La zona más crítica es la Costa Caribe. / Andrés Torres

Organizaciones armadas ilegales en distintas regiones del país amenazan y desplazan a líderes de esa comunidad. Sectores del gobierno y las ONG trabajan para visibilizar los casos y atacar la discriminación.

“Teniendo presente la difícil situación de conflicto armado interno por la que pasa el país, en la cual hay presencia de distintas fuerzas al margen de la ley, los sectores sociales LGBTI se han convertido en objeto de señalamientos, amenazas, homicidios y desplazamiento forzado”. Así lo revela un reciente informe elaborado por el Ministerio del Interior, en el que se evidencia la preocupante situación de seguridad que vive esta población en departamentos como Sucre, Bolívar, Cesar, Chocó, Santander y Atlántico, donde hacen presencia las Farc y las bandas criminales.

Según el ministerio, la violencia que ejercen esas estructuras criminales contra personas LGBTI se ha agravado en los últimos años, debido a los esfuerzos que ha hecho esa población por exigir la garantía de sus derechos fundamentales. En algunas zonas del país estas circunstancias los han convertido en objeto de panfletos amenazantes, en los que se les conmina a desplazarse de sus lugares de residencia so pena de ser asesinados. Aunque las amenazas se han presentado en ciudades como Bogotá y Barrancabermeja, la zona más golpeada por este fenómeno es la Costa Caribe, donde se han recibido 19 panfletos desde 2012 firmados por los Rastrojos, los Urabeños y las Autodefensas de la Sierra Nevada del Magdalena.

Justamente, el pasado 9 de julio los Comandos Urbanos de los Rastrojos le enviaron un panfleto a varios defensores de derechos humanos del departamento del Atlántico, en el que los declararon “objetivo militar”. Entre ellos se encuentra Edwin Nemes, integrante de Caribe Afirmativo, una organización que defiende los derechos de la población LGBTI. En el documento se lee que esas personas serían asesinadas por “no apoyar la avanzada de la seguridad democrática y por defender los derechos humanos de los campesinos, desplazados, maricas, lesbianas y mujeres violadas por las extintas Auc”. En otro panfleto sin fecha, recibido este año, la misma organización armada ilegal amenazó con “dar muerte” a “lesbianas y homosexuales que degradan la moral y dan mal ejemplo a los niños”.

Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, señala que además de las amenazas “hay mucha presión por parte de las Farc y de grupos paramilitares en los Montes de María, en el Golfo de Morrosquillo y en La Guajira. En Cartagena y Barranquilla las bandas criminales amenazan, prohíben el uso del espacio público y utilizan a las personas LGBTI en el marco de la guerra por el tráfico de drogas”, lo cual ha generado desplazamientos forzados y temor en la región. Además, “se han presentado seis muertes violentas en lo corrido de este año en el Caribe, casos de abuso policial y agresiones de particulares en Barranquilla, en zona bananera del Magdalena y en Montería”.

El informe del Ministerio también reporta casos de discriminación en los que personas LGBTI fueron expulsadas de centros comerciales, retiradas de parques, iglesias, plazas y zonas de prostitución, y otros en las que fueron objeto de “burlas y expresiones agresivas” en escenarios de participación política. Respecto a los homicidios, “el mayor número se presenta contra mujeres trans, que son abordadas en la calle o en sus sitios de trabajo, como peluquerías o salones de belleza”. Igualmente, se han presentado casos de tortura ejercidos “a través de violaciones a mujeres lesbianas por parte de victimarios presuntamente pertenecientes a grupos paramilitares”.

La sistematicidad de la violencia contra esa población ha hecho que la Fiscalía incorpore un enfoque diferencial en sus investigaciones, lo cual permitió la priorización de los homicidios de mujeres trans en Sincelejo y Maicao. Sin embargo, los niveles de impunidad son alarmantes, teniendo en cuenta que de los 202 hechos que conoce el ente acusador, tan sólo siete se encuentran en etapa de juicio y ocho han recibido sentencia condenatoria. Al respecto, Wilson Castañeda opina que “esto es muy contraproducente, porque se manda un mensaje a la sociedad civil de que no son relevantes las violencias contra la población LGBTI y un mensaje de tranquilidad a los victimarios, de que no les va a pasar nada si afectan a esa población”.

