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¿Ut unum sint? Sí, lo son contra las personas LGTBI aunque sean incapaces de celebrar juntos la Eucaristía. ¡Fariseos! Jerarcas católicos, evangélicos, ortodoxos, anglicanos, musulmanes y judíos emprenden cruzada lesbofóbica contra docente Sandra Pavez

Martes, 11 de mayo de 2021
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HomofobiaPresentaron un escrito ante la Corte Interamericana de DDHH a objeto que se siga impidiendo  a la docente Pavez hacer clases en Chile solo por ser lesbiana. Junto con repudiar la cruzada de odio, el Movilh denunció que el primer cura que impidió a Pavez ejercer la docencia  abusó de un niño.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) alertó hoy que las principales religiones de Chile se unieron para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) mantenga la medida que le impide a la docente Sandra Pavez hacer clases en Chile desde el 2007 solo por ser lesbiana.

En efecto, altos representantes de la Iglesias Católica, Ortodoxa, Anglicana, Evangélica, Musulmana y Judía presentaron un escrito ante la Corte IDH a objeto de que esta falle contra Pavez.

La demanda presentada por Pavez ante la Corte INDH busca que el Estado de Chile sea sancionado por impedirle durante 14 años hacer clases de religión en un colegio laico, en el marco de un juicio internacional que tendrá lugar los próximos miércoles y jueves.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, precisó que “estamos ante un acto de lesbofobia sin precedentes, donde Estado y religiones se unirán por primera vez en su historia en un juicio internacional para negar la igualdad de derechos en razón de la orientación sexual de una persona. Este poderoso abuso, revictimiza una vez a la docente Pavez y explicita un odio desmesurado y virulento contra las personas LGBTIQ+. Toda nuestra solidaridad con Sandra”.

“Esperamos que la Corte INDH respete el Estado laico, la Convención Americana de los Derechos Humanos y falle a favor del Pavez, sancionando a Chile por esta abierta vulneración de derechos que es avalada por las principales iglesias del país de la mano del Estado”, apuntó Jiménez.

“A quienes hablan de moral y emprenden esta arremetida contra la docente Pavez, es bueno recordarles que quien primero le impidió hacer clases en Chile en 2007 fue  el entonces Vicario para la Educación del Arzobispado, René Aguilera Colinier, el mismo que confesó haber abusado de un niño. Esta es la hipocresía que estamos enfrentando, esta es la inmoralidad de todos quienes han recurrido ante la Corte IDH contra Pavez. Estos son  los que, en síntesis, nada dijeron contra un cura abusador de niños, pero hoy se levantan contra una docente de trayectoria intachable y querida por toda la comunidad educativa”, relató Jiménez.

Adelantó, por último, que próximamente, y antes del juicio, “Pavez expondrá públicamente su punto de vista , el mismo que ha sido censurado por quienes hoy dan alta tribuna a esta cruzada homofóbica de las iglesias, como es el caso de El Mercurio, un diario que sistemáticamente omite cualquier mención al Movilh, habla de Sandra sin indicar que es lesbiana y oculta el el abuso que sufrió, obviando el ejercicio de un  periodismo serio, objetivo y responsable.”.

La presentación lesbofóbica ante la Corte IDH contra Pavez fue firmada por el presidente de la Celam y arzobispo de Trujillo, Santiago Silva; el presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Santiago Silva; el arzobispo de Santiago; Celestino Aós; el arzobispo Metropolitano de a Iglesia Ortodoxa de Chile, Sergio Abad; el presidente de la Unión Evangélica  Nacional de Chile, Emiliano Soto; el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González; el Arzobispo de la Iglesia Anglicana de Chile, Héctor Zabala; el secretario ejecutivo de la Mesa Ampliada de Organizaciones Evangélicas, Francisco Javier Rivera; el presidente del directorio de la Comunidad Musulmana de Chile, Fuad Musa, y el representante de la Comunidad Judía de Chile, Eduardo Waingortin.

El caso

Por orden del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, el 25 de julio del 2007 el Vicario para la Educación del Arzobispado, René Aguilera Colinier, revocó a Sandra Pavez el certificado de idoneidad que le iba a permitir seguir haciendo clases de religión en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, donde la docente ejercía desde 1985.

Esto, luego de que la maestra confirmara que era lesbiana y mantenía una relación con otra mujer y se negara a someterse a terapias psicológicas y psiquiátricas ofrecidas por la Iglesia para revertir su orientación sexual. “A tanto llegó el acoso de la Iglesia, que en diversas ocasiones, incluidas las noches, curas visitaron el domicilio de Sandra para obligarla a revertir su homosexualidad, llegando al extremo de decirle que había dañado la memoria de su fallecida madre con su orientación sexual”, recordó Jiménez.

