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Obispos de México rechazan uniones homosexuales y el obispo mexicano de Nuevo Laredo Gustavo Rodríguez Vega, prefiere ir a la cárcel que casar parejas homosexuales

Domingo, 21 de junio de 2015

Monsenor-Gustavo-Rodriguez-Vega_MILIMA20150601_0397_8Pues nada, va a estar monísima su Ilustrísima con la mitra a rayas… Y Francisco sigue con su ambigüedad… gestos de buen rollito pero nombrando obispos cañeros.

La Iglesia mexicana carga contra el matrimonio igualitario

Ha supuesto un fuerte avance en la lucha por los derechos civiles y se adelanta a Estados Unidos 

Los obispos se enfrentan a la Suprema Corte y piden vetar los enlaces entre personas del mismo sexo como se prohíbe “el voto a los menores”

Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha declarado inconstitucionales las prohibiciónes para legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo en todo el país, la Iglesia católica toma una postura más conservadora, tal como declara el obispo de Nuevo Laredo, Gustavo Rodríguez Vega, que acaba de ser nombrado por Francisco como arzobispo de Yucatán, quien dice que  prefiere ir a la cárcel antes que entrelazar a una pareja que no esté conformada por un hombre y una mujer.

Subrayó que aunque los homosexuales puedan casarse por lo civil, los eclesiásticos no deben darles la bendición ya que se trata de una “aberración” defendida por una ley terrenal, que la Iglesia católica tiene que tolerar.

En sus declaraciones hechas al periódico Excelsior, el obispo dijo: Que la Corte meta a la cárcel a quien quiera, pero la Iglesia no puede ir contra la ley de Jesucristo. Pues asegura que el matrimonio entre un hombre y una mujer es una tradición de hace más de 2 mil años, y su finalidad es la de procrear.

Gustavo Rodríguez Vega, obispo de Nuevo Laredo y arzobispo de Yucatán, recordó que la Biblia asegura que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer que quieren procrear.

“La postura oficial de la Iglesia, respetuosos de las instituciones de nuestro país, y de las diversas formas de sentir, pensar y vivir, reiteramos nuestra convicción basada en razones científicas, antropológicas, sociales y religiosas, de que la Biblia, cédula de la sociedad, se fundan en matrimonio un hombre y una mujer, como consta en la tradición jurídica milenaria de occidente, tradición de 2 mil años; es la unión de un hombre y una mujer que quieren procrear. Definitivamente es un parteaguas y no todo mundo va a estar de acuerdo y la Iglesia no está de acuerdo con esta definición”, dijo.

Dijo que si al estar en contra de lo que ellos llaman una “verdadera aberración”, nadie los puede obligar a casar a hombres con hombres o mujeres con mujeres, porque esa acción no la contempla la Iglesia católica y es una ley terrenal.

“Sabemos que podemos ir a la cárcel, si alguna pareja decide casarse por el civil, pero nosotros no le daremos la bendición; esta ley no puede obligar a la Iglesia, la Iglesia no puede ir contra sus principios y de hecho vendrán a la Iglesia solamente quienes compartan nuestros principios. No se puede obligar a una institución como esta Iglesia a ir contra sus principios. Que la Suprema Corte meta a la cárcel a los obispos y a los sacerdotes, a quien quiera, pero la Iglesia no puede ir contra la ley de nuestro Señor Jesucristo, aclaró.

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Como vemos, la Iglesia mexicana ha vuelto a la carga. La histórica decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avalar los matrimonios homosexuales y dotarlos de plenos derechos ha desatado las iras de los obispos. En una calculada declaración pública, la conferencia episcopal clama por la finalidad procreativa de las bodas y niega a los jueces la capacidad para decidir sobre las nuevas formas de matrimonio. “Los obispos reiteramos nuestra convicción, basada en razones científicas, sociales y religiosas, de que la familia, célula de la sociedad, se funda en el matrimonio de un hombre con una mujer, que por su capacidad procreativa garantizan la supervivencia de la sociedad”, indica la nota. En su argumentario, los prelados se acogen a la “tradición bimilenaria de Occidente”, apelan al Código Civil de 1870 y llegan a comparar el rechazo a los matrimonios homosexuales con la prohibición del voto a los menores o a los extranjeros.

La Suprema Corte ha declarado la inconstitucionalidad de cualquier norma que establezca que la finalidad del matrimonio es la procreación o que lo defina como unión entre un hombre y una mujer. Con este paso, los jueces han puesto fin a la dispersión legal que reina en México, donde sólo en tres estados (Coahuila, Quintana Roo y el Distrito Federal) es legal y de pleno derecho este tipo de unión. El resto del país ofrece un puzle normativo que va desde el rechazo al reconocimiento parcial. “Ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de las autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual”, sostienen los magistrados.

La resolución, de obligado cumplimiento en todo el territorio, ha supuesto un fuerte avance en la lucha por los derechos civiles. Con esta base jurídica, México se adelanta a Estados Unidos y se equipara a Argentina, Brasil y Uruguay. Pese a ello, el fin de la discriminación a los homosexuales ha sido acogida con enorme frialdad por los grandes partidos políticos, responsables de las dubitativas legislaciones estatales. Ninguna de las formaciones ha mostrado su apoyo oficial a la decisión de los jueces.

