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Para las personas trans paraguayas, la respuesta del Estado es la cárcel

Jueves, 23 de septiembre de 2021
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OLYMPUS DIGITAL CAMERA Las personas trans son el eslabón más vulnerable en las cárceles paraguayas. El sistema penitenciario agudiza una discriminación que ya existe en la sociedad hacia la población LGBTI, en general, y a las personas trans, en particular.

Yanina Monserrat tiene 21 años y está a 13 días de salir de prisión, pero lo dice en voz baja para que nadie se entere: “Cualquier cosa puede pasar”.

En 2014, cuando Yanina entró a la Penitenciaría Nacional de Emboscada, un guardiacárcel le pegó con una cachiporra de madera en la espalda y le cortó el pelo cortito. En otra ocasión, la encerró junto con otros 17 presos. Casi la violaron. “Pasamos entre 20 personas y dos personas trans, pero solo a mí me pegó y me cortó el pelo sin decirme nada. Lo amenacé con denunciarlo y me dijo que no iba a valer de nada mi denuncia, entonces me callé nomás”, cuenta Yanina hace dos años.

El guardiacárcel le pegó en la espalda, en los pies y brazos, con cachiporra. Yanina le mostró las marcas en su cuerpo a su mamá pero no quiso hacer la denuncia. Peor que eso era que la enviaran a otro centro penitenciario. Obligarlas a cambiarse de ropa y cortarles el pelo está entre las formas de discriminación y violencia más comunes dentro de las penitenciarías. Así como trasladarlas arbitrariamente a otros penales, negociar sus celdas con tercerxs y someterlas a explotación, abusos y violación.

Las personas trans fueron históricamente sujetxs de exclusión social, trans-odio y violaciones de sus derechos humanos. Y no solo en Paraguay. Cualquier persona detenida está sometida a un régimen de tortura, está alojada en condiciones inhumanas de detención, en lugares sobrepoblados y hacinados. Donde entra una persona hay más de cinco, y si no tenés condiciones materiales, dormís en el piso, comés alimentos podridos o pasás hambre.

El sistema penitenciario paraguayo se caracteriza por una división estricta entre los sexos, en una lógica binaria y heteronormativa que expone a las personas LGBTI a discriminación y violencias.

De acuerdo con los datos del MNP de mediados del 2020, la población penitenciaria de Paraguay alcanzaba a 13.925 reclusxs. De ellxs, según el Ministerio de Justicia, al menos 37 son personas trans a nivel país. La mayoría de las personas trans están presas sin condena, pero esta situación también es extensiva al resto de la población penitenciaria: el 71,7% de las personas privadas de libertad en Paraguay no tienen condena. Pero las personas trans están expuestas a un sistema que se caracteriza por una división estricta entre los sexos, en una lógica binaria y heteronormativa, que las violenta doblemente por ser travestis y trans.

Guardiacárceles, los primeros agentes de la violencia

“Vos tenés dos sistemas paralelos más o menos. Están las leyes, los reglamentos, los protocolos pero cómo funciona la cárcel es otra cosa. Todo depende de los guardiacárceles. Si vos hablás con los directores o directoras, los mejores intencionados te dicen que contra eso no pueden hacer nada”, reflexiona Mirta Moragas, abogada y activista feminista. Trabajó directamente con lesbianas privadas de libertad.

Los traslados son otra forma de ostentar poder. Si la persona privada de libertad es de Asunción y cae presa, puede pasarle que el guardiacárcel decida enviarla al departamento de Concepción (300km de la capital) solamente porque le cae mal. Ahí se pierden los contactos con las redes afectivas, como la familia, y de apoyo, como las organizaciones de derechos humanos que supervisan las condiciones del encierro y alcanzan recursos.

