El Tribunal Superior de Namibia dictará sentencia en mayo en un caso que podría suponer la despenalización del sexo gay en el país del sur de África.

Por Lisa Ossenbrink.

El defensor LGBTQIA+ Friedel Dausab presentó el caso contra el gobierno, argumentando que la penalización de la sodomía y delitos relacionados era inconstitucional. Los argumentos fueron escuchados por el tribunal en octubre.

Aquí está lo que necesitas saber.

¿Cuál es la ley de Namibia sobre relaciones entre personas del mismo sexo?

Las leyes que se están deliberando son delitos de derecho consuetudinario, heredados del período en que Namibia era una colonia sudafricana desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1990.

Los agentes de policía pueden arrestar a personas sospechosas de haber cometido el delito de sodomía en virtud de la Ley de Procedimiento Penal 51 de 1977. Dasuab argumentó que penalizar la sodomía y los “delitos sexuales antinaturales” contraviene sus derechos constitucionales a la igualdad, la dignidad y la libertad de asociación.

Un informe del Ministerio de Justicia de 2021 recomendó la derogación de las leyes. El informe concluyó que la ley interfirió con el derecho constitucional a la dignidad y que “la criminalización de la ley de sodomía inevitablemente hace que algunos crean erróneamente que la homosexualidad en sí es ilegal en Namibia”.

Si bien la legislación rara vez se ha aplicado, Daniel Digashu, un defensor LGBTQIA+ con base en la ciudad de Otjiwarongo, en el centro norte de Namibia y ex litigante en un caso separado contra el gobierno, dijo que la ley promueve “la exclusión, la discriminación y el odio de toda la comunidad LGBTQI+. comunidad.”

“Las leyes de sodomía violan múltiples derechos constitucionales, incluidos los derechos a la privacidad y la dignidad, y los derechos a la libertad de expresión y asociación”, dijo a Openly Digashu, consultor del Centro de Litigios de África Meridional en Johannesburgo.

¿Ha logrado Namibia avances en otros derechos LGBTQIA+?

Namibia ha tenido un historial mixto en cuanto al reconocimiento legal de los derechos LGBTQIA+ este año. La Corte Suprema afirmó los derechos de residencia de las parejas del mismo sexo casadas fuera del país, pero también anuló una decisión que otorgaba el derecho a la ciudadanía a los niños nacidos mediante subrogación de padres del mismo sexo.

Digashu fue litigante en un caso que llevó a que la Corte Suprema dictaminara en mayo que los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados fuera del país debían ser reconocidos por el gobierno. El fallo provocó una reacción violenta de ONG, políticos e iglesias conservadores, seguida de protestas en todo el país.

En un intento por eludir la decisión judicial de reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados fuera del país, el parlamento, encabezado por el miembro del partido gobernante SWAPO, Jerry Ekandjo, aprobó en julio un proyecto de ley que prohibía las uniones.

El proyecto de ley está ahora en manos del presidente Hage Geingob, quien ha solicitado una opinión del fiscal general antes de tomar una decisión sobre si lo convierte en ley.

En 2021, una pareja del mismo sexo obtuvo el derecho de que su hijo, nacido mediante gestación subrogada en Sudáfrica, obtuviera la ciudadanía namibia.

En un caso de prueba, el Tribunal Superior de Namibia dictaminó que no era necesaria una prueba de paternidad para demostrar que Yona Luhl-Delgado es hijo del namibio Phillip Luhl y su esposo mexicano, Guillermo Delgado.

Pero la decisión fue anulada por el Tribunal Supremo en marzo de este año, tras una apelación del Ministerio del Interior e Inmigración.

¿Qué impacto podría tener la despenalización?

Hildegard Titus, activista LGBTQ+ de Namibia Pride, con sede en la capital Windhoek, dijo que la despenalización podría “generar más aceptación y tolerancia para la comunidad queer en Namibia”.

“Las personas queer podrían tener marcos legales y seguridades legales, como todos los demás”, dijo.