A ello se suman las dificultades de las entidades estatales para atender de manera diferenciada los casos en que se ven involucradas personas de esa comunidad. Según Natalia Sorzano, coordinadora del Grupo de Minorías del Ministerio del Interior, “no ha habido el primer caso que tenga un agravante punitivo en el que se diga ‘esto fue por odio’. Se viene trabajando con la Fiscalía en identificar si por el hecho de que la víctima sea una persona LGBTI el presunto victimario debe demostrar que el crimen no fue por homofobia, con el fin de que no se le genere un agravante punitivo. Estas particularidades deben incidir en los protocolos de investigación; son vacíos que existen en la institucionalidad, en las leyes y en toda la construcción jurídica del país”.

Según el informe, otra de las preocupaciones son las denuncias sobre “abuso de autoridad, fuerza desmedida, burlas y agresiones” por parte de la Policía contra mujeres trans y hombres gais. Al respecto, el teniente coronel Alexánder Collazos, coordinador del área de Derechos Humanos de la institución, asegura que “se siguen implementando acciones de prevención en el interior de la Policía y diagnósticos regionales para proteger a esta población”. Se espera que el 21 de diciembre el Ministerio del Interior presente un proyecto de política pública nacional que dé respuesta a las necesidades en materia de salud, educación, trabajo y derechos humanos de la población LGBTI, duramente victimizada y excluida.

Via EL ESPECTADOR

mflorez@elespectador.com

Homofobia/ Transfobia. Alexánder Collazos, Atlántico, Autodefensas de la Sierra Nevada del Magdalena, Barrancabermeja, Bogotá, Bolívar, Caribe Afirmativo, Cesar, Chocó, Colombia, Costa Caribe, Edwin Nemes, FARC, Los Rastrojos, Los Urabeños, Natalia Sorzano, Santander, Sucre, Wilson Castañeda

Otro insólito caso de discriminación homófoba ocurrido en Bogotá (Colombia). Una pareja homosexual fue obligada a abandonar el centro comercial en el que se encontraban por dos vigilantes de seguridad que los encontraron dándose muestras de afecto, el pasado mes de febrero. Ahora, y por orden judicial, tanto los responsables del centro comercial como los de su empresa de seguridad privada se han visto obligados a pedir disculpas. 

El episodio tuvo lugar el pasado día 19 de febrero. Alejandro Aristizábal y David Ricardo se encontraban abrazándose y besándose en el interior del Centro Comercial Avenida Chile de Bogotá cuando dos guardias de la empresa Segurcol se acercaron a ellos y comenzaron a increparles. “Tengo órdenes de sacarlos, ustedes no pueden hacer semejante espectáculo, poniendo en vergüenza el centro comercial. A la gente como ustedes lo único que les gusta es vitrinear y hacer show. Para eso hay lugares donde va la gente como ustedes. Tienen que irse”, les dijo uno de los vigilantes privados poco antes de obligarlos a abandonar el lugar. Según Aristizábal, lo ocurrido no fue un hecho aislado. Así, otras tres personas homosexuales que el joven conoce habrían sido también expulsadas de este centro comercial por haber dado muestras de cariño a sus parejas en ocasiones anteriores.

Alejandro y David decidieron iniciar una batalla de denuncia social y jurídica por lo que consideraban un caso de discriminación flagrante. Las redes sociales no tardaron en hacerse eco de lo ocurrido y, con el apoyo de la comunidad LGTB, se logró convocar una “besatón” o besada colectiva para mostrar el rechazo hacia este tipo de actos discriminatorios. En ese acto, celebrado el día 27 de febrero, una veintena de parejas del mismo sexo se abrazaron y besaron en el centro comercial antes mencionado, recordando a los visitantes, transeúntes y porteros, con toques de tambor, banderas arcoíris y pancartas, que “los besos son afecto, no delito”.

Asimismo, y con el apoyo de la organización Colombia Diversa, la pareja discriminada interpuso una acción de tutela, consiguiendo que el juzgado 34 Civil Municipal de Bogotá determinase sus derechos fundamentales a la igualdad, la no discriminación y la intimidad de la pareja. Por este motivo, tanto el Centro Comercial Avenida Chile como la empresa de seguridad Segurcol se vieron obligados a pedir disculpas a la pareja en un acto público celebrado el pasado día 18 de junio.

Para Mauricio Albarracín, director de Colombia Diversa, el acto de excusas fue importante, porque también obliga, tanto al centro comercial como a la compañía de seguridad, a realizar cursos sobre dignidad humana y derechos a la libre opción sexual y el desarrollo de la personalidad, dirigidos a los empleados y vigilantes. En efecto, el fallo de tutela de la jueza María Isabela Córdoba, encargada de llevar este caso, determinó que el centro comercial deberá capacitar a sus empleados, tanto directos como indirectos, así como a los representantes de sus contratistas y a los de dueños o arrendatarios de los locales, en el respeto hacia los derechos de las personas LGTB.