El clero actuó amparado en el Decreto 924 del Ministerio de Educación, un instrumento dictado en 1983 y aún vigente que “reglamenta las clases de religión en establecimientos educacionales” y faculta a las iglesias a decidir quiénes pueden o no impartir la cátedra.

Por tal razón el Movilh presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, el cual fue rechazado el 27 de noviembre del 2007, siendo la sentencia ratificada el 17 de abril del 2008 por la Corte Suprema. Ambos tribunales estimaron que no se había incurrido en ilegalidad, ni en discriminación, teniendo como argumento el Decreto 924. Más de una década  después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a decir lo contrario y demandó a Chile ante la Corte IDH, en el marco de un proceso donde la docente ha sido representada por el Movilh.

Fuente MOVILH

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La Superintendencia de Educación chilena orienta a los colegios para respetar y proteger los derechos de estudiantes trans… Y la Iglesia Católica se pone de los nervios…

Martes, 2 de mayo de 2017
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circularEntre otros, se pide tratar a las personas por su nombre y sexo social, permitiéndoles usar baños o uniformes acordes a su identidad de género, siguiendo así los pasos de circulares similares emitidas por el Ministerio de Salud.

En un encuentro con organizaciones de la diversidad sexual y de género, el Superintendente de Educación, Alexis Ramírez y la Subsecretaria de Educación Parvularia, María Isabel Díaz, dieron a conocer una circular para la protección de los derechos de los estudiantes trans en las escuelas, además de lanzar un nuevo texto con orientaciones para prevenir y erradicar la discriminación.

En la ocasión, Díaz expresó que “la diversidad sexual y de género es una realidad sociocultural que emerge y se visibiliza cada día más en los establecimientos educacionales. Esta realidad nos insta a modificar lenguajes, actitudes y comportamientos para educar desde el respeto”.

En tanto, Ramírez añadió que “hay colegios que vienen desde hace tiempo haciendo un relevante y silencioso aporte a favor de estos alumnos y alumnas, experiencia que sin duda constituye una contribución para el resto del sistema

La circular y las orientaciones fueron trabajadas junto a organizaciones que promueven derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), como la Fundación Renaciendo, y son, según informó al Ministerio de Educación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (INDH), parte del Acuerdo por la Igualdad que el Estado que el Estado firmó con el Movilh.

“Este es un logro para las organizaciones que llevamos luchando mucho tiempo. Es una puerta que abre un espacio de respeto e inclusión para nuestros niños y niñas, desde la primera infancia”, indicó la presidenta de Renaciendo, Mónica Flores.

La circular pro derechos trans

La importante circular sobre derechos trans va dirigida a los sostenedores, directoras y directores de establecimientos educacionales de todo el país y al igual que instrumentos previos, como del Ministerio de Salud, llama a respetar la identidad de género, categoría protegida por la Ley Zamudio.

Teniendo en consideración a la Convención sobre los Derechos del Niño, al DFL2 del Ministerio de Educación, a la Ley Zamudio 20609 y a la Constitución Política de la República, la circular parte definiendo a la identidad de género, la expresión de género y el concepto trans, aclarando que los reglamentos internos de los colegios deberán siempre resguardar la dignidad de todas y todos sus miembros.

Poniendo como principios al interés superior del niño, la no discriminación arbitraria y la buena convivencia escolar, la circular reguarda a los estudiantes trans los derechos a “no ser discriminados o discriminadas arbitrariamente por el Estado, ni por las comunidades educativas especiales en ningún nivel, ni ámbito”, a “expresar la identidad de género propia y su orientación sexual”, a recibir “oportunidades para su formación y desarrollo integral, atendiendo especialmente las circunstancias y características del proceso que les toca vivir” y a “expresar su opinión libremente y a ser escuchados en todos los asuntos que les afectan, en especial cuando tienen relación con decisiones sobre aspectos derivados de su identidad de género”.

La circular establece que el padre, la madre, tutor legal o apoderados, así como los estudiantes mayores de 18 años, “podrán solicitar al establecimiento educacional el reconocimiento de su identidad de género y medidas de apoyo y educacionales pertinentes a la etapa por la cual transitan”, los niños, niñas y jóvenes.