Yanina Monserrat estuvo detenida hasta 2019, fecha de la entrevista con Presentes

Yren Rotela es activista trans y defensora de derechos humanos y hace años trabaja de manera articulada con el Ministerio de Justicia, a través de la dirección de Atención a Grupos Vulnerables y DDHH. Según expresa, hay veces que en el encierro, el no tener algunos planes o desarrollos o proyectos o actividades que ayuden a la salud mental, al fortalecimiento y a pensar en esa reinserción hace que la convivencia se debilite.

“Muchas veces hay problemas entre ellas. Yo recibo algunas denuncias que, cuando tienen un pabellón, muchas veces esos pabellones o esas celdas se venden, entonces ellas terminan siendo pasilleras. Y siendo pasilleras también tienen muchas dificultades. Por eso se hacen esos traslados, y, a menudo, por buscar una celda o un pabellón, ellas se van”, apunta.

La mayoría de las personas trans están presas sin condena, pero esto abarca al resto de la población penitenciaria. Siete de cada diez personas privadas de libertad en Paraguay no tienen condena.

Los funcionarios no tienen ningún tipo de capacitación específica con relación a derechos humanos. Muchas veces, en las cárceles les obligan a cortarse el pelo o a vestirse como varón. Mientras sigan estando en cárceles de hombres va a seguir siendo un problema porque son el eslabón más vulnerable y más vulnerado. Todo el tiempo, son víctimas de ataques, de agresión y de discriminación”, observa Dante. 

El ex-comisionado del MNP coincide en que los guardiacárceles son los agentes principales de la violencia pero reconoce que en la cárcel hay distintos sectores que están, generalmente, gerenciados o explotados por otras personas privadas de libertad. “Nosotros, en los relatos que recuerdo específicamente, muchas de ellas referían haber sido víctimas de discriminación, ataques o violencia por parte de otras personas privadas de libertad. Muchas veces, eso en connivencia con los guardias y, otras veces, por afuera”, matiza.

“La respuesta siempre es el encierro” 

Yo enviaba (droga) sobre pedido”, cuenta Yanina, tendida sobre su cama mirando al vacío. “Un muchacho me dijo que vendía pero una de mis amigas envidiosas me dieron akase (dolor de cabeza, en guaraní). Si querían una caja de crack y tres de cocaína, yo llevaba, ellos me pasaban la plata y yo les entregaba. Pero la otra le robó a un tipo y me llevaron a mí en la comisaría porque estaba con ella. Ahí me revisaron y tenía un teléfono y 800.000 (guaraníes). Encontraron en mi carterita la droga”.

A Yanina la detuvieron por “cómplice de robo agravado” en 2014. La condenaron a 8 años, pero después de apelar le redujeron la pena a 5, y salió en 2019. En ese momento, en Tacumbú había 15 mujeres trans privadas de libertad. De ellas, cinco eran amigas de Yanina, a las demás solo el saludo y “hasta ahí nomás”. Le gustaba ver películas, novelas y escuchar música en YouTube. El celador le deja usar el celular, aunque está prohibido. Con eso hace videollamada con su abuela y escucha Natti Natasha.

El Protocolo de Atención a las Personas Trans Privadas de Libertad habla de promover el respeto a las personas trans de parte de otros internos, respetar sus visitas, incluidos amigos y familiares, facilitar el acceso a información, espacios y actividades para la reinserción social.

“A nosotras nos dan prisión, no nos dan, por ejemplo, un arresto domiciliario u otras alternativas. La respuesta siempre es el encierro, expresa Yren Rotela, activista trans y defensora de derechos humanos. “Eso pasa cuando un fiscal nos imputa por el hurto de 100.000 guaraníes (15 dólares). No estoy juzgando el hecho sino el proceso judicial. En la lógica de la presunción de inocencia no entramos nosotras, porque siempre somos culpables. Y eso tiene que ver con los prejuicios, las discriminaciones y los tabúes que tiene todo este aparato judicial”, sostiene.

Al igual que afuera de las cárceles, adentro, las personas trans son particularmente afectadas por los problemas estructurales que caracterizan a los penales del país. El hacinamiento, la corrupción o el autogobierno aumentan la vulnerabilidad del colectivo ya expuesto a todo tipo de abusos.

