Pastor cristiano transfóbico y bautista del sur, Luke Ash | Captura de pantalla de WBRZ-TV

Se alió con un grupo de odio anti-LGBTQ+ y el Partido Republicano para apoyar su cruzada.

Daniel Villarreal
21 de julio de 2025,

Luke Ash, pastor bautista del sur, fue despedido recientemente de su puesto como técnico en la Biblioteca Parroquial East Baton Rouge (EBR) de Luisiana tras haber usado repetidamente el género incorrecto para su compañero de trabajo. Ahora afirma haber sido despedido por sus creencias religiosas, y el líder de un grupo de odio anti-LGBTQ+ y otros líderes conservadores y religiosos comparten su historia mientras intentan que se retire la financiación de la biblioteca.

Ash le contó recientemente a Tony Perkins, líder del grupo de odio anti-LGBTQ+ Family Research Council, que el 7 de julio usó el género incorrecto para referirse a alguien que usa pronombres masculinos. «Me negué a usar esos pronombres preferidos«, dijo Ash. «Al día siguiente, mi supervisor y el jefe de referencia me reprendieron, y el jueves por la mañana me despidieron«.

El 8 de julio, su gerente le dio una copia de la política de inclusión de la biblioteca, que dice que la biblioteca es un lugar donde todos son “bienvenidos, aceptados y respetados”, y que todos tienen derecho a que se les llame por sus pronombres, informó el bloguero Hemant Mehta.

Perkins escribió: “Resulta un tanto irónico que la biblioteca tenga la política de no multar a los jefes que no devuelven los libros a tiempo o que no los devuelven, pero despiden a los empleados que se niegan a participar en expresiones forzadas y a seguirle la corriente a una mentira”.

Ash declaró a la estación de noticias local WBRZ que no estaba de acuerdo con la política, afirmando: “Como dije, existen convicciones religiosas y otros tipos de convicciones, y cuando estas se contradicen, se debe dar preferencia a una u otra”.

El 10 de julio, Ash envió una carta al alcalde-presidente de Baton Rouge, Sid Edwards, pidiéndole que “desfinanciara” la biblioteca debido a su política de inclusión.

Después de que Perkins y WBRZ compartieran su historia, la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill (republicana), escribió en redes sociales: “La ley de Luisiana prohíbe la discriminación por religión en el lugar de trabajo. Se trataba de un empleado público en una biblioteca pública financiada con fondos públicos”.

“El gobierno no puede obligarte a violar tu conciencia ni tus creencias religiosas más arraigadas”, añadió Murrill. “Esto no es California ni Nueva York. En Luisiana, un cristiano tiene los mismos derechos que cualquier otra persona”.

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, también escribió en redes sociales: «¡Los habitantes de Luisiana nunca deberían perder su trabajo por negarse a mentir! Luisiana es el mundo real, y en el mundo real, no existen los pronombres preferidos, ¡solo los biológicos!«.

Landry hizo su comentario en una republicación de la cuenta anti-LGBTQ+ Libs of TikTok, dirigida por Chaya Raichik. La cuenta ha sido vinculada a numerosas amenazas de muerte contra niños, maestros, profesionales médicos y personas LGBTQ+.

“Lo acaban de despedir de una biblioteca pública en Luisiana por negarse a usar los pronombres preferidos de un compañero de trabajo porque va en contra de sus creencias religiosas”, escribió Raichik. “Esto es una locura. Esta biblioteca… recibe nuestros impuestos. ¡Que Luke recupere su trabajo o desfinancien esta biblioteca!”

El 17 de julio, David Goza y Lewis Richardson, líderes de las iglesias bautistas de Jefferson y Woodlawn, respectivamente, escribieron una carta a la Junta de la Biblioteca Parroquial de East Baton Rouge instándoles a recontratar a Ash y a poner fin a “todas las políticas de DEI” que llevaron a su despido. La carta calificó la política de inclusión de la biblioteca como “una flagrante violación de la conciencia divina y de las protecciones de la Primera Enmienda a la religión y la expresión”.

