Sectores antiderechos insisten en prohibir o acotar la participación de las mujeres en trans en competencias. Qué dice la ciencia.

CIUDAD DE MÉXICO, México. En los últimos años se argumentó, sin bases científicas concluyentes, que la participación de las mujeres trans en los deportes representa una supuesta “ventaja injusta” para las mujeres cisgénero. Esta narrativa no sólo la han usado las federaciones deportivas de élite sino también en los grupos antiderechos en puesto de toma de decisión.

Pero, ¿qué dicen las organizaciones de derechos humanos y la ciencia sobre esto?, ¿cómo estas prohibiciones repercuten en los derechos humanos de las mujeres y niñas?

Prohibición de atletas trans sin evidencia científica

Un informe publicado en el 2021 reveló que las mujeres trans no tienen ninguna ventaja biomédica en el deporte de élite. Y aclara que los factores sociales como la nutrición y las cualidades en los entrenamientos son lo que afecta el resultado de su desempeño.

Este informe hace una revisión en profundidad de la literatura científica publicada en inglés entre 2011 y 2021 sobre mujeres trans en deportes de élite. Y en éste se destaca que los factores biomédicos no representan ninguna amenaza para las deportistas cisgénero. En parte porque hay poca evidencia que busque identificar la ventaja de la pubertad que vivieron las mujeres trans, y son escasos los estudios sobre deporte de alto rendimiento que involucre a personas trans.

Este informe, además, concluye que las mujeres trans que han recibido atención médica de afirmación de género, suprimiendo sus niveles de testosterona, no tienen ninguna ventaja biológica.

“La política del deporte de élite se formula dentro de normas culturales geopolíticas transmisóginas, misóginas y racistas», aclara en documento.

Comité Olímpico Internacional: “es poco claro el papel de la testosterona para medir una ventaja injusta”

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (realizados en 2021 por la pandemia de covid-19) fue la primera vez que participaron atletas trans y no binaries de élite. Sin embargo, la atención estuvo en Láurel Hubbard, pesista neozelandesa y primera mujer trans en competir en unos Juegos Olímpicos. Su paso fue breve pues falló sus tres intentos de levantamiento en la división peso pesado de mujeres.

Posterior a la participación de Hubbard, en noviembre de 2021 el Comité Olímpico Internacional (COI) publicó un nuevo “marco sobre equidad, inclusión y no discriminación por motivos de identidad de género y variaciones sexuales” con énfasis en los criterios de elegibilidad en las categorías femeniles.

En el documento afirman que “no hay consenso científico sobre cómo la testosterona afecta el actuar deportivo. Es poco claro el papel que juega para medir una ventaja injusta, porque el rendimiento se mide de manera distinta en cada deporte”.

Protestas trans en Texas por los deportes.

Finalmente, el COI determinó que cada federación deportiva debe establecer sus propios criterios de elegibilidad. Éstos deben estar “apegados a los derechos humanos, con pruebas científicas sólidas que contemplen los contextos y procuren el bienestar de los atletas”.

A partir de ello, las federaciones de atletismo, ciclismo, natación, ajedrez y recientemente la federación estadounidense de box generaron políticas que prohíben la participación de mujeres trans en las categorías femeninas de sus disciplinas. En ellas las condiciones van desde estar bajo hormonación desde los 12 años, mantener cierto nivel de testosterona en sangre o haberse sometido a cirugías de reasignación de sexo.

En un comunicado, la World Athletics (WA) asegura que las razones por las que se prohíbe la participación de mujeres trans está “guiada por el principio general de proteger la categoría femenina”. Y al mismo tiempo argumentan que “actualmente no hay atletas transgénero compitiendo internacionalmente en el atletismo y, en consecuencia, no hay evidencia atlética específica del impacto que estas atletas tendrían en la equidad de la competencia femenina en el atletismo”.

El psicólogo trans Dau García Dauder explica en su ensayo La intersexualidad en la construcción de la diferencia racial que en las reglas de elegibilidad “la alta testosterona es enmarcada como una ventaja y, de repente, como un problema de salud para las mujeres; las enferma. Es preciso regularla, para proteger la justicia y la salud. Así, las pruebas de verificación de sexo se convierten de forma sorprendente en regulaciones médicas por ‘el bien de la deportista’, para protegerla de la testosterona”.

Y agrega, “el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) habla de una discriminación necesaria, razonable y proporcionada para el objetivo de preservar la integridad de las atletas’. Paradójicamente, las mujeres menos privilegiadas (procedentes de países ‘en desarrollo’) son vistas como una amenaza y con ventaja; la justicia e integridad parece que solo aplica a las mujeres del norte. Es preciso subrayar que las intervenciones exigidas por la regulación son las mismas que los activistas intersex vienen denunciando”.