La cárcel de Tacumbú, un riesgo para las personas LGBTI

Tacumbú presenta los niveles de hacinamiento y sobrepoblación más altos de todo el país, y es un riesgo para las personas LGBTI detenidas. Ya en el 2013, tanto el MNP como la CIDH apuntaron a las deficientes condiciones materiales en las que se encuentran las personas trans detenidas allí, además de la violencia y discriminación a las que están expuestas. Esto se detalla en un documento coordinado por la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), con sede en Ginebra.

“El penal es lo que los guardiacárceles quieran y organicen. Y ahí también hay privilegios que, obviamente, son de clase, y hay muchas violencias contra las personas trans. Es un mundo paralelo y, en ese mundo, siempre terminan perdiendo las personas trans. Las más desamparadas afuera, son las más desamparadas adentro. Porque lo único que me iguala, eventualmente, es la plata”, sostiene Mirta Moragas.

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#TuMoralDiscrimina: Grupo LGTB se manifiesta para exigir vis a vis igualitarios en las cárceles de Paraguay

Miércoles, 23 de marzo de 2016
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manifestantes-que-estuvieron-este-jueves-frente-al-ministerio-de-justicia-_764_573_1343942Con tres mil firmas piden que lesbianas reciban visitas íntimas en la cárcel

La organización Aireana denunció a través de un comunicado que el Ministerio de Justicia no quiso recibir una nota que solicita la institución revea su postura sobre la prohibición de visitas íntimas a lesbianas de la penitenciaría del Buen Pastor.

Alrededor de 20 personas del colectivo LGTB se han manifestado frente al Ministerio de Justicia de Paraguay para exigir el mismo trato a sus parejas que las parejas heterosexuales en lo que respecta a las visitas íntimas.

Reclusas del Buen Pastor habían denunciado semanas atrás la imposibilidad de recibir visitas conyugales de sus parejas debido a una prohibición de la directora que contradice un reglamento al respecto, que no especifica el sexo o el género del visitante y que las autoridades dicen ignorar.

Unas 25 internas del Correccional de Mujeres Casa del Buen Pastor y las de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú participaron en una reunión informativa sobre las visitas privadas. 10 de ellas solicitaron formalmente el permiso para la visita de sus parejas, con la particularidad de que son lesbianas y encontrándose con la negativa de la directora del centro. Por eso ahora denuncian que no pueden recibir tener visitas de carácter íntimo con otras mujeres, lo que supone una discriminación porque las internas heterosexuales sí pueden mantener este tipo de visitas con sus respectivas parejas.

Varias reclusas ya han solicitado la autorización para poder recibir a sus parejas a Aireana y al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ante el rechazo recibido por la directora interina del Buen Pastor, Ana Dina Coronel, que rechaza su petición amparándose en una ley de 1970 que señala que “el interno podrá recibir visitas privadas del sexo opuesto”. Por este motivo, familiares y parejas de las presas se manifestaron por varias calles de Asunción con la consigna #TuMoralDiscrimina.

La ministra de justicia, Carla Bacigalupo, defiende la prohibición de visitas privadas para reclusos y reclusas homosexuales basándose en los artículos 51 y 52 de la Constitución Nacional de Paraguay, así como en la ley 5.164/2014 del Código de ejecución Penal, que establece el régimen de visitas privadas. Lo que entra en contradicción con los artículos 130 y 131, que no excluyen a las personas homosexuales, como tampoco lo hace la Carta magna de Paraguay, que no prohíbe las uniones de hecho entre personas del mismo sexo, garantizando la igualdad en cuestiones de dignidad y derechos.