De la misma forma, la empresa de seguridad deberá capacitar a sus vigilantes. Elkin Valencia, director de operaciones de Segurcol, reconoció que lo ocurrido fue un error y aseguró que de ninguna forma es una política de su compañía. También confirmó el compromiso de su empresa a capacitar a sus empleados para que algo así no vuelva a ocurrir.

General, Homofobia/ Transfobia. Alejandro Aristizábal, Bogotá, Centro Comercial Avenida Chile (Bogotá), Colombia, Colombia Diversa, David Ricardo, Discriminación, Elkin Valencia, María Isabela Córdoba, Mauricio Albarracín, Segurcol

Fuente El Tiempo

Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Adopción, Bogotá, Colombia, Colombia Diversa, Homosexualidad, Iglesia Católica, Joaquín Sánchez, José Daniel Falla, Lesbianas, Mauricio Albarracín, Menores, Papa Francisco, Universidad Javeriana

La pareja discriminada en el centro comercial de Bogotá, organizó una “besatón” frente al establecimiento como modo de protesta.

Fuente: RCN La Radio,  vía SentidoG:

Una pareja homosexual denunció tratos discriminatorios en el interior de un reconocido centro de comercial del norte de Bogotá por parte de los miembros de seguridad del lugar, esto luego de que la pareja mostrara expresiones de cariño en público.

Alejandro Aristizábal, uno de los afectados, relató que junto a su pareja fue sacado por parte de la vigilancia del lugar con la excusa de que estaban “poniendo en vergüenza” al lugar.

“Ocurrió en Avenida Chile (centro comercial ubicado en la carrera 11 con calle 72), el martes 19 de este mes al frente de los baños del costado occidental. Salí del baño abracé a mi novio, le di un beso y mientras seguíamos abrazados dos guardias de seguridad vinieron y nos pidieron que nos retiráramos“, dijo.

Agregó que el argumento que les dio la vigilancia para retirarlos del lugar fue indignante.

Dijo que “no entendían por qué debíamos estar poniendo en vergüenza al centro comercial si para eso tenemos las esquinas y los bares y la clase de lugares a los cuales nosotros vamos supuestamente”, relató el hombre.

La pareja advirtió que con dicha orden les violaron sus derechos y que, según varios de sus amigos, la situación se ha presentado en otras oportunidades.

“A varias de mis amigas ya les ha pasado y conozco por lo menos a seis parejas de chicas con sus novias a las que han sacado del centro comercial. Mi abogado también me dijo que esto es algo que viene pasando hace mucho”, dijo.

Por su parte, los directivos del centro comercial respondieron a los argumentos de la pareja asegurando que el establecimiento no tiene ninguna orden establecida para restringir comportamientos de parte de las personas LGBT.

Andrea Toro Jaime, directora de mercadeo de Avenida Chile aseguró que “del caso que se menciona en las redes sociales, nosotros también nos enteramos por ese medio. No tenemos ninguna minuta donde se haya reportado por parte de la seguridad algo anómalo y tampoco tenemos una queja a propósito del caso”.

La funcionaria agregó que “el centro comercial rechaza todo tipo de discriminación. Nosotros acá no tenemos ningún tipo de discriminación por raza o por género, nos damos a todos y nunca ha existido que permitamos que se restrinja tal cosa”.

La idea de la pareja es interponer una acción de tutela por habérsele vulnerado aparentemente el libre desarrollo de la personalidad.

Además, como modo de protesta, organizaron una “besatón” que se llevó a cabo frente al centro comercial el pasado día miércoles de la que participaron alrededor de 80 personas.

Homofobia/ Transfobia. Alejandro Aristizábal, Andrea Toro Jaime, Avenida Chile, Besatón, Bogotá, Pareja Gay

Casi tres años después de la histórica sentencia que le entreabrió la puerta en Colombia, la Corte Constitucional de ese país debatirá de nuevo sobre el matrimonio igualitario. Dos acciones de tutela, una referida a una pareja del mismo sexo a la que un notario se negó a casar y otra a una pareja que ya está legalmente casada, forzarán a la alta corte colombiana a pronunciarse sobre un tema sobre el que sigue existiendo gran incertidumbre jurídica.

