Andry Hernández. Foto: Instagram (@andryhernandez9) 

Andry Hernández emigró a Estados Unidos para escapar de la persecución antigay. Ahora está siendo torturado en una prisión salvadoreña.

El cruel presentador de Fox  Host Jesse Watters, dice estar harto de hablar de inmigrantes detenidos injustamente: “Es solo un barbero gay“. Afirmó que la tortura de inocentes sin el debido proceso no es gran cosa y que “no significa que deban detenerse” las deportaciones.

Por Daniel Villarreal, viernes 11 de abril de 2025 · Actualizado el 12 de abril de 2025

El informe de un exsargento de policía caído en desgracia resultó en la deportación por parte de agentes federales de un maquillador venezolano, solicitante de asilo y homosexual, a una prisión salvadoreña conocida por su práctica de tortura. El policía, convertido en contratista de prisiones, afirmó erróneamente que el barbero tenía tatuajes asociados con el Tren de Aragua, un grupo terrorista. Su abogado y el de Venezuela han declarado que no tiene ninguna conexión con el grupo.

El exsargento Charles Cross Jr. fue condenado por un delito menor en 2007 tras derribar a patadas la puerta de un apartamento que compartía con su novia y amenazar con suicidarse con su revólver reglamentario. Fue despedido de un departamento de policía de Milwaukee, Wisconsin, en 2012 tras estrellarse contra una casa en estado de ebriedad y también estaba siendo investigado por presuntamente reclamar falsamente horas extras. Apeló el despido, pero renunció durante la apelación. Posteriormente, su nombre fue añadido a la Lista Brady, una lista de agentes de policía considerados no creíbles por prestar testimonio legal en el condado de Milwaukee.

Cross tiene ahora 62 años y trabaja para CoreCivic, una empresa que gestiona centros de detención migratoria para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Formularios oficiales citados por USA Today lo mencionan como el investigador que identificó al maquillador gay Andry José Hernández como miembro del Tren de Aragua. Hernández había huido de su país natal para evitar la persecución por ser homosexual.

Cross afirmó que Hernández tenía tatuajes de coronas asociados con la pandilla. En un formulario con fecha del 10 de diciembre de 2024, que evaluaba la probabilidad de que perteneciera al Tren de Aragua, Cross le otorgó a Hernández una puntuación de “5” por presuntos tatuajes de pandillas. Ninguna de las demás categorías del formulario, incluyendo “información de inteligencia recibida de otras agencias” o “fotos de grupo” con otros pandilleros, se marcó en el formulario.

No está claro si los agentes federales evaluaron la denuncia de Cross, qué entrenamiento tenía para identificar pandilleros, ni si CoreCivic o el ICE utilizaron pruebas adicionales para respaldar su detención. La abogada de Hernández, Lindsay Toczylowski, ha afirmado que los tatuajes de su cliente demuestran su afición por el festival anual de los Reyes Magos en su ciudad natal, Capacho, Venezuela. Además, un boletín de 2023 de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) indicó que los tatuajes no son un indicador fiable de afiliación a una pandilla.

Sin embargo, un alto funcionario anónimo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró a la publicación mencionada: «Las evaluaciones de inteligencia del DHS van mucho más allá de los tatuajes de afiliación a pandillas y las redes sociales. Confiamos en nuestra inteligencia», pero añadió: «No vamos a compartir informes de inteligencia ni a socavar la seguridad nacional cada vez que un pandillero niegue serlo. Eso sería una locura».

Foto: Expediente judicial federal
Andry José Hernández Romero, de 31 años, había estado esperando en el Centro de Detención de Otay Mesa en San Diego a que se escuchara su solicitud de asilo.

Hernández se convirtió en uno de los 260 venezolanos acusados por la actual administración presidencial estadounidense de pertenecer al Tren de Aragua. Los 260 detenidos fueron enviados al Centro de Confinamiento por Terrorismo, una prisión superpoblada, sucia y plagada de enfermedades, conocida por torturar a sus reclusos y negarles acceso a atención médica y alimentación adecuadas, según Human Rights Watch.