En un entrevista radiofónica, la ministra de justicia argumentó estas contradicciones alegando que no hay discriminación: “si nosotros hiciéramos una regla para dentro de las penitenciarías donde se permitiera la unión conyugal entre personas del mismo sexo sí estamos discriminando porque entonces estamos haciendo una situación desigual a la que hoy está reconocida en la Constitución Nacional “. Bacigalupo habló de la humanización de las cárceles, explicando que para las visitas privadas se sigue una serie de requisitos, por lo que “no podemos permitir una promiscuidad”.

La ministra entró en otra contradicción al mencionar que en Paraguay se aplican las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos, conocido como las Reglas Mandela, en donde, en realidad, tampoco se prohíben las visitas íntimas de personas del mismo sexo, especificando que no debe haber “ningún tipo de discriminación y de conformidad a los requisitos establecidos para el efecto”.

Con tres mil firmas piden que lesbianas reciban visitas íntimas en la cárcel

La nota con las firmas no fueron recibidas por la ministra de Justicia, Carla Bacigalupo, demostrando así su falta de voluntad política para remover obstáculos discriminatorios, según manifestaron desde Aireana.

Este jueves, según relata un comunicado del grupo por los derechos de las lesbianas, Aireana, concurrieron al Ministerio de Justicia con una nota firmada por más de 3.000 personas solicitando revea su postura sobre su negativa a otorgar el derecho a las visitas íntimas a lesbianas privadas de su libertad. “La nota con las firmas no fue recibida por la Ministra de Justicia, demostrando así su falta de voluntad política para remover obstáculos discriminatorios”, señala el escrito. “La Ministra cuenta con toda una legislación a su favor para permitir a las lesbianas hacer uso de las visitas privadas, sin embargo no tiene la mínima voluntad política para dejar de discriminar”, prosigue.

“Aunque no se diga directamente, estamos seguras de que el problema para reconocer los derechos de las personas LGTBI a las visitas íntimas tiene un fuerte componente religioso, atendiendo a que en la mayoría de los centros penitenciarios existen pabellones enteros en poder de alguna Iglesia, por eso le recordamos a la Ministra de Justicia que el Paraguay es un Estado Laico y ella como autoridad debe desprenderse de sus prejuicios religiosos y dictaminar para toda la población, de lo contrario el puesto le queda grande”, afirman en un escrito.

Afirman que las lesbianas tienen ante el Estado todas las obligaciones legales de cualquier ciudadana y ciudadano, pero no todos los derechos, y esto debe cambiar.

“Ministra, con nuestros impuestos también se paga su sueldo, recuerde eso cuando cobre este mes, porque al Estado no le interesa nuestra orientación sexual al momento de buscar su manutención, sin embargo, se da el lujo de discriminarnos utilizando nuestros propios aportes”, concluyen.

Por su parte, Nathalia Cáceres, directora General de Gabinete del Ministerio de Justicia, negó en nombre de la ministra Carla Bacigalupo, la negativa a recibir dicha nota. La vocera aseguró que estas personas realizaron una manifestación frente a la sede de la institución pero en ningún momento pidieron conversar con Bacigalupo. Agregó además que “quisieron meter una nota luego de las 15:00”, cuando el sistema sólo permite que escritos de esta índole sean recibidas hasta antes de ese horario.

Sobre las visitas conyugales, hasta el momento, la versión oficial del Ministerio de Justicia ha sido la vigencia del artículo 53 de la ley 210/1970, que estipula que “el interno/a podrá comunicarse en forma periódica con allegados o amigos que inspiren confianza a las autoridades. Asimismo, podrá recibir visitas privadas del sexo opuesto“. Sin embargo, Aireana ha criticado esta versión, alegando que ya existe una nueva normativa, específicamente el Reglamento para el funcionamiento del beneficio de las visitas privadas en los establecimientos penitenciarios del país que está vigente desde el año 2012 y establece, en su primer artículo, que las visitas conyugales deben darse “sin ningún tipo de discriminación”. Aseguran que por la prelación de las leyes, esta última es la que debería aplicarse.

Fuente Agencias/ Aireana La Serafina

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