Antiderechos usan el falso argumento de la ‘ventaja injusta’

Estas narrativas sin fundamento científico son utilizadas además para la creación de leyes que prohíben competir a nivel estudiantil a niñas, jóvenes y mujeres trans en Estados Unidos.

Hasta ahora en ese país hay 6 estados con directrices que excluyen a les estudiantes trans y no binaries al exigirles que participen en deportes según su sexo asignado al nacer. Otros 3 estados prohíben la participación de estudiantes trans y no binaries a menos que se hayan sometido a una cirugía. Y en 16 estados existen políticas discriminatorias que crean barreras adicionales a la inclusión de estudiantes trans y no binarios, de acuerdo al seguimiento que realiza la organización Trans Athlete.

Esta ola legislativa anti trans está llegando a América Latina. En México congresistas como Teresa Castell y aspirantes a puestos de representación popular en México como Eduardo Verástegui buscan legislar e impulsar una carrera política desde la desinformación y los pánicos morales.

Regulaciones sexistas, racistas y violatorias de derechos humanos

La ONU ha calificado estos mecanismos de exclusión como “innecesarios, humillantes y dañinos”. Reconoce explícitamente que hay una forma particular de discriminación en el deporte hacia las mujeres negras y niñas atletas del sur global.

Desde 1940 la federación mundial de atletismo ha violado los derechos humanos de las atletas con “pruebas de sexo” y “certificados de feminidad” con propósitos de “elegibilidad”, así lo revela el informe “Nos están ahuyentando del deporte: violaciones de los derechos humanos en las pruebas de sexo de las mujeres deportistas de élite”, publicado por Human Rights Watch (HRW). 

Estas medidas además tienen un carácter racista pues hasta ahora a las atletas que les han prohibido competir son negras y originarias de países del sur global. Y también han afectado a mujeres intersexuales y aquellas que de manera natural expresan niveles elevados de testosterona.

Para HRW estas prácticas implican daños físicos, psicológicos y económicos para las atletas. Además, señala que “identificar a las atletas mediante la observación y la sospecha es una forma de controlar los cuerpos de las mujeres en función de definiciones arbitrarias de la feminidad y estereotipos raciales”.

Geo González@georginagon

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina. personas LGTBIQ+, Comité Olímpico Internacional (COI), Dau García Dauder, Deporte, Eduardo Verástegui, Homofobia/Transfobia, Human Rights Watch (HRW), México, Mujeres Trans, ONU, Teresa Castell, Trans Athlete, World Athletics (WA)

El monitoreo realizado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad arrojó un aumento significativo durante este año.

BUENOS AIRES, Argentina. Unas 955 personas lograron “transformar sus vidas” al ingresar a trabajar en el sector público nacional a partir de la Ley de Promoción de Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero (TTT) “Diana Sacayán – Lohana Berkins”. Desde su sanción y promulgación en 2021, la inserción laboral de este colectivo en el ámbito público aumentó en más de un 900%.

«Es una política que hay que cuidar, hay que profundizarla, protegerla y seguir haciendo que se cumpla. Esos 955 no son números, son almas», expresó la subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, Agustina Ponce.

Los datos del noveno monitoreo de la Ley N° 27.636 se brindaron este lunes en un encuentro con periodistas donde participaron Ponce; la coordinadora de Acceso al Empleo para las Personas Travestis, Transexuales y Transgéneros, Cintia Pili; y la responsable del Registro Único de Aspirantes, Laura Cardozo.

🌈 En estos 4 años, acompañamos a más de 15 mil LGBTI+ con políticas de formación y asistencia técnica.

🏳️‍⚧️ Más de 900 travestis, trans y no binaries accedieron a un trabajo formal en el Sector Público Nacional y a otros derechos asociados por el Cupo Laboral Travesti Trans.

— Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (@MinGenerosAR) December 5, 2023

Esta normativa, que fue sancionada el 24 de junio de 2021, establece un cupo mínimo del 1% de los cargos y puestos del Estado Nacional para la comunidad travesti trans, con el objetivo de que puedan acceder a un trabajo formal en condiciones de igualdad.

También establece que se deben promover acciones de concientización y sensibilización en los ámbitos laborales y prevé incentivos para el sector privado que cumpla con esta normativa. Además, promueve líneas de acceso al crédito desde el Banco de la Nación de la República Argentina para esta población.

¿Por qué la necesidad de un cupo?

La población travesti trans cuenta con mayores vulnerabilidades que el resto de la población. Desde temprana edad, al asumirse en esta identidad, las personas trans son expuestas a distintos tipos de discriminaciones, que van desde las familiares, hasta las sociales e institucionales.

