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La Justicia otorga un subsidio reparativo a una mujer trans en Buenos Aires

Viernes, 6 de marzo de 2015

transEl juez entendió que el Estado incumplió con sus obligaciones convencionales y constitucionales a garantizar una vida digna.

La mujer, de más de 60 años, recibirá un subsidio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires equivalente a un salario mínimo vital y móvil (4716 pesos).

La Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans (FALGBT) celebra el fallo del juez porteño Víctor Trionfetti que ordenó ayer al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pagar mensualmente equivalente a un salario mínimo vital y móvil -4716 pesos- a una mujer trans de más de 60 años. Este hecho marca un hito histórico en materia de derechos e inclusión trans no sólo en Argentina sino a nivel internacional.

El amparo, al que se hizo lugar Trionfetti, fue patrocinado en conjunto por la FALGBT, la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero (ATTTA), la Mesa Nacional por la Igualdad y la Defensoría LGBT.

Al respecto Esteban Paulón, Presidente de la FALGBT, expresó que “hoy es un día histórico para la lucha por la igualdad e inclusión del colectivo trans en nuestro país y en todo el mundo. Este acto de reparación reconoce el abandono que ha sufrido este colectivo por parte del Estado y la responsabilidad que le cabe, en todos sus niveles, para subsanar estas situaciones.”

Por su parte Marcela Romero, Secretaria General de la FALGBT y Presidenta de ATTTA agregó: “Para nosotras abre el camino para seguir trabajando y que haya una sola ley, en la cual todas las personas trans mayores puedan recibir un subsidio, por haber vivido con el estigma y la discriminación desde el Estado durante la dictadura militar, además de las leyes y contravenciones que nos criminalizaron después. La democracia tiene todavía una deuda con la población trans y tiene que reparar la violencia institucional. Nuestro reclamo fortalece a la democracia.”

Asimismo Flavia Massenzio, Directora de la Defensoría LGBT, concluyó que “sin dudas, la situación de absoluta desprotección, discriminación y violencia que viven las personas trans a lo largo de su vida justifica una urgente reparación, se deben implementar políticas públicas que para revertir esta situación de este grupo históricamente vulnerado. Esta sentencia, justamente condena al GCBA por esa omisión estatal.”

Emocionada, Romero declaró que “estamos orgullosas del trabajo articulado de nuestras organizaciones y del logro colectivo, porque este precedente además de representar un verdadero acto de Justicia, es una herramienta en el derecho que exigimos como personas trans para gozar de una ciudadanía plena.”

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