Para ello, los apoderados podrán solicitar entrevistas con el director, rector o máxima autoridad del establecimiento, quien deberá concretar un encuentro en un plazo no mayor a 5 días. De tal reunión quedará un acta y en todo momento se deberá velar “por la privacidad del niño, niña  y/o estudiantes” y respetar su decisión de cuando y a quien compartir su identidad de género.

Frente a la presencia de estudiantes trans, los establecimientos deberán además adoptar las siguientes medidas:

-Brindar atención al estudiante y a su familia, garantizando lenguaje inclusivo.

-Orientar a la comunidad educativa.

-Garantizar el nombre social del estudiantes trans. “Todas las personas que componen la comunidad educativa, así como aquellos que forman parte del proceso de orientación, apoyo, acompañamiento y supervisión del establecimiento educacional, deberán tratar siempre y sin excepción a la niña, niño o estudiante, con el nombre social que ha dado a conocer en todos los ambientes que componen el espacio educativo”. En el libro de clases “se podrá agregar el nombre social para facilitar la integración del alumno o alumna y su uso cotidiano”.

-El niño o niña o estudiante trans “tendrá derecho a utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o accesorios que considera más adecuados a su identidad de género, independiente de la situación legal en la que encuentre”

-“Se deberá dar las facilidades a las niñas, niños y estudiantes trans para el uso de baños y duchas de acuerdo a las necesidades propias del proceso que estén viviendo, respetando su identidad de género”,  Las adecuaciones deberán acordarse con la familia, pudiendo considerar “baños inclusivos u otras alternativas”.

La circular puntualiza que el incumplimiento de estas medidas constituye una infracción que será sancionada conforme a su gravedad.

Los mencionados derechos ya se estaban garantizados en diversos colegios y, cuando así no ocurría, eran sancionados, ya fuese por tribunales o por la Superintendencia de Educación. Sin ir lejos, en 1999 el Liceo de Aplicación ya permitía a los estudiantes trans vestir acorde a su identidad de género

En tanto, el texto “Orientaciones para la inclusión de las personas LGBTI en el sistema educativo”, también lanzado esta semana, aborda conceptos sobre orientación sexual, identidad de género y derechos humanos y recomienza estrategias para tratar el tema en las aulas, de similar manera como lo hizo otro libro lanzado por el Mineduc el 2013. Dicho texto, el primero y más aperturista de su tipo, se denominó “Discriminación en el contexto escolar, orientaciones para promover una escuela inclusiva”.

Reacciones

El obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, y el presidente del Área de Educación del Episcopado, Héctor Vargas, ya se pronunciaran contra la circular.

Mientras González señaló ayer en Punta de Tralca que la circular “impone por vía administrativa a todos los colegios una serie de prácticas que ni siquiera están regulados por ley”, Vargas calificó de ·inaceptable esta metodología que instala temas al interior de la comunidad educativa de manera taxativa y con un lenguaje sancionatorio”.

Para el Movilh esta “es una crítica artificial, motivada por homofobia y transfobia, en tanto, la circular no está pidiendo, ni exigiendo nada que los colegios ya no tengan la obligación de cumplir y/o que no están cumpliendo, tras la aprobaciones de la Ley Zamudio y de la Ley de Inclusión. Más aún, cuando los colegios se han opuesto a respetar los derechos trans, han sido sancionados”.

El dirigente recordó que el obispo González es el mismo que tiene impedido hace una década a la profesora de religión, Sandra Pavez, hacer clases en Chile por ser lesbiana, abuso que ahora está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta Iglesia es la misma que guardó silencio frente al Reglamento del Colegio Gandarillas de Maipú, que trata de un error y de dementes a los homosexuales y llama a expulsarlos”.

“Nadie está por sobre la ley, y la Iglesia debe cumplir sí o sí con la legislación actual. Esta circular se funda en la legislación actual, no en la aún no aprobada Ley de Identidad de Género, la cual se refiere a otro tema: el cambio de nombre y sexo legal. La circular habla del respeto a la identidad de género y no involucra cambio legal alguno”, explicó el Movilh.

El Movimiento también se refirió a las opiniones de la Federación de Instituciones de Educación Particular (Fide) y de la Corporación Nacional de Colegios Particulares de Chile (Conacep).

El abogado de Fide, Rodrigo Díaz, dijo que los colegios religiosos “entienden que ciertas conductas no se ajustan a la visión que ellos tienen. Si un sostenedor no está de acuerdo, deberá recurrir a tribunales”. El presidente de Conacep, Hernán Herrera, consideró, en tanto, que habría problemas “sobre todo cuando estamos hablando de un niño trans que entre a un baño que desde el punto vista morfológico no lo corresponde”.

