En abril de 2013, Uruguay aprobó un proyecto de ley sobre el matrimonio igualitario, convirtiéndose en el segundo país de Latinoamérica en acoger esa medida después de Argentina.

Uruguay marca la pauta en la igualdad de los derechos de los homosexuales en la región debido a los cambios que ha hecho en su legislación, ha señalado el representante de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amérigo Incalcaterra. «Yo creo que el que más ha avanzado es el caso de Uruguay, donde hay una completa y absoluta igualdad. Han logrado lo que deberíamos lograr en todas las legislaciones a nivel regional, una igualdad completa en materia de los derechos de las personas LGBT», afirmó Incalcaterra.

El funcionario de la ONU presentó hoy en una rueda de prensa en Lima la campaña internacional Libres e Iguales, que promueve el respeto a los derechos de las personas LGBT. La campaña Libres e Iguales recomienda cinco pasos a seguir por los Estados: proteger contra la violencia homofóbica, prevenir la tortura y tratos crueles de las personas LGBT, derogar leyes que penen la homosexualidad, prohibir la discriminación por orientación sexual o por identidad de género y salvaguardar la libertad de expresión de este grupo. «Si se hace un análisis de los distintos países, hay algunos que han avanzado más, otros que están en camino y otros que están en plena discusión. En el caso de Perú, están en plena discusión porque hay varios proyectos de ley que se discuten en el ámbito parlamentario», sostuvo.

En Perú se viene debatiendo en el Congreso diversas iniciativas relacionadas a derechos patrimoniales de parejas homosexuales, e incluso una de ellas, el de la Unión Civil, plantea que éstas personas sean consideradas como familia. Para Incalcaterra, que aún no haya una legislación al respecto en el país es «evidentemente una discriminación» para los grupos de personas LGBT. «Debemos recordar mensajes básicos en derechos humanos. Si la declaración (universal) dice que todos y todas independientemente de cómo nacemos, nuestra raza, color, orientación sexual, etc. tenemos los mismos derechos, eso hay que hacerlo realidad, y esa es la responsabilidad», expresó.

Para Incalcaterra, es «preocupante» que se haya registrado en un informe de la Defensoría del Pueblo que 14 miembros de la comunidad LGBT de Perú fueron asesinados entre enero de 2013 y marzo de 2014, «no solamente por las muertes, sino por la condición en que se producen estas muertes». «Hay que tipificar claramente el delito de homofobia y transfobia, delitos de incitación al odio», resaltó.

Según datos de las Naciones Unidas, en 76 países existen leyes discriminatorias que tipifican como delito las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. En países como Irán, Mauritania, Arabia Saudita, Sudán y Yemen la homosexualidad se castiga con la pena de muerte, mientras que en ciertas regiones de Somalia y Nigeria, esta medida puede ser aplicada por tribunales religiosos.

La coordinadora residente del Sistema ONU en el Perú, Rebeca Arias, que también asistió a la rueda de prensa, expresó que los derechos de la comunidad LGBT no son especiales, sino son parte de los «derechos humanos».

Durante la conferencia, la directora de la organización Promsex, Susana Chávez, señaló que se ha conseguido en Perú «posicionar en la agenda política el necesario reconocimiento de los derechos de las personas homosexuales, bisexuales y transexuales».

Por su parte, el director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Roger Rodríguez, también asistente a la reunión, manifestó que es necesario que los funcionarios públicos «repiensen» su rol y que separen «su pensamiento religioso del estatal» para no afectar los derechos de las personas LGBT.

Fuente SDPNoticias

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(PERU) La denuncia asegura que anuncios promueven la violencia contra la comunidad homosexual y exigen su retiro.

‘Dios dice: No te echarás con varón como con mujer; es abominación’ (Levítico 18:22)’, se aprecia en un panel publicitario en plena avenida Universitaria, frente a la Universidad Católica, en clara posición contra el proyecto de ley de la Unión Civil. 

El mensaje ha generado la indignación de la comunidad homosexual de Lima. Por ello, un integrante de esa comunidad denunció al Movimiento Mundial Bethel,responsable de la instalación de los paneles en  diversas avenidas de Lima.

Jorge Mezarina, estudiante de la universidad Católica, que se declara homosexual, fue quien interpuso a mediados de abril una denuncia ante la Comisión de Protección al Consumidor contra los autores de los referidos paneles publicitarios.

‘Cuando vi el cartel el 7 de abril sentí un gran malestar y un profundo sentimiento de humillación al menospreciar nuestras prácticas sexuales’, recuerda Mezarina. ‘El cartel hace un llamado al odio contra nosotros‘, agregó. 

La defensa del universitario de 23 años explica que el anuncio publicitario, a la vista de transeúntes y automovilistas, atenta contra el derecho del consumidor a no ser discriminado, tal como se señala en los artículos 1° y 38° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Mezarina exige en la denuncia el retiro inmediato de los paneles, tanto en la capital como el resto del país y que los representantes de Bethel ofrezcan disculpas públicas hacia su persona y la comunidad LGTB (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales).

Además indica se deben comprometer a no repetir conductas discriminatorias que vayan en contra de la igualdad de las personas. ‘Lo que esperamos ahora es que Indecopi haga respetar el principio de no discriminación, tal como se ha referido en anteriores caso de discriminación’, explicó Beatriz Álvarez, abogada del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales yReproductivos (Promsex), entidad que ha tomado el caso. Ella indicó que la publicidad no debe instigar a la violencia ni poseer contenido de carácter discriminatorio.

¿Qué sucederá de no retirarse dicha publicidad? Álvarez agregó que en ese caso se tendrá que recurrir a otras instancias como el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. 

Tanto Álvarez como Mezarina esperan que otras personas que se sientan afectadas por este tipo de carteles también se unan con sus respectivas denuncias; sin embargo lo que los frena, añade la abogada, es la ignorancia. ‘Hay muchos que no sienten que exista una vía administrativa o judicial que vaya a intervenir cuando se atenta contra su dignidad, pero sí existen’.

 CLAVES

Dado que tras la demanda no se procedió al retiro de los paneles, Susana Chávez, directora de Promsex, envió una misiva a la Defensoría del Pueblo. La respuesta está aún en espera.
Bethel está representada por el pastor y ex alcalde de La Victoria (1987-89), Andrés Espejo Luna Victoria.

 Vía La República

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