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El Ministerio del Interior español pone en marcha el primer protocolo de actuación contra delitos de odio

jueves, 18 de diciembre de 2014
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2014_12_15_fIUNwSS2eMGIkkQoFDAUc6El Ministerio del Interior ha presentado el primer ‘Protocolo de actuación policial‘ contra los delitos de odio en España, que busca que se denuncie a quien se muestre «hostil» contra otras personas o colectivos por razones de religión, raza, orientación sexual, creencias o discapacidad.

Francisco Martínez (fotografía), secretario de Estado de Seguridad, ha presentado este protocolo en la sede de su departamento, donde estuvo acompañado por representantes de colectivos de defensa de los inmigrantes y de personas LGTB. “Este protocolo nos va a permitir visualizar los delitos de odio que se producen en nuestro país y ayudar a que las víctimas se sientan protegidas y lo denuncien”, subraya.

Durante esta comparecencia, en la que estuvieron presentes también los máximos responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil, Martínez explicó que el objetivo de esta iniciativa es «identificar los delitos de odio» en España y animar a las víctimas a que los denuncien.

En este sentido, indicó que existe un «número desconocido» de delitos de odio en la sociedad española, que un informe cuantifica en 1.172 las conductas ilegales de este tipo registradas en 2013 en todo el territorio nacional.

Evitar la violencia física

El ‘número dos’ de Interior destacó que la «violencia verbal» antecede a la física, por lo que se trata de que los afectados denuncien situaciones de intimidación por parte de otras personas. Martínez también remarcó que se pretende con ello «visibilizar los delitos de odio y combatirlos más eficazmente».

A este respecto, en los folletos que Interior difundirá para dar a conocer el protocolo y esta campaña, se anima a los ciudadanos a denunciar «si una persona se ha mostrado hostil hacia ti por tu raza, orientación e identidad sexual, religión, creencias o discapacidad».

Martínez señaló que el protocolo es de uso interno de las Fuerzas de Seguridad del Estado e incluye una serie de «indicadores de polarización» que ayudarán a los agentes a identificar un caso de actitud agresiva hacia colectivos como los inmigrantes o los seguidores de otro equipo de fútbol.

Además, en virtud del protocolo la Policía y la Guardia Civil tendrán un «interlocutor social» para que los colectivos sociales sepan a quién dirigirse en caso de una conducta de odio.

Cánticos en el fútbol

Preguntado sobre si esta iniciativa ayudará a combatir determinados cánticos en los estadios de fútbol, el secretario de Estado señaló que la Ley contra la Violencia en el Deporte, de 2007, ya castiga a quien coree consignas intimidatorias o denigratorias contra otros colectivos.

No obstante, indicó que se buscar hacer un «mayor esfuerzo» para aplicar la ley, lo que, entre otras cuestiones, pasará por exigir que en las actas de los partidos de fútbol se recoja «con claridad» y de «manera exhaustiva» si ha habido consignas intimidatorias y que pueden ser perseguidas.

El ‘número dos’ de Interior explicó que la legislación vigente ya castiga los «mensajes vejatorios o intimidatorios» en el fútbol o en cualquier deporte, pero remarcó que se busca ser más eficaces contra estas conductas, ya que «la violencia verbal es la que desencadena en violencia física».

“Se trata de un instrumento que puede ser de mucha utilidad dentro las Fuerzas de Seguridad del Estado en la identificación de los delitos de odio mediante indicadores de odio precisos, un registro adecuado y pormenorizado, y sobre todo como ayuda en los atestados dirigidos a jueces y fiscales. Todo ello va a permitir visibilizar todo el iceberg de incidentes de odio que no se procesan en la actualidad de forma correcta como delitos de odio, además de no computarse como tales y no facilitar las pruebas de indicadores de odio para que puedan considerarse como delitos de odio en la fase judicial y aplicar los agravantes de odio previsto en la legislación. Esperamos que este sea un primer paso de una estrategia más amplia y continuada para lograr emerger muchos delitos de odio que hasta ahora aparecían como meras infracciones de insultos y agresiones”, ha declarado Paco Ramírez, presidente de COLEGAS.

