BUENOS AIRES, Argentina. “Nunca había visto algo así. Es un nivel de represión y un ocultamiento internacional propio de una dictadura. El Ejército está haciendo masacres. Los gobiernos latinoamericanos deberían tener otra postura ante lo que es un verdadero levantamiento del pueblo peruano contra el gobierno de facto de Dina Boluarte. Si no la repudian, la están legitimando”.

Alejandrina Barry es hija de desaparecidos de la dictadura cívico militar argentina que comenzó en 1976 y diputada de la Ciudad de Buenos Aires. En estos días viajó a Perú junto a su compañero, el diputado nacional Alejandro Vilca (Partido de los Trabajadores Socialistas, PTS). Alejandrina es vicepresidenta de la Comisión contra la Violencia Institucional de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y él integra la comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Nación. En esos espacios institucionales exigirán el pronunciamiento contra Boluarte. Luego de una semana en ese país, Barry afirma a Presentes: “A pesar de las matanzas, la unidad de obreros, estudiantes, campesinos e indígenas es una fuerza profunda que puede afectar a los dueños del poder”.

Apenas aterrizada desde Lima, la legisladora y militante de derechos humanos describe que “hay más 60 muertos en 60 días. Y esa es la cifra oficial. Terminan las marchas y el Ejército persigue a los manifestantes y los matan. No terminamos de contabilizar a los muertos; hay desaparecidos, torturados. Las causas judiciales son tremendas porque están basadas en el andamiaje legal que dejó la época de (Alberto) Fujimori. Te meten preso por terrorismo”.

Alejandrina Barry reunida con trabajadores en Perú, febrero de 2023.

– ¿Cómo caracteriza políticamente el estallido en Perú?

–Es un levantamiento popular muy grande a partir del golpe de Dina Boluarte, que metió preso al presidente Pedro Castillo. En ese momento se desarrolla un proceso de movilizaciones que exceden al propio Castillo. Tiene que ver con profundas y postergadas demandas donde los pueblos originarios y las comunidades campesinas tienen un rol muy importante. Es una crisis económica y social con discriminación. Boluarte ha dicho que la región movilizada de Puno no es Perú y luego ordena una brutal represión. Es muy importante la participación estudiantil en las movilizaciones y también del movimiento obrero.

Alejandrina cuenta que cuando llegaron a Perú, el jueves 9 de febrero, había una huelga general de la Confederación General de los Trabajadores del Perú (CGTP). Era una huelga muy cuestionada, no se llamaba a una movilización desde 1977. Pero desde las bases fue una marcha de enorme participación.

Qué demandan las movilizaciones en Perú

– Están debatiendo la necesidad de coordinar tanta efervescencia. En el sur, donde están las comunidades, el nivel de manifestación es aún mayor, de la mano de más intensa represión. Las consignas son por la renuncia de Dina Boluarte, hay una bronca enorme que potencia las movilizaciones por los asesinatos y las matanzas, junto con las demandas económicas, sociales y de derechos políticos. Plantean la necesidad de una Asamblea Constituyente libre y soberana, para terminar con la Constitución de (Alberto) Fujimori que garantiza la riqueza concentrada en las manos de siempre, y que relega a las comunidades originarias que en Perú tienen un peso fundamental. Piden más democracia porque la criminalización a la protesta es constante. Esta es la base del levantamiento popular.

– ¿El día de esa huelga no hubo represión porque había veedores extranjeros?

–Soy hija de desaparecidos y nunca había visto algo así. Cuando llegás hay tanques del Ejército, la marcha fue de 7 mil personas y había 11 mil policías. Son operativos intimidantes para meter terror a la población. Creo que no reprimieron porque estaba el movimiento obrero organizado movilizándose.

Desinformación y cerco mediático

– Mencionó la desinformación. ¿Esa turbiedad conspira contra la impunidad con que se maneja Boluarte?

– Eso es lo más grave, en las dictaduras la prensa tergiversa o silencia. Ahora descubrieron las masacres de Ayacucho y de Puno. La información oficial había dicho que el 15 de diciembre los manifestantes querían tomar el aeropuerto, que los militares reprimieron de manera defensiva y que los manifestantes se habían matado entre ellos. Las investigaciones de la fiscalía ahora salen a la luz y dan cuenta de que el Ejército persiguió a los manifestantes en las calles de su región y los fusiló, ni siquiera en el lugar de los hechos. Esto es lo que hay que difundir a nivel internacional. En el caso de Puno, reprimieron hasta en el velatorio de las víctimas. Por este cerco de desinformación hicimos una marcha con la comunidad peruana acá para exigir a todos los gobiernos latinoamericanos, a la Celac que se reunió en Argentina, que haya condena a lo que pasa en Perú. En el caso de Brasil hay un hecho gravísimo, está enviando gases lacrimógenos a Perú, los compró (Jair) Bolsonaro, pero Lula podría haberse negado a mandarlos. La exigencia es que Alberto Fernández rompa relaciones con el gobierno de Dina Boluarte y que condene el golpe y la represión al pueblo peruano.

