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La Corte Suprema dictaminó que la política de deportación de Ruanda del gobierno del Reino Unido es ilegal.

Sábado, 18 de noviembre de 2023
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IMG_0650El “sueño” de Suella Braverman en Ruanda vuelve a ser aplastado cuando la Corte Suprema dictamina que la deportación es ilegal.

El tribunal más alto del Reino Unido ha rechazado los planes del gobierno de deportar a personas que buscan asilo a Ruanda, para alivio de los defensores, organizaciones y organizaciones benéficas de los derechos LGBTQIA+.

La Corte Suprema dictaminó que la política de deportación de Ruanda del gobierno del Reino Unido es ilegal.

El miércoles por la mañana (15 de noviembre), el tribunal desestimó los planes del gobierno conservador, presentados por primera vez en 2022, de enviar a personas que lleguen ilegalmente al Reino Unido a esta nación de África Oriental.

El plan ha sido controvertido y fuertemente criticado debido al historial poco estelar de Ruanda en materia de derechos humanos y a la persecución que podrían enfrentar las personas LGBTQ+.

La medida supondrá un duro golpe para la ex ministra del Interior, Suella Braverman, quien una vez describió el transporte de refugiados a Ruanda como su “sueño” y su “obsesión.

En el fallo, los magistrados del tribunal rechazaron la apelación del ministro del Interior para implementar el plan de deportación y confirmaron la conclusión del Tribunal de Apelaciones de que la política de Ruanda es ilegal. “Esto se debe a que hay motivos fundados para creer que los solicitantes de asilo se enfrentarían a un riesgo real de malos tratos debido a la devolución a su país de origen si fueran expulsados a Ruanda“, se lee.

Los jueces agregaron que bajo la convención de las Naciones Unidas sobre refugiados las personas que buscan asilo deben ser protegidas contra la devolución – o en otras palabras, el retorno forzoso de refugiados o solicitantes de asilo a un país donde puedan ser sometidos a persecución.

En Ruanda, esta protección no existiría y las personas correrían “un riesgo real de malos tratos a causa de la devolución”.

Lord Reed afirmó que existen “defectos graves y sistemáticos en los procedimientos e instituciones de Ruanda para procesar las solicitudes de asilo”.

Como resultado, existen “preocupaciones sobre el proceso de asilo en sí, como la falta de representación legal, el riesgo de que jueces y abogados no actúen independientemente del gobierno en casos políticamente delicados, y un derecho de apelación ante el Alto Tribunal que no ha sido probado en absoluto”. 

La decisión del tribunal fue bien recibida por los grupos de defensa de los refugiados y LGBTQ+.

En una declaración en las redes sociales, Stonewall dijo: “Decisión increíblemente bienvenida de la Corte Suprema esta mañana para todas las personas que buscan asilo en el Reino Unido, particularmente las personas LGBTQ+ que habrían estado en mayor riesgo por el plan de deportación de Ruanda. Es hora de que el gobierno del Reino Unido reconsidere su enfoque”.

Rainbow Migration escribió: “Estamos encantados de que la Corte Suprema haya declarado ilegal el cruel plan de este gobierno de enviar personas que buscan asilo a Ruanda. Esta es una gran victoria para la bondad y la decencia común”.

El proyecto Good Law dijo que estaba “encantado” de que el plan fuera declarado ilegal y agregó: “El plan era cruel, con el gobierno amenazando con enviar a las personas que buscaban asilo a un país donde no estarían seguras. El plan fue un desperdicio: ¿cuánto dinero de los contribuyentes se ha gastado en idear, publicitar y defender una política que siempre pareció ilegal y que nunca habría involucrado a más de un par de cientos de personas?

“Y el plan nunca fue abordar la miseria que se desarrolla casi a diario en el canal, sino que siempre fue una actuación insensible dirigida a los parlamentarios y partidarios conservadores. Nos complace ver otro ejemplo de cómo la ley, en las manos adecuadas, puede proteger los derechos humanos de los más vulnerables y hacer que el gobierno rinda cuentas”.

El nefasto historial del país en materia de derechos humanos, especialmente en relación con las personas LGBTQIA+, dio lugar a una condena generalizada de la política tan pronto como se anunció en abril de 2022.