“Según la Agencia Europea de Derechos Fundamentales entre un 60 y un 90% de las víctimas de delitos de odio no denuncian. No se denuncia por la sensación de que quedarán impunes o recibirán penas mínimas, por el miedo a represalias a las víctimas por parte de los delincuentes o su entorno, por la hostilidad o poca receptibilidad por parte de algunos policías ante este tipo de delitos, e incluso por el temor a exponer su situación ante la familia o su entorno que se da sobre todo en muchos homosexuales o bisexuales que están en el armario socialmente. Es necesario un compromiso más firme por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado en formar y aumentar la sensibilización hacia los colectivos de víctimas, así como campañas específicas para disminuir la desconfianza actual hacia las fuerzas de la seguridad en lo que se denomina la ‘segunda victimización’ cuando las víctimas encuentran demasiados obstáculos a la hora de la denuncia”, continúa Ramírez.

“Este paso es importante, pero no podemos olvidar que legislativamente existe mucha ambigüedad a la hora de perseguir y castigar adecuadamente los delitos de odio, por lo que se hace imperiosa una Ley de No Discriminación e Igualdad de Trato, o Ley Contra los Delitos de Odio, que establezca de forma clara un sistema sancionador así como medidas de lucha contra los delitos de odio en todas las esferas de la sociedad. También sería muy necesario un Protocolo de Actuación ante Delitos de Odio destinado a jueces y fiscales, que sensibilice y forme sobre cómo proceder y actuar ante este tipo de delitos”, concluye Paco Ramírez.

Fuente Ministerio del Interior

FOTO: El presidente de la Confederación LGBT Española COLEGAS (Paco Ramírez), junto al Secretario de Estado de Seguridad (Francisco Martínez), el Director General de la Guardia Civl (Arsenio Fernández de Mesa) y el Director General de la Policía Nacional (Ignacio Cosidó) durante la presentación del Protocolo de Actuación ante Delitos de Odio

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Condenan al asesino de una pareja de lesbianas pero no bajo crimen de odio

martes, 25 de noviembre de 2014
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CHAPA_AND_OLGIN53aa3899e7bd2.imageDavid Strickland fue detenido hace dos años por la agresión cometida a una pareja de lesbianas en Texas en la que una de ellas, perdió la vida. En esta semana se ha sentenciado el juicio por el cual aparece como culpable pero no bajo un crimen de odio.

La noticia que tenemos a continuación da cuanto menos, escalofríos y es que parece que no podemos descansar en lo que se refiere a las agresiones o a los asesinatos dentro del Colectivo LGTB. Este caso ocurrió en el pasado año 2012 pero hasta ahora no se ha dictado sentencia de cuáles iban a ser los cargos con respecto a lo ocurrido para el asesino. Lo decidido igualmente, no ha convencido a nadie.

Según cuentan los informes, Strickland forzó a las chicas amordazándolas y agrediéndolas sexualmente en el parque de Portland en el pasado verano de 2012. Desde entonces, mucha ha sido la lucha por encontrar justicia al caso sobre todo, por parte de Kristene Chapa que perdió a su pareja, Mollie Olgin en la misma agresión y que desde ese momento se encuentra desolada.

A pesar de que el crimen en sí fue bestial, la justicia del Estado de Texas está aún por determinar que esto se trate de un crimen de odio cuando la víctima que sobrevivió, Kristine Chapa ha asegurado que esto fue así y que nada podrá cambiarlo.

La indignación es mucha sobre todo después de que llevan dos años luchando por la causa y tanto las familias como diferentes organizaciones LGTB del lugar han estado en todo momento atentos a la causa y por supuesto, no están de acuerdo con esto se juzgue como un crimen de odio.

Fuente Universogay

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COGAM denuncia un nuevo ataque homófobo en el Metro de Madrid

jueves, 20 de noviembre de 2014
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927873-No_a_la_homofobia_Version2El vídeo de la agresión verbal a dos chicos gays en el metro de Madrid, grabado por el fotógrafo Jean Franco Salier y difundido en redes sociales, se ha convertido en todo un fenómeno viral y ha provocado la condena de colectivos LGTB, preocupados por la escalada de agresiones homófobas a la que parecemos asistir en los últimos meses en España.