“Esta política no es inclusiva, es coercitiva”, declaraba la carta. “Crea un ambiente hostil para cualquiera que se aferre a las creencias cristianas históricas sobre sexo y género. Esto no es tolerancia; es tiranía ideológica”.

Logan Wolf, miembro de la junta directiva del Forum for Equality (Foro para la Igualdad), la organización de derechos humanos LGBTQ+ de Luisiana, declaró a WBRZ: «Simplemente hay que tratar a alguien con decencia básica, y creo que eso es crucial. [Ash] violó voluntariamente las políticas y procedimientos de la biblioteca EBR hacia otro empleado, y creo que eso no está bien«.

Más del 80 % de los empleados transgénero han sufrido discriminación o acoso en el lugar de trabajo a lo largo de su vida, según un estudio realizado en noviembre de 2024 por el Instituto Williams. Las personas trans tienen el doble de probabilidades de sufrir discriminación laboral que los empleados LGB cisgénero.

En la decisión de la Corte Suprema de 2020 en el caso Bostock contra el Condado de Clayton, el tribunal dictaminó que los empleados trans debían estar protegidos contra la discriminación laboral anti-LGBTQ+ con base en el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964. La actual administración presidencial y los conservadores religiosos han intentado cada vez más limitar el impacto de esta sentencia, alegando que viola la «libertad religiosa» anti-LGBTQ+.

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Daniel Villarreal es un periodista y editor galardonado y con una larga trayectoria, que ha escrito para NBC News, Newsweek, Vox, Slate, Vice News, The Seattle Stranger, The Dallas Voice y numerosas otras publicaciones LGBTQ+. Ha dado charlas en SXSW, Creating Change, Netroots Nation, GaymerX y se graduó del programa Voices of Color de GLAAD y del seminario Power of Diverse Voices 2024 del Instituto Poynter. También es el fundador de QueerBomb Dallas, un evento anual del Orgullo no corporativo. CinéWilde, el ciclo mensual de cine LGBTQ+ más antiguo del país. Está disponible para entrevistas y charlas educativas.

Fuente LGBTQNation

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A principios de año el gobernador demócrata de Louisiana, John Bel Edwards, emitió una orden ejecutiva para proteger a los funcionarios LGTB de cualquier discriminación por motivo de orientación sexual y/o identidad de género. Pues bien, el fiscal general del estado de Luisiana consigue la derogación de una ordenanza contra la discriminación laboral de la comunidad LGTB en una continuada actitud homofóbica a pesar de que su propio hermano menor es gay.

La batalla legal ha terminado hace pocos días cuando un juez conservador, Todd Hernandez, le ha dado la razón al fiscal Landry y ha dicho que, efectivamente, el gobernador se extralimitó en sus designios constitucionales y que “la adopción o implementación [de la orden ejecutiva] crea nuevas situaciones o expande otras recogidas por la actual ley de Louisiana que se contradicen con la fidedigna ejecución de la ley existente en el estado“.

El fiscal general del estado de Luisiana, Jeff Landry, ha hecho de la homofobia su causa personal con la sistemática eliminación de los derechos de la comunidad LGBT. En 2010 apoya una enmienda constitucional que define el matrimonio entre un hombre y una mujer; dos años después hace campaña por la Universidad de Louisiana en los Estudios LGBTQ de Lafayette, apoyando el movimiento ultraconservador del Tea Party; y esta misma semana, el 14 de diciembre, acaba de ganar una batalla judicial contra el gobernador demócrata del estado, John Bel Edward, anulando una ordenanza que protege a los trabajadores LGBT de la discriminación, alegando que violaba la constitución del estado. Una batalla que ha obligado a su hermano menor, Nicholas Landry, a salir de las sombras para proclamar a todo el mundo que es gay.

https://www.youtube.com/watch?v=J5wHXJIs3b4

Firmada en abril de este mismo año, la medida de Edward proporcionaba protección en el lugar de trabajo a los empleados homosexuales, bisexuales y transexuales en ámbitos vitales como el modo de contratación, las promociones laborales y los seguros sanitarios. Pero Landry se negó a firmar cualquier contrato que incluyera estas disposiciones, demandando al estado. «No somos súbditos de un rey en Louisiana. Tenemos un Gobernador, un Fiscal General independiente, una Legislatura elegida y un sistema judicial que están todos involucrados en el gobierno», explicaba Landry para justificar su demanda, sin pensar que su propia homofobia le iba asaltar en la cara desde el seno de su propia familia.