El ministro del Interior de Venezuela ha declarado que ninguno de los deportados mencionados pertenece al Tren de Aragua. El ICE le ha comunicado a Toczylowski que no facilitará la comunicación con Hernández ni lo pondrá a disposición para futuros procedimientos judiciales, lo que le niega cualquier vía de recurso legal.

Estados Unidos ha designado a los 260 detenidos para su deportación masiva en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de 1798 utilizada para deportar a agentes hostiles extranjeros de Estados Unidos en tiempos de conflicto declarado sin audiencias judiciales. El Congreso es el único organismo gubernamental que puede declarar legalmente que Estados Unidos se encuentra en un conflicto activo, y aún no lo ha hecho en este caso.

Algunos de los hombres detenidos y deportados por Estados Unidos están siendo impugnados en tribunales federales por su expulsión y encarcelamiento.

“Se está enviando a personas a una prisión de tortura con base en estas determinaciones endebles e inexactas”, declaró Heidi Altman, vicepresidenta de políticas del Centro Nacional de Derecho de Inmigración. “Utilizar contratistas penitenciarios privados para tomar esas determinaciones es simplemente otro nivel de imprudencia”.

CoreCivic afirmó que todos sus empleados completan un riguroso proceso federal de verificación de antecedentes que depende de la aprobación del ICE. La empresa también indicó que el ICE toma todas las decisiones finales de deportación.

Fuente LGTBQNation

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Su abogada le dijo a Rachel Maddow que la administración Trump se niega a permitirle comparecer ante el tribunal.

Por Daniel Villarreal, lunes 24 de marzo de 2025

Se han revelado nuevos detalles sobre un solicitante de asilo venezolano homosexual que fue deportado recientemente a un centro de tortura en El Salvador por presuntamente tener tatuajes relacionados con un grupo terrorista. El hombre se encontraba entre los 260 venezolanos acusados por el gobierno presidencial de pertenecer al Tren de Aragua, un grupo terrorista, aunque el ministro del Interior de Venezuela ha afirmado que ninguno de los deportados pertenece al grupo.

“Estos no son tatuajes de alguien involucrado con pandillas“, declaró la abogada del hombre homosexual deportado, Lindsay Toczylowski, fundadora y presidenta del Immigrant Defenders Law Center, en una entrevista reciente con la presentadora lesbiana de MSNBC, Rachel Maddow. “Son tatuajes normales que verías en cualquier cafetería de Estados Unidos o Venezuela“.

Toczylowski le dijo a Maddow que el hombre deportado es un joven maquillador profesional que llegó a Estados Unidos en busca de protección contra la persecución anti-gay en su país de origen.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) confirmó a Toczylowski que el hombre formaba parte del numeroso grupo deportado recientemente a El Salvador. El juez a cargo de su caso preguntó a los abogados de ICE cómo fue deportado sin una orden oficial de expulsión emitida por el gobierno federal. El abogado de ICE respondió: “No lo sé“. ICE le ha comunicado a Toczylowski que no facilitarán la comunicación con su cliente ni lo pondrán a disposición para futuros procedimientos judiciales, lo que le niega cualquier vía de recurso legal.

“Estamos buscando todas las vías posibles porque la vida de nuestro cliente está en riesgo, nos preocupa su seguridad y el hecho de que haya sido sacado a la fuerza de Estados Unidos sin el debido proceso es algo que realmente nos conmueve“, declaró Toczylowski a Maddow.

Trump deporta migrantes ilegalmente sin el debido proceso.

El presidente revocó recientemente el estatus legal de 530,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos a quienes el expresidente Joe Biden les concedió asilo en Estados Unidos bajo un programa para ayudarlos a huir de países en guerra o con inestabilidad política, informó The Guardian.

Es probable que estas personas sean objeto de deportación masiva bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de 1798 utilizada para deportar a agentes hostiles extranjeros de Estados Unidos en tiempos de conflicto declarado sin audiencias judiciales. El Congreso es el único organismo gubernamental que puede declarar legalmente que Estados Unidos se encuentra en un conflicto activo, y aún no lo ha hecho en este caso. Por lo tanto, la revocación de su asilo ya ha sido impugnada en tribunales federales.