Frente a este silencio, la única declaración institucional de peso ha procedido de la Iglesia. Pero el texto, pese a la irritación que refleja, está escrito con mano fría. A diferencia de las explosivas notas de antaño, en sus líneas se aprecia la llegada a la Santa Sede de Francisco, impulsor de una nueva narrativa católica. Los obispos, cuya influencia aún es notable en las zonas más conservadoras del país, no sólo se muestran respetuosos con las “diversas formas de pensar y vivir” sino que intentan despolitizar sus palabras y llevarlas, aunque con dificultad, al terreno jurídico. En esta sentido, apelan en su escrito a la cultura “bimilenaria de Occidente” y a los códigos civiles de Benito Juárez (1870) y de Plutarco Elías Calles (1928). Bajo este paraguas tradicionalista, intenta soslayar la discriminación que supone impedir el matrimonio a los homosexuales comparándolo con la prohibición que tienen los extranjeros o los menores de votar. “En estos casos no se atenta a sus derechos sino que se salvaguarda la nación. La discriminación es una distinción injustificada, que en este caso no se da, ya que el matrimonio ha sido entre siempre entre personas de diferente sexo, hombre y mujer”, sostienen los obispos.

Esta postura de la Iglesia mexicana, una institución sometida desde hace décadas a una constante pérdida de seguidores, dista de contar con un amplio apoyo popular. Las encuestas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación revelan que el 70% de la ciudadanía es favorable al reconocimiento de los derechos homosexuales. Y la realidad de los estados donde ya es legal muestra que su pleno reconocimiento es perfectamente asumible por una sociedad incardinada en el siglo XXI.

A continuación, El comunicado de los obispos mexicanos, que no tiene desperdicio…

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México, D.F, 18 de junio de 2015

DECLARACIÓN DEL CONSEJO DE PRESIDENCIA Y DE LA COMISIÓN EPISCOPAL PARA FAMILIA, JUVENTUD, LAICOS Y VIDA DE LA CONFERENCIA DEL EPISCOPADO MEXICANO RESPECTO AL DICTAMEN DE LA SUPREMA CORTE

Los cristianos obedecen las leyes establecidas, pero con su vida las sobrepasan (Carta a Diogneto, V, siglo II).

El 3 de junio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que: “La Ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad del matrimonio es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional”. Esta jurisprudencia, avalada sólo por 4 ministros, deberá ser acatada por todos los jueces del país.

Los obispos, respetuosos de las instituciones y de las diversas formas de pensar y vivir, ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión, reiteramos nuestra convicción, basada en razones científicas, sociales y religiosas, que la familia, célula de la sociedad, se funda en el matrimonio de un hombre con una mujer, que por su capacidad procreativa garantizan la supervivencia de la sociedad. De ahí que, por ser de eminente interés social, el derecho civil confiera a esta unión un reconocimiento institucional, que el Estado ha de promover y tutelar para el bien común.

Esta convicción consta en la tradición jurídica bimilenaria de Occidente, recogida y profundizada a lo largo de nuestra historia por legisladores y juzgadores de diversas corrientes de pensamiento e ideologías, la cual se ve reflejada ya desde el Código Civil de 1870 emanado bajo el gobierno del presidente Benito Juárez, del Código Civil Federal de 1928 promulgado por el presidente Plutarco Elías Calles, y en la mayoría de los actuales Códigos Civiles o Familiares de los Estados de la República.

Por eso, como ciudadanos, consideramos que la sentencia de la Suprema Corte, además de romper con esta sólida tradición jurídica y el bien social que custodia, contraviene los principios del federalismo y la razón de ser de los diversos códigos civiles, que pretenden responder a la realidad concreta de cada entidad federativa y su pluralidad, lo que debe reflejarse en las acciones de los jueces.

Todos los seres humanos, por el hecho de serlo, tenemos dignidad y derechos. Y dado que toda persona es idéntica a sí misma y diferente a las demás, han de derivarse tratos variados según esas diferencias. Con esta convicción, la Iglesia sostiene que el matrimonio solo puede celebrarse entre un hombre y una mujer, y defiende este valor para el bien de las personas y de toda la sociedad.

La discriminación es una distinción injustificada, que en este caso no se da, ya que el matrimonio siempre ha sido entre personas de diferente sexo, hombre y mujer. No corresponde a la Suprema Corte crear nuevas formas de matrimonio, porque ya no sería matrimonio, sino otro tipo de unión. En el caso que nos ocupa, sí se justifica la distinción, como la hay, por ejemplo, al no permitir el voto a un menor de edad o a un extranjero, ya que no atenta a sus derechos políticos, sino salvaguarda la Nación.

Si bien valoramos que nadie deba ser objeto de discriminación, tal como lo consigna el artículo primero constitucional, esto no significa que deba modificarse la esencia del matrimonio, ni que se olvide el espíritu del Constituyente que en el artículo cuarto, primer párrafo de la propia Ley Fundamental reconoce la igualdad del varón y la mujer y establece el deber legal de proteger el desarrollo y organización de la familia.

Fuente Excelsior y Conferencia del Episcopado Mexicano

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