La costarricense Yazmín Elizondo y su pareja Laura Flórez-Estrada, de nacionalidad española, anunciaron en conferencia de prensa una serie de acciones legales para defender su casamiento y contrarrestar las normas del país centroamericano que a su juicio discriminan a las personas homosexuales. “Esto es una lucha por los derechos humanos. Creemos firmemente en nuestras acciones, lo que hicimos fue transgredir un sistema que nos ve como ciudadanas de segunda categoría”, explicó Flórez-Estrada, de 28 años, sobre su matrimonio celebrado el 25 de julio pasado.

La divulgación de su caso por la prensa a principios de este mes motivó una rápida acción del director del Registro Civil, Luis Bolaños, quien anunció que corregiría el error de inscripción y anularía el matrimonio. Bolaños dijo también que denunciaría penalmente a la pareja y al abogado que las casó, el activista de la diversidad sexual Marco Castillo, porque el Código Penal castiga con penas de cárcel a quien utiliza errores de registro en beneficio propio.

La pareja constató que la inscripción de Elizondo, de 24 años, fue modificada para indicar que es una mujer, aunque no se ha anulado el matrimonio. “Fuimos a pedir los documentos de nuestro caso (en el Registro Civil) y vimos que todos vienen marcados con carácter de urgencia. No entendemos por qué esa urgencia si no hemos pedido ninguna modificación, creemos que es una discriminación”, comentó Elizondo. Recordó que centenares de personas que han sido inscritas erróneamente pasan años y hasta décadas intentando que el Registro Civil lo corrija.

La pareja anunció por ello un recurso de amparo contra el Registro Civil por la premura con la que tramitó su caso, y obligarlo a que lo procese de la misma forma que son abordados otros casos similares. “No nos vamos a oponer a que se modifique el registro del sexo pero sí nos vamos a oponer a que se haga de la forma en que se hizo”, explicó el abogado Roberto Zamora, quien encabeza el equipo legal de la pareja.

“Vamos a solicitar en un recurso de amparo que se anule la decisión y que se ordene al Registro Civil volver a iniciar el trámite y se haga como a todas las demás personas de este país. Ellas no son diferentes, no son ciudadanas de segunda clase, y merecen el mismo trato de cualquier otra persona”, remarcó Zamora.

Adicionalmente, la pareja anunció un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 14 del Código de Familia, que establece que el matrimonio solo puede realizarse entre hombre y mujer. También anunciaron una acción de inconstitucionalidad contra la normativa del Código Penal con base en el cual fueron denunciadas por el director del Registro Civil.

El caso motivó un debate en Costa Rica sobre los derechos de las personas LGTB, y llevó a la diputada Ligia Fallas, del izquierdista Frente Amplio, a proponer un proyecto de ley para autorizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

No obstante, admitieron que si la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechaza sus solicitudes, están dispuestas a llevar su caso al sistema interamericano de derechos humanos.

Fuente Cáscara Amarga

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El país centroamericano seguirá los pasos de Chile, que en enero se convirtió en la más reciente nación de América Latina en legalizar las uniones entre personas del mismo sexo después de Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Brasil y algunos estados de México.

Costa Rica presentará esta semana dos proyectos de ley para legalizar las uniones de parejas del mismo sexo, dijo una funcionaria del Gobierno tras reunirse con activistas por los derechos de las personas LGTB. “Esta semana serán convocados estos proyectos, honrando el compromiso del Gobierno en esa materia y (…) se va a abrir un espacio de consulta con distintas organizaciones”, dijo Ana Gabriel Zúñiga, viceministra de la Presidencia. Las autoridades esperan que el Plan de Sociedades de Convivencia y el de Uniones de Hecho, los dos textos para legalizar la unión civil igualitaria, se discutan en la Asamblea Legislativa antes del 30 de abril.