La primera exclusión se da en las familias que no aceptan la asunción de esta identidad, lo que lleva a que deban abandonar sus hogares. Incluso, muchas llegan a la Argentina dejando sus países de origen para encontrarse más amparadas bajo la normativa nacional. La segunda, se da en la escolaridad. Tras el acoso de estudiantes, docentes y la falta de acompañamiento terminan, la mayoría de ellas, abandonando los estudios.

La falta de estudios, sumado a la discriminación laboral, lleva a que un alto porcentaje de travestis y mujeres trans vean a la prostitución como única forma de subsistencia. Esto trae aparejadas mayores condiciones de vulnerabilidad: la exposición a la calle, el frío, las infecciones de transmisión sexual y la violencia policial, social y del sistema de salud.

En este sentido, la Primera Encuesta sobre Población Trans(2012) de la Argentina, arrojó que solo el 64% había completado el Nivel Primario o la Escuela General Básica (EGB). Además, el 50% residía en viviendas deficitarias, al tiempo que el 85% de las feminidades trans declararon estar o haber estado en situación de prostitución.

En tanto, mientras una mujer cis en la Argentina tiene una expectativa de vida de 78 años (según datos del censo del INDEC en 2022), la de una mujer trans o travesti es de 40: menos de la mitad.

Resultados del noveno monitoreo

Antes de la sanción de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans, 101 personas de este colectivo ocupaban puestos de trabajo en el sector público. Esto significa un aumento del 946% en la contratación. 

«Hemos visto cómo nos cambia la vida a nosotras mismas. Se trata de una posibilidad más que se abre a la única que hemos tenido: el ejercicio de la prostitución», aseguró Ponce. Además de funcionaria, es militante travesti y también trabajó en la calle.

En el marco de esta normativa también se realizaron más de 500 actividades de capacitación y asistencia técnica sobre acceso y permanencia laboral para este sector. Esta instancia alcanzó a 12.058 trabajadoras y trabajadores del sector público en sus tres niveles, del sector privado, sindicatos y universidades.

Con respecto a la modalidad de empleo al que accedieron las personas travestis y trans con el cupo, casi un 40% ingresó bajo el sistema de contratación previsto por la ley Marco. Mientras, un 22% se encuentra en planta permanente.

Del total de organismos relevados en el monitoreo, el 22% incrementaron las contrataciones de TTT y el 13,91 % ya cumplen o superaron el 1% establecido como piso.

En relación a la federalidad de la normativa, en cada monitoreo se registraron incrementos en las contrataciones a nivel federal. Hasta el momento, la jurisdicción con mayor porcentaje de personas TTT contratadas sigue siendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un 58,32% de los puestos. Sin embargo, se observó un cambio drástico desde el primer monitoreo, en el que las contrataciones en el resto del país representaban el 14%, frente al 41,7% actual.

El sector privado

Por otra parte, si bien la ley no obliga al sector privado a alcanzar el 1% del cupo, brinda incentivos a este sector para que contraten a personas travestis y trans. A través del Programa Nacional para la Igualdad de Géneros en el Trabajo, el Empleo y la Producción «Igualar» se busca reducir las brechas de género en el ámbito laboral. «Pueden tener todas las herramientas que están disponibles para el sector público», detalló Ponce en relación al sector privado.

En relación a los tres poderes del Estado, el ejecutivo es el que presenta el mayor porcentaje de contratación seguido del legislativo. «Luego de dos años de la Ley de Cupo, la Corte sacó una resolución diciendo que va a empezar a contratar personas travestis y trans a través de lineamientos propios», informó la subsecretaria.

El cupo del 1% para personas travestis y trans en el sector público debe continuar implementándose ya que se trata de una ley nacional. La autoridad de aplicación de esta normativa es el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, una cartera que el gobierno entrante de La Libertad Avanza, encabezado por Javier Milei, no considera necesaria. De hecho, en el contexto actual en el que se está llevando adelante una transición de la gestión saliente a la entrante, este ministerio hasta el momento no fue convocado.

«Nosotras venimos de una época represiva del Estado. Los chicos y chicas que hoy son jóvenes quizás han naturalizado el piso de derechos que hoy tenemos como la Ley de Identidad de Género. Ante un próximo escenario que parece adverso, con personajes que remiten a esa época, los y las pibes de hoy creo que la van a tener difícil», dijo Ponce.

Sin embargo, todas las presentes destacaron la importancia de defender los derechos ganados en las calles. «Es necesario seguir organizadas y seguir formándonos políticamente. Acentuar el diálogo y profundizar las políticas que tenemos gracias a personas que dieron su vida luchando», concluyó la subsecretaria.

Agustina Ramos

Fuente Agencia Presentes

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