– ¿Esa represión incluye desapariciones, torturas y un alto grado de clandestinidad?

–Se sabe que hay más de 60 asesinados, con Alejandro Vilca nos reunimos con miembros de las comunidades y denuncian desapariciones, y que las detenciones se hacen con métodos de torturas. En las delegaciones donde están los campesinos y los originarios pareciera que vale todo, pero también reprimen a los estudiantes. Un hecho muy grave es la intervención militar en la Universidad de San Marcos porque los estudiantes habían abierto las puertas a los campesinos para que pudieran alojarse. Hubo 200 detenidos cuando ingresó el Ejército con tanques. La Coordinadora de Derechos Humanos explicó que las causas iniciadas a quienes protestan están basadas en artículos sobre terrorismo. Hay más de 100 procesados por ese delito, o por apología de ese delito cuando están participando de las movilizaciones.

– Están aplicando en andamiaje legal heredado del fujimorismo.

– Así es. Recordemos que Perú tiene 21 mil desaparecidos desde la década de los años 80. Hay mucha solidaridad, los comerciantes de la zona apoyan las colectas para que se puedan realizar las movilizaciones hacia Lima. Una mujer que había juntado dinero para eso fue acusada de ser parte de una organización criminal, lo que significa 36 meses de prisión. Es como si acá fueras encarcelado como criminal por organizar un fondo de lucha o de huelga.

– ¿Cómo vieron la situación de los heridos?

–Apuntan a la cabeza, los que perdieron un ojo no tienen cobertura médica y el sistema de salud no los atiende, no tienen atención médica. El Estado avala todo esto y no hay un sólo policía o militar siquiera investigado. Es una impunidad total, es sentir en carne propia lo que fue la dictadura en Argentina. Por el contrario, en medio de la represión les dieron un bono a los policías para premiarlos.

La persecución a las personas LGBTI

– ¿Supo del asesinato de una joven trans, Ruby Ferrer?

–Sí. Es tremenda la persecución a la comunidad LGBTI, el gobierno de Castillo se decía progresista pero era antiderechos. Ahora es todo peor. La comunidad LGBT+ y las mujeres vienen remando desde antes. Decir que sos feminista significa persecución. Ni hablar si decís que sos de izquierda.

#Ahora exigiendo justicia por las chicas trans extorsionadas y asesinadas, casos q suelen suceder en la jurisdicción de la comisaría de Alfonso Ugarte @PoliciaPeru necesitamos saber q acciones q están tomando. Exigimos la misma rapidez q en el caso de San Miguel pic.twitter.com/YeJ1QUiYV7

— Gianna Camacho García (@periodistatrans) February 15, 2023

– ¿Cuál es su conclusión tras estos días en Perú?

– Hay que apoyar el proceso de movilización del pueblo peruano porque es un gran ejemplo para el resto de los pueblos de América Latina. Sentí estar viviendo la dictadura genocida en Argentina, en mi caso cuando desaparecen a mis padres yo estaba apropiada, y la prensa montaba una campaña para ocultar los hechos. Por eso es tan importante romper el cerco mediático que hay sobre estos crímenes de terrorismo de Estado contra el pueblo peruano. No podemos permitir que se siga perpetuando con impunidad este nivel de represión y de matanzas, es esencial la condena internacional. El miércoles 22 vamos a hacer una audiencia en el Congreso con Alejandro Vilca, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, junto a la comunidad peruana, donde daremos a conocer estos informes que trajimos. Y entregaremos a las comisiones de derechos humanos.

– ¿Ven alguna relación con el levantamiento en Chile de 2019?

