El viceprimer ministro de Rumanía, Paul Stanescu, anuncia que el referéndum para modificar la Constitución del país e ilegalizar el matrimonio igualitario tendrá lugar en Mayo.

Liviu Dragnea, presidente del Partido Socialista Democrático, está a favor de ese referéndum pero quiere debatir la legalización de las uniones civiles.

Ya hace unos meses publicábamos que en Rumanía están decididos a hacer un referéndum para decidir si prohíben el matrimonio igualitario ya que la constitución rumana reconoce el matrimonio como la unión de dos cónyuges, pero no especifica el género de los mismos. Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que “La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos”. Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. El objetivo de los sectores LGTBfobos es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y  que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Así que los contrarios al matrimonio igualitario (que son, básicamente, todos los partidos políticos) se pusieron manos a la obra y enviaron al Parlamento 3.000.000 de firmas pidiendo que se modificara la Constitución para dejar claro que el único matrimonio legal en Rumanía sea entre un hombre y una mujer; y los políticos anunciaron un referéndum. El movimiento no está exento de polémica, no solo porque ya sabemos que los derechos de una minoría nunca han de ser sometidos al voto de la mayoría sino porque el Tribunal Constitucional rumano ya dejó claro que una cosa es tener en cuenta esas firmas para hacer leyes y otra plantear un referéndum para modificar la Constitución, que curiosamente es algo inconstitucional, aunque lo avaló en julio de 2016.

Paul Stanescu (izda) y Liviu Dragnea (Dcha)

Hace unos días el viceprimer ministro rumano, Paul Stanescu, anunció que dicho referéndum tendrá lugar en mayo. Y eso dio pie a Liviu Dragnea, presidente del Partido Socialista Democrático -que actualmente está en el poder-, a decir que el país no puede pretender que la minoría LGTB+ no existe.

Pero Stanescu y el PSD y tanto él como el partido se han mostrado a favor de llevar a cabo ese referéndum y que se ilegalice el matrimonio igualitario. Stanescu pretende apoyar la ilegalización del matrimonio a la vez que propone legalizar las uniones civiles. En un discurso en el Parlamento Dragnea dijo que le gustaría explorar la posibilidad de legalizar dichas uniones: “Le he pedido a Victor Negrescu (ministro de Asuntos Europeos) que se reúna con diferentes ONG que representan a esta minoría para poder aprobar una legislación que solucione este problema.”

Vasile Banescu

Dragnea parece querer seguir el camino de Italia, que no aprobó el matrimonio pero sí una especie de uniones civiles que en la práctica son papel mojado porque no sirven para casi nada y que el partido de Berlusconi quiere modificar para que sirvan aún menos.

Al igual que en Italia los católicos fueron los culpables de ese desastre, en Rumanía la Iglesia Ortodoxa se opone radicalmente: “Aprobar las uniones civiles contribuiría al declive de la importancia del matrimonio y de la familia, y cambiaría el papel decisivo que la familia juega en la sociedad rumana“, ha dicho Vasile Banescu, portavoz de los Ortodoxos.

Por su parte las organizaciones LGTB+ no ven con malos ojos estas uniones civiles porque creen que es vital que el gobierno reconozca legalmente las parejas homosexuales. Para Florin Buhuceanu, presidente de la organización pro-derechos LGTBI Accept, cree que esta legalización pondría fin “al sufrimiento de los miembros de nuestra comunidad en los momentos más duros de la vida” y añade que ésta sería una forma “de reconocer que las personas de nuestra comunidad disfrutan de los mismos derechos“. Eso no quita, obviamente, que todos estén radicalmente en contra de ese referéndum al que consideran divisorio, caro y legalmente innecesario.

El diputado verde Remus Cernea y  Florin Buhuceanu

El diputado verde Remus Cernea, que en 2014 presentó un proyecto de ley de uniones civiles abierto a las parejas del mismo sexo que fue rechazado por el Parlamento, define la iniciativa de referéndum como “un ejemplo de la tiranía de la mayoría”. Para Cernea, “esos tres millones de personas que han firmado no aceptan la igualdad de derechos, y quieren imponer sus puntos de vista homofóbicos al conjunto de la sociedad”.

El representante verde confía, sin embargo, en que se afiance al apoyo a la igualdad de derechos, pues “a pesar del gran número de los que promueven la homofobia, cada vez hay más personas que hablan y escriben a favor de los derechos LGTBI. Pero todavía tenemos que hacer frente a la enorme ola de las fuerzas conservadoras, apoyadas por algunas de las iglesias de Rumania. Será una batalla larga y difícil”.