Hoy nos ha llegado un vídeo publicado por Shangay Magazines en la que se ve claramente a un hombre insultando durante casi dos minutos y amenazando a otros chicos por ser (o parecer) gais. Los hechos han tenido lugar en el Metro de Madrid, y sólo unos días después de que nuestro tesorero, Santiago Rivero, y otro compañero de Aleas EU fueran agredidos en Gandía durante la celebración de los XXVI Encuentros Estatales LGTB.

Ocurrió el pasado domingo en la línea 5 del metro de Madrid. El agresor se enfrentó a dos chicos que viajaban tranquilamente sentados en un vagón a los que llamó “maricones” y a los que siguió insultando. Fue en ese momento cuando Salier, que viajaba en el mismo vagón y que también es gay, decidió empezar a grabar con la cámara de su teléfono móvil lo que estaba sucediendo, según ha contado él mismo en una entrevista concedida a Onda Arcoiris. El agresor continuó durante unos dos minutos increpando a los dos chicos y lamentando que no hubieran hecho “la puta mili”, donde “os hubierais hecho hombres” y no “unos mierdas”. Antes de bajar finalmente del vagón en la estación de Diego de León, el agresor llega a amenazarles con “una hostia”. Los chicos agredidos optaron por ignorar en todo momento al agresor y mantener la mirada sobre sus propios teléfonos móviles.

Según explica Salier en su entrevista, decidió grabar lo sucedido por si la agresión pasaba a mayores y era necesario presentarla como prueba. Sin embargo los chicos agredidos verbalmente no hicieron ademán de querer denunciar lo sucedido, ante lo cual, según admite el propio fotógrafo, él tampoco hizo nada más. Una situación nada sorprendente, por desgracia. En una encuesta europea a personas LGTB cuyos resultados fueron difundidos hace pocas semanas, una cuarta parte de las personas que respondieron habían sido agredidas o amenazadas con violencia en los últimos cinco años, y en la mayoría de los casos el hecho de haber sido percibidas como LGTB era la causa de la agresión o había influido. Pese a eso, solo un 17 % había denunciado a la policía el incidente más reciente de violencia sufrido.

«Sois unos mierdas, os daría una hostia. Me cago en… Unos mierdas», escucharon dos jóvenes homosexuales. «Una puta mili es lo que os hubiera hecho falta a vuestra generación de mierda. Vosotros sois unos mierdas, unos mierdas como un piano», les dijo en voz alta ante la sorpresa de otra pasajera y del ciudadano que grabó las imágenes para posteriormente difundirlas. «Si os hubiera tocado en la Infantería de Marina o en la Legión os habríais hecho de verdad hombres». En la parte final de la grabación, el individuo se levanta de su asiento y a muy poca distancia de las víctimas llega a amenazar con golpearles.

El propio Salier se confiesa sorprendido de la repercusión alcanzada por el vídeo, difundido en YouTube por Shangay Magazines:

Desde COGAM recalcamos una vez más la necesidad de una ley de igualdad de trato que haga que no queden impunes estos delitos. También se pondrá en conocimiento de la fiscalía de Delitos de Odio este vídeo para que puedan actuar de oficio y aplicar la ley al agresor, al que se le ve perfectamente la cara en dicho vídeo.

COGAM quiere recordar que dispone de un servicio de denuncia de agresiones de este tipo, el SOS LGTBFobia.

“Desde COGAM recalcamos una vez más la necesidad de una ley de igualdad de trato que haga que no queden impunes estos delitos. También se pondrá en conocimiento de la fiscalía de delitos de odio este vídeo para que puedan actuar de oficio y aplicar la ley al agresor, al que se le ve perfectamente la cara en dicho vídeo”, ha expresado al respecto el colectivo madrileño COGAM en un comunicado. Para el tesorero de COGAM, Santiago Rivero, él mismo víctima de otra agresión verbal el pasado fin de semana en Gandía, “estos hechos se están dando cada vez de forma más habitual en espacios públicos. Sin duda, los intolerantes que fomentan su vida en el odio están volviendo a intentar hacernos la vida imposible debido a la impunidad en la que quedan muchos de estos casos”.

Esperanza Montero, presidenta de COGAM ha dicho: “cada vez es más evidente la necesidad de una ley que prevenga y penalice este tipo de delitos. Queremos pedir a Metro de Madrid y a la Comunidad de Madrid que revise las grabaciones y que se persone contra esta persona que utiliza el transporte de todos los madrileños para agredir a quien considera inferior. Seguimos reafirmándonos en que la lucha sigue siendo muy necesaria”.