–Sí, como decían en Chile no son 30 pesos son 30 años, son demandas postergadas por décadas. Me encontré con hijas de desaparecidos en Perú, que siguen haciendo excavaciones para saber dónde están los cuerpos de sus padres, no hubo investigación ni mucho menos castigo a los culpables. Hay una precarización enorme de la vida. El 85 por ciento de la población en Perú trabaja de manera informal y de sol a sol. Las demandas de la población indígena son centrales, recién a partir de los años 70 han podido votar. Hay un movimiento obrero muy importante, por algo el Ejército mantiene rodeadas las minas. Si pararan los mineros y los portuarios de Perú cambiaría la situación. Obreros, campesinos, estudiantes e indígenas son una fuerza profunda que podría afectar a los dueños del poder. Ellos debaten cómo ganar esta pelea, que empieza con la caída de Dina Boluarte y terminar estas masacres. Sigue con pensar cómo construir una sociedad diferente, sobre nuevas bases, pensar en una Asamblea Constituyente libre y soberana pero sobre la base de un gobierno provisional de las organizaciones obreras, campesinas y de las comunidades indígenas.

Según los datos oficiales proporcionados por la ONPE, Castillo sumaba 50,274% de los sufragios –8.560.232 votos– contra el 49,726% –8.467.081– de su oponente.

Con un total de sufragios que sobrepasó los 18 millones, hubo más de un millón de votos anulados y la diferencia entre los candidatos es exigua, sobre todo si se tiene en cuenta que en la noche del lunes todavía quedaban alrededor de 3.500 circuitos por escrutar.

Campaña desigual

La campaña fue  muy desigual. El fujimorismo contó con unos 23 millones de dólares que usó para atacar  a Castillo y sus militantes con racismo, clasismo,  acusándolos de terroristas. Además del dinero, tuvo el apoyo de los políticos de derecha, de la prensa oficial, de los deportistas  y de diversos programas de televisión y radio.

El movimiento feminista y el LGTBI peruano se veían en una encrucijada, pues ninguno de lxs candidatxs ofrecía algún tipo de avance para la agenda de mujeres y personas de la diversidad sexual. En campaña, Castillo, cristiano y con un discurso familiarista, se había referido de forma negativa hacia los derechos que exigimos, no teniéndolos como prioridad o desconociéndolos. Incluso su vicepresidenta, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, fue acusada de transfobia por una denuncia de maltrato cuando trabajaba como funcionaria del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil. Temas que fueron levantados varios días por la prensa oficial con el fin de perjudicar al candidato que no era de su preferencia.

Memoria del fujimorismo

Pero nosotrxs tenemos memoria, y recordamos todo lo que hizo el fujimorismo en los 30 años que ha estado en el poder. Alberto Fujimori, en su primer gobierno, despidió a un grupo de funcionarios y diplomáticos, acusándolos de ser homosexuales, además de iniciar una campaña de “planificación familiar”, luego conocida como el caso de las esterilizaciones forzadas, en donde cientos de mujeres andinas y empobrecidas fueron intervenidas quirúrgicamente en contra de su voluntad para que no pudieran tener hijos.

Con Fujimori preso, sus hijos tomaron su lugar y con sus bancadas impidieron que las personas LGTBI pudieran tener un mínimo de derechos oponiéndose a los proyectos de ley de unión civil, matrimonio igualitario, identidad de género, crímenes de odio y al enfoque de género en la educación, difamando, persiguiendo y sancionando a funcionarias del Ministerio de Educación por incluir temas de Educación Sexual Integral.

Ni aliado ni enemigo

Lo que inclinó el voto a favor de Castillo, de parte del movimiento feminista y la diversidad sexual, es que, a pesar de no ser un aliado, tampoco es un enemigo de nuestras demandas como lo ha demostrado por tanto tiempo el fujimorismo. Además creó alianzas con partidos y políticos progresistas de izquierda, quienes sí defienden los derechos de mujeres y LGTBIQ+. Asimismo, Castillo no tiene los antecedentes criminales de Keiko Fujimori, acusada por la Fiscalía peruana de liderar una organización criminal dedicada al lavado de dinero, que ingresaba de forma ilegal a su partido político para financiar sus campañas electorales. Por esta acusación pende una condena de 30 años de cárcel.

Además, puso en jaque al Estado peruano estos cinco años promoviendo vacancias, destituciones y censuras a presidentes y ministrxs generando una enorme inestabilidad política, incluso promoviendo un corto golpe de Estado que dejó el saldo de dos jóvenes asesinados por la policía en su afán de reprimir las protestas.

En ese sentido, se avizoran cinco años de lucha para el movimiento LGTBI que ya ha llamado a marchar de forma presencial este sábado 26 de junio bajo la consigna “Nuestro Orgullo no está en cuarentena” para empezar a exigir al nuevo presidente que también respete y promueva nuestros derechos.