Amnistía Internacional ha documentado hasta 1.731 crímenes de odio contra la comunidad LGBT entre 2008 y 2014 perpetrados en hasta 62 países y recuerda que la homosexualidad es aún castigada con pena de muerte en diez países como Afganistán, Irán, Mauritania, Pakistán, Arabia Saudí, Sudán o Yemen. El estudio, elaborado por el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, ha sido publicado con motivo de la celebración este 28 de junio del Día Internacional del Orgullo LGTB.

«No quiero esconderme. Vivo abiertamente. En Bielorrusia no es fácil, pero quiero que la gente vea que soy una persona como las demás», ha explicado Ihar Tsijaniuk, activista que ha sufrido golpes y amenazas por la policía por el hecho de ser conocido como drag queen y tras haber intentado, en enero de 2013, legalizar el Centro de Derechos Humanos Lambda, ONG de apoyo a la comunidad LGTB.

Como Tsijaniuk, miles de personas sufren discriminación y violencia. Las últimas estadísticas de mayo de 2015 del Observatorio señalan que de los 1.731 crímenes documentados entre 2008 y 2014, el 44% los sufrieron personas de entre 20 y 29 años, y se incrementó el número de menores respecto a años pasados.

Amnistía Internacional considera que es necesario que los crímenes de odio, que se distinguen porque contienen un carácter discriminatorio, sean investigados para acabar con la impunidad existente. «Pocos países cuentan con legislación sobre delitos de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género. Los Estados deben proteger a todas las personas contra la discriminación», ha apuntado el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.

Amnistía Internacional recuerda además que todavía hay diez países (Afganistán, Brunéi, Irán, Mauritania, Pakistán, Arabia Saudí, Sudán, Yemen, y partes de Nigeria y Somalia) que castigan con la pena de muerte la homosexualidad, ilegal en alrededor de 80 Estados.

A pesar de que todavía queda mucho camino por recorrer, existen avances en la lucha contra la homofobia. Son ya 19 países los que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, entre ellos algunos recientes, como Uruguay, Irlanda y Reino Unido.

Las personas transgénero sufren discriminación en muchos aspectos, entre ellos en el reconocimiento legal de su identidad de género. Amnistía Internacional ha denunciado que para obtenerlo, todavía en más de 20 países europeos las personas transgénero tienen que someterse a tratamiento quirúrgico para eliminar sus órganos de reproducción, algo que conlleva la esterilización irreversible, así como a una evaluación psiquiátrica que les determine como «personas transgénero«.

En países como Alemania, Noruega, Francia o Dinamarca, estos requisitos son necesarios incluso si lo único que desean es simplemente cambiarse el nombre. «En muchos países las personas transgénero no pueden ser quienes realmente son. Estos requisitos que se les exigen suponen una violación de derechos humanos», ha señalado Beltrán.

Amnistía Internacional, en su último informe, señala que la mayoría de las personas que hablaron con la organización consideraban que el diagnóstico se basaba en estereotipos de género. Así lo explica por ejemplo Charlie, hombre transgénero que tuvo que convencer a los profesionales de la salud que le trataban de que su identidad de género no era un capricho.

«Insistían en preguntarme si estaba seguro de que no era lesbiana y les interesaba saber lo que me gustaba en la cama. Tenías la sensación de que te estaban examinando. Cuando dije que era sexualmente dominante dijeron que podía ser hombre porque ésa era una típica conducta masculina«, relata.

En España, aunque se ha eliminado el requisito del tratamiento quirúrgico, todavía se exige tratamiento médico e informe psiquiátrico para obtener el reconocimiento legal de género. AI ha pedido que se elimine cualquier requisito médico y psiquiátrico, siguiendo el ejemplo reciente de Dinamarca.

Fuente Amnistía Internacional

General, Homofobia/ Transfobia. Amnistía Internacional, Centro de Derechos Humanos Lambda, Crímenes de Odio, Esteban Beltrán, Homosexualidad, Ihar Tsijaniuk, LGBTI

Ha habido 235 incidentes motivados por la orientación sexual en lo que va de año

Muchas veces escuchamos que los homosexuales ya no sufren ningún tipo de discriminación en España. Que no son necesarias tantas reivindicaciones a favor de sus derechos. Que la orientación o identidad sexual no es un asunto que deba preocupar ni a la opinión pública ni a las autoridades. Muchas veces hemos escuchado estos argumentos para criticar la s manifestaciones por la igualdad del colectivo LGBT.Parece como si su sufrimiento no fuera equiparable al de otros colectivos de la sociedad. Pero, como demuestran los delitos de odio registrados en 2013 y 2014, la realidad es otra.

En los primeros seis meses de 2014, la homofobia, la bifobia y la transfobia han seguido constituyendo la principal causa de delitos de odio en España. Lo ha desvelado la cadena SER, que ha tenido acceso a los correspondientes informes policiales. Sin contar todavía con los datos de Cataluña y País Vasco, los delitos denunciados por razón de orientación sexual o identidad de genero en ese periodo ascendieron a 235 (el 42,7 % del total). Los colectivos LGTB piden medidas contundentes para atajar esta terrible realidad.