COGAM ha decidido convocar el próximo sábado, 22 de noviembre, una concentración de protesta por estas últimas agresiones en la Plaza de Callao de Madrid para, además de condenar estos hechos, “pedir una ley que garantice los derechos de las personas LGTB ante estos casos y que dote a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a saber atender estas denuncias”.

Fuente FELGTB

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La comunidad LGBT de Ecuador no tiene igualdad de derechos

sábado, 2 de agosto de 2014
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20140727031030_los-glbti-no-tienen-igualdad-de-der_tn5Según el “Informe sobre la situación de los derechos humanos de las poblaciones GLBTI 2013”, la comunidad gay de Ecuador no cuenta con ningún tipo de derechos.

Bernarda Freire, del colectivo Igualdad de Derechos Ya ha sido la autora del “Informe sobre la situación de los derechos humanos de las poblaciones GLBTI 2013”, el cual analiza en seis secciones la situación de los derechos humanos de los GLBTI en Ecuador.

GLBTI: Un informe mide la discriminación

A continuación, un análisis de las seis secciones en las que está dividido el documento:

 Derecho a la vida y derecho a la integridad personal

Uno de los datos más preocupantes es que los gays y las trans son los grupos más vulnerables. No hay una estadística al respecto, porque las instituciones públicas, como el Ministerio de Justicia y las fiscalías, no los asumen como delitos y no los clasifican como agresiones a la comunidad GLBTI. Hemos conocido casos a partir de testimonios de personas que se acercan a Equidad y a Igualdad de Derechos Ya, así como por el registro que se hace en los medios de comunicación. A partir de eso se ve que los gays, sobre todo, mueren en sus domicilios. Y los procesos se repiten: asfixia y apuñalamientos. Sabemos que hay más casos parecidos, pero que no han sido denunciados porque a las familias les da vergüenza revelar las preferencias sexuales de sus familiares y prefieren callar. Los casos de asesinatos a compañeras trans han sido también olvidados y han quedado impunes. Por ejemplo, el de Tayra Ormeño, que fue encontrada muerta el 12 de febrero de 2011 en el secor de la Y, en Quito. Como el suyo, hay otras casos sobre los que la Fiscalía da largas y dice que está investigando. En la fundación y en el colectivo hemos conocido también casos de violencia laboral: lesbianas y gays que han sido despedidos sin razón.

 Derecho a la identidad de género

En la Constitución se dice que nadie puede ser discriminado ni maltratado por su orientanción sexual ni por su identidad de género. Sin embargo, en la práctica, la población trans sigue recibiendo maltratos. Uno de los problemas más usuales tiene que ver con la realización de trámites. Por esta razón, se propuso una reforma la Ley del Registro Civil para suprimir la casilla de sexo en la cédula de identidad. Otro de los planteamientos dentro de ese proyecto fue incluir la posibilidad de un cambio registral de sexo. En este sentido hubo una equivocación, porque, en realidad, se trataba de un cambio registral de género. Y el rechazo del presidente Correa hacia este proyecto fue debido a que él entendió que las personas al cambiarse de sexo en su documento de identidad, podrían acceder a casarse. Se hizo, entonces, el cambio de la palabra “sexo” por la palabra “género”.

 Derecho a la educación

Este es el capítulo en el que las cifras son más irreales. El INEC ha reconocido eso. De acuerdo con los datos de su investigación, el 40,6% de los 2 805 entrevistados ha tenido acceso a educación superior universitario. Asimismo señala que el 1,9% de esa muestra ha concluido posgrados. Esos datos no reflejan la realidad, porque en la encuesta se empleó un método en el que no hubo el mismo número de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Por eso, lo más probable es que hayan sido gays y lesbianas los que accedieron a posgrados, porque la población trans a veces ni siquiera tiene acceso a la educación superior.

