Profesora de derecho canónico en la Universidad de Friburgo, Astrid Kaptijn ha abundado, en una entrevista en catch.ch, en los detalles de las implicaciones de la medida llevada a cabo por el Papa Francisco el pasado diciembre: la abolición del secreto pontificio en los casos de abuso sexual de menores.

Definiendo esta orden, cuya entrada en vigor el Pontífice declaró “inmediata”, como “un fuerte gesto simbólico hacia las víctimas”, la experta en derecho canónica ha explicado que la anulación del secreto “no tiene efecto retroactivo para los casos antiguos ya juzgados, cuyos documentos están en los archivos”. De la misma manera, ha advertido de que “el acceso a estos datos obviamente no será público”, sino que se pondrá a disposición de víctimas, acusados… y sus respectivos representantes legales.

En la misma entrevista, la profesora ha valorado la novedad de que “las víctimas tendrán derecho a ser informadas sobre el juicio y el castigo”, porque, en su opinión, esto responde a una sensibilidad del Papa Francisco ante el derecho a la información de los afectados y a la transparencia.

Preguntada por cuáles serán las normas de aplicación, ha apuntado que todavía no se conocen, pero que “podrían venir de la Secretaría de Estado o de la Congregación para la Doctrina de la Fe“.

Evitar la reincidencia

Kaptijn ha opinado que esta medida papal persigue la reparación y justicia para las víctimas, pero a la vez una posible expiación y reconciliación del religioso abusador y su comunidad, con el objetivo marcado de “evitar la reincidencia”.

Por otra parte, ha informado de que el texto dice que quien concederá el acceso a la información desclasificara será una “autoridad competente. Si la acusación es contra un sacerdote diocesano, la autoridad competente es el obispo”.

Por último, ha confesado que lo ideal en estos casos, “dada la magnitud de los actos cometidos”, es “que el sistema de justicia civil haga el trabajo” de sancionar al pederasta, y no quede solamente en el plano eclesiástico, donde puede ser más complicado investigar la veracidad de los casos. “La ley necesita definiciones claras” para objetivar el estado de dependencia y la incapacidad de las víctimas de ataques pedófilos o de otras formas de abusos sexuales.

Fuente Religión Digital