Leemos en Dosmanzanas el nuevo giro a la situación del proyecto de ley que endurece el trato penal a gays y lesbianas en Uganda. El presidente Yoweri Museveni se ha mostrado dispuesto a sancionarlo con su firma, después de que un informe de científicos locales “demostrara”, según ha afirmado, que la homosexualidad no es innata.

Si hace dos semanas informábamos de las reticencias del presidente ugandés a ratificar la reforma (llegó a reprochar a la presidenta del Parlamento Rebecca Kadaga haber aprobado el proyecto sin suficiente quórum), Museveni defiende ahora la inexistencia de pruebas del carácter innato de la homosexualidad y se muestra favorable a recrudecer la persecución homófoba con dos medidas: firmar la ley aprobada en diciembre por el Parlamento para que entre en vigor, y eliminar la posibilidad de libertad bajo fianza para los detenidos por el delito de sodomía.

Según el comunicado de la oficina presidencial hecho público el domingo, el mandatario se escuda para ello, y frente a posibles críticas futuras por parte de “grupos externos”, en los expertos ugandeses consultados. El documento que habría servido a Museveni a decantarse por firmar la ley homófoba recoge siete conclusiones, muchas de las cuales están basadas en prejuicios como que la homosexualidad “es un comportamiento anormal que puede ser adquirido” o que requiere de “una regulación” para “proteger a los más vulnerables”.

¿Una muestra de populismo?

El director del diario ugandés The Observer, Richard Kavuma, opina que en Museveni ha pesado más un cálculo de intereses que el criterio “científico” de los expertos. El periodista califica de “curioso” que no se tenga en cuenta la opinión de la comunidad científica internacional, expresada en una carta enviada a Museveni el pasado 3 de febrero, documentada y firmada por numerosos expertos en psicología y trabajadores sociales de Estados Unidos, Canadá, Italia o Israel. El texto recoge el consenso actual sobre la homosexualidad como una circunstancia natural y no patológica, la desliga de la pedofilia y describe los daños que producen las “terapias” reparadoras.

Kavuma opina, por tanto, que el presidente firmará la ley para contentar a sus compañeros de partido y a buena parte de la sociedad, que se muestra favorable a ella. A su modo de ver, sin embargo, la norma podría ser declarada inconstitucional si fuera recurrida ante los tribunales, debido al carácter “mayormente progresista” de la ley fundamental ugandesa. Con esta jugada, Museveni conservaría su popularidad y trasladaría el asunto al terreno judicial. La ley, recordemos, establece penas que oscilan entre los 14 años de prisión a la cadena perpetua para las personas que mantengan relaciones homosexuales, prohíbe la ”promoción de la homosexualidad” (lo que hará imposible la existencia de organizaciones que defiendan los derechos de las personas homosexuales) y castiga incluso a aquellos que conociendo la existencia de una relación homosexual no la denuncien.

Obama hace público su malestar

Tras conocerse la noticia, el mismo domingo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hacía público un comunicado en el que expresaba su malestar y anunciaba que si la ley homófoba recibe finalmente la sanción del presidente de Uganda, las relaciones bilaterales se resentirán:

Como país y como pueblo, Estados Unidos ha apoyado de forma constante la protección de las libertades fundamentales y de los derechos humanos universales. Creemos todas las personas del mundo deben ser tratados de forma igualitaria, con dignidad y respeto, y que deben tener la oportunidad de alcanzar su máximo potencial, sin importar quiénes son o a quiénes aman.

Es por eso que estoy tan profundamente decepcionado por el hecho de que Uganda vaya a promulgar en breve una legislación que criminaliza la homosexualidad. El proyecto, una vez que sea firme, será más que una afrenta y un peligro para la comunidad homosexual de Uganda. Constituirá un retroceso para todos los ugandeses y un mal reflejo del compromiso de Uganda de proteger los derechos humanos de su pueblo. También será un serio revés para todos aquellos que en este mundo comparten compromiso con la libertad, la justicia y la igualdad de derechos.

Como ya hemos transmitido al presidente Museveni, la promulgación de esta legislación complicará nuestra valiosa relación con Uganda. En un momento en que por desgracia asistimos a un aumento en las denuncias de violencia y acoso contra miembros de la comunidad LGTB, desde Rusia a Nigeria, saludo a todos los que en Uganda y en todo el mundo permanecen comprometidos con el respeto a los derechos humanos y a la dignidad básica de todas las personas.

La consejera de Seguridad Nacional, Susan Rice, utilizaba por su parte su cuenta de Twitter para mostrar su decepción por la noticia. Rice confirmaba además que había mantenido una conversación con el presidente Museveni y le había instado a no firmar la ley.