La impugnación legal de las deportaciones de Trump está a cargo del juez de distrito estadounidense James Boasberg, quien declaró que, a pesar de ser inmigrantes indocumentados, las personas deportadas aún tienen derecho a audiencias individuales para determinar si pueden ser deportadas bajo la Ley. Boasberg ha afirmado que el presidente negó a los deportados las audiencias judiciales exigidas por la Constitución antes de deportarlos a un centro de detención conocido por torturar a sus detenidos. El presidente ha desafiado repetidamente las órdenes del juez de explicar el razonamiento detrás de las deportaciones.

La conclusión de Boasberg se deriva directamente de la 14.ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que dice: «Ningún Estado negará a ninguna persona dentro de su jurisdicción la igual protección de las leyes». La enmienda se aplica a todas las personas, no solo a los ciudadanos estadounidenses documentados. Algunos republicanos han argumentado que la enmienda no debería aplicarse a personas acusadas de terrorismo.

El gobierno actual violó la orden de Boasberg de desviar cualquier vuelo que transportara deportados a El Salvador. Boasberg ha dado a la administración hasta mañana para explicar su razonamiento, después de que los abogados de la administración se negaran repetidamente a hacerlo durante las últimas dos semanas. Hasta entonces, la administración afirma que puede seguir deportando personas sin audiencias judiciales, tal como lo permite la ley antes mencionada.

El hombre gay probablemente fue enviado a un centro de tortura “sucio y plagado de enfermedades“.

En un ensayo para la revista Time, el fotoperiodista Philip Holsinger afirmó que, al bajar del avión de deportación, los venezolanos transportados se enfrentaron a “un mar de soldados y policías, un ejército entero reunido para detenerlos”.

Veintidós autobuses llevaron a los deportados al Centro de Confinamiento por Terrorismo, una prisión superpoblada, “sucia y plagada de enfermedades”, conocida por torturar a sus reclusos y negarles el acceso a atención médica y alimentación adecuadas, según Human Rights Watch. La prisión niega a los reclusos cualquier contacto con familiares o abogados, solo permite que algunos reclusos salgan de sus celdas durante 30 minutos al día y mantiene a algunos detenidos en completa oscuridad en régimen de aislamiento.

Holsinger escribió que, mientras los hombres deportados eran obligados a entrar en la prisión, “Un joven sollozó cuando un guardia lo empujó al suelo. Dijo: ‘No soy pandillero. Soy gay. Soy barbero’”.

“Encadenados por los tobillos y las muñecas, tropezaron y cayeron, y algunos guardias cayeron al suelo con ellos. Con cada caída venía una patada, una bofetada, un empujón”, añadió el periodista. “[Los guardias] se abalanzaron sobre los hombres con afeitadoras eléctricas, despojándolos de sus cabellos a toda prisa. El hombre que decía ser barbero empezó a gemir, juntando las manos en señal de oración mientras se le caía el pelo. Le abofetearon. El hombre preguntó por su madre, luego hundió la cara entre las manos encadenadas y lloró mientras lo abofeteaban de nuevo”.

Luego, desnudaron a los hombres, tirando su ropa y el cabello recién afeitado a la misma bolsa de basura. Luego los arrojaron a celdas frías, 80 hombres en una sola celda “con tablones de acero como literas, sin colchonetas, sin sábanas, sin almohadas”.

Fuente LGBTQNation

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Las medidas anti-migratorias y anti-LGBTI anunciadas por Donald Trump ya empezaron a aplicarse. Conversamos activistas LGBTI migrantes para conocer su situación y el panorama venidero.

Fuente Agencia Presentes
21 de enero de 2025
Geo GonzálezMilena Pafundi
Edición: Ana Fornaro

Este 20 de enero Donald Trump tomó posesión de la presidencia de Estados Unidos por segunda ocasión. Desde  su elección, anunció los efectos de su política migratoria: “llevar a cabo la deportación más grande de la historia”. Dijo que bloqueará medidas solicitud al derecho al asilo como el programa CPB-one y llevará más tropas a la frontera con México.

Trump llega a la presidencia con la Cámara de Representantes y el Senado a su favor con la mayoría de curules del Partido Republicano. Además de una mayoría conservadora en la Corte Suprema. Es el primer presidente de la historia de Estados Unidos sentenciado por al menos 34 delitos graves por soborno, aunque sin pena de cárcel o multa.