Según dos informes policiales a los que ha tenido acceso la cadena SER y durante estos seis primeros meses del año ya ha habido en nuestro país 235 incidentes motivados por la orientación sexual. Andalucía es la comunidad donde más se dan estos delitos de identidad sexual: exactamente de enero a junio ha habido 93. Le sigue la comunidad de Baleares con 24 ataques y después Galicia con otros 22.

El segundo grupo más vulnerable son los discapacitados. Durante estos seis primeros meses el año ha habido 124 ataques contra ellos y de nuevo Andalucía se sitúa a la cabeza con 30 incidentes seguido de la Comunidad Valenciana con 27 y de Madrid con 25.

Estos datos se refieren a los seis primeros meses de este año e incluyen los delitos contabilizados por el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra y Policía Local. Faltan los balances de la Policía Autonómica Vasca y de los Mossos D’ Escuadra que los presentarán a final de año.

La tendencia de estos datos es similar a la que se presentó el año pasado en el primer balancea que hizo Interior. Durante el año 2013 el número de delitos de odio acontecidos en España ascendió a 1.172. La discriminación por orientación o identidad sexual tuvo el año pasado los datos más altos. En segundo lugar aparecen los actos racistas y xenófobos ocurridos principalmente en espectáculos deportivos y en tercer lugar los ataques a discapacitados. La orientación sexual y la identidad de género tuvo el año pasado 452 casos identificados en nuestro país, el origen étnico o racial 381, la discapacidad 290, la religión y las creencias 42, la situación de pobreza y exclusión social 4 y el antisemitismo 3.

Las cifras de los primeros seis meses de 2014 coinciden en cualquier caso con las que se conocieron hace pocas semanas sobre 2013, año en que por primera vez el Ministerio del Interior hizo recuento de las denuncias por delitos de odio. De los 1.172 delitos denunciados el año pasado, 452 se debieron también a LGTBfobia (38,6 %) por delante del origen étnico o racial (el 32,5 %) y la discapacidad (el 24,7 %). En 2013 fueron las tres comunidades más pobladas (Andalucía, Cataluña y Madrid) las que acumularon un mayor número de casos.

Las cifras reales son con total seguridad mayores, si se tiene en cuenta que según los expertos la mayoría de las víctimas de este tipo de crímenes no los denuncian (entre el 60 y el 90 %, según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea), bien por vergüenza, porque piensan que no va a servir de nada, o por las dos cosas.

Datos terribles tras los cuales los colectivos LGTB insisten otra vez en que se tomen medidas. Para el presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez, “resulta acuciante la necesidad de intervención por parte de los poderes públicos. Los avances legislativos y sociales en nuestro país son innegables, pero la homofobia crece al hacerlo nuestra visibilidad, y los datos son claros, incuestionables. El gobierno tiene la obligación de asumir la homofobia y la transfobia como una realidad demostrable en nuestro país, y debe actuar contra ella, de manera inmediata además”.

Nuñez reclama medidas legislativas “en la línea que marcan la avanzada ley contra la homofobia y la transfobia en Cataluña o el proyecto de ley que en otoño entra en la Asamblea de Extremadura. Y este avance legislativo debe ir mucho mas allá de la mera condena a estas actitudes y conductas, debe penalizar la discriminación contra gais, lesbianas, bisexuales y transexuales. La homofobia debe ser mucho mas que un agravante que es tan solo como se considera hoy en nuestro ordenamiento jurídico. Hay que penalizarla, sin excusas”. El presidente de Triángulo, al mencionar la ley catalana, se refiere en realidad a una proposición de ley que todavía no ha podido ser aprobada por el Parlamento de Cataluña debido a las maniobras del PP, que se opone a ella por incluir un capítulo sancionador contra las conductas discriminatorias.

También la confederación COLEGAS se ha manifestado al respecto. Esta organización se congratula de que comiencen a contabilizarse en España este tipo de delitos, aunque advierte que las denuncias conocidas son solo la punta de un iceberg. COLEGAS también denuncia “la poca o nula formación por parte de las fuerzas de seguridad para tratar este tipo de delitos. Aparte de la tipología del delito (hurto, agresión, violencia, insultos…) desconocen y no señalan la otra variable del delito, que es la causa o motivación del mismo, y que muchas veces es el odio y la intolerancia. Por ello desde COLEGAS pedimos que las fuerzas de seguridad del estado se formen en atender de forma correcta a las víctimas de delitos de odio y registrar correctamente en las denuncias e informes”.

“La falta de una ley que castigue la discriminación motivada por el odio (…) está logrando que muchos delitos de odio queden impunes o cuando no son castigados levemente. Es necesario una urgente Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación que regule este tipo de delitos en nuestro país, ante la ambigüedad y el vacío legal existente en este momento”, ha añadido el presidente de COLEGAS, Paco Ramírez.

Fuente CADENA SER

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