Un reporte hecho por la Fundación Equidad indica que el 40% de personas gays ha sido víctima de discriminación en centros educativos. De igual manera, el 24,6% ha sido excluido de actividades escolares a causa de su orientación sexual. En el informe recogemos unos cuantos casos. Uno de ellos es el de Mayra (nombre protegido), una trans de 15 años a quien se le prohibió entrar a un centro educativo en Orellana porque iba vestida de mujer. Se tomaron acciones legales al respecto y las autoridades de la institución permitieron la asistencia de Mayra. Al poco tiempo, sin embargo, ella dejó los estudios a causa del bullying homofóbico por parte de sus compañeros. En 2013, en otro centro educativo, una maestra le solicitó a un estudiante que se hiciera una prueba de VIH.

20140718022301_lgbti-un-informe-mide-la-discrimina_tn5Efraín Soria, presidente de la Fundación Equidad, presentó el informe sobre la situación de los derechos humanos de los GLBTI

 Derecho a la salud

Uno de los avances en esta área ha sido tener una ministra de Salud que pertenece a la comunidad. Eso ha permitido que haya resultados en el cierre de las clínicas de deshomosexualización. Sin embargo, todavía hay temas preocupantes. El servicio a la salud para la comunidad GLBTI, por ejemplo, no cumple con los cuatro elementos que señala la “Observación general sobre el derecho a la salud” hecha por las Naciones Unidas: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.

Según datos de la investigación del INEC, el 58% de los entrevistados no está afiliado a ningún seguro, ni público ni privado. El 11% cuenta con un seguro de salud privado y el 31% está afiliado o tiene acceso al Seguro Social. Estas cifras tampoco revelan del todo la realidad, porque en la encuesta no se tomaron en cuenta las particularidades de cada grupo: no es lo mismo la atención en salud para una lesbiana que para una trans.

En Equidad y en Igualdad de Derechos Ya hemos escuchado casos de compañeras trans que, pese a estar muy enfermas, no han sido atendidas porque el médico ha dicho que no está capacitado. Persiste, además, la idea de que la población GLBTI es portadora de enfermedades venéreas. Y eso hace que las trans, sobre todo, tengan miedo de acercarse a los centros de salud, porque son estigmatizadas, maltratadas. En este capítulo entran también las clínicas de deshomosexualización. El dato más actualizado es que hasta febrero de 2012 había 122 centros de ese tipo. Desde entonces no se ha actualizado la cifra, porque la emisión de los permisos para estos centros sigue siendo un problema.

 Delitos de odio

Uno de los avances fue que, en 2009, la Comisión Legislativa y de Fiscalización aceptó la propuesta de incorporar en el Código Penal la figura de delito de odio. Pero, como el odio no es un acto, la modificación que se hizo fue tipificar el delito de discriminación. Ese se incluyó en el nuevo Código Penal. El delito de discriminación es cualquier práctica que promueva distinción, reestricción, exclusión o preferencia, basada en motivos de odio, que menoscaben el reconocimiento o el ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad. Aquí, un tema importante es que, si ese delito es cometido por un servidor o funcionario público, la pena puede llegar a cinco años de reclusión.

A pesar de esos avances, hasta el momento no se ha emitido ninguna sentencia relacionada con esos dos delitos, porque, de nuevo, las personas tienen miedo de denunciar. Los casos, como el de la cafetería Sweet and Coffee (que impidió el ingreso de dos trabajadores a una fiesta de la empresa porque estaban vestidos como mujeres), se han conocido a través de redes sociales y medios de comunicación. Hay que tomar en cuenta que, en muchos casos, prima también el respeto al derecho al silencio de los familiares de las víctimas. Un gran paso sería que los agredidos no teman denunciar.

 Derecho a la igualdad y a la no discriminación

En este capítulo es en el que hay más vulneraciones. Aunque en la Constitución hay artículos que garantizan la igualdad y la no discriminación, asimismo hay otros que las anulan. Por ejemplo, el artículo 67 reconoce las familias diversas en sus diversos tipos, pero más abajo se indica que el matrimonio es solamente la unión entre hombre y mujer, con lo cual se desconoce el matrimonio igualitario.

Esas ambigüedades son las que propician la discriminación. Con eso se evidencia que no hay igualdad en otros temas legales, como la adopción y los derechos derivados (amparo en situación migratoria, seguridad social, prestamos quirografarios, etc.). Esos trámites, cuando son hechos por parejas del mismo sexo, no son resueltos con la misma agilidad que para una pareja heterosexual.