En última instancia, esto influyó en que la Corte Suprema dictaminara que era ilegal hoy, y en la decisión también se cita el trato dado a los refugiados en el pasado. “Las pruebas muestran que hay motivos sustanciales para creer que existe un riesgo real de que las solicitudes de asilo no se resuelvan adecuadamente y que, por lo tanto, los solicitantes de asilo corran el riesgo de ser devueltos directa o indirectamente a su país de origen”, dijo Lord Reed. , afirmó el presidente del tribunal, al anunciar la sentencia “unánime”. “Los cambios y el desarrollo de capacidades necesarios para eliminar ese riesgo pueden implementarse en el futuro, pero no se demostró que estuvieran implementados cuando se tuvo que considerar la legalidad de la política de Ruanda en este procedimiento”.

Ningún solicitante de asilo fue enviado nunca a Ruanda bajo el plan, que fue una de las políticas de inmigración clave de Rishi Sunak, ya que el primer vuelo programado en junio del año pasado fue cancelado en respuesta a una serie de desafíos legales.

Este gobierno debería avergonzarse de haber siquiera considerado esta mala idea

Su rechazo por parte de la Corte Suprema está siendo aclamado ahora como “un día de celebración nacional” por grupos y activistas de derechos LGBTQIA+.

Nadia Whittome, diputada laborista por Nottingham East, se ha opuesto durante mucho tiempo a esta política. “Los conservadores no deberían necesitar que un tribunal les diga que enviar refugiados a miles de kilómetros de distancia, a un país conocido por abusos contra los derechos humanos, es moralmente reprobable. Este gobierno debería estar avergonzado de haber siquiera considerado esta mala idea”, dijo.  “El juez confirmó hoy que no sólo el plan de Ruanda es incompatible con la Convención Europea de Derechos Humanos, sino también con la Convención sobre Refugiados, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es hora de dejar de jugar a la política con las vidas de las personas vulnerables y, en su lugar, crear un sistema de asilo funcional con la humanidad y la compasión en su centro”.

Leila Zadeh, directora ejecutiva de Rainbow Migration, una organización benéfica que brinda apoyo práctico y emocional a las personas LGBTQIA+ que buscan asilo, dijo: “Este es un día de celebración nacional. Los jueces del tribunal más alto del Reino Unido han detenido este comercio de seres humanos y muchas personas en el Reino Unido que han huido de horrores inimaginables pueden respirar aliviados”.

Sebastian Rocca, director general de Micro Rainbow, se hizo eco de este sentimiento, pero destacó que las personas con las que trabaja el equipo de la organización benéfica “todavía no están seguras. El compromiso de la ex ministra del Interior, Suella Braverman, de seguir adelante con el plan para Ruanda corría el riesgo de convertir al Reino Unido en un país famoso por sus políticas y actitudes crueles hacia las personas que necesitan seguridad”, afirmó“Nosotros y todos con quienes trabajamos estamos muy contentos de que finalmente se haya declarado ilegal. Nuestros beneficiarios pueden respirar aliviados, pero todavía no están seguros. Ahora es el momento de construir un sistema de inmigración humano y digno del que todos podamos estar orgullosos”.

Sunak ha prometido explorar los próximos pasos mientras el gobierno sigue “completamente comprometido a detener los barcos” que cruzan el Canal de la Mancha.

Por otra parte, el gobierno de Ruanda dijo que “no está de acuerdo” con el resultado: “Nos tomamos en serio nuestras responsabilidades humanitarias y continuaremos cumpliéndolas”.

Fuente Agencias/PinkNews

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Una lesbiana, Nneka Obazee, intenta suicidarse ante su inminente deportación a Nigeria

Martes, 17 de octubre de 2017
Comentarios desactivados en Una lesbiana, Nneka Obazee, intenta suicidarse ante su inminente deportación a Nigeria

image2-nigerian_lesbian_935539910Una solicitante de asilo en el Reino Unido, Nneka Obazee, intenta suicidarse tras ser detenida para ser deportada a su país de origen, Nigeria, donde podría enfrentarse a la cárcel o incluso la muerte por lapidación al ser lesbiana. 