El Movilh explicó que “por cierto hay sectores que se oponen a la plena igualdad derechos de las personas LGBTI.. Y en este contexto el deber de un establecimiento educacional es erradicar y prevenir la discriminación y educar en el respeto a la diversidad a quienes rechazan los derechos de las personas LGBTI”. “Aplaudimos estos nuevos instrumentos que lanza la Superintendencia de Educación para hacer frente a la discriminación contra docentes o estudiantes en razón de su orientación sexual e identidad de género”, finalizó el Movilh.

Fuente MOVILH

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Los casos y denuncias por homofobia y transfobia disminuyeron un 3% , pero aumentaron los asesinatos homofóbicos en Chile un 33 % en 2013.

Lunes, 17 de febrero de 2014
Comentarios desactivados en Los casos y denuncias por homofobia y transfobia disminuyeron un 3% , pero aumentaron los asesinatos homofóbicos en Chile un 33 % en 2013.

gviewEl 2013 fue definido como el año de “las contradicciones gatilladas por la transición hacia mejores condiciones de igualdad”, pues al mismo tiempo que se registraron 50 hitos favorables a las minorías sexuales, se conoció de graves atropellos en los más variados planos.

Un 3% disminuyeron las denuncias y casos por discriminación a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) en el 2013, registrándose la baja más considerable en los episodios de  exclusión escolar (-50%), sin embargo, los asesinatos incrementaron (+33%) y se conocieron hechos de violencia sin precedentes, reportó el XII Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual en Chile elaborado por el Movilh con el financiamiento de la Unión Europea.

El estudio calificó al 2013 como el año de “las contradicciones” en torno a los derechos de la diversidad sexual, pues al mismo tiempo que hubo avances, se registraron graves abusos, situación explicable por “la transición hacia más y mejores condiciones  de vida para las personas”, indicó el movimiento.

El fenómeno de la contradicción se da en todos los planos. Así, por ejemplo,  la Corte Suprema y Carabineros volvieron a ser las instituciones responsables de los atropellos más graves, pero al mismo tiempo, y a diferencia de antes, ciertos sectores  de los tribunales y policías dieron importantes pasos por la igualdad, como ocurrió con la histórica sentencia en el Caso Zamudio y en la edición de un manual que educa a los uniformados en derechos de la diversidad sexual”, sostuvo el Movilh.

Añadió que lo mismo “ocurre con la propia Ley Antidiscriminatoria, la cual contra todo pronóstico ha sido insuficiente en su carácter punitivo, sin embargo su existencia es responsable o ayudante de gran parte de los avances en políticas públicas antidiscriminatorias ocurridas el 2013”, redondeó la organización

En tanto,  mientras los denuncias y casos por discriminación disminuyeron, estos no sólo fueron más graves porque aumentaron los asesinatos, sino también porque se registraron casos de violencia sin precedentes: un joven quedó en estado vegetal, otro perdió un pie, un padre secuestró y amenazó de muerte a la pareja de su hijo sólo porque era gay y una docente hostigó a un niño de 9 años por creer que podría ser homosexual.

LA DISCRIMINACION EN CIFRAS

Los 143 casos y denuncias por discriminación del 2013 se dividieron en  4 asesinatos, 13 agresiones físicas o verbales perpetradas por  desconocidos, 6 abusos policiales, 10 atropellos laborales y 5 educacionales, 19 movilizaciones homofóbicas o transfóbicas, 15 casos de exclusión institucional,  10 prohibiciones a la libertad de expresión en espacios públicos y privados, 17 hechos de marginación comunitaria (familia, amigos/as, vecino/as), 42 declaraciones de odio y 2 episodios de segregación en el campo de la “cultura, medios y espectáculo”.

La categoría de  discriminación que más aumentó fue la “comunitaria”, con un 41%, más que el 2012, seguida por los asesinatos (+33%), las declaraciones homofóbicas o transfóbicas (+27%), las exclusiones laborales (+11%) y los abusos que violentaron la libertad de expresión (+11%),

Los aumentos se explican en la mayoría de los casos porque cada vez son más las personas que denuncian hechos que antes silenciaban, en un marco donde la sub-representación de los atropellos a la diversidad sexual sigue siendo un problema, pues sólo el 8% de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) reporta los abusos que padece en razón de su orientación sexual o identidad de género.

