El Movilh valoró el avance, pero insistió en la necesidad de que el Ejecutivo patrocine la creación de una institucionalidad antidiscriminatoria en el marco de la reforma de la Ley Zamudio. “Caso contrario, seguiremos con los mismos vacíos o problemas”, señaló el organismo.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados, presidida por la congresista Lorena Pizarro (PC), aprobó ayer por seis votos a favor y  cinco en contra la reforma a Ley Zamudio, proceso que coincidió con el término de las audiencias donde expusieron sus puntos de vistas diversas organizaciones, entre esas el Movilh.

Junto a Pizarro, que ha jugado un rol clave en el avance de la reforma, votaron a favor los/as diputados/as Jorge Guzmán (Evópoli), Lorena Fríes (IND), Erika Ñanco (RD),  Hernán Palma (PH) y Patricio Rosas (IND). En  contra se pronunciaron Cristián Araya (PREP), Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen (PREP), Cristián Labbé (UDI), Daniel Lilayu (UDI) y Ximena Ossandón (RN)

Entre otros, la reforma aumenta las penas, indemniza a las víctimas y mejora las condiciones para que las personas puedan solicitar agravantes en los delitos con componentes discriminatorios. “Esto en un contexto donde desde el 2012 a la fecha solo en cinco oportunidades se ha aplicado la agravante debido a los vacíos de la ley actual”, sostuvo el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

El presidente del Movilh, Gonzalo Velásquez,  valoró “este avance en la Comisión de DDHH, en tanto nos acerca a una ley antidiscriminatoria más útil desde el punto de vista punitivo, a diferencia de la actual que es un león sin dientes”.

Sin embargo, añadió, “esta reforma quedará a medias si el Ejecutivo no patrocina la creación de una institucionalidad antidiscriminatoria. Este podría ser el aporte más significativo  y contundente que deje el presidente Gabriel Boric en materia antidiscriminatoria,  por lo que animaos al Gobierno a dar pasos decisivos en tal sentido. Nos preocupa el silencio que hasta ahora reina en el Gobierno sobre este punto”.

“La carencia de una institucionalidad antidiscriminatoria, seguirá dejando sin orientaciones, ni ayudas a las víctimas de las exclusiones y al Estado sin estadísticas y coordinación sobre la materia. Tampoco habrá seguimientos sobe la aplicación de la Ley Zamudio. La reforma a la ley es una gran oportunidad para superar estos graves problemas”, finalizó.

Fuente MOVILH

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