si el proyecto se reformula de nuevo en una versión que otorgue cobertura únicamente a los prestadores de servicios privados, como en su momento intentó el representante republicano Don Hill, cuya propuesta de que los servicios prestados por empleados públicos quedaran fuera no prosperó en su momento. En cualquier caso, el fracaso del proyecto tal y como había sido planteado es ya de por sí una buena noticia.

Y en Indiana, no habrá por el momento referéndum antigay

Y mientras en Kansas fracasa la propuesta discriminatoria, al menos en su versión más radical, algo más al este del país fracasa otra iniciativa para llevar en  2014 a referéndum una propuesta de enmienda constitucional para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ha sucedido en Indiana, donde los republicanos más conservadores han sido incapaces de contrarrestar en el Senado estatal la maniobra de sus propios correligionarios para demorar el referéndum a la siguiente legislatura.

El proceso de reforma de la Constitución de Indiana no es sencillo: requiere que tanto Cámara de Representantes como Senado aprueben la enmienda en dos periodos legislativos consecutivos antes de llevar la propuesta a referéndum. En este caso, la propuesta ya había recibido el visto bueno de las dos cámaras, bajo control republicano, durante el periodo de sesiones 2011-2012. Entonces se aprobó una propuesta que suponía la prohibición tanto del matrimonio igualitario como de otras instituciones jurídicas “idénticas o sustancialmente similares”, lo que suponía prohibir también las uniones civiles.

Y aquí es donde ha estado el quid de la cuestión: para poder llevar la propuesta a referéndum en noviembre de 2014, era necesario que las dos cámaras del estado aprobaran durante el periodo de sesiones 2013-2014 la misma propuesta, redactada exactamente en los mismos términos. Sin embargo la división entre los republicanos sobre la prohibición de las uniones civiles llevaba a que la Cámara de Representantes aprobara a finales de enero, por 57 votos a 40, una propuesta de enmienda referida únicamente al matrimonio, que eliminaba la propuesta de prohibición de las uniones civiles. Y aunque los republicanos más conservadores han intentado forzar en el Senado un cambio que recuperara la redacción original de la enmienda, al final no lo han logrado.

Un cambio que hace imposible que el referéndum pueda tener lugar este año, ya que obliga de nuevo a que la propuesta sea votada en la siguiente legislatura. El referéndum será, en el mejor de los casos, en 2016. Una fecha en la cual la mayoría de los observadores creen que la discusión acerca del matrimonio igualitario ya habrá sido resuelta por una sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos (conviene precisar que aunque el referéndum se hubiera celebrado este año, a los opuestos al matrimonio igualitario no les hubiera resultado fácil ganar: ya hay encuestas que muestran que una enmienda constitucional en este sentido no cuenta con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos de Indiana).

Dos “fracasos” propiciados por los propios republicanos

Tanto en Kansas como en Indiana, por tanto, han sido políticos republicanos los que han hecho naufragar las iniciativas descritas. ¿Una señal de que entre muchos políticos de ese partido, incluso en estados considerados muy conservadores, se extiende la sensación de que ya no resulta tan rentable como hace solo unos pocos años oponerse de forma frontal a los derechos LGTB…?

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Leemos en Cromosomax que un republicano, es el primer político en incluir a su pareja gay en su anuncio.

Las parejas de los políticos, cuando son heterosexuales, siempre dan mucho juego en las campañas. Las primeras damas, especialmente. Pero, ¿qué pasa cuando el político es gay? Nadie quiere ser el político que saca a su pareja homosexual ante todo el mundo, por miedo a lo de siempre: que lo etiqueten y conviertan eso en su única característica.

Pues por fin alguien se ha animado en USA y sorprende del partido que viene: Carl DeMaio es republicano y se ha convertido en el primer político gay en incluir a su pareja en el anuncio.

Todo un ejemplo de familias diversas, especialmente viniendo de un republicano. Pocos lo entenderán, pero es otro de esos gestos que se agradece que alguien haya tenido el valor de llevar a cabo.

Aquí tienes el anuncio completo de la candidatura de Carl DeMaio:

http://www.youtube.com/watch?v=6QLBvk932bw

Y en Ambiente G nos muestran el perfil de un político demócrata gay: Brian Sims (Washington D.C., 1978) que es abogado, aunque actualmente se dedica de pleno a la política como miembro de la Cámara de Representantes de Pensilvania. De hecho, fue la primera persona abiertamente homosexual elegida para la Asamblea General de este estado.

Hace unos días conocí, gracias a Pelayo Skull, al hombre con quien quiero pasar este San Valentín. Este y el próximo y el próximo y así hasta la eternidad. Se trata de Brian Sims, un político estadounidense a quien bien merece la pena conocer. Brian, I love you!

Porque, amigos, este atractivo chico de la foto con barba perfecta, ojos preciosos y sonrisa atractiva no es mi último ligue del The Paso (ya me gustaría). Es un político. Demócrata, para ser más exactos. Y parece (digo parece, porque aquí ya nunca se sabe) que es de los honrados y de los que de verdad se preocupan por la gente.

