Retiran cargo de blasfemia contra persona transgénero Indonesia católica
Cece Geliting,
El caso surgió de una disputa de tierras que involucraba a una empresa diocesana y una comunidad tribal en Nusa Tenggara Oriental.
Una organización católica retiró los cargos de blasfemia contra una mujer transgénero católica en Indonesia tras la firma de un acuerdo de paz entre ambas partes, según UCANews. El Foro de la Juventud Católica había presentado los cargos contra Cece Geliting, una esteticista, tras criticar a una empresa constructora propiedad de la Diócesis de Maumere por «desalojar por la fuerza a unos 200 miembros de tribus de tierras en disputa«, según el artículo. «Critico a la Iglesia como miembro solidario de la comunidad y no la odio«, declaró Geliting.
La policía de la provincia indonesia de Nusa Tenggara Oriental, de mayoría cristiana, retiró la denuncia por blasfemia contra una persona transgénero católica, interpuesta tras criticar a una diócesis acusada de desalojar a indígenas de sus tierras.
Cece Geliting, esteticista de 47 años, declaró que la denuncia se retiró después de que ella y el Foro de Jóvenes Católicos Unidos, que la interpuso en enero, firmaran un acuerdo de paz el 30 de mayo.
Afirmó que la denunciante aceptó que la denuncia se presentó debido a un malentendido y que la acusación de blasfemia no estaba probada. “Además, la denunciante y la denunciada resolvieron el asunto amistosamente perdonándose mutuamente”, declaró el Foro en un comunicado.
El comunicado indica que la denunciante está dispuesta a retirar la denuncia y afirma que el proceso de paz no se llevó a cabo bajo presión de ninguna de las partes ni de nadie. Prometió no «más problemas ni demandas en el futuro» a ninguna de las partes.
El grupo juvenil presentó la demanda el 28 de enero después de que Geliting publicara varias publicaciones en Facebook entre el 25 y el 27 de enero criticando a la Diócesis de Maumere y a la empresa PT Krisrama, de su propiedad.
La empresa fue objeto de una fuerte reacción pública tras desalojar por la fuerza a unos 200 miembros de la tribu de tierras en disputa el 22 de enero. La comunidad tribal pertenece a los grupos indígenas Soge Natarmage y Goban Runut-Tana Ai en Nangahale, en la regencia de Sikka de la provincia.
Sus publicaciones supuestamente criticaban a PT Krisrama, una empresa propiedad de la Diócesis de Maumere, por desalojar 50 viviendas pertenecientes a comunidades indígenas en Nangahale, regencia de Sikka, el 22 de enero.
En una de sus publicaciones, Geliting subió la foto de un hombre con una túnica y una cabeza con forma de excavadora. «En mi opinión, los sacerdotes son como excavadoras, no pescadores de hombres, sino desalojadores de hombres; no cuidan la fe de la gente, sino que acumulan riquezas; no construyen iglesias, sino que destruyen hogares; no difunden amor, sino que difunden odio«, escribió.
Geliting contó que le pidieron que publicara un video con una disculpa por sus publicaciones antes del acuerdo, pero se negó. «No me disculparé por la blasfemia porque no se ha probado«, declaró.
Afirmó que, tras la presentación de la denuncia y la confiscación de su teléfono por parte de la policía, perdió clientes y sufrió pérdidas económicas. Además, por seguridad, se vio obligada a cambiar de residencia y vivir con una comunidad transgénero en Sikka.
Afirmó que su postura era apoyar los derechos legítimos de la comunidad. «Critico a la iglesia como miembro solidario de la comunidad y no la odio«, añadió.
Afrianus Ada, del grupo juvenil, confirmó que la denuncia ha sido retirada.
La disputa territorial entre la empresa y la comunidad tribal tiene su origen en el dominio colonial holandés en Indonesia, cuando 868.730 hectáreas de tierra fueron confiscadas a las comunidades tribales.
Tras la independencia de Indonesia en 1945, las tierras fueron entregadas a la Iglesia Católica a través de la empresa PT Diag Coconut Plantation. La Diócesis de Maumere heredó la tierra en 2005.
Cuando el permiso de la empresa expiró en 2013, los indígenas que vivían y cultivaban la tierra intentaron reclamarla. Sin embargo, en 2023, la empresa obtuvo una prórroga del permiso, pero los indígenas alegaron que se había obtenido de forma injusta y se negaron a desalojarla.
La empresa presentó demandas contra los indígenas, lo que resultó en el encarcelamiento de 10 personas durante 10 meses en marzo.
Recientemente, dos sacerdotes vinculados a la empresa presentaron demandas contra decenas de residentes, acusándolos de apropiación de tierras y profiriendo amenazas de muerte.
Fuente UCANews
Comentarios recientes