El diputado colombiano Mauricio Toro presentó un proyecto para prohibir las mal llamadas terapias de conversión. Los congresistas lo acusaron de conflicto de intereses y lo recusaron. Desde Perú, escribe Alberto de Belaunde.

 LIMA, Perú. El mes pasado, el diputado colombiano Mauricio Toro presentó un proyecto de ley para erradicar las mal llamadas “terapias de conversión” en su país. Se denomina así a los esfuerzos de diversa índole para intentar suprimir o cambiar la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona LGBTIQ+.

Éstas, no solo no están respaldadas por ningún sustento científico, sino que además han demostrado en la práctica ser crueles, inhumanas y degradantes. En algunos casos, llegan a constituir formas de tortura. Las prácticas de conversión no logran los cambios que publicitan, pero sí generan secuelas psicológicas graves a largo plazo en quienes son sometidos a estas.

Pese a ello, todavía existen malos profesionales de la salud y líderes religiosos o sociales que realizan estas prácticas. A pesar de los avances alcanzados por la comunidad LGBTIQ+, las prácticas de conversión son un problema presente en todas las regiones del mundo, como quedó documentado en el informe pionero de OutRight International.

Una recusación homofóbica

Al presentar esta iniciativa, el diputado Toro busca que Colombia se una a otros países que ya han aprobado leyes para la erradicación de estas malas prácticas contra las comunidades LGBTIQ+. Países como Alemania, Canadá, diversos estados de México y Estados Unidos, y Francia ya cuentan con legislaciones específicas para prohibirlas.

Lamentablemente, los prejuicios e intolerancia predominaron en el Congreso colombiano.

Cuando estaba por iniciarse el debate de esta iniciativa, la comisión recibió un pedido de recusación contra el diputado Toro, presentado por un activista cristiano. La denuncia señala que existe un conflicto de interés, pues Mauricio Toro es abiertamente gay y el proyecto favorece a las personas LGBTIQ+.

El debate se suspendió y el asunto será visto por la Comisión de Ética del parlamento colombiano.

Hoy la homofobia se paseó por el Congreso de la República

En el debate de nuestro Proyecto que busca prohibir las torturas que se cometen contra personas LGBTI, llamadas "terapias de conversión", radicaron una recusación en mi contra con argumentos homofóbicos y discriminatorios pic.twitter.com/74I4OnOd85

— Mauricio Toro (@MauroToroO) June 7, 2022

Inaceptable

No es la primera vez que algo así sucede. En el año 2014, el congresista peruano Carlos Bruce “salió del clóset”, convirtiéndose en la primera autoridad abiertamente LGBTIQ+ de ese país. De inmediato, sectores ultraconservadores lo acusaron de tener un conflicto de interés por promover un proyecto de ley de unión civil para parejas del mismo sexo.

Aceptar este argumento tendría consecuencias peligrosas. Ninguna minoría o grupo vulnerable podría llegar a nuestros congresos a representar a sus comunidades y legislar para la protección de sus derechos. Tampoco podría ocupar cargo público alguno para intentar resolver los problemas que conoce de primera mano.

Por ejemplo, ningún senador con discapacidad podría proponer proyectos de ley para la promoción de la accesibilidad, ninguna alcaldesa afrodescendiente podría impulsar programas locales contra el racismo, ningún ministro indígena podría plantear políticas públicas con enfoque intercultural.

Las senadoras mujeres de todos los países tendrían que levantarse y retirarse de la sala, cada vez que se debata un proyecto relacionado a erradicar la violencia contra la mujer.

El argumento simplemente no se sostiene

Pese a lo visiblemente infundada de la acusación, es importante detenernos a dar una respuesta más desarrollada. Cada vez son más las autoridades abiertamente LGBTIQ en América Latina y veremos argumentos similares siendo replicados por grupos antiderechos alrededor de la región.

Estas campañas de desinformación y desprestigio suelen ser absurdas a propósito. Buscan que los sectores a quienes acusan no se dignen siquiera a responder. Y al no haber respuesta, algunos de los argumentos quedan dando vueltas en la opinión pública.

El conflicto de interés es una falta ética. Implica que, cumpliendo una labor pública o privada, uno privilegie intereses distintos a los intereses por los que debería velar. Este estándar de comportamiento es muy importante para los funcionarios públicos, entre los que se encuentran las autoridades políticas como los diputados, senadores y alcaldes.

El interés que deben servir a través de su trabajo es el interés de la sociedad, el interés público. Un funcionario público que en el desarrollo de su labor privilegia su interés personal o uno particular afectando el interés público, cae en un conflicto de interés.

«No existe conflicto de interés sino derechos humanos»

En el caso del diputado colombiano Mauricio Toro no existe conflicto de interés porque su proyecto de ley busca la protección de derechos humanos. Sea este un proyecto dirigido a una minoría o mayoría de ciudadanos, lo relevante es que favorece el interés público, ya que en un Estado de Derecho el objetivo central es que todo ciudadano –sin discriminación de ningún tipo– encuentre sus derechos reconocidos, respetados y tutelados.

Como es evidente, al verse servido el interés público, se verán servidos también muchos intereses individuales o colectivos. Si no, no estaríamos hablando de derechos humanos. El interés que se ve atendido con el proyecto de ley va más allá del diputado Toro y favorece a muchos ciudadanos que actualmente se encuentran en una situación de desprotección.