A sus 34 años de edad, Nneka Obazee, es una mujer lesbiana que lleva hospitalizada desde el 27 de septiembre, cuando intenta suicidarse con una sobredosis de analgésicos al serle notificada su inminente deportación a Nigeria, junto con su hijastro, de 19 años de edad, quien sí habría sido finalmente deportado una semana después. El intento de suicidio de Obazee «demuestra cuán grave sería la situación para ella si la hubieran devuelto a Nigeria», declara un portavoz de Lesbians and Gays Support the Migrants. Después de que su solicitud de asilo fuera rechazada por el Ministerio del Interior, dos tribunales de apelaciones habrían fallado igualmente en su contra.

«La identidad sexual es algo muy difícil para tener que ‘probar’, sobre todo cuando ha sido la causa de un trauma significativo en el pasado (…) Para cuando son reconocidos como refugiados, han experimentado los efectos de la incredulidad, la indigencia y ser detenidos, a menudo a un elevado coste para su salud psicológica», declara Rajiv Bera, de Asylum Aid. Algo que sabe bien Aderonke Apata, quien hace tres años se grababa en un vídeo manteniendo relaciones sexuales con otra mujer para demostrar su orientación sexual y conseguir de esta manera el asilo en el Reino Unido.

Según su versión, aprovechando un viaje al Reino Unido, hace cuatro años, Obazee se escapa con su hijastro de un marido que la maltrataba. Una vez se siente lo suficientemente segura, decide revelar su verdadera orientación sexual, motivo por el que su familia corta toda relación con ella. A lo largo de estos cuatro años reside en Manchester, donde ha sido miembro activo de la comunidad LGBT, así como voluntaria en un centro de acogida a personas homosexuales, bisexuales y transexuales.

«Nos preocupa que, con demasiada frecuencia, la sexualidad de las personas no se crea y las solicitudes de asilo se rechacen incorrectamente (…). Hace solo dos meses celebramos con alegría el orgullo de Londres con nuestra amiga Nneka y ahora todo lo que podemos hacer es vernos impotentes ya que está siendo atropellada por un sistema de inmigración injusto e inhumano para enfrentarse al peligro en Nigeria», explica Leila Zadeh, directora del U.K. Lesbian and Gay Immigration Group.

Hasta 152 violaciones de los derechos del colectivo LGBT se registran en Nigeria el año pasado, siendo uno de los 72 países del mundo en el que los actos homosexuales son ilegales. Mientras que detienen en agosto a 53 personas, acusándolas de «conspiración, reunión ilegal y pertenencia a un grupo anti social» por estar celebrando lo que se suponía era una boda gay, en agosto se producía una redada en un hotel de Lagos, en la que son arrestadas 42 personas al ser «pilladas in fraganti» en una reunión que tenía el único objetivo de informar y prevenir contra el VIH.

La zona sur de Nigeria es predominantemente cristiana, por lo que las penas relacionadas con la homosexualidad pueden ascender a los 14 años de prisión, mientras que en el norte, predominantemente musulmán, se aplica la ley sharia, lo que quiere decir que de ser condenada, Nneka Obazee podría ser ejecutada por lapidación. A nivel nacional, Le Ley de Prohibición del Matrimonio del Mismo Sexo, de 2011, incluye como delito formar parte de una organización que luche por los derechos de la comunidad LGBT.

LGTBfobia de Estado en Nigeria

En Nigeria, país con un influyente movimiento evangélico cristiano en el sur y un fuerte apoyo a la ley islámica en el norte, las relaciones homosexuales se castigan con penas que pueden llegar hasta los 14 años de cárcel o incluso hasta la muerte por lapidación en los estados del norte en los que además se aplica la sharía o ley islámica (el estado de Kaduna, de hecho, es uno de los que aplican en parte de su territorio). El pasado mes de abril recogíamos que 53 personas fueron detenidas en el país, acusadas de haber participado en una “boda gay”. La mayoría de los detenidos eran jóvenes de entre 20 y 30 años, que ya prestaron declaración ante el juez y que todavía esperan que se dicte sentencia.

Cabe recordar que a principios de 2014 el presidente Goodluck Jonathan promulgó la mencionada ley, que agrava el tratamiento penal para cualquier actividad relacionada con la realidad LGTB. Desde su entrada en vigor, de hecho, no han cesado de sucederse los actos de barbarie de la población civil contra las personas LGTB de Nigeria, alentados por los líderes políticos y religiosos, que han creado un ambiente de profunda homofobia social. Hemos informado de algunos de estos terribles hechos, aunque es de suponer que la información de la mayoría de este tipo de actos execrables no alcance a los medios de comunicación occidentales.

