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Piden la implementación de la ley de cupo laboral trans en Buenos Aires

Miércoles, 8 de junio de 2016
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B44El Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires pidió al Poder Ejecutivo que se reglamente la ley 14.783, que indica que el 1% del personal provincial estatal debe pertenecer al colectivo trans. La presentación formal se realizó ante la Secretaría de Derechos Humanos provincial, en la que incluyeron una serie de propuestas para su implementación.

Dos días atrás, representantes del OVG se reunieron con la organización internacional AKAHATÀ, que trabaja en la promoción y protección de los derechos sexuales y reproductivos en América Latina, y con el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Santiago Cantón. Allí se discutieron no sólo los aspectos referidos a la implementación de la ley de cupo trans, sino también las situaciones de violencia policial e institucional que padecen las personas de este colectivo.

En septiembre de 2015, la Legislatura provincial aprobó una ley que crea en el sector público un cupo mínimo de al menos uno por ciento de los empleos para el colectivo travestis, transexuales y transgénero. Si bien la ley ha sido sancionada, el Ejecutivo bonaerense aún no la reglamentó.

“Consideramos que los derechos requieren de la acción concreta del Estado, que garantice condiciones de igualdad, reconociendo las desigualdades subyacentes y las vulnerabilidades de los sectores más desprotegidos”, explicó Laurana Malacalza, directora del OVG.

El 17 de mayo, día Internacional Contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Transfobia, y la Bifobia, la diputada provincial Karina Nazabal, del Frente para la Victoria, impulsora del proyecto, había reclamado la implementación de esta ley. “A pesar de los enormes pasos dados, aún siguen estando expuestos y expuestas a situaciones denigrantes, las cuales se reproducen muchas veces por los discursos irresponsables y peligrosos por parte de funcionarios judiciales y políticos“, expresó la diputada.

En los fundamentos de la ley se explica: “La comunidad travesti, transexual y transgénero de la Argentina se encuentra entre una de las poblaciones más vulneradas históricamente del país. La realidad de este colectivo está atravesada por un contexto de persecución, exclusión y marginación, teniendo grandes dificultades para el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato”.

Una población olvidada

Diana Sacayán, que fue asesinada en octubre pasado en su departamento, pertenecía al Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación y era representante mundial de la organización ILGA. Ella, junto con el Dr. Emiliano Litardo -escritor de la ley de identidad de género-, redactó el proyecto. Ahora, la ley lleva su nombre.

Según un informe de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT) la expectativa de vida promedio de una persona trans es de 33 años y las principales causas de muerte son el VIH/SIDA, la aplicación de silicona industrial (aceite de avión) y los asesinatos. Esta ley busca reparar las “ausencia del Estado” hacia el colectivo trans.

Fuente La Nación

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