Dejando de lado su atractivo físico, cabe destacar que, Brian Sims (Washington D.C., 1978) es abogado, aunque actualmente se dedica de pleno a la política como miembro de la Cámara de Representantes de Pensilvania. De hecho, fue la primera persona abiertamente homosexual elegida para la Asamblea General de este estado.

Consecuente con su orientación sexual, Sims presentó el año pasado un proyecto de ley para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero eso no es todo, porque además de luchar por los derechos LGTB, también ha trabajado a lo largo de su carrera, tanto política como en la abogacía, por la igualdad de género, la educación pública, la preservación de los servicios para las personas mayores y discapacitados, el acceso a la sanidad, la protección del medio ambiente, la creación de puestos de trabajo, la seguridad en las calles y la ampliación de derechos para la ciudadanía. Sí, yo también he tenido que parar para poder respirar.

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General, Historia LGTBI Brian Sims, Carl DeMaio, EE. UU., Homosexualidad, Partido Demócrata, Partido Republicano, Pensilvania

Importante giro en Virginia, cuyo nuevo fiscal general, Mark Herring, ha anunciado que a partir de ahora no defenderá en los tribunales la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo (incorporada en 2006 a la Constitución estatal tras ser aprobada en referéndum con el 57% de los votos). La decisión de Herring, para el cual la prohibición atenta contra la Constitución de los Estados Unidos, puede facilitar el proceso para que las demandas presentadas ante la justicia federal de ese estado prosperen. Virginia es visto por los observadores como un estado clave para hacer avanzar el matrimonio igualitario al resto del país, una vez que la mayoría de los estados considerados más sólidamente “liberales” lo han aprobado.

Virginia linda con Maryland y con el Distrito de Columbia (donde se sitúa Washington, la capital federal), dos territorios que ya permiten el matrimonio igualitario (el resto de sus estados colindantes son Carolina del Norte, Tennessee, Kentucky y Virginia Occidental). Desde el punto de vista histórico forma parte del sur, el área geográfica más conservadora de Estados Unidos, pero en las últimas décadas ha moderado su ambiente político. Ello es debido en buena parte al desarrollo urbano del extremo norte de estado, que forma en realidad un gran área metropolitana con el Distrito de Columbia y con Baltimore (Maryland). A diferencia de lo que sucede en otros estados del sur, de hecho, los electores de Virginia bailan hoy día entre los dos grandes partidos con cierta facilidad.

Uno de estos bailes se produjo en noviembre, cuando en las elecciones a gobernador el demócrata Terry McAuliffe conseguía una importante victoria por la mínima frente al ex fiscal general, Ken Cuccinelli, uno de los políticos republicanos más abiertamente homófobos (en su momento se opuso a que las medidas antidiscriminatorias en las universidades públicas incluyeran a las personas LGTB y calificó los actos homosexuales de “intrínsecamente malos” porque se “oponen a la ley natural”). Pero no fue la única victoria demócrata. El demócrata Mark Herring se hacía con el puesto que precisamente dejaba vacante Cuccinelli al derrotar (también por escaso margen) al candidato republicano.

Las victorias de McAuliffe y Herring, que hace solo un par de semanas tomaron posesión de los cargos para los que han sido elegidos, han supuesto un cambio muy significativo en el panorama de los derechos LGTB en Virginia. Es cierto que los republicanos controlan la Cámara de Delegados y que se registra un empate en el Senado (aunque roto en este momento a favor de los republicanos al existir un escaño vacante), pero por lo que a las acciones del Ejecutivo se refiere la situación es muy distinta a la anterior. Por un lado, la primera orden de McAuliffe como gobernador fue precisamente prohibir la discriminación de los trabajadores LGTB del estado de Virginia. Por otro, como recogíamos con mayor detalle la semana pasada, comienzan a plantearse iniciativas legislativas de matrimonio igualitario y contra la discriminación de las personas LGTB.

Herring no defenderá en los tribunales la prohibición

Pero ha sido sin duda el anuncio de Mark Herring de que como fiscal general del estado de Virginia no se personará en los procesos abiertos contra la prohibición del matrimonio igualitario (cuya primera audiencia tendrá ya tiene fecha: el próximo 30 de enero) el que ha supuesto todo un terremoto político. Herring está convencido de que la prohibición del matrimonio igualitario es inconstitucional y de que en algún momento el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo dejará claro. Y según sus propias palabras quiere que Virginia “esté en el lado correcto de la historia”.

Una posición que le está valiendo fuertes críticas de los republicanos, que acusan a Herring hace dejación de sus funciones. Bran Brown, presidente de la homófoba National Organization for Marriage, ha pedido incluso a los legisladores del estado que le abran un proceso de impeachment. Algo que sin embargo no parece preocupar al fiscal general.

Estaremos atentos a lo que sucede en Virginia, un estado que quizá en no mucho tiempo se sume a Utah y Oklahoma, dos de los estados en los que la prohibición del matrimonio igualitario ha sido llevada a juicio y en los que en estos momentos ya se han producido sentencias favorables (pendientes en ambos casos de los correspondientes recursos).

Fuente Dosmanzanas

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