La juez federal Aleta Trauger (fotografía dcha) decretó el pasado viernes una medida preliminar para que dos parejas de hombres y una de mujeres, casadas en estados donde ello es posible, vean reconocido su matrimonio en Tennessee, estado del sur de Estados Unidos que prohíbe la celebración y el reconocimiento de todas las uniones entre personas del mismo sexo.

La medida preliminar solo se emite en casos donde el juez ve muy probable la victoria de los demandantes y además se pretende evitar un daño irreparable. En este caso, tiene el objetivo de amparar temporalmente a las parejas frente a la situación de desprotección legal en la que quedaron al instalarse en Tennessee, hasta que se dicte una sentencia sobre el fondo del asunto: si el estado tiene la obligación de reconocer todos los matrimonios del mismo sexo legalmente celebrados en otras jurisdicciones.

La demanda de las parejas, dos de ellas casadas en Nueva York en 2011 y la tercera en California en 2008, se dirige solo contra el no reconocimiento de sus enlaces en el estado sureño, y por tanto no persigue la implantación del matrimonio igualitario en el mismo. Si el fallo es efectivamente favorable a los demandantes, se daría una situación similar a la existente en el vecino Kentucky, donde otro juez federal dio la razón a cuatro parejas del mismo sexo casadas a las que este estado negó el reconocimiento de sus matrimonios. Kentucky empezará a admitir como válidos dichos enlaces, aunque no a celebrarlos, a partir del próximo 20 de marzo.

Tennessee decidió en referéndum en 2006 elevar a rango constitucional la prohibición de las uniones entre personas del mismo sexo, con un 81% de los votos; el segundo mayor porcentaje de rechazo a la igualdad LGTB en un referéndum de este tipo, tras el de Misisipi. El año pasado, ambas cámaras legislativas del estado votaron por unanimidad declarar el 31 de agosto el “Día del Matrimonio Tradicional”.

Una auténtica avalancha

Desde la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que derogaba la parte de la DOMA que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo en junio del año pasado, se han presentado varias decenas de demandas en diversos estados, en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario. Algunas ya han dado resultados favorables, como en Utah, Oklahoma, Virginia y Texas, aunque las sentencias están en suspenso mientras se resuelven las apelaciones. En dosmanzanas hemos aludido a algunas otras de las que están en proceso (como las de Nevada o Pensilvania), pero en realidad el proceso alcanza ya a más de una veintena de estados que cubren todos los territorios judiciales del país. Todo apunta a que esta auténtica avalancha judicial tendrá que culminar más pronto que tarde en una nueva sentencia del Tribunal Supremo que aclare la situación.

Fuente Dosmanzanas

General Aleta Trauger, California, Estados Unidos, Kentucky, Mississippi, Nevada, Nueva York, Oklahoma, Pensilvania, Tennessee, Texas, Tribunal Supremo (Estados Unidos), Utah, Virginia

Un nuevo miembro se suma a la lista de los estados norteamericanos en los que un juez federal ha declarado inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario. Y no hablamos de un estado menor, sino de Texas, un territorio de más de 26 millones de habitantes (el segundo en población del país, tras California), de gran importancia política y económica y acusada idiosincrasia. Eso sí, la aplicación de la sentencia queda en suspenso hasta que se resuelva el ya seguro proceso de apelación. Texas sigue así los pasos de Utah, Oklahoma, Kentucky y Virginia, estados todos ellos en los que hasta hace no mucho tiempo el matrimonio igualitario era poco menos que una quimera.

Orlando García, un juez federal de casi 20 años de experiencia (fue nominado por Bill Clinton en 1993 y ratificado por el Senado de Estados Unidos en marzo de 1994), ha fallado que la prohibición del matrimonio igualitario, formalizada en una enmienda a la Constitución de Texas aprobada en referéndum en 2005 (por un 76,25 % de votos a favor frente a un 23,74 % en contra)  viola la Constitución de los Estados Unidos. “Es ausencia de una correlación razonable con un propósito gubernamental legítimo, la imposición de la desigualdad por un estado no tiene cabida en la Constitución de los Estados Unidos”, argumenta la sentencia.

