“Inmigración y cárcel”, por Gabriel Mª