Durante la campaña y en el acto de ayer Trump mantuvo una narrativa racista, xenófoba, anti LGBTI+, antimigrante y militarista.

Conversamos con Raúl Caporal, director de Casa Frida, un albergue para personas en movilidad humana con sede en Tapachula, Monterrey y Ciudad de México; y con Blanca Castro, defensora de derechos humanos de Honduras.

11,2 millones de personas en riesgo

A minutos de su gestión como presidente, periodistas y medios informaron que la aplicación CPB-One dejó de funcionar y las citas de solicitud de asilo que personas migrantes tenían programadas fueron canceladas. Además, Trump firmó una orden ejecutiva que declara el estado de emergencia en la frontera con México.

En una entrevista con Carmen Aristegui, Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch en las Américas, declaró que las medidas de Trump en asuntos migratorios ponen en vulnerabilidad a 11.2 millones de personas migrantes en situación irregular, de los cuales el 66% son de México y Centroamérica.

Desde Presentes nos contactamos con mujeres trans migrantes en Nueva York y Los Ángeles.

“Tenemos mucho miedo, en las calles vemos camionetas de migración y estamos todas asustadas. Ya he sido discriminada y ahora con esto que dice Trump de que solo hay dos géneros, tengo miedo de que ahora la gente tenga más confianza de decirme más cosas en la cara por ser trans, trabajadora sexual y ser migrante”, cuenta una mujer trans salvadoreña que hizo su transición en la ruta migratoria. En México le negaron su derecho al asilo y llegó hace dos años a Nueva York. Frente al panorama actual ahora piensa si migrar o no a España. Por seguridad esta mujer pidió el anonimato.

Raúl Caporal de Casa Frida y Blanca Castro de Honduras coinciden en que en las últimas semanas las personas LGBT+ migrantes y refugiadas ven su sueño frustrado. Esto ha hecho que muchas de ellas tomen rutas migratorias irregulares en donde enfrentan riesgos y vulneración a sus derechos humanos. Corren riesgo de tráfico ilegal, violencia física y sexual por parte de grupos del crimen organizado, fuerzas de seguridad y autoridades migratorias.

“Lo que vimos en las últimas semanas a medida que se acerca la toma de protesta de Trump es que hay una aceleración en los tiempos y con ello tomar rutas irregulares de migración que conlleva más peligros y violaciones a derechos humanos. Están muy vinculado grupos del crimen organizado y hoy es uno de los mayores problemas por los riesgos. Es un panorama donde hay mucha desesperanza y ansiedad por llegar a Estados Unidos”, comenta Caporal.

“En Honduras tenemos una bomba de tiempo”

En Honduras la población LGBT+ se encuentra en indefensión de sus derechos humanos. Desde que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del caso «Vicky Hernández y otras vs. Honduras» fue emitida, el Estado hondureño tiene la obligación de garantizar el reconocimiento a la identidad de género y otras medidas de protección para las poblaciones LGBT+, sin embargo, no se han implementado.

Blanca Castro, defensora de derechos humanos, cuenta que “se mencionó a la población LGTB en un discurso de toma de posesión (de la actual presidenta Xiomara Castro). Pero desde entonces no ha habido políticas, ni derechos y las recomendaciones de la sentencia de Vicky Hernández han sido manejadas al antojo. No ha habido un beneficio real, tangible o visible para la población, entonces nos quedamos prácticamente agarrados de la cooperación internacional”.

La ayuda internacional de Estados Unidos bajo la gestión de Trump también puede verse vulnerada. A partir del Proyecto 2025, un plan de gobierno de ultraderecha que ha adoptado Trump, se busca limitar el apoyo internacional desde la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y otras medidas que impacten directamente en los derechos humanos y protección de poblaciones vulneradas.

Una de estas medidas de protección para personas migrantes fue suspendida la semana pasada para Honduras, El Salvador, Nicaragua, Nepal y Sudán. Se trata del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), un programa que el gobierno de Estados Unidos brinda a personas de ciertas nacionalidades que, por diversos motivos de emergencia no pueden volver a su país, por lo que les ofrece estadía temporal y permisos de trabajo, además de garantizarles la suspensión de una posible deportación. El Proyecto 2025 llama a eliminar el TPS y cualquier otra forma de protección a la población migrante.