La despenalización podría allanar el camino para que los namibios LGBTQIA+ estén cubiertos por leyes contra la discriminación y tengan matrimonio igualitario e igualdad de derechos según la ley de familia, dijo Hildegard.

Varias organizaciones de la sociedad civil como Equal Namibia han estado luchando para que se derogue la ley de sodomía, con el objetivo de lograr un mayor acceso a la atención médica y una reducción del estigma y la violencia que experimenta la comunidad LGBTQ+.

Si el sexo gay y los delitos relacionados se despenalizan en Namibia, se uniría a varios países del sur de África que han derogado estas leyes en la última década, incluidos Angola, Botswana, Seychelles, Mozambique y Lesotho.

Esta historia es parte de una serie apoyada por el programa de VIHOS, Free To Be Me (Libre para ser yo).

Reporte de Lisa Ossenbrink; Editado por Sadiya Ansari y Jon Hemming. La Fundación Thomson Reuters es el brazo caritativo de Thomson Reuters. Visite https://www.openlynews.com)

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Un juez de Namibia ha dictaminado que la discriminación por razón de orientación sexual es contraria a la Constitución de ese país. Se trataría del primer caso en que un fallo judicial declara la inconstitucionalidad de la discriminación contra las personas LGTBI. La sentencia es especialmente relevante porque puede servir de precedente para otros casos que deben deliberarse en los próximos meses, como algunos relacionados con el matrimonio igualitario.

El caso afectaba a Philip Lühl y Guillermo Delgado, una pareja que había contraído matrimonio en Sudáfrica y posteriormente habían tenido un hijo en ese mismo país. A pesar de que Lülh es namibio, la administración —que tampoco reconoce su matrimonio— rehusó conceder la nacionalidad al hijo de ambos, algo que hubiera sido automático de tratarse de una pareja de distinto sexo. Ante esta negativa, la pareja decidió interponer la correspondiente demanda.

Tras el juicio, el juez Thomas Masuku consideró que se había violado el artículo 10 de la Constitución de Namibia —que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos— al no reconocer automáticamente la ciudadanía namibia del niño por el mero hecho de que sus padres formen una pareja del mismo sexo.

En la sentencia, el juez Masuku expresaba su opinión con gran contundencia: «No puedo dejar de observar que la insidiosa actitud discriminadora parece asomar su fea cabeza en este asunto. Hay que cortarla, incluso de forma despiadada, porque no concuerda con la visión de las madres y padres fundadores de esta nación, que concibieron Namibia, entre otras cosas, como un Estado laico, basado en el imperio de la ley y en la justicia para todos. Puedo añadir que el ‘para todos’ se aplica a todos los habitantes de Namibia, independientemente del color, el género, la orientación sexual, etc.».

El juez también estimó que no otorgar la nacionalidad al niño violaba a su vez la Carta Africana de los Derechos y el Bienestar del Niño, que prohíbe la discriminación basada en la condición de los padres.

Al fallar a favor de los demandantes, el juez Masuku emitía la que se cree que es la primera sentencia que establece que la discriminación por razón de orientación sexual es contraria a la Constitución de Namibia. Un precedente valioso, dado que el sistema judicial namibio, heredero de la era colonial británica, se basa fundamentalmente en la jurisprudencia.

Valioso en especial para Philip Lühl y Guillermo Delgado, que tienen pendientes los fallos a otras dos demandas. En una, solicitan que se reconozca el derecho de Delgado, de nacionalidad mexicana, a residir en Namibia por ser cónyuge de un ciudadano namibio. En la otra, denuncian la negativa de la administración a conceder automáticamente la nacionalidad a las dos hijas que han tenido a principios de este año.

La Corte Suprema de Namibia tendrá que decidir previsiblemente el próximo año sobre el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en otros países donde son legales. También se espera que fructifique la intención de derogar las normas «obsoletas y discriminatorias» que penalizan en Namibia las relaciones sexuales o muestras de afecto entre varones, que fue anunciada por la ministra de Justicia a mediados de este año.

Fuente Dosmanzanas

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