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Pensilvania recibe 1.400 nuevas denuncias por abusos del clero en los cuatro meses después del informe del gran jurado

Sábado, 5 de enero de 2019

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“No creo que la Iglesia sea capaz de vigilarse a sí misma”, lamenta el fiscal del estado, Josh Shapiro

(C. Doody/AP).- La crisis de abusos en la Iglesia estadounidense sigue arrojando luces y sombras. Sombras como la que aún cubre las diócesis de Pensilvania, donde las autoridades civiles han recibido 1.400 nuevas denuncias por abusos del clero después de la publicación del informe de horrores del gran jurado en agosto. Y luces, porque la presión de la justicia está obligando a la Iglesia a ser más transparente en cuanto a los pederastas en sus filas.

En los últimos cuatro meses, diferentes entidades de la Iglesia en los Estados Unidos han publicado los nombres de más de mil sacerdotes y otras personas acusados de abuso sexual a menores, en una revelación pública sin precedentes provocada, al menos en parte, por la enorme investigación en Pensilvania, concluye Associated Press.

Casi 50 diócesis y órdenes religiosas han identificado públicamente a sacerdotes que abusaron de menores tras el reporte de Pensilvania de mediados de agosto y otras 55 han anunciado planes de hacer lo mismo en los próximos meses. En total, representan más de la mitad de las 187 diócesis del país.

La revisión llevada a cabo por la agencia también determinó que casi 20 investigaciones locales, estatales o federales, penales o civiles, han sido lanzadas desde la publicación de las conclusiones del jurado investigador en Pensilvania. Dichas investigaciones podrían hacer públicos más nombres y acusaciones, además de generar multas contra las diócesis y que se tomen medidas de seguridad ordenadas por las cortes.

“La gente vio lo sucedido en esas parroquias en Pensilvania y dijo: ‘Eso pasó también en mi parroquia’. Pudieron ver la relación y exigen la misma responsabilidad, dijo Tim Lennon, presidente de la junta de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP).

En algunos casos, las acusaciones recién reveladas datan de hace seis o siete décadas; la más antigua de todas es de 1910 en Luisiana. La mayoría de los sacerdotes fueron apartados desde hace tiempo del sacerdocio y, según un análisis de la AP, más de 60% han muerto. En la mayoría de los casos, el plazo legal para cargos penales o demandas ha expirado.

No obstante, activistas dicen que exponer a los abusadores casi dos décadas después del estallido del primer escándalo en Boston en el 2002 es un paso alentador, en parte porque les da a algunas víctimas un sentido de vindicación tras décadas de silencio oficial o negativas.

Además, podrían aumentar las presiones contra las diócesis para establecer fondos de compensación a las víctimas, como lo hizo la iglesia en Pensilvania, y la dinámica en marcha podría desembocar en la expulsión de abusadores de puestos eclesiásticos que dan acceso a niños.

“Es un hito. Nos acercamos cada vez más a lo que debería ser, un reconocimiento verdadero a nivel nacional, dijo Joe McLean, que presentó una demanda junto con otras víctimas para obligar a la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos a publicar los documentos sobre abusadores en todo el país.

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La crisis, en cifras

La investigación en Pensilvania, encabezada por el fiscal general Josh Shapiro, identificó a casi 300 “sacerdotes depredadores” en casos que datan de hasta siete décadas y acusó a los líderes de encubrir los abusos, en algunos casos readmitiendo a sacerdotes a sus labores tras breves temporadas en centros de tratamiento o simplemente mudándolos a otros sitios. Los activistas dijeron que el informe tuvo un gran impacto, porque ha sido el más extenso hasta el momento, abarcando casi todo el Estado.

“No es suficiente”, dijo Shapiro a AP a propósito de las nuevas medidas que se han adoptado contra la pederastia en la Iglesia estadounidense desde la publicación del informe del gran jurado. “Sin embargo, no creo que la Iglesia sea capaz de vigilarse a sí misma. Necesita fuerzas externas, idealmente de la justicia, para obligarle a rendir cuentas”.

La lista más grande de curas pedófilos que ha salido a la luz pública hasta ahora la publicó la provincia del oeste de la Compañía de Jesús, que abarca nueve estados en el oeste del país. Esta orden identificó a 111 sacerdotes pederastas. La archidiócesis de Nueva Orleans, por otro lado, publicó los nombres de 61 sospechosos, y la diócesis de Syracuse, en Nueva York, los de 57. La archidiócesis de Los Ángeles reveló más de medio centenar de sacerdotes pedófilos de la última década, mientras que la diócesis de Great Falls-Billings, en Montana, divulgó los nombres de 47 pederastas.

Mayor transparencia

Y es que si se puede decir que la publicación del informe del gran jurado de Pensilvania ha tenido un impacto positivo, porque el escándalo ha empujado a diócesis y órdenes como las anteriormente citadas a un mayor esfuerzo de transparencia, si bien es cierto que aún queda camino por recorrer.

Mientras que en los 16 años entre el escándalo de pederastia en la Iglesia de Boston  famoso por la película Spotlight y el informe de horrores de Pensilvania solo 30 diócesis publicaron sus listas de curas abusadores -en mayor parte obligadas por la justicia y no por iniciativa propia- en estos cuatro meses desde la investigación del gran jurado 13 diócesis han tomado el paso de invitar incluso a policías o jueces ya jubilados a revisar sus expedientes internos.

Diócesis como la de Little Rock, Arksansas, cuyo obispo, Anthony B. Taylor, recientemente publicó una lista de 12 curas abusadores y invitó a un asesor independiente a auditar los archivos de la Iglesia local. Taylor explicó a AP: “El informe del gran jurado de Pensilvania nos ayudó a reafirmar nuestra decisión de avanzar con lo que ya estábamos haciendo. Afectó el plazo, no tanto la decisión”.

Fuente Religión Digital

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