En su sentencia de 2011, la Corte Constitucional de Colombia ratificó que las parejas del mismo sexo constituyen familia y dio un plazo de dos años al Congreso para que legislara su reconocimiento con los mismos derechos que el matrimonio civil. Un plazo que venció el 20 de junio de 2013, después de que el intento de aprobar una ley de matrimonio igualitario fracasara en el Congreso, creando la actual situación de incertidumbre jurídica. La Unión Colegiada del Notariado de Colombia elaboró, para intentar responder a la exigencia del alto tribunal, un contrato denominado “formalización y solemnización del vínculo”, institución inexistente en las leyes de Colombia y que los colectivos LGTB rechazaron de plano. Los jueces pasaron entonces a ser la clave.

Ya en julio de 2013 se celebró una primera unión entre dos hombres, pero entonces la jueza, aunque reconoció a los miembros de la pareja el estado civil de “casados”, evitó definir la unión como ”matrimonio”. Otro juez ordenaba también en julio a un notario celebrar una unión entre dos hombres regida “por la normatividad aplicable al matrimonio civil, tanto en sus derechos como en sus deberes, y en las demás prerrogativas que de él deriven”. Pero no fue hasta el 20 de septiembre cuando se celebró en Bogotá el primer matrimonio pleno entre personas del mismo sexo, Julio Albeyro Cantor Borbón y William Alberto Castro. Matrimonio que fue luego anulado, pero cuya validez fue restaurada por el Tribunal Superior de Bogotá.

No se trata del único matrimonio celebrado y confirmado por la justicia colombiana. Adriana González y Marcela Rojas se casaron el 4 de octubre, y al igual que en el caso anterior vieron su matrimonio anulado y luego restaurado por el mismo Tribunal. En ambos casos la justicia había dado la razón en primera instancia a las acciones de tutela interpuestas por la “Fundación Marido y Mujer”, una organización contraria al matrimonio igualitario cuyas acciones tienen lugar de manera coordinada con las de la Procuradoría General de la Nación. Dicha fundación está presidida por Javier Suárez, del que ha trascendido que sería en realidad un homosexual armarizado y que es en este momento candidato conservador al Senado de Colombia. Un tercer matrimonio es el formado por Elizabeth Castillo y Claudia Zea, que ya vieron su matrimonio confirmado en primera instancia y a las que el Tribunal Superior de Cundinamarca dio la razón frente al recurso interpuesto por la citada Fundación.

Dos casos ante la Corte

Decisiones judiciales contrarias a la estrategia de los homófobos pero que no han puesto final a la batalla jurídica, que a estas alturas parece que solo la Corte Constitucional puede dirimir. Por lo pronto, el alto tribunal ha aceptado discutir dos casos que parecen en sí mismos paradigmáticos. Uno es el de una pareja del mismo sexo a la que un notario se negó a casar bajo el argumento de que el Congreso no ha legislado esa materia y que la Corte Constitucional solo les otorgó competencia para establecer un vínculo contractual. La pareja ha recurrido argumenta que la negativa viola el derecho al reconocimiento de personalidad jurídica, al impedirles el cambio de su estado civil de soltero a casado; el derecho a conformar una familia y protegerla, así como el derecho a la dignidad humana.

En el segundo caso, la acción de tutela se produce en sentido contrario: es la Procuraduría General de la Nación (al frente de la cual se sitúa el homófobo Alejandro Ordoñez, un fervoroso católico que ha hecho de la lucha contra el matrimonio igualitario uno de los ejes de su acción) la que pide la nulidad del matrimonio celebrado entre Julio Albeyro Borbón y William Alberto Castro.

Una institución acosada

Conviene precisar que las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia reconociendo derechos a las parejas del mismo sexo (o fallando a favor del aborto en determinados casos) le han generado la hostilidad de los sectores conservadores. La Corte ya se vio obligada a salir al paso de las acusaciones de Alejandro Ordoñez. La mencionada Fundación Marido y Mujer, de hecho, denunció a los miembros de la Corte ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por “usurpación de funciones”.

Hasta ahora la Corte Constitucional la resistido los embates, pero habrá que ver qué sucede finalmente. En noviembre, por ejemplo, recogíamos la noticia de que el alto tribunal preparaba una sentencia a favor de la adopción homoparental, y han pasado ya más de tres meses sin que esta se haya materializado. Nos mantendremos expectantes.

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Adriana González, Alejandro Ordoñez, Bogotá, Claudia Zea, Colombia, Corte Constitucional (Colombia), Discriminación, Elizabeth Castillo, Fundación Marido y Mujer, Javier Suárez, Julio Albeyro Cantor Borbón, Marcela Rojas, Matrimonio, Unión Colegiada del Notariado (Colombia), William Alberto Castro

Fuente: Telesur, vía SentidoG:

Proyecto de Bogotá es similar a las casas refugios de Washington, Nueva York y Nepal. (Foto: elespectador.com)

La dirección de derechos humanos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, capital de Colombia, puso a funcionar la primera casa refugio para la población LGBTI que ha sido víctima de la violencia.