En enero de 2014, una multitud de miles de personas rodeaba un tribunal islámico, donde se juzgaba a once hombres acusados de practicar la homosexualidad, exigiendo su ejecución inmediata. Meses después, cuatro de los detenidos, que confesaron los hechos probablemente bajo tortura, fueron condenados a recibir públicamente 15 latigazos y al pago de una multa o un año de prisión. En febrero del mismo año, otra horda enfurecida asaltó los domicilios de doce homosexuales en la capital, Abuja, a quienes terminaron por arrancar de sus casas y golpearles incluso ante las puertas de la comisaría local. En las mismas fechas, en la localidad sureña de Port Harcourt, otros dos homosexuales fueron arrastrados fuera de su hogar y obligados a realizar actos sexuales ante una multitud agresiva.

En enero de 2015, la policía islámica de Kato, una ciudad al norte de Nigeria, comunicaba la detención de doce personas por participar en la celebración de una supuesta boda entre dos personas del mismo sexo. La ley vigente en Nigeria, anteriormente citada, castiga con hasta 14 años de prisión a quienes participen en una ceremonia de unión homosexual. En noviembre 21 estudiantes fueron detenidos acusados de prostitución masculina, según un periódico local.

En marzo de 2016, una turba violenta atacó a 20 jóvenes de quienes sospechaban, por su aspecto afeminado, que eran homosexuales. Todos ellos habían sido arrastrados fuera de sus casas y reunidos para golpearlos sin compasión. La brutal paliza a que les sometieron hizo temer por sus vidas. Ninguna de las víctimas quiso presentar denuncia, por temor a las represalias de sus agresores y por no enfrentarse al estigma de ser considerados homosexuales públicamente. En mayo, seis jóvenes fueron detenidos en Benin City acusados de mantener relaciones sexuales.

En el mes de octubre del mismo año, fue detenido un hombre acusado de mantener relaciones homosexuales, tras negarse a ser víctima de un chantaje. Al parecer, todo fue urdido por una pareja de madre e hijo, que se dedican a extorsionar a homosexuales con la amenaza de denuncia. Tras la negativa, la Policía procedió casi inmediatamente al arresto.

Posteriormente, en diciembre dimos la noticia de que un magistrado del Tribunal de Damaturu, la capital del estado de Yobe, había condenado a cinco hombres a sendos siete años de prisiónpor haber mantenido relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. En abril de este 2017, publicamos la detención de 53 personas, a quienes se acusaba de participar en la celebración de una supuesta “boda gay”.

Actuaciones de este tipo provocaron que el Parlamento Europeo aprobara en marzo de 2014, con el acuerdo de los principales grupos, una resolución de condena a las leyes homófobas de Uganda y Nigeria. El texto de la resolución solicitaba su derogación y proponía que si no había marcha atrás se suspendiese a los dos países del acuerdo de Cotonú sobre intercambio comercial y asistencia entre la Unión Europea y los estados de África, Caribe y Pacífico.

Sin embargo, la directora del programa africano del Centro Europeo para la Gestión de Políticas de Desarrollo (ECDPM), Faten Aggard-Clerx, muy crítica con lo que considera una postura hipócrita de la Unión Europea, se preguntaba, en referencia a Nigeria, si el organismo europeo está dispuesto a “mantener sus valores a pesar de sus intereses en algunas partes de África”. Aggard-Clerx denunciaba que la Unión Europea no había alzado la voz contra las leyes homófobas aprobadas en Etiopía en 2004, pero sí lo hacía una vez que las condenas por homosexualidad iban a carecer de la posibilidad de indulto. También ponía el ejemplo del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, muy criticado por aprobar una ley fuertemente homófoba, pero alabado por su papel en Sudán del Sur.

Parece haber servido de poco, sin embargo. En enero de este mismo año nos hacíamos eco de un informe de la organización The Initiative for Equal Rights, que denunciaba hasta 152 graves vulneraciones de los derechos humanos de la población LGTB entre diciembre de 2015 y noviembre de 2016. Evidentemente, se trata de las denuncias que han llegado a conocimiento de las organizaciones de defensa de los derechos humanos. En un país en el que la homosexualidad está fuertemente castigada por el Código Penal y sufre un fortísimo rechazo social, el número real es con seguridad mucho mayor.

Fuente Universogay/Cristianos  Gays

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