El discurso, entonces, es: “En teoría somos iguales, pero no tenemos los mismos derechos”. Según datos de la primera investigación sobre las condiciones de vida e inclusión social de la población GLBTI, hecho entre noviembre de 2012 y enero de 2013 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el 35% de los 2 805 entrevistados ha estado expuesto a gritos, insultos, amenazas y burlas en el entorno familar. Esa cifra no muestra la realidad: se queda corta. Es más grande, pero no se percibe porque la gente tiene miedo a denunciar. La discriminación proviene también de las declaraciones homofóbicas del presidente.

Fuente Hoy

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El PSOE urge al Gobierno a legislar contra la violencia LGTBfóbica

miércoles, 16 de julio de 2014
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SnMw2Yyo_400x400Se trata de una proposición no de ley que ha sido registrada para su debate en la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja, por los diputados Antonio Hurtado y Gracia Fernández.

El PSOE ha registrado una iniciativa en el Congreso en la que urge al Gobierno a elaborar e implantar en todo el territorio un plan y una campaña de sensibilización ante las agresiones que se efectúan por la orientación y la identidad sexual, para concienciar a la población general y animar a las personas afectadas a denunciar.

Coordinado también con las comunidades y ciudades autónomas, reclaman así al Ejecutivo un protocolo de atención a las víctimas de las agresiones por orientación e identidad sexual, en los ámbitos de educación, sanidad y fuerzas de seguridad, así como la implementación de un plan de formación en la diversidad sexual, dirigido a profesionales de educación, sanidad y fuerzas de seguridad.

En España, esta diversidad y el derecho a la igualdad y la no discriminación, están protegidas por tratados, por la CE y por estatutos y normas de todo rango, pero no en todos los países es así ya que hay 11 países en los que se persigue y se condena a las personas por su orientación o identidad sexual, en siete incluso se impone condena de muerte, denuncian los diputados socialistas.

Estos recalcan que el Gobierno no puede quedar impasible ante esta atrocidad, y por eso le han pedido en varias ocasiones que denuncie y condene de forma contundente la violación de derechos humanos de las personas LGTB, como ya lo han hecho otros países.

BrNX0RnIIAIeD4-.jpg large«Es justo recordar que el gobierno de Rodríguez Zapatero colocó a España como país pionero en la lucha por la igualdad, con la ley que permitió el matrimonio igualitario y la ley que posibilitó que las personas transexuales pudieran cambiar su nombre y su DNI sin pasar por el quirófano previamente», agregan.

También fue el gobierno socialista uno de los impulsores en 2011 de la Resolución del Consejo de derechos humanos, que precisamente hablaba de la lucha contra la violencia y las violaciones y los derechos basados en la orientación sexual y en la identidad de género.

Andalucía, pionera

Asimismo, recuerdan que recientemente el Parlamento andaluz ha aprobado por unanimidad una Ley de Transexualidad, propuesta por el PSOE e IU. «Es la primera ley en Europa que defiende el derecho a la autodeterminación por género. El gobierno andaluz ya ha publicado un protocolo de atención para los colegios para evitar discriminación», recuerdan los diputados del PSOE.

A pesar de estos avances, lamentan que «queda mucho por hacer» y los ataques, la represión y los abusos sexuales a personas gays, lesbianas, transexuales y bisexuales siguen teniendo lugar en España en las familias, en los colegios, o en las redes sociales, por ejemplo, y por ello son muchas las personas que sufren y tienen miedo a denunciar.

Además, el PSOE hace uso del registro de ‘Delitos de Odio’, del que se desprende que en España, en 2013, se registraron 1.172 incidentes y de ellos 452, un 38%, fueron por orientación o identidad sexual.

Según información aportada por el Gobierno, en respuesta a pregunta escrita, el número de infracciones penales cometidas por hechos contra la orientación o identidad sexual de las personas «ha aumentado sustancialmente» en España en los últimos años y se han llegado casi a duplicar del año 2008 al 2013, sentencian los diputados socialistas.

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En España se registraron 1.172 ataques por homofobia y racismo en 2013

lunes, 28 de abril de 2014
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discriminacionEl año pasado se identificaron en España 1.172 incidentes catalogables como delitos de odio contra personas principalmente por motivo de su raza, origen o etnia, su condición u orientación sexual y por razón de su situación de discapacidad, según los datos aportados este jueves por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en el Senado.