“La decisión de esta corte no se toma en contra del gran pueblo de Texas o de su legislatura, sino en cumplimiento de la Constitución de los Estados Unidos y del precedente sentado por el Tribunal Supremo”, aclara además el juez Orlando García, cuyo fallo tiene lugar como consecuencia de la demanda planteada por dos parejas del mismo sexo, las formadas por Victor Holmes y Mark Phariss, una pareja de hombres a los que se les ha negado su derecho a contraer matrimonio en Texas, y Cleo DeLeon y Nicole Dimetman, una pareja de mujeres ya casadas en Massachusetts (el primer estado del país que permitió el matrimonio igualitario) y con un hijo de dos años.

El juez, sin embargo, ha dejado en suspenso su propia sentencia hasta que se resuelva el proceso de apelación, que evidentemente daba por seguro. No se equivocaba: el fiscal general de Texas, el republicano Greg Abbott, ya ha anunciado que la recurrirá. Abbott, que además es uno de los candidatos a la nominación republicana para las elecciones a futuro gobernador, es un conocido opositor al matrimonio igualitario. El fiscal general de Texas no seguirá pues el ejemplo de otros fiscales generales de perfil más progresista, como los de Nevada, Oregón, Pensilvania o Virginia, que ya han dejado claro que no defenderán en los tribunales la prohibición del matrimonio igualitario. Una posición que ha merecido durísimas críticas de los sectores más conservadores pero que el propio fiscal general de los Estados Unidos, Eric Holder, ha avalado hace pocos días.

Al igual que las ya dictadas en Utah, Oklahoma, Kentucky o Virginia, la sentencia del juez García en Texas bebe de la argumentación jurídica que sustentó la derogación de la sección 3 de la DOMA (la norma que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo) por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos el pasado junio. Por lo que se refiere a la decisión de dejar en suspenso la sentencia, es similar a la adoptada también en Oklahoma, Kentucky o Virginia. Una decisión influida sin duda por el aplazamiento dictado por el Tribunal Supremo para el fallo de Utah, después de que en este primer caso sí se celebraran en pocos días numerosos matrimonios.

Una auténtica avalancha

Desde la sentencia del Supremo se han presentado varias decenas de demandas en diversos estados diferentes en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario. Algunas ya han dado resultados favorables, como en los cuatro estados ya mencionados. En dosmanzanas hemos aludido a algunas otras de las que están en proceso (como las de Nevada o Pensilvania) pero en realidad el proceso alcanza ya a más de una veintena de estados que cubren todos los territorios judiciales del país. La de Texas, por ejemplo, es la primera de las sentencias que tiene lugar en un estado del 5º circuito federal de apelaciones, uno de los más conservadores.

Todo apunta a que esta auténtica avalancha judicial tendrá que culminar más pronto que tarde en una nueva sentencia del Tribunal Supremo que aclare la situación. Quizá la extensión del matrimonio igualitario a todo Estados Unidos está más próximo de lo que pensábamos hace solo unos meses…

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Cleo DeLeon, Discriminación, DOMA, Eric Holder, Estados Unidos, Greg Abbott, Kentucky, Mark Phariss, Massachusetts, Matrimonio, Nevada, Nicole Dimetman, Oklahoma, Pensilvania, Texas, Tribunal Supremo (Estados Unidos), Utah, Victor Holmes, Virginia

Importante decisión la que ha adoptado la Corte Federal de Apelaciones del 9º Circuito, con sede en San Francisco: a partir de este momento no es legal rechazar a un miembro de un jurado por razones de orientación sexual. La sentencia, adoptada por unanimidad de los tres jueces que componían el tribunal decisorio, es clara y contundente.

