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Absolvieron al juez que agravó una condena de una mujer trans por ser migrante

Jueves, 30 de junio de 2022
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juez-ruizAbsolvieron al juez que en 2019 había sido denunciado y suspendido por agravar la condena de una mujer trans por ser extranjera.

Un jurado absolvió a Juan José Ruiz de La Plata, el juez denunciado por agravar la condena de una mujer trans por ser extranjera, en un acto que organizaciones sociales y de la diversidad sexual consideraron discriminatorio. En el fallo, además, el magistrado había nombrado a la mujer, Claudia Córdova Guerra, en masculino. También a las testigas que dieron testimonio.

Presidido por la titular de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan, el jurado de enjuiciamiento absolvió a Ruiz de La Plata por “mayoría”. Así, el juez vuelve a entrar en funciones. Lo habían suspendido en el cargo que ocupaba en el Tribunal Oral Criminal 1 de La Plata por las denuncias que presentaron distintas organizaciones por su condena “discriminatoria”.

“La absolución nos sorprendió”, expresó a Presentes María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires e integrante de la comisión directiva de la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT).

Rachid había realizado una denuncia personal ante el juez. También la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Federación Argentina de Lesbianas Gays y Trans y travestis (FALGBT), la Asociación de Travestis Trans y Transgénero de la Argentina (ATTTA) y la Comisión provincial de la Memoria.

La condena discriminatoria

En abril de 2014, Claudia Córdova Guerra, una mujer trans de nacionalidad peruana, fue detenida por el delito de “tenencia de estupefacientes para su comercialización” en La Plata. Ruiz, que en ese entonces era juez del Tribunal en lo Criminal 1, condenó a la mujer a 5 años y 3 meses de prisión, y consideró como agravante que era extranjera.

El Estado puede y debe aplicar sanciones como pena accesoria a la de la prisión y agravar las penas a los extranjeros que cometan delitos comunes en el país, sin que ello importe violación a los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación entre otros, siendo que estamos en presencia de una medida excepcional avalada por nuestra Constitución y Tratados internacionales que la integran. Lo único inconstitucional sería no hacerlo”. Así lo explicó en la sentencia.

Además, el fallo del juez trataba a Claudia en masculino y por su nombre anterior, solo utilizando el autopercibido como un “alias”. Y hacía menciones a persona travestida”, en lugar de mujer trans. También trataba en masculino a las testigas que acompañaron a la acusada, las cuales se identificaban como feminidades.

Ser migrante y trans

Para María Rachid, la calidad de migrante de la persona denunciada lejos de agravar su situación, la protege por estar como migrante dentro de lo que llamamos en la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional una ‘categoría sospechosa’ de ser víctima de discriminación”. Y explicó “Toda distinción por este motivo (su calidad de migrante) debe probarse -con escrutinio estricto- como no discriminatoria”. Y alertó: “Hay un procedimiento para esto con gran consenso en el campo del derecho al que no se han ajustado en este proceso”

“El mismo juez que tiene que velar por el cumplimiento de la ley. En ningún momento respetó la Ley de Identidad de Género. Esto solo -probado a través de su sentencia y el testimonio de la persona imputada- debería ser suficiente para destituir a este juez”, aseguró Rachid.

En noviembre de 2016 la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, ante la apelación, la modificó. Ordenó caratular el expediente incluyendo también la identidad de género de Claudia. Pero además cambió la calificación a “tenencia simple de estupefacientes” (eliminando la “comercialización”), y objetó el agravante de “extranjera” esgrimido por Ruiz.

Absuelto por la impunidad del Poder Judicial

Con las denuncias de las organizaciones sociales y de la diversidad sexual, Ruiz fue suspendido por el Jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia, presidido por Eduardo de Lázzari. Sin embargo, el juez luego afrontó un jury -que podía valerle la destitución-, y en él fue recientemente absuelto.

Para la doctora de Comunicación Social y militante travesti trans, Claudia Vásquez Haro, “es lamentable que estos jueces tomen decisiones basadas en su mirada del mundo, tan reduccionista y sobre todo discriminatoria”. “Sabemos muy bien que el fallo tiene un componente profundamente xenófobo, racista. Esta es una cuestión que tiene que ver con la ideología a la hora de dictar sus sentencias”, afirmó, en diálogo con Presentes.