Vlad Viski

Vlad Viski, presidente de MozaiQ, una organización de defensa de los derechos LGTBI de Rumanía, afirma que la “Coalición por la Familia” no se detendrá si tiene éxito en la prohibición del matrimonio igualitario. Entre sus planes están la intención de proponer la prohibición del aborto y la pornografía, legislar políticas que desalienten el divorcio, e instar la prohibición de cualquier tipo de educación sexual en las escuelas.

Según teme Viski, “la comunidad LGTBI de Rumanía parece tener muy pocas opciones en la batalla contra el Goliat que es la Iglesia ortodoxa. Los grupos locales cuentan con pocos fondos, muy pocas personas fuera del armario y dispuestas a representar la causa, y todavía hay miedo entre los activistas a pedir abiertamente la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo”.

Para el activista, con este referéndum se pone también en juego el futuro de las libertades en Rumanía: “En estos días y en los próximos meses, Rumanía se enfrenta a una decisión importante, no sólo sobre los derechos LGTBI, sino también sobre el camino que quiere tomar en lo que respecta a la democracia, los valores europeos, la separación entre Iglesia y Estado y la protección de las minorías. Puede optar por volver a un pasado donde el aborto y la homosexualidad eran ilegales, o puede seguir avanzando y apoyar a sus ciudadanos LGTBI, la igualdad y la justicia para todos, independientemente de su raza, etnia, orientación sexual, identidad de género, capacidades físicas o condición socioeconómica”.

Fuente | Gay Star News, vía EstoyBailando/Cristianos Gays

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Tras la presión de los grupos ultra conservadores, el presidente socialista de Rumanía se plantea hacer un referéndum para blindar la definición del matrimonio en la Constitución y prohibir así los matrimonios igualitarios. 

Hay una cosa que en esta web nunca nos vamos a cansar de repetir: los derechos de la minoría nunca han de ser votados por la mayoría. Cuando la mayoría vota sobre los derechos que no le afectan, la minoría sale perdiendo. Y eso pasa porque la parte de la mayoría contraria a esos derechos siempre es mayor que la minoría; y la parte de la mayoría que estaría a favor de esos derechos ni siquiera va a votar porque no le afecta.

Es lo que casi pasa  en Australia y es justo lo que podría pasar este otoño en Rumanía, país en el que el partido en el poder (el Partido Socialista Democrático) quiere celebrar en los próximos meses un referéndum para que el pueblo vote si quieren restringir constitucionalmente la definición del matrimonio, lo que prohibiría de forma absoluta cualquier posible reforma a favor del matrimonio igualitario.

El movimiento, que tiene el apoyo del presidente Liviu Dragnea, surge de una iniciativa de 30 organizaciones ultra (tanto ortodoxas, como de derechas) que bajo el nombre Coalición por la Familia presentaron tres millones de firmas para exigir al gobierno que prohibiera los matrimonios igualitarios. En julio de 2016 el Tribunal Constitucional del país aprobó la iniciativa y dio luz verde al parlamento para que llevara a cabo esa reforma.

Desde los grupos LGBT del país denuncian que Rumanía está dando muchos pasos atrás en materia de derechos civiles por culpa de grupos formados por la Iglesia Ortodoxa y neo-protestantes financiados dirigidos por norteamericanos. “Es inaceptable que un partido que se dice europeo y social-democrático se plantee liderar la batalla para restringir los derechos de las personas LGBTI“, dice Vlad Viski (presidente de la organización LGBTI MozaiQ). Según Viski desde que Rumanía despenalizó la homosexualidad hace 16 años (sí hija, en 2001) el gobierno no ha dado ni un paso para crear leyes que protejan al colectivo y, sin embargo, cede a la presión de los intolerantes para limitar los derechos de las personas LGTB. Gran parte de esa presión proviene de la Iglesia Ortodoxa, que proclama que respecto a la homosexualidad “no existe la tolerancia“.

Liviu Dragnea, presidente de Rumanía

Según Viski la idea del referéndum va contra la Constitución del país: “El propio Tribunal Constitucional de Rumanía ya declaró que el procedimiento parlamentario para modificar la Constitución es inconstitucional.” Y es que el Tribunal Constitucional dio luz verde a que el Parlamento tuviera en cuenta los tres millones de firmas de los grupos homófobos para legislar contra la igualdad, pero no aprobó que se modifique la carta magna del país.

Además Viski avisa de que los ultras conservadores no se detendrán cuando consigan limitar los derechos LGBTI puesto que la agenda de la Coalición por la Familia pasa también por limitar los derechos reproductivos, prohibir la educación sexual en las escuelas y la pornografía: “apoyan la cancelación de las ayudas a los anticonceptivos y son contrarios al aborto. Además proponen que los padres de menores que quieran divorciarse sean obligados a asistir a terapia de pareja.”

Fuente | Gay Star News, vía EstoyBailando

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