Como explicábamos en septiembre, la decisión tiene su origen en un juicio en torno a si la farmacéutica Abbott violó las leyes de la libre competencia al incrementar en 2007 el precio de un medicamento antirretroviral utilizado en el tratamiento de la infección por VIH en un 400 %, incremento de coste que en su momento recibió fuertes críticas desde la comunidad LGTB. Abbott, de hecho, fue finalmente demandada ante la justicia federal por su competidora GlaxoSmithKline. Pero el caso dio luego un sorprendente giro desde un litigio sobre libre competencia a convertirse en una cuestión de derechos civiles cuando Abbott rechazó a uno de los miembros del jurado propuestos simplemente por ser gay. El juicio tuvo finalmente lugar, con un resultado que GlaxoSmithKline consideró no satisfactorio, motivo por el cual recurrió amparándose precisamente en la exclusión del citado jurado.

La Corte de Apelaciones del 9º Circuito da ahora la razón a GlaxoSmithKline, argumentando que ser jurado es una de las más altas responsabilidades de un ciudadano estadounidense, y al excluir a una persona en razón de su orientación sexual se la priva de esa importante responsabilidad civil, se la degrada como individuo y se amenaza incluso la imparcialidad del sistema judicial. Excluir a un jurado por ser homosexual es una muestra, según llega a escribir el juez Stephen Reinhardt, de la “deplorable tradición de tratar a gays y lesbianas como no merecedores de participar en los ritos más preciados de nuestra nación”. El juicio queda por tanto anulado y deberá ser repetido de nuevo. Los argumentos de Abbott, según la cual su rechazo al jurado no se basó en su condición de gay sino en otras razones (como que ya conociera la polémica sobre el coste del medicamento, que un amigo suyo hubiera fallecido a causa del sida o que hubiera trabajado en tribunales de justicia) no han sido estimados.

La sentencia de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, una corte federal, es de gran importancia, dado que Estados Unidos los abogados de las partes tienen capacidad de rechazar a una serie de miembros del jurado sin tener que dar explicaciones, con solo dos importantes excepciones según la jurisprudencia del Tribunal Supremo: el sexo y la raza. A la espera de un posible recurso, y dando por hecho que quizá sea el Tribunal Supremo el que deba pronunciarse más adelante, si finalmente la orientación sexual se considera una tercera condición por la cual no es posible recusar a un jurado el grado de protección legal de los derechos de la minoría homosexual se vería reforzado.

No se trata de la primera vez que se toma una decisión de este tipo. En California, ya desde el año 2000 está prohibido recusar a jurados por razones de orientación sexual gracias a una decisión de su Corte Suprema, pero esta vincula solo a la justicia estatal, no a la federal.

Fuente Dosmanzanas:

General, Homofobia/ Transfobia. Abbott, California, Discriminación, Estados Unidos, GlaxoSmithKline, Stephen Reinhardt, Tribunal Supremo (Estados Unidos), VIH

Desde Estados Unidos, el goteo de buenas noticias relativas a los derechos LGBT no para... Una jueza federal anuló el jueves a última hora la prohibición del matrimonio igualitario en Virginia, una decisión que sigue la línea de los dictámenes emitidos por tribunales en numerosos estados durante los últimos meses.

La jueza de Distrito Arenda Wright Allen ha dictado una suspensión de la enmienda constitucional mientras es recurrida, lo que significa que las parejas del mismo sexo en Virginia no podrán casarse todavía hasta que se resuelva definitivamente el caso.

Ambas partes creen que el caso no se resolverá hasta que la Corte Suprema decida escucharlo o uno parecido.

La juez federal Arenda L. Wright Allen ha dictaminado en la noche de este jueves 13 de febrero que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en las leyes del estado de Virginia es inconstitucional. Sin embargo, al igual que en otras recientes decisiones judiciales de este tipo, la aplicación de la sentencia ha quedado en suspenso hasta que sea revisada por la Corte de Apelaciones. Otra victoria más, en cualquier caso, para los partidarios de la igualdad LGTB en los Estados Unidos, en un proceso que se muestra imparable.

