El concejal Marco Fidel Ramírez considera que la decisión viola la Constitución y los derechos fundamentales de los niños.

Una senadora, Viviane Morales, ha iniciado una campaña de recogida de firmas contra la sentencia.

La Corte Constitucional de Colombia avaló la adopción para parejas homosexuales la semana pasada pero esta decisión no ha estado exenta de polémica. Una de las más graves es la protagonizada por Marco Fidel Ramírez, un concejal de Bogotá que ha solicitado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que los magistrados que tomaron la decisión sean investigados porque considera que emitieron un veredicto contrario a la Ley.

El concejal Ramírez entiende que los magistrados violaron el artículo 42 de la Constitución de Colombia que establece a la familia como núcleo fundamental de la sociedad “por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”.

Ramírez, de posiciones claramente conservadores y religiosas, piensa que la decisión del alto tribunal colombiano también viola los derechos fundamentales de los niños. El texto legal que aprobó el Constitucional es el Código de Infancia y Adolescencia, la norma que regula las adopciones en Colombia y que, por primera vez, incluía la posibilidad de la adopción para parejas del mismo sexo. Para el alto tribunal la identidad sexual del solicitante no puede ser un criterio para definir si una persona puede adoptar o no.

Defender los derechos del niño es la principal excusa de quienes se oponen a la decisión del alto tribunal. También en contra de esta decisión se ha mostrado el colegio Guillermo Carey que aprovechó una circular interna en la que se explicaban las actividades del final del año para pedir a los padres que firmen en contra de la sentencia del alto tribunal. La noticia causó gran revuelo entre la comunidad LGBT colombiana y entre la sociedad en general.

Noemí Janson, la portavoz del colegio, ha declarado que “como institución debemos defender los derechos de los niños. A diario vemos que cuando se fractura la estructura de la familia, los mayores afectados son los menores”. Sin embargo, asegura, la firma por parte de los padres es opcional y se engloba dentro de la iniciativa de la senadora Viviane Morales, que también se opone a la decisión de la Corte Constitucional.

Fuente Cáscara amarga

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