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Denuncian “lo barato” que resulta agredir a la población LGTB en España

Lunes, 16 de marzo de 2015

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En un caso de agresión homófoba en La Coruña, la Fiscalía no solicitó la agravante por homofobia contemplado en el Código Penal actual, a pesar de la claridad de estos hechos homófobos que venían contemplados sin embargo en la instrucción policial, como bien contempló y lamentó el propio juez.

Los hechos sucedieron en un parque de La Coruña el 25 de Septiembre de 2009, cuando dos jóvenes homosexuales fueron agredidos por dos chicos al grito de “¡maricones!”. Los golpearon con patadas y puñetazos por todo el cuerpo, para luego robarle un zapato a una de las víctimas como “trofeo de su hazaña”. Una de las víctimas tardó 20 días en curar las heridas y tiene secuelas en el dedo de una mano. A pesar de ello, la Fiscalía sólo contempló un delito de lesiones, sin ningún agravante de odio, lo que les hubiera supuesto una pena mayor de los 10 meses a los que se condenó.

Resulta humillante y lamentable que la Fiscalía no aplique por defecto los agravantes de homofobia de los que dispone ante la ley, con lo que de esta forma resulta barato agredir a la población LGBT en España. ¿Dónde están los fiscales especializados en Igualdad y Delitos de Odio que se nos están vendiendo desde hace unos meses que están en todas las provincias españolas?”, ha declarado Paco Ramírez, director del Observatorio Español contra la LGBTfobia.

“Es urgente la aprobación por parte del Ministerio de Justicia de un Protocolo de Actuación específico en casos que involucren a personas LGBT y a otras minorías objeto de odio, de igual manera que el Ministerio del Interior ha aprobado recientemente un Protocolo Policial de Actuación ante los Delitos de Odio. De esa forma se podría orientar y aplicar por sistema los agravantes de odio en este tipo de delitos, y tener un trato justo en el accceso a la Justicia sin exclusiones ni discriminaciones y que la importación de Justicia sea igual para todos. Con este Protocolo se obligaría a que los jueces y fiscales se vean obligados a investigar los posibles agravantes de odio en todas las denuncias de procesos judiciales que afecten a personas víctimas del odio y a que los apliquen sistemáticamente”, continúa Paco Ramírez.

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