Entonces en el caso concreto no existe una colisión entre el interés público y otros intereses, y, por lo tanto, no nos encontramos frente a una falta ética. Espero que la Comisión de Ética del Parlamento colombiano sea rápida y contundente en su respuesta.

Una propuesta trascendental

Finalmente es necesario recordar la importancia que tienen iniciativas, como la presentada por el diputado Toro, para las personas que están en el centro de estas problemáticas. Estos esfuerzos no buscan que la comunidad LGBTIQ+ tenga beneficios especiales, como algunos creen. Tampoco responden a simple voluntad ideológica, como sí sucede en quienes militan en contra.

Proyectos como este pueden marcar la diferencia entre una vida digna o una vida de secuelas físicas y psicológicas. En algunos casos, incluso pueden llegar a ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Las prácticas de conversión tienen su raíz en la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia que existen en nuestras sociedades. Descalificaciones como las recibidas por el diputado Mauricio Toro son parte del mismo fenómeno. En el mes del orgullo, que este caso nos sirva para redoblar nuestros esfuerzos de lucha por sociedades libres de intolerancia y discriminación.

(*) Alberto de Belaunde es Program Advisor – OutRight International y excongresista peruano, abiertamente gay

13 de junio de 2022

Alberto de Belaunde

https://twitter.com/redconciliarte/status/1535035782205001730?s=21&t=hHZ6pNUsEKg_MZIohKIwAA

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Fuente Agencia Presentes

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El congresista, a través de un video que publicó en redes sociales, aseguró que le impidieron ingresar a un audiencia del caso de Sergio Urrego “solamente por llevar una bandera LGBTI”.

“Estaba asistiendo a una audiencia pública en los juzgados de Paloquemao, resulta que entré con una bandera LGBTI a acompañar a la audiencia, una bandera que venía enrollada y simplemente íbamos a ser parte, después de un plantón que hicimos afuera de la audiencia para conocer detalles de proceso”, aseguró Toro.

Sergio Urrego fue un estudiante que se suicidó en 2014, a sus 16 años, tras ser víctima de homofobia en su colegio.

En el video, el congresista además señala que “inmediatamente, los dos policías que estaban al ingreso de esos juzgados (..) se alertaron y prohibieron el ingreso de ese material”.

Tras un cruce de palabaras, que se observa en el video, el Policía señaló: “nada más yo cumplo con la ley. Lo que la norma dice (…) Yo no puedo vulnerar la seguridad del edificio por su culpa”. El congresista le respondió: “yo no la voy a extender, voy a estar en una audiencia pública, me voy a sentar como cualquier ciudadano”.

Al continuar el video se observa que una agente de Policía le dice que la audiencia es privada. “Cuando ocurrieron los hechos era menor de edad, la ley 1098 lo dice y no pueden ingresar a la audiencia”. Tras ello, Toro asegura que intentó ingresar a la audiencia sin la bandera “para verificar si la audiencia era privada, pero la audiencia efectivamente era pública y entramos sin problema”.

En el video, Toro concluye con la pregunta, ¿ven una bandera LGBTI y pareciera que fuera un arma?

La @PoliciaColombia me impidió ingresar a una Audiencia del caso de #SergioUrrego solamente por llevar una bandera LGBTI. Es la misma discriminación que mató a Sergio.

Esta bandera solo pone en riesgo los prejuicios y la discriminación! ¿Cuál es el miedo?🏳️‍🌈 #YoTambiénFuiSergio pic.twitter.com/bf5Tpw5utg

— Mauricio Toro (@MauroToroO) February 17, 2020

“Yo Mauricio Toro, el primer congresista abiertamente homosexual y aun así he sido víctima de la discriminación por parte de la Policía. No hace mucho entrando a un juzgado de Bogotá al juicio por el caso de Sergio Urrego, la Policía me discriminó a mí por llevar la bandera de los derechos LGTBI, me señaló y me impidió el ingreso por ser gay. Lo denuncié, se abrió una investigación y no ha pasado nada. Si eso le pasa a un congresista que es discriminado, cómo será con otra persona cualquiera en el país”, sostuvo el congresista.

Para Toro, es una práctica de la Policía Nacional “la homofobia” para con la población LGBTI. “Solo para darles algunas cifras, han sido más de 515 personas LGBT las víctimas de violencia policial entre 2013 y 2019, esto es un cortísimo periodo de 5 años, donde hay reportadas 515 violaciones de derechos fundamentales cometidos por agentes de policía en todo el territorio nacional, y eso que no estamos considerando el enorme subregistro existente, por amenazas o por vergüenza de las personas que viven en el closet sin poder reconocer públicamente su orientación sexual”.

Insistió en que “más allá de unos pocos casos aislados o manzanas podridas, en realidad la violencia y discriminación de la policía contra las personas LGBT, por la cantidad de casos, por su ocurrencia generalizada en todo el territorio nacional, y en especial, por la enorme impunidad de casos e investigaciones que terminar engavetadas sin siquiera identificar a los agresores, y mucho menos sin sanciones ni reparación para las víctimas, nos han llevado durante muchos años a denunciar que más casos aislados, este ensañamiento de los policías contra las personas LGBT parece más bien una práctica sistemática, permanente, profunda y arraigada a las creencias y vivencias de la Policía”.

Fuente SentidoG/Agencias

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