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Continúa el retroceso de la igualdad: El Supremo de EE.UU permite presentar una demanda a una mujer que dice haber sido discriminada laboralmente por no ser homosexual,

martes, 10 de junio de 2025

Marlean Ames

Por lo que se ve, habrá que declararse heterosexual para poder conseguir un puesto de trabajo…

La Corte Suprema de Estados Unidos permite que proceda una demanda por «discriminación inversa«

Una decisión inusual y preocupante para la inclusión y la diversidad en las empresas estadounidenses. La Corte Suprema de Estados Unidos permitió que una mujer que alegó ante un tribunal inferior haber sufrido «discriminación inversa» en el empleo debido a su heterosexualidad presentara su caso ante los tribunales el jueves 4 de junio.

En una decisión unánime, los nueve jueces, seis conservadores y tres progresistas, sin pronunciarse sobre el fondo de las denuncias, afirmaron que las personas pertenecientes a grupos mayoritarios no deberían estar sujetas a estándares probatorios más estrictos que otros en materia de discriminación.

A Marlean Ames, una mujer blanca heterosexual que ha trabajado desde 2004 para los servicios del centro de detención juvenil en el estado norteño de Ohio, se le negaron sucesivamente dos ascensos, a favor de otra mujer y luego de un hombre, ambos homosexuales.

Un tribunal federal de primera instancia y luego un tribunal de apelaciones desestimaron su demanda, argumentando, en particular, que debía demostrar que su empleador era «un empleador inusual que discrimina a la mayoría» y no a una minoría, como suele ocurrir. El Tribunal revocó las decisiones de los tribunales inferiores y les remitió el caso para que decidieran sobre el fondo.

Ames presentó una demanda contra el organismo en virtud del Título VII, alegando que se le negó tanto el ascenso como se le degradó por su condición de heterosexual. El Título VII prohíbe a los empleadores discriminar a los trabajadores por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional. El caso de Ames llegó a la Corte Suprema después de que un juzgado de distrito y el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito fallaran y confirmaran a favor del organismo estatal.

El fallo de la Corte Suprema tendrá graves consecuencias. Esta decisión llega en un momento en que la administración del presidente Donald Trump está tomando medidas enérgicas contra los programas y políticas de «DEI» (Diversidad, Equidad e Inclusión) que promueven la igualdad de oportunidades.

Preocupan especialmente las llamadas políticas de «acción afirmativa» en educación, cuyo objetivo es corregir las desigualdades derivadas del pasado segregacionista de Estados Unidos y aumentar la proporción de estudiantes pertenecientes a minorías. Estas políticas siempre han sido duramente criticadas por los círculos conservadores, que las acusan de «racismo inverso«.

En nombre del tribunal, la magistrada progresista Ketanji Brown Jackson coincidió con la afirmación de Ames de que es inconstitucional aplicar criterios distintos a diferentes grupos de personas.

El Congreso no dejó margen para que los tribunales impusieran requisitos especiales únicamente a los demandantes pertenecientes al grupo mayoritario”, escribió Jackson. “Concluimos que el Título VII no impone un estándar más estricto a los demandantes del grupo mayoritario”.

En una opinión concurrente separada, a la que se sumó el juez Neil Gorsuch, el juez Clarence Thomas concluyó que las decisiones de los tribunales inferiores contra Ames se basan en “normas jurídicas creadas por jueces que “tienden a generar complejidad, confusión y resultados erróneos”.

Thomas afirmó que cree que algunos de los “empleadores más grandes y prestigiosos del país han discriminado abiertamente a quienes consideran miembros de los llamados grupos mayoritarios. Desde hace tiempo, los empleadores estadounidenses están ‘obsesionados’ con las iniciativas de ‘diversidad, equidad e inclusión’ y con los planes de acción positiva”.

Según Associated Press, “la decisión de los jueces afecta a demandas en 20 estados y en el Distrito de Columbia, donde, hasta ahora, los tribunales exigían un umbral de prueba más alto cuando los demandantes pertenecían a un grupo mayoritario, incluidos los blancos y heterosexuales”.

Fuente Agencias

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