La sentencia de la juez Wright Allen es clara: tanto los artículos de la Constitución del estado de Virginia como los de su Código Civil o cualquier otra ley del estado “que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo o el reconocimiento por parte de Virginia de los matrimonios del mismo sexo legítimos celebrados en otras jurisdicciones son inconstitucionales. Estas leyes niegan a los demandantes su derecho al debido proceso y a la igual protección garantizados por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”.

Una resolución que bebe, sin duda, de la argumentación jurídica que sustentó la derogación de la sección 3 de la DOMA (la norma que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo) por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos el pasado junio. Se asemeja también a las recientemente dictadas por jueces federales en Utah, Oklahoma o Kentucky. Como en estos dos últimos estados, la aplicación práctica de la sentencia queda en suspenso, en este caso a la espera de que la Corte de Apelaciones resuelva el seguro recurso. Una decisión influida sin duda por el aplazamiento dictado por el Tribunal Supremo para el fallo de Utah (después de que en este caso se hubieran celebrado numerosos matrimonios).

El caso de Virginia se centra en una pareja gay de Norfolk a la que le fue denegada una licencia de matrimonio por el Tribunal de Norfolk en julio, poco después de que el Tribunal Supremo anulara la Ley de Defensa del Matrimonio. Una pareja del Condado de Chesterfield, casada en California y con una hija adolescente, se unió posteriormente a la demanda, solicitando que su matrimonio fuera reconocido en el estado Virginia. Los demandantes aseguran que el caso es análogo a otra causa que marcó un hito en 1967 cuando el Tribunal Supremo EEUU dictó sentencia en un caso de matrimonio interracial. Mildred y Richard Loving se casaron en Washington DC, y estaban viviendo en Virginia cuando la policía irrumpió en su casa y los acusó de violar la ley de Integridad Racial del estado. Fueron declarados culpables, pero más tarde prevalecieron ante el Tribunal Supremo.

En el caso de Virginia, la juez decidía sobre la demanda presentada por Mary Townley y Carol Schall, una pareja de lesbianas legalmente casadas en California, cuyo matrimonio no era reconocido por el estado de Virginia, donde residen. Carol deseaba adoptar a la hija que habían decidido tener ambas, pero que fue gestada por Mary. La respuesta de los funcionarios del registro civil fue “tú no eres nadie, no importas”, negándole la filiación. Ambas presentaron la demanda correspondiente, que ahora ha sido estimada por la justicia federal.

“La justicia a menudo se ha forjado a partir de las vejaciones y perjuicios sufridos” estimaba en su sentencia la juez Wright Allen, resolviendo que “los intereses del gobierno en la perpetuación de las tradiciones, protegiendo los asuntos estatales de la interferencia federal, y favoreciendo un modelo de paternidad sobre los demás deben ceder el paso a la protección de la garantía del ejercicio de las opciones privadas del ciudadano sobre el amor y la familia, tan querida por este país”.

La Oficina del Procurador General de Virginia tomó la decisión de no defender la prohibición

Virginia, giro político en muy poco tiempo

La sentencia se ha producido tan solo unos días después de que el nuevo fiscal general de Virginia, el demócrata Mark Herring, renunciara a defender ante los tribunales la prohibición del matrimonio igualitario que estaba vigente hasta ahora, ya que cree que la prohibición viola la cláusula de igual protección de la Enmienda 14. Sin embargo, pidió al juez que la mantuviera a fin de evitar una situación como lo que pasó en Utah después de que otro juez federal declarara inconstitucional la prohibición en ese estado a los matrimonios homosexuales. Herring se hacía en las elecciones de noviembre con el puesto de fiscal general que dejaba vacante el homófobo Ken Cuccinelli, candidato a gobernador por el Partido Republicano. Una batalla que perdió por escaso margen frente al candidato demócrata, Terry McAuliffe.