“En tanto,  el incremento de los dichos homofóbicos o transfóbicos mediatizados y/o emitidos por personajes públicos más bien se explicó porque las declaraciones cuentan con impunidad total a falta de una ley que sancione la incitación al odio. Además es en el plano discursivo donde los discriminadores están concentrando sus esfuerzos anti-igualdad al constatar que su interferencia en terrenos institucionales o de políticas públicas se está reduciendo por ser  cada vez más antipopular y porque la Ley Zamudio les juega en contra”,  señaló la investigación.

“Así por, ejemplo, quedó claro cuando un grupo  de diputados UDI presentó una reforma constitucional de manera que los hijos/as de parejas del mismo sexo pasaran a ser ilegales y/o de segunda categoría, cruzada que recibió un portazo de la mayoría de los parlamentarios y partidos”, recordó el estudio

Por otro lado, las discriminaciones de tipo institucional bajaron 21% en relación al 2012, mientras que fue en el terreno educacional donde se registró el mayor descenso de abusos (-50), seguido por las agresiones físicas perpetradas por desconocidos (-35%) y las movilizaciones homo-transfóbicas (-24%)

“El descenso en estos  casos se explica por el positivo efecto preventivo  y disuasivo de la Ley Zamudio,  pues por un lado  se implementaron políticas estatales contra las exclusiones, mientras que por otro los organismos públicos y privados han ido erradicando prácticas y reglamentos homo-transfóbicos sólo porque ahora estos son claramente ilegales a los ojos de la norma antidiscriminatoria.”, indica el estudio

El 8% de los 143 casos y denuncias del 2013 afectó sólo a personas transexuales, el 15% a lesbianas, el 27% a gays y el 50% a la población LGBTI como conjunto, siendo los abusos que dañaron a hombres homosexuales los más violentos, mientras que la población trans sigue siendo excluida de antemano de derechos  básicos y las mujeres que aman mujeres deben enfrentar la homofobia y el machismo al unísono.

Por su alta población, la Región Metropolitana concentró la mayor cantidad de casos y denuncias por homofobia y transfobia, con el 39.2%, seguida por Valparaíso (12.6%), La Araucanía (4.2%), Atacama, (2.8%), Biobío (2.8%), Antofagasta (2.1%), Los Lagos (2.1%), Libertador Bernardo O´Higgins (1.4%), Maule (1.4%), y Magallanes (0.7%).

Mientras que por primera vez se conocieron denuncias en Atacama, las regiones que más aumentaron en cuanto a la concentración de casos fueron La Araucanía, con 2.2 puntos porcentuales más que el 2012, seguido por el Maule (+1.6), Antofagasta (+0.8), Valparaíso, (+0.7), Magallanes (+0.1).

Desde el 2002 se han conocido 1.128 casos de discriminación, concentrando el 2013 el 12.7% del total.

Responsables de los abusos:

Los responsables de los atropellos del 2013 fueron 50 instituciones y 106 personas,  gran parte de estas representantes o integrantes de las iglesias católica y evangélicas, grupos ultra-religiosos ad hoc, autoridades de la UDI y de RN, militares en retiro y personas con antecedentes.

A nivel institucional el Ranking de la Homofobia y la Transfobia 2013 fue encabezado por la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones, por su rechazo a reconocer a la maternidad lésbica y a las familias homoparentales,  y en el segundo lugar la UDI, por su boicot al Acuerdo de Vida en Pareja y porque sus parlamentarios promovieron un proyecto de ley que buscaba declarar ilegales a los hijos de convivencias del mismo sexo.

En tercer lugar quedó Carabineros, por agredir física y verbalmente a personas  en razón su orientación sexual e identidad de género, seguido por la Iglesia Católica, varias iglesias evangélicas, el Liceo Santa Marta de Vallenar, el Liceo Politécnico 120 de Talagante, Eulén S.A, Hotel Sol Naciente de Puerto Montt, Empresa Shs, variados grupos ultra-religiosos (como Idea País, la Fundación Jaime Guzmán y Acción Familia), la Panadería Kether de Castro y distintas comunidades de militares en retiro.

A nivel personal, el primer lugar fue para los asesinos de los cuatro jóvenes que perdieron la vida el 2013, seguido en el segundo puesto por los jueces de la Corte Suprema Pedro Pierry, María Eugenia Sandoval, Juan Eduardo Fuentes y por el magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Cristóbal Mera.