Frente a la absolución, la también presidenta de OTRANS Argentina, señaló que “esto habla una vez más del grado de impunidad que existe en el poder judicial. También “de una falta de perspectiva transfeminista, interseccional y de Derechos Humanos”. “Pone una vez más a la luz que es necesario una reforma judicial para transformar este tipo de prácticas. Lesionan la vida no solamente de una persona sino, en este caso, de un colectivo, que es el más excluido de esta sociedad civil”, concluyó.

Fuente Agencia Presentes

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Perú: El ambientalista Daniel Cáceres sufrió homofobia en un bus: intervino el Estado

Martes, 17 de septiembre de 2019
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6mqTlmGk_400x400Por Vero Ferrari 

El activista ambiental y biólogo marino Daniel Cáceres (24 años) y su pareja vivieron una de las experiencias más atemorizantes de sus vidas en un bus de la empresa de transporte interprovincial Tepsa de Perú. Fue el 13 de agosto en un viaje desde Lima hacia Máncora, una zona de playas al norte del Perú. El viaje en carretera dura aproximadamente 16 horas y durante la noche se disponían a dormir. Pero cuando se dieron un beso, la homofobia se hizo presente. Un pasajero se quejó de ellos con el tripulante de cabina (terramozo) Jorge Jiménez, y éste amenazó a los jóvenes con bajarlos del bus a medio camino de su destino y en plena noche. Cuando Daniel intentó conversar con el chofer para señalarle lo que su tripulante estaba haciendo, éste le dio un empujón.

Mientras discutían, pudieron grabar un video donde quedan evidenciadas las posturas homófobas de varios pasajeros.

“Caballero, escúcheme, le voy a decir algo legal, mire, a usted le corresponde en la primera estación que pare, usted llame a dos testigos, dos, los denuncia por, yo le voy a decir por… entonces usted para allá nomás y llama a dos testigos, y los dos testigos ya sabemos qué hacer, porque esto no es un parque, aquí van niños, personas mayores que merecemos un poco de respeto y consideración”– dice en un momento un pasajero.

Activismo en red

Frente a esta situación, la pareja decidió recurrir a sus redes de contactos activistas. El caso salió publicado en las redes sociales de la web Mano Alzada y se comunicaron con la congresista Marisa Glave (Nuevo Perú, partido de izquierda en el que milita también Cáceres), quien dio aviso a la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).

Presentes se comunicó con Daniel, quien señaló que presentará la denuncia formal ante Indecopi contra Tepsa esta semana con la representación legal de la organización Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer). Busca que la empresa sea sancionada con una multa para que situaciones como las que vivió no vuelvan a repetirse nunca más.

“Nadie debe viajar con miedo ni vivir con miedo en ninguna circunstancia, lo que hizo la empresa al responderme de esa manera es institucionalizar la homofobia de la que he sido víctima al no reconocer que lo que hicieron fue terriblemente discriminatorio, y la discriminación en el Perú, quiéranlo o no, está penada, y tenemos el derecho a usar las herramientas legales a nuestra disposición para frenar este tipo de actos”, dijo a Presentes.

La respuesta del Estado

Apenas fueron avisados, Sutran empezó a monitorear el bus en donde viajaban los jóvenes para darles alcance con una patrulla de policía. También se comunicaban con los representantes de la empresa, quienes ofrecieron remediar el impase y dar facilidades a los jóvenes retirando a su tripulante del bus, mientras un asesor del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) llamaba a la pareja. La Defensoría del Pueblo también activó sus alertas para ofrecer orientación legal y acompañamiento a los jóvenes.

Al llegar la policía, se detuvo al bus en el distrito de Chala para que se hiciera la denuncia respectiva. Ahí, sostiene Daniel en un pronunciamiento público emitido el 22 de agosto, luego de recibir la respuesta de Tepsa por correo sobre su queja en el Libro de Reclamaciones.