Dos cambios que sin duda han marcado para bien la evolución de los derechos LGTB en Virginia. La primera orden de Terry McAuliffe como gobernador fue de hecho prohibir la discriminación de los trabajadores LGTB del estado. Por otro lado, aunque la vía judicial, de resultar finalmente favorable, aceleraría el reconocimiento estatal del matrimonio igulitario, también se ha abierto un proceso legislativo: hace tan solo unas semanas, un grupo de legisladores del estado anunciaban su intención de presentar un proyecto de ley para revertir el veto del matrimonio entre personas del mismo sexo (vigente desde 2006 tras ser aprobada por los votantes en un referéndum con el 57% de los votos). Una iniciativa de éxito improbable (los republicanos controlan la Cámara de Delegados) pero de gran valor simbólico en este contexto.

 Fuente Cáscara Amarga y Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Anthony Kennedy, Arenda L. Wright Allen, Arenda Wright Allen, Carol Schall, Discriminación, DOMA, EE. UU., Estados Unidos, Kentucky, Mark Herring, Mary Townley, Matrimonio, Oklahoma, Terry McAuliffe, Tribunal Supremo (Estados Unidos), Utah, Virginia

El juez federal John G. Heyburn ha dictaminado que la vigente prohibición del matrimonio igualitario en el estado de Kentucky viola la Constitución de los Estados Unidos. El juez da la razón a cuatro parejas del mismo sexo legalmente casadas en otros estados a las que Kentucky negó el reconocimiento de su matrimonio. El fallo no supone que las parejas del mismo sexo puedan comenzar a casarse todavía en ese estado.

Al igual que en las recientes sentencias de Utah y Oklahoma, el fallo de Kentucky (que puedes descargar pinchando aquí) bebe directamente de la argumentación jurídica que sustentó la derogación de la sección 3 de la DOMA (la norma que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo) por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos el pasado junio. El juez Heyburn considera que la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio vulnera el principio de igual protección bajo la ley que garantiza la Constitución estadounidense y desmonta los argumentos de los contrarios. “El que las leyes de Kentucky estén profundamente arraigadas en la tradición no justificar por sí solo la violación de las libertades individuales”, argumenta Heyburn, un juez nominado por George Bush padre en 1992 a propuesta de un senador republicano.

El juez también rechaza que reconocer a las parejas del mismo sexo el derecho a contraer matrimonio suponga un daño a los menores, recurriendo también aquí a los argumentos del Tribunal Supremo en el caso Windsor. “El juez Kennedy explicó que es precisamente la negativa del gobierno a reconocer los matrimonios del mismo sexo lo que puede dañar a los niños, al no permitir casarse a los padres que precisamente sean del mismo sexo”, añade el juez Heyburn, que también niega el argumento tradicional de que el fin primordial del matrimonio es la procreación. “Kentucky no requiere prueba alguna de la capacidad para procrear a la hora de reconocer matrimonios celebrados en otros estados. Excluir a las parejas del mismo sexo por ese motivo tiene tan poco sentido como excluir a las parejas postmenopaúsicas o estériles”, afirma el juez.

Sin embargo, quizás influido por el aplazamiento dictado por el Tribunal Supremo para el fallo de Utah (después de que se hubieran celebrado numerosos matrimonios) o el más reciente de Oklahoma (que ni siquiera dio lugar a que se celebrara ningún matrimonio), el juez Heyburn ha emitido también una orden que deja la sentencia en suspenso hasta que se celebre una audiencia, cuya fecha no ha sido aún establecida, en la que se discuta cómo y cuándo implementar la decisión.

Avalancha de sentencias

Desde la sentencia del Supremo se han presentado varias decenas de demandas en diversos estados diferentes en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario. Algunas ya han dado resultados favorables, como las mencionadas de Oklahoma o Utah. En dosmanzanas hemos aludido a algunas de las que están en proceso (como las de Nevada, Pensilvania o Virginia) pero en realidad el proceso alcanza ya a más de una veintena de estados sin matrimonio igualitario, entre ellos algunos tan importantes como Texas (donde se espera una primera sentencia inminente) o Florida.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Anthony Kennedy, Discriminación, DOMA, Estados Unidos, Florida, George Bush padre, John G. Heyburn, Kentucky, Matrimonio, Nevada, Oklahoma, Pensilvania, Texas, Tribunal Supremo (Estados Unidos), Utah, Virginia