Esta casa refugio comenzó a funcionar el pasado 27 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer), y aunque ya han pasado dos meses y los pasillos todavía se ven desolados, dos personas decidieron refugiarse en ese lugar.

“Fui golpeada, agredida, aguanté hambre. Fui golpeada por mi hermano, por mi mamá, maltratada por la rectora del colegio (…) El rechazo siempre reaparecía y con eso llegaba el rebusque y empezaba a sentirme vulnerable“, expresó Daniela, una mujer transgénero que se esconde de sus agresores. Cuando tomó la decisión de ser una mujer transgénero nadie la aceptó. “Tenía 16 años y entonces conocí las condiciones infrahumanas: dormir en la calle, rodearme de enfermos y sentirme sola. Porque estaba sola. Mi familia me apartó y al día de hoy no sabe en dónde estoy”, actualmente tiene 19 años de edad.

Daniela fue la primera mujer transgénero que llegó a la casa refugio. “Llegué en diciembre, llorando, destrozada. Pero estoy mejor acá, fue como encontrar un salvavidas”, comentó. “De mi casa me echaron. Mi mamá me sacó por mi orientación sexual y en los demás lugares me humillaron por lo que soy, porque me gustan los hombres“, comentó por su parte Jhonattan, a quien, en menos de un mes, las funcionarias de este hogar consiguieron un trabajo para él.

Que sólo dos personas vivan en la casa refugio se debe, en parte, a que “la sociedad no es tan consciente del dolor de las personas LGBTI”, señaló Sandra Montealegre, coordinadora de este hogar.

La diferencia de esta casa con las que están abiertas para las mujeres víctimas de la violencia está en que, en muchos casos, la violencia contra la población LGBTI no es percibida por las autoridades. “Si una mujer acude a una comisaría de familia, la remiten a la casa refugio sin problema. En el caso de la población LGBTI, la violencia está naturalizada, es silenciada”, agregó.

Hasta el momento, las funcionarias de la casa refugio han encontrado que la violencia de la que han sido víctimas estas personas está relacionada con violencia intrafamiliar y desplazamiento.

Son conscientes, sin embargo, de que aquí los márgenes de agresión son más amplios. “A raíz del maltrato han perdido el contacto con las redes de afecto más cercanas: no cuentan con la familia, ni con amigos”, explica Angélica Badillo, trabajadora social en la casa refugio.

En los casos de Daniela y Jhonattan, el concepto de familia parece perder validez: “El problema psicológico viene desde mi casa, porque mis padres me humillaron”, dice él. “Cuando mi familia empezó a golpearme, no pude pensar en mayores oportunidades”, dice ella.

Refugios en el mundo

Este reto fue asumido por tres mujeres: Sandra Montealegre, Angélica Badillo y Laura Sofía Céspedes (psicóloga). Ellas encontraron tres proyectos en diferentes ciudades que se asimilaban a la casa refugio que tenían en mente: los centros de protección en Washington, Nueva York (Estados Unidos) y Nepal.

El centro casa Ruby, en Washington, no es sólo un alojamiento para la población LGBTI. Ofrece oportunidades de empleo, asistencias para vivienda, pruebas de VIH, consejería y servicios sociales (como asesoría legal, clases de arte y computación y programas de salud mental).

En septiembre de 2013 fue inaugurado el centro Casa de Rosa del Himalaya, en Nepal, catalogado como el “primer santuario en el sur de Asia para los miembros perseguidos de la comunidad LGBTI”.

La historia del centro Ali Forney, de Nueva York, se remite a la trayectoria de vida de algunas personas LGBTI. En 1997, Ali Forney, un joven de 22 años que había deambulado por las calles de Harlem desde que tenía 13, fue asesinado a tiros mientras dormía sobre el asfalto. Su madre lo abandonó cuando él le confesó su orientación sexual.

Seis años más tarde fue creado el centro refugio que lleva su nombre, en el barrio Chelsea, que hoy recibe a cerca de 100 personas al día.

General Ali Forney, Angélica Badillo, Bogotá, Casa de Rosa del Himalaya, Casa Refugio, Colombia, Laura Sofía Céspedes, Nepal, Nueva York, Sandra Montealegre, Washington