En el tercer lugar quedaron los diputados UDI Ramón Barros, María Angélica Cristi, Claudia Nogueira, Mónica Zalaquett y el senador RN, Carlos Larraín. En el cuarto lugar los senadores UDI Víctor Pérez y Juan Antonio Coloma, los diputados UDI Iván Moreira, José Antonio Kast, Enrique van Rysselbergue,  el vicepresidente de RN, Manuel José Ossandón, el diputado (ind) Cristián Letelier, el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, y el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, entre otros de una lista de 16 ubicaciones.

Avances

Un total de 50 hitos favorables a los derechos humanos de la diversidad sexual ocurrieron el 2013.

En el campo de las políticas públicas brilló una nueva normativa de los bancos de sangre que terminó con la prohibición para que homosexuales donaran, mientras que se puso en ejecución la primera política estatal  de apoyo a víctimas LGBTI de delitos violentos.

Por su parte, el Minsal oficializó que los procesos de readecuación corporal de las personas transexuales pueden y deben ser cubiertos por Fonasa y el Mineduc lanzó las primeras orientaciones para erradicar la discriminación en los colegios haciendo por primera vez  explicita  mención a  la diversidad sexual y a las familias homoparentales, además de recomendar a los liceos un texto elaborado por el movimiento LGBTI. De igual manera, el Injuv consultó por primer vez en su encuesta nacional sobre la orientación sexual de los jóvenes y el Gobierno aplicó el primer sondeo nacional sobre discriminación.

En el  mundo uniformado se incluyó la temática de la diversidad sexual en una guía de formación para carabineros,  mientras que Gendarmería eliminó variadas prácticas homo-transfóbicas y firmó un convenio con el movimiento LGBTI para que los condenados por delitos menores cumplan sus penas con trabajo antidiscriminatorio. En un plano similar, las minorías sexuales se reunieron por primera  vez con el alto mando de la Fuerza Aérea de Chile

En el nivel municipal, cinco comunas (Independencia, Maipú, Providencia, Santiago, Vallenar) aprobaron ordenanzas, oficinas y/o políticas pro-derechos de la diversidad sexual , mientras que en un hecho del mayor simbolismo  nueve edificios consistoriales  (Antofagasta, Coquimbo, Independencia, La Reina, Providencia,  Tocopilla, San Antonio, Santiago y Valparaíso)  izaron la bandera del arcoíris.

Mientras en el terreno judicial marcó un hito la condena contra los asesinos de Daniel Zamudio y destacó una sentencia por discriminación contra un colegio católico en Vallenar, en lo político de la máxima relevancia fueron la inédita sanción por homofobia contra un diputado, Ignacio Urrutia, la llegada al Congreso Nacional de un hombre abiertamente gay, Claudio Arriagada, la asistencia de la mayoría de los candidatos presidenciales a un evento (Gay Parade) organizado por la diversidad sexual y las disculpas públicas ofrecidas por un candidato al Parlamento, tras dichos que dañaron la dignidad de personas.

En el campo laboral resaltó el inédito convenio firmado por una multinacional (Sodexo) con el movimiento LGBTI y en el académico-social seminarios que abordaron la doble discriminación que padecen las minorías sexuales adultas mayores y con capacidades diferentes.

En el terreno televisivo se perfiló como un cambio el primer matrimonio igualitario difundido por una serie, Separados.

En tanto, a nivel internacional destacó que la OEA aprobará la “Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia” y su sexta resolución sobre “Derechos Humanos, Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género”, mientras que un grupo de países celebró en la ONU la “Primera reunión ministerial sobre el papel de las Naciones Unidas para la eliminación de la violencia y la discriminación contra  personas LGBTI”.

En un ángulo similar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  aprobó crear la Relatoría sobre los Derechos de las Personas LGBTI y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) incluyó entre sus desafíos de población y desarrollo a los derechos de la diversidad sexual.

Por su parte, la Unión Europea aprobó  las “Directrices para promover y proteger el disfrute de todos  los derechos humanos por parte de las personas LGBTI” en todo el mundo, mientras que su delegación en Chile firmó convenios y/o respaldó actividades de diversos movimientos LGBTI.

En tanto, el Papa Francisco se convirtió en el primero del Vaticano en cuestionarse públicamente que “¿quien soy yo para criticar?” a una persona homosexual, generando un gran debate y múltiples interrogantes.

Por último, el 2013 queda registrado como el año de mayor movilización pro derechos de la diversidad sexual en las calles, pues 252 mil personas se expresaron por la no discriminación y la igualdad de derechos en 12 ciudades donde hubo marchas o eventos masivos, destacando los primeros desfiles en Castro y Los Ángeles.

Fuente MOVILH

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