El pronunciamiento público posterior de Daniel sale por la respuesta que tuvo la empresa Tepsa sobre su queja, en donde señalan que no consideran el trato del tripulante de cabina como homofóbico, que fue por pedido de otros pasajeros que se le solicitó a la pareja mantener el orden “debido a que manifestaciones de esa índole puede generar incomodidad bien sea la pareja heterosexual u homosexual”. Asimismo, la empresa agradece que haya habido una “conciliación” entre los homofóbicos y la pareja, cuando esto nunca sucedió, como se puede ver en el video que lograron grabar.

Antecedentes de multas por discriminación  

Indecopi ya ha multado a otras empresas por actos de discriminación contra personas LGTBI. El 8 de mayo del 2014 se impuso una sanción de 50 unidades impositivas tributarias (S/185,000) a la discoteca Gótica por impedir la entrada a la joven trans Godfrey Arbulú. Así también, el 11 de noviembre de 2015 Indecopi sancionó al mall Plaza San Miguel con una multa de S/30,800 por la actitud de un guardia de seguridad que discriminó a la pareja de jóvenes Julio Lavalle y Joustin Rodríguez, al intentar retirarlos del recinto por darse muestras de afecto.

Fuente Agencia Presentes

Foto Twitter

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Organizan en Perú Encuentro Multipartidario sobre DDHH de la diversidad sexual y de género

Miércoles, 14 de septiembre de 2016
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peru-1024x576La iniciativa convocada por Idea Internacional convocó a jóvenes de los 7 partidos con presencia parlamentaria. El Movilh fue una de las organizaciones que expuso sobe sus experiencias

Un exitoso e interesante encuentro para sensibilizar y promover los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) organizó en el Ministerio de la Cultura del Perú la organización Idea Internacional.

La iniciativa, inaugurada por el jefe de Idea Internacional, Percy Medina, la embajadora de Canadá, Gwyneth Kutz, y representantes de la diplomacia estadounidense, contó con la participación de unos 120 jóvenes de todos los partidos con representación parlamentaria: APRA, PPK , Fuerza Popular, Frente Amplio, Acción Popular, Alianza para el Progreso y el Partido Popular Cristiano.

El cónclave, denominado “Encuentro multipartidario de derechos humanos y políticas públicas Lgbt”, destacó por ser el primero de su tipo en reunir jóvenes de esos partidos políticos, con posiciones distintas en el tema, y a funcionarios públicos.

logo_400x400Entre otros, expusieron la asesora en Derechos Humanos de Naciones Unidas, Lizbeth Velez; el investigador Orlando Sosa; el director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP, Carlos Alza; el adjunto para los derechos humanos y personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo, César Cárdenas y la representante de la Unidad Integral del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Patricia Garrido.

También fueron panelistas los congresistas Alberto de Belaunde, Indira Huilca, y Edmundo del Aguila, siendo la actividad cerrada por la viceministra de derechos humanos del Ministerio de Justicia y DDHH, Gisella Vignolo.

De Chile, expusieron el presidente de Iguales, Luis Larraín, y el director del Área de DDHH del Movilh, Rolando Jiménez, quien se refirió a las estrategias y principios del movimiento LGBTI , así como a los resultados obtenidos desde 1991 a la fecha en los campos sociales, legislativos y de las políticas públicas.

Los activistas se reunieron además con el embajador de Chile en Perú, Roberto Ibarra, quien ha mostrado especial sensibilidad con las temáticas LGBTI.

Jiménez valoró el encuentro “porque sensibiliza a la juventud y en los partidos en torno a temáticas que suelen ser desplazadas. Se trata de un cónclave que sin duda debiese replicarse. Agradezco la invitación y felicito de corazón a Idea Internacional por la iniciativa”

Fuente MOVILH

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Unas 6000 personas trans se incorporarían al Estado bonaerense

Viernes, 29 de julio de 2016
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transReglamentan una ley de 2015 que prevé un cupo de 1% del empleo público.