El gobierno de Costa Rica promoverá en breve la discusión de un proyecto de uniones entre personas del mismo sexo. Una buena noticia que se inscribe en el contexto favorable a los derechos LGTB abierto hace un año en Costa Rica con la elección como presidente de Luis Guillermo Solís, que si todo va bien -el proceso no se adivina fácil- promete dejar a ese país como el más avanzado en materia LGTB de Centroamérica.

Ya desde el principio de su mandato Luis Guillermo Solís rompía moldes eligiendo a un ministro abiertamente gay para la cartera de Turismo y haciendo ondear, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, la bandera arco iris en diversas dependencias oficiales, incluida la sede de la presidencia, abogando por “la igualdad de derechos sin ninguna discriminación”. Gestos sin precedentes en Centroamérica, bien recibidos por los activistas LGTB costarricenses y muy criticados, como era de esperar, por los sectores conservadores.

La apertura de un nuevo periodo por lo que a los derechos LGTB se refiere quedó simbolizado, poco después de la elección de Solís como presidente, por la decisión unánime de la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) de que los trabajadores de Costa Rica puedan incluir a sus parejas del mismo sexo en los beneficios del sistema de seguridad social por lo que a la atención médica se refiere (lo que incluye tanto el derecho a la atención sanitaria pública como a la visita hospitalaria). LA CCSS comenzó a valorar esta posibilidad en los días previos al relevo presidencial a iniciativa de Luis Loría, representante del movimiento cooperativista ante dicho organismo, que consideró injusto que durante el proceso de negociación para elegir al nuevo presidente de la Asamblea Legislativa se usara como moneda de cambio la posibilidad de dejar en suspenso la discusión del proyecto de uniones civiles, una noticia que recogimos en su momento. La decisión fue saludada muy efusivamente por el propio presidente de Costa Rica en su perfil de Facebook e incluos mereció una felicitación expresa a Costa Rica desde Naciones Unidas.

Sin embargo, pese lo esperanzador de este nuevo periodo, hasta ahora nada concreto se había materializado respecto a la posibilidad de reconocer las uniones entre personas del mismo sexo, que la Asamblea Legislativa de Costa Rica lleva años debatiendo. Una iniciativa que en legislaturas anteriores siempre acababa encontrando el freno de los cada vez más influyentes grupos evangélicos costarricenses y sus representantes políticos, entre ellos el que en su momento llegó a ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, el pastor Justo Orozco (un conocido homófobo). Es por eso que activistas LGTB se reunían esta semana con representantes del gobierno para exigirles avances en esta materia, una reunión tras la cual la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, anunciaba que el gobierno promovería la discusión, antes del 30 de abril (cuando concluye el vigente periodo de sesiones extraordinarias) de los dos proyectos sobre la materia que se encuentran en trámite parlamentario (el de sociedades de convivencia y el de uniones de hecho), para unificarlos en un solo texto que reúna un apoyo suficiente para conseguir su aprobación tras un periodo de consultas.

Grupos y activistas por los derechos de los homosexuales aplaudieron la iniciativa con la que el presidente Luis Guillermo Solís cumple su promesa de combatir la discriminación después de dar algunas señales el año pasado, como la extensión de los beneficios de la seguridad social a las parejas del mismo sexo. 

“Sí nos molesta que se haya demorado tanto el proyecto, pero el día de hoy ha sido un paso adelante”, aseguró Marco Castillo, del Movimiento Diversidad, quien agregó que el objetivo ahora es buscar el apoyo más amplio en el legislativo. “Vamos a estudiar el proyecto una vez que esté listo (…) Lo importante ahora es que ya, por fin, el Gobierno cumplirá con el compromiso de convocar en sesiones extraordinarias los dos proyectos que buscan el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo. Se nos va a permitir esta lucha tan importante en favor de las familias del mismo sexo”, afirmaba esperanzado Marco Castillo, representante del Movimiento Diversidad. “Estamos felices de que haya un compromiso concreto y una fecha”, aseguraba por su parte Margarita Bolaños, representante del Frente por los Derechos Igualitarios, quien convocó a toda la comunidad lesbiana, gay, transgénero y bisexual (LGTB) a participar en el debate público de las propuestas legales

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