Las víctimas sufrieron en un alto porcentaje violaciones, abusos sexuales o vejaciones

Estas son las primeras cifras oficiales que se ofrecen del ‘Mapa de la discriminación‘ impulsado por recomendación del Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE y que en España se ha puesto en marcha en colaboración con el Ministerio de Sanidad. Se trata de la primera recopilación de datos relativos a delitos, faltas e infracciones administrativas por conductas calificables de delito de odio, un tipo no recogido expresamente en el Código Penal.

De los más de 1.100 incidentes registrados por las fuerzas policiales, el grupo más amplio correspondía a discriminaciones por razón de orientación o identidad sexual, seguida de los delitos de odio por motivo de raza o nacionalidad, principalmente en el ámbito deportivo.

En tercer lugar, figuran los cometidos por razón de discapacidad de las personas, el 20% de los cuales fueron hurtos y el 12%, por delitos sexuales. No obstante, a partir del próximo año se recogerán también datos relativos a la edad en este colectivo para tener un mapa más completo, conforme ha señalado el secretario de Estado.

Asimismo, se produjeron delitos de odio en otros ámbitos, entre los que Martínez ha destacado los incidentes por motivo de religión y creencias y las manifestaciones de odio o rechazo a las personas en situación de pobreza, sin recursos o en situación de desamparo.

El número de los llamados “delitos de odio” (los ataques a personas debido a sus creencias, identidad sexual u origen étnico) ascendió en España en 2013 a 1.172, según fuentes de la Secretaría de Estado de Seguridad, que recoge datos de todos los cuerpos policiales, excepto la Ertzaintza vasca. La mayoría de los incidentes están relacionado con la orientación sexual de las víctimas (452 casos) seguidos de los de tinte racista (381), los discapacitados (290), las creencias religiosas (42), los antisemitas (3), y contra los mendigos (4). Por territorios, aquellos en los que se ha producido más ataques son Andalucía, Madrid y Cataluña, dado su alta densidad de población.

En relación con las tipologías (penales y administrativas) concretas, se encuentran las siguientes: abusos sexuales, 164; lesiones, 149; amenazas, 114; agresión sexual, 91; actos racistas y xenóbofos en acontecimientos deportivos, 83; hurto de objetos que portaban las víctimas, en 67 casos; agresión sexual con penetración, en 64 incidentes; vejaciones de carácter leve, 58; exhibicionismo, 32, y otro tipo de actos sin definir en 350 casos. Los abusos sexuales suelen producirse en casos de ataques a personas por su orientación o identidad sexual, mientras que el resto están muy departidos en las otras tipologías delictivas, según la Secretaría de Estado de Seguridad.

Estos datos coinciden con la constitución del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación -Covidod- que reclama la aprobación de una ley específica que garantice la asistencia jurídica, la atención humanitaria y la protección de los afectados. Según este organismo, el acto de presentación del consejo ha contado con el apoyo de la Secretaría General de Migraciones y de la Fiscalía para los Delitos de Odio, y está integrado por entidades como Movimiento contra la Intolerancia, Red Europea contra los Crímenes de Odio, Unión Romaní, Federación de Comunidades Judías de España, Asociación de Refugiados e Inmigrantes y la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, entre otras.

La decisión de organizar a las víctimas y contar con el apoyo de expertos y entidades especializadas en este sector se produce tras la aprobación de la directiva europea sobre los derechos de las víctimas.

El secretario de Estado ha puesto en valor que ‘una de las cuestiones más importantes de este balance es que aunque la víctima nos se identifique como tal, sí lo puede hacer cualquier otra persona, incluido el agente de policia o cualquier otro testigo’, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea de lucha contra el racismo, lo que ‘supone un gran avance en la visibilización de las conductas discriminatorias en la sociedad’.

Martínez, ha recordado que según la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA), entre el 60 y el 90% de las víctimas de estas conductas no llegan a denunciarlas, ‘principalmente porque creen que no va a cambiar nada, que si lo hacen va a tener consecuencias negativas o que de nada sirve denunciar’. El mapa de la discriminación, en este sentido, permitirá detectar los casos y diseñar políticas acordes a la realidad.

Fuente Europa Press y El País

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