Unas 6000 personas transexuales, travestis y transgénero podrían incorporarse paulatinamente al Estado de la provincia de Buenos Aires en los próximos meses. Esto es así a partir de la reglamentación de la ley 14.783, que dispone un cupo del 1% de los empleos públicos para ese colectivo.

En la actualidad, los empleados públicos bonaerenses son cerca de 600.000. Por eso, se estima que el cupo de trans debería garantizar empleo a unas 6000 personas.

El secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón, dijo a La Nación que se espera poder implementar la ley aprobada en 2015 “en los próximos meses”. Ahora Cantón articulará con el ministro de Trabajo de la provincia, Marcelo Villegas, para avanzar en la instrumentación de esta ley, dado que por otras normas vigentes -como la emergencia administrativa- las vacantes en el Estado están congeladas. El gobierno de María Eugenia Vidal deberá articular la modalidad de ingreso de estos sectores considerados vulnerables.

“La ley ya debería ser operativa. Esperamos que se termine de reglamentar lo antes posible”, dijo a este diario María Rachid, de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales.

Antes deberán quedar resueltos los requisitos para acceder a estos empleos públicos, dado que posiblemente muchas de las personas trans no cuentan con experiencia laboral previa en el Estado. Se intentará que el trabajo incluya además alguna forma de capacitación.

“Lxs trans sufren violencia desde la niñez. Son expulsados de su casa y del sistema educativo. Por eso buscamos que en principio el gobierno nos de la posibilidad de capacitarnos y terminar los estudios junto con el acceso al trabajo, dijo Rachid.

Según un informe de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (Alitt), la expectativa de vida promedio de una persona trans es de 33 años y las principales causas de muerte son el SIDA, la aplicación de silicona industrial (aceite de avión) y los asesinatos. Esta ley busca reparar las “ausencia del Estado”.

El gobierno de Vidal evalúa ahora la manera en que se determinará el cupo. La idea es que la condición quede demostrada mediante una declaración jurada para acceder al cupo. Para avanzar en estos aspectos de su reglamentación, Cantón se reunió la semana que pasó con representantes de ocho agrupaciones. Participaron Abogados por los Derechos Sexuales (Abosex), representantes de Alitt, la Asociación por un Mundo Igualitario (AMI), la Asociación de Transexuales, Travestis y Transgénero de Argentina (Attta), el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), Conurbanos por la Diversidad y la FALGBT.

La reunión tuvo lugar luego de que el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires le pidiera al Poder Ejecutivo que se reglamente la ley 14.783, aprobada en septiembre de 2015 por la Legislatura provincial.

“Consideramos que los derechos requieren de la acción concreta del Estado, que garantice condiciones de igualdad, reconociendo las desigualdades subyacentes y las vulnerabilidades de los sectores más desprotegidos”, explicó Laurana Malacalza, directora del OVG.

En los fundamentos de la ley se explica: “La comunidad travesti, transexual y transgénero de la Argentina se encuentra entre una de las poblaciones más vulneradas históricamente del país. La realidad de este colectivo está atravesada por un contexto de persecución, exclusión y marginación, teniendo grandes dificultades para el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato”.

Fuente: La Nación

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Piden la implementación de la ley de cupo laboral trans en Buenos Aires

Miércoles, 8 de junio de 2016
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B44El Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires pidió al Poder Ejecutivo que se reglamente la ley 14.783, que indica que el 1% del personal provincial estatal debe pertenecer al colectivo trans. La presentación formal se realizó ante la Secretaría de Derechos Humanos provincial, en la que incluyeron una serie de propuestas para su implementación.

Dos días atrás, representantes del OVG se reunieron con la organización internacional AKAHATÀ, que trabaja en la promoción y protección de los derechos sexuales y reproductivos en América Latina, y con el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Santiago Cantón. Allí se discutieron no sólo los aspectos referidos a la implementación de la ley de cupo trans, sino también las situaciones de violencia policial e institucional que padecen las personas de este colectivo.

En septiembre de 2015, la Legislatura provincial aprobó una ley que crea en el sector público un cupo mínimo de al menos uno por ciento de los empleos para el colectivo travestis, transexuales y transgénero. Si bien la ley ha sido sancionada, el Ejecutivo bonaerense aún no la reglamentó.