“Lo del TPS nos cayó como balde de agua fría porque hay muchas personas tanto de la población LGTB como personas que no son parte de la población que dependen de este estatus. Si a eso le agregas un asunto interno en el país de altos niveles de discriminación y violencia contra grupos vulnerables y protegidos, y poca actuación de la justicia, sin acceso al derecho laboral, entonces estamos en una bomba de tiempo que pone a nuestras poblaciones LGBT migrantes y no migrantes en una total situación de riesgo e indefensión”, explica Blanca Castro.

En su primer día como presidente, Trump firmó una órden ejecutiva que suspende temporalmente todos los programas de Estados Unidos para la asistencia extranjera por 90 días y serán revisados para determinar si se alinean con su visión política. 

“Frente a este panorama lo que creo que nos va a fortalecer es la resiliencia, la cooperación entre colectivos y las redes que hemos tejido. Las personas LGBT+ han tenido un escudo de resiliencia impresionante, no importa la situación ni la adversidad, nosotros creamos las oportunidades y esta vez no va a ser distinto, lo hemos hecho siempre. Hay aliados y hay historias de las cuales podemos aprender”, agrega Blanca.

“Fortalecer el trabajo de años y mejorar las alianzas”

Casa Frida comenzó a trabajar como albergue para personas migrantes LGBT+ en 2020 y hoy cuenta con dos sedes más en Monterrey (al norte de México) y en la capital del país.

Casa Frida es la única organización mexicana que trabaja con una perspectiva de integración local para personas migrantes LGBT que solicitan refugio por razones humanitarias y personas migrantes en desplazamiento que buscan iniciar un proceso de asilo en Estados Unidos. También acompañan a personas LGBTI+ mexicanas en situación de desplazamiento interno forzado.

Su director, Raúl Caporal dice en entrevista que más que prepararse ante una nueva administración de Trump, su visión es “fortalecer lo que ya sabemos hacer”.

“En el contexto actual preocupaciones hay muchas pero lo que nos queda es fortalecer nuestro trabajo y mejorar las alianzas con otros espacios y albergues, tanto para personas LGBTI como para la población general tanto en México como en Centroamérica. Necesitamos trabajar coordinadamente en nuevas estrategias para fortalecer los mecanismos de integración local y protección internacional con la única autoridad facultada en México, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), pero lo cierto es que hoy no hay titular y con el paso del tiempo ha habido un debilitamiento ante la mirada de la política migratoria en Estados Unidos”, explica Caporal.

El rol de México

Los desafíos que Raúl observa para las poblaciones LGBT+ migrantes es sobre todo en cómo “orientar, integrar y proteger” a las personas que van a ser deportadas y que al mismo tiempo no pueden volver a sus países de origen dado que su integridad está en peligro por razones de su orientación sexual, identidad y expresión de género y contextos de violencia y falta de empleo.

En ese sentido, Raúl cree que México “podría convertirse en ese país seguro con opciones para la población LGBT+ migrante y refugiada. Al menos en la Ciudad de México por sus avances legislativos y política pública las personas migrantes podrían tener una alternativa”. 

“De hecho este es un deseo de quienes acompañamos, un 70% de nuestra población solicitante de refugio inicia su proceso en México con intención de quedarse. Con el cierre de fronteras el restante 30% que sigue la ruta hasta llegar a Estados Unidos o que pueda ser deportada tendremos entonces que prepararnos para recibirles con la capacidad que tenemos instalada. Pero no es algo nuevo que vayamos a empezar de cero”.

En diciembre la autoridad federal mexicana mencionó la apertura de 25 albergues más en puntos fronterizos con Estados Unidos. De acuerdo a una nota de la periodista Almudena Barragán de El País, a una semana de la toma de protesta de Trump, los gobiernos estatales y municipales al norte del país “trabajan a marchas forzadas desde hace semanas (…) y advierten de los obstáculos económicos y de infraestructura que enfrentan y han hecho un llamado al Gobierno de Claudia Sheinbaum para trabajar de manera conjunta”.