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Leemos en Ragap que el destino de la nueva legislación contra la homosexualidad en Uganda todavía está en entredicho. El presidente del país,  Yoweri Museveni, ya afirmó que no iba a firmar la ley, único trámite que restaba para su entrada en vigor. Pero la reformulación del texto que pedía el mandatario nunca ha quedado clara. El presidente sorprendió al reconocer que la homosexualidad es algo innato, pero acompañó este paso esperanzador de otras ideas como que era una anormalidad, que la mayoría de los gays se daban a estas prácticas por dinero, o que las lesbianas estaban necesitadas de sexo. Ahora da otro paso para contentar a los partidarios de endurecer las penas contra los gays dentro de su partido y ha dado luz verde a una medida que equipara a gays y lesbianas con violadores. Ni unos ni otros podrán optar a fianza cuando sean detenidos en el país, según indica la prensa ugandesa.

La decisión ha sido tomada en una reunión del partido en el Gobierno, el Movimiento de Resistencia Nacional (NRM), que está reunido estos días en el Instituto Nacional del Liderazgo en Kyankwanzi. Según las fuentes citadas por la prensa ugandesa, numerosos parlamentarios se habían reunido con Museveni para pedirles que implemente esta medida, argumentando que la homosexualidad se estaba convirtiendo en “un insidioso problema” en el país. Museveni ha dejado fuera de esta medida otros crímenes, como los relacionados con la corrupción. El presidente siempre ha defendido que la fianza en los delitos graves fomenta la comisión de delitos. Los militantes han pedido formalmente al ministro de Justicia, Kahinda Otafiire, que acelere la puesta en marcha de las reformas.

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Cuenta Dosmanzanas que el pleno de Parlamento Europeo aprobó el pasado jueves una resolución de condena a lo que ha catalogado como “esfuerzos por criminalizar” a las personas LGTBI en Uganda, Nigeria, Rusia e India, en referencia a las leyes de carácter homófobo que han sido aprobadas recientemente en los tres primeros países y a la sentencia del Tribunal Supremo de India que invalida una sentencia previa de un tribunal de rango inferior que declaró inconstitucional la criminalización de las relaciones homosexuales.

La resolución fue adoptada de común acuerdo entre los principales grupos tras alcanzarse una propuesta unificada que sustituía a las presentadas por separado por varios grupos: socialistas y demócratas europeos (S&D), liberales (ALDE), Verdes-Alianza Libre Europea (Verdes/ALE), conservadores (ECR) e Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE-NGL). Tras la exposición de antecedentes y considerandos (puedes leer la resolución completa en castellano pinchando aquí) el Parlamento Europeo “condena en los términos más enérgicos estas graves amenazas a los derechos universales a la vida, a no sufrir torturas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la intimidad y a la libertad de expresión y reunión, así como todas las discriminaciones y limitaciones legales contra las personas LGBTI y cualquier persona que defienda sus derechos humanos”. La Eurocámara también destaca en su resolución que “la igualdad del colectivo LGBTI forma parte indiscutiblemente de los derechos humanos fundamentales”.

El Parlamento Europeo “condena firmemente la aprobación de leyes cada vez más represivas contra las personas LGBTI; reitera que la orientación sexual y la identidad de género son cuestiones que quedan dentro del derecho individual a la privacidad, tal como garantizan el Derecho internacional y las constituciones nacionales” y pide a los 78 países que siguen castigando las relaciones homosexuales que pongan fin a la criminalización de los actos consentidos entre adultos del mismo sexo.

Ya en concreto, el pleno del Parlamento Europeo pide al presidente de Uganda “que no firme el proyecto de ley contra la homosexualidad y que revoque la sección 145 del Código Penal ugandés” (se da la circunstancia de que el presidente Yoweri Museveni ha mostrado ya su oposición a la ley, sin por ello dejar de considerar la homosexualidad una “anormalidad”), condena firmemente “la aprobación y la firma del proyecto de ley (de prohibición) del matrimonio homosexual en Nigeria [aunque la nueva ley nigeriana, conviene precisar, castiga cualquier actividad relacionada con la realidad homosexual]” y pide a su presidente “que derogue esta ley, junto con las secciones 214 y 217 del Código Penal nigeriano” y manifiesta “su preocupación por las consecuencias negativas de la ley que prohíbe la propaganda de ‘relaciones sexuales no tradicionales’ en Rusia, que aumenta el nivel de discriminación y de violencia contra las personas LGBTI”, pidiendo a las autoridades rusas que revoquen la ley.

La resolución también “aplaude” la iniciativa del Gobierno indio de solicitar al Tribunal Supremo de ese país que revise la sentencia que volvió a dejar vigente la norma que criminaliza las relaciones homosexuales en ese país y pide expresamente al Parlamento indio que si no es así la revoque.

El Parlamento Europeo pide también a la Comisión Europea, al Servicio Europeo de Acción Exterior y a los Estados miembros de la Unión que expresen “su oposición más enérgica a las tres leyes en cuestión”, y dejen claro que “estas tendrán repercusiones importantes para las relaciones bilaterales de estos países con la UE y sus Estados miembros”.

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