«No puedo permanecer en silencio por más tiempo porque, aunque no soy político, soy un ser humano, y sólo quiero mis derechos, mis derechos inalienables», proclama Nicholas Landry, de 34 años de edad, que está más orgulloso de ser homosexual que de ser el hermano del fiscal general, tal y como se desprende de un vídeo que ha publicado en YouTube en el que habla sin pelos en la lengua de las políticas que promueve su homofóbico hermano mayor. «No estoy realmente en la política, pero Jeffrey está demandando… para bloquear [el matrimonio igualitario] y la igualdad de derechos en el estado de Louisiana (…) Ese tipo de odio, ese tipo de intolerancia y ese tipo de discriminación… Es simplemente innecesario», explica Nick en un vídeo de 10 minutos de duración en el que explica las dificultades de salir del armario en un pequeña localidad conservadora y de cómo su católica familia lucha para aceptarle por lo que es. «Ahora que estoy de pie por mi cuenta, sé que ya no puedo permanecer en silencio».

«Amo a mi hermano. Eso es incuestionable. Pero yo le diría lo mismo, debemos respetar la ley y respetar la Constitución. Tanto la Constitución como la ley nos dan las vías para abordar esas quejas. No siempre están de acuerdo en cómo se dirigen, pero tenemos que respetar eso también», y así respondía el fiscal general cuando en una entrevista le enfrentaban con el hecho de que su hermano es homosexual, preguntándole su opinión en el caso de que sufriera de discriminación en su entorno laboral por ser gay, tras haber logrado su homofóbica victoria en los juzgados.

«La historia está determinada por los legisladores», contesta Landry cuando le preguntan por el movimiento de los derechos civiles de los años 60, como si fuera una época que no hubiera sucedido dado que él «no había nacido en ese momento», como tampoco parece importarle que al Constitución dice que «ningún estado negará la igualdad legal a cualquier persona dentro de su jurisdicción».

Dado que la sangre no apela al sentimiento del fiscal general del condado de Pelican, al menos el gobernador Edwards sí tiene pensado apelar a la sentencia contra su ordenanza y restablecer la igualdad en el entorno laboral sin importar la orientación sexual ni la identidad de género de las personas. Ha declarado que piensa seguir luchando para mantener esa orden ejecutiva y proteger a las personas LGTB en sus puestos de trabajo en la administración pública: “Estamos decepcionados por el veredicto del tribunal. Sin embargo, tenemos toda la intención de apelar esta decisión, que es como todas las partes sabíamos que este problema iba a solucionarse en última instancia. En su veredicto el juez ha declarado que la ley de Louisiana reconoce al gobernador como un oficial superior al fiscal general en materia constitucional, pero no está de acuerdo con que la orden ejecutiva esté dentro de la potestad del gobernador. Con gran respeto por la legislación de Louisiana, seguimos creyendo que la discriminación no es un valor de Louisiana y que el estado es mejor cuando las decisiones sobre empleo se toman únicamente basándose en las cualificaciones y el rendimiento laboral de los individuos. Respetamos la decisión del tribunal y nos ceñiremos a ella mientras buscamos con fuerza la forma de apelarlo.”

Las organizaciones por los derechos civiles, como la Human Rights Campaign o el Forum for Equality, han declarado que la decisión del juez es un claro paso atrás en los derechos de los funcionarios LGTB, pero confían en que el Gobernador Edwards mantenga su palabra y siga luchando para apelar la decisión y garantizar la igualdad legal de los ciudadanos LGTB.

Fuente: Queerty, vía Universogay/EstoyBailando

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