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• Reclaman que las administraciones actúen con urgencia para permitir a las personas trans migrantes acceder a documentos que reflejen su identidad de género.
• La Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans aún no ha sido implementada de manera efectiva para las personas trans migrantes, quienes siguen enfrentando barreras burocráticas.
• La situación de vulnerabilidad de las personas trans migrantes requiere una acción inmediata para garantizar su derecho a la identidad y evitar su invisibilidad.

Madrid, 18/12/2024. – En el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes (18 de diciembre), la Federación Estatal LGTBI+ reafirma su compromiso con los derechos humanos de todas las personas migrantes, con especial énfasis en la situación de gran vulnerabilidad de las personas trans migrantes. En este sentido, la Federación insta a que se garantice el derecho al cambio registral del género para las personas trans migrantes, sin importar su situación administrativa, tal como establece la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI+.

La ley contempla la adecuación de los documentos expedidos a personas extranjeras, pero a pesar de su aprobación, muchas personas trans migrantes siguen enfrentando enormes barreras burocráticas y ausencia de procedimientos claros para hacer efectivo este derecho. La Federación exige a las autoridades que implementen de manera urgente los procedimientos administrativos necesarios para que las personas trans migrantes puedan ver reflejada su identidad de género en los documentos oficiales, sin obstáculos adicionales derivados de su situación migratoria.

“No podemos permitir que las personas trans sean invisibilizadas por un sistema que niega su identidad, especialmente cuando la ley ya reconoce su derecho a la adecuación de sus documentos. Es fundamental que las administraciones actúen con urgencia para hacer cumplir esta legislación”, asegura Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+.

Óscar Rodríguez, vocal de Relaciones Exteriores de la Federación, insiste en que “las personas trans migrantes están viviendo una situación de extrema vulnerabilidad, donde sus derechos fundamentales, como el derecho al reconocimiento de su identidad, se ven sistemáticamente vulnerados. Desde la Federación, exigimos que se agilicen los trámites y se implementen los procedimientos necesarios para garantizar que todas las personas trans puedan acceder a la modificación de su documento de identidad, independientemente de su estatus migratorio. Este es un problema estructural que afecta a miles de personas y que debe ser abordado de inmediato”.

Necesidad de acción inmediata

La Federación Estatal LGTBI+ respalda el testimonio de Thrixia, mujer trans migrante, quien ha enfrentado una serie de obstáculos burocráticos que la han dejado en una situación de vulnerabilidad. “Llegué a España después de un viaje de miles de kilómetros y, aunque logré sentirme segura por primera vez en años, pronto me encontré con nuevas barreras. La ley dice que tengo derecho a cambiar mis documentos, pero cuando intenté iniciar el proceso, las administraciones no supieron ni a quién debía dirigirme. No hay protocolos claros y cada oficina me daba una respuesta diferente”, relata Thrixia. Además, denuncia el impacto de esta situación en su vida diaria: “es muy duro buscar trabajo o ir al médico con documentos que no reflejan quién soy realmente. Me ven como mujer, pero mis papeles dicen lo contrario, y eso abre puertas al rechazo y la discriminación”.

La experiencia de Thrixia no es un caso aislado, sino el reflejo de una realidad que afecta a miles de personas. Por ello, desde la Federación hacen un llamamiento a todas las instituciones y organismos para que implementen de manera efectiva las medidas legales que protejan a las personas trans migrantes, y para que se facilite su acceso a la documentación que refleje su identidad de género. “Continuaremos trabajando para visibilizar y defender los derechos de las personas trans migrantes, exigiendo la puesta en marcha de políticas efectivas que garanticen la plena igualdad para todas las personas, sin distinción a causa de su origen o situación administrativa”, concluye Iglesias.

Fuente FELGTBI+

General, Homofobia/ Transfobia. Cambio registral de Género, Derechos LGTBIQ+, Día Internacional de las Personas Migrantes, FELGTBI+, Género, Ley 4/2023, Óscar Rodríguez, Paula Iglesias, Personas LGTBIQ, Personas Migrantes, Personas Migrantes LGTBIQ+, Personas trans