“Consideramos que los derechos requieren de la acción concreta del Estado, que garantice condiciones de igualdad, reconociendo las desigualdades subyacentes y las vulnerabilidades de los sectores más desprotegidos”, explicó Laurana Malacalza, directora del OVG.

El 17 de mayo, día Internacional Contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Transfobia, y la Bifobia, la diputada provincial Karina Nazabal, del Frente para la Victoria, impulsora del proyecto, había reclamado la implementación de esta ley. “A pesar de los enormes pasos dados, aún siguen estando expuestos y expuestas a situaciones denigrantes, las cuales se reproducen muchas veces por los discursos irresponsables y peligrosos por parte de funcionarios judiciales y políticos“, expresó la diputada.

En los fundamentos de la ley se explica: “La comunidad travesti, transexual y transgénero de la Argentina se encuentra entre una de las poblaciones más vulneradas históricamente del país. La realidad de este colectivo está atravesada por un contexto de persecución, exclusión y marginación, teniendo grandes dificultades para el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato”.

Una población olvidada

Diana Sacayán, que fue asesinada en octubre pasado en su departamento, pertenecía al Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación y era representante mundial de la organización ILGA. Ella, junto con el Dr. Emiliano Litardo -escritor de la ley de identidad de género-, redactó el proyecto. Ahora, la ley lleva su nombre.

Según un informe de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT) la expectativa de vida promedio de una persona trans es de 33 años y las principales causas de muerte son el VIH/SIDA, la aplicación de silicona industrial (aceite de avión) y los asesinatos. Esta ley busca reparar las “ausencia del Estado” hacia el colectivo trans.

Fuente La Nación

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Crean Defensoría LGBT por los derechos de la diversidad sexual en Rosario (Argentina)

Lunes, 4 de mayo de 2015
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imgFuncionará en las sedes de la Defensoría del Pueblo y de la Defensoría de Niñas, Niñas y Adolescentes.

Se brindarán herramientas para la defensa y protección de lesbianas, gays, bisexuales y trans de la provincia, entre otros temas.A través de la firma de un acuerdo, se creó este martes la Defensoría LGBT, a las 10.30 en la Sede Rosario de la Defensoría del Pueblo, ubicada en Tucumán 1681. El objetivo es brindar herramientas para la defensa y protección de lesbianas, gays, bisexuales y trans de la provincia, entre otros temas

El convenio será suscripto por la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Analía Colombo, el defensor del Pueblo a cargo Zona Norte, Luciano Leiva, y Esteban Paulón, presidente de la FALGBT.

La Defensoría LGBT, entre otras acciones a brindará herramientas para la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos que asisten a lesbianas, gays, bisexuales y trans de la provincia, intercambio de información, documentación técnica y bibliográfica de mutuo interés, diseño de proyectos, implementación de estrategias y organización de campañas de promoción sobre los mecanismos nacionales y provinciales de protección de los derechos e intereses comunes a las partes. También estará abocada a la promoción de la legislación y las prácticas nacionales y provinciales, en armonía con los instrumentos internacionales de derechos humanos, para lograr su efectiva aplicación.

“En un principio es un programa que va a funcionar en las sedes de ambas defensorías e inicia con sensibilización y capacitación al personal de las defensorías”, explicó Paulón, quien será uno de los responsables, junto a Matías de Volder de Unidos Todos (la organización local en Rosario). También se espera la designación de un representante por la Defensoría del Pueblo.

Según explicó el dirigente, se atenderá “todo lo que sea vigencia de derechos para población LGBT en sentido amplio, es decir, denuncias y trámites en general”. La iniciativa es de alcance provincial.

Al respecto, Colombo expresó que “este nuevo espacio institucional, en consonancia con el trabajo que se realiza desde la Defensoría del Pueblo, apuesta a trabajar por la inclusión y la igualdad y en contra de la discriminación y la violencia. Seguir apostando a una cultura del buen trato y del respeto del otro es uno de los objetivos que nos proponemos como Defensoría y esta iniciativa va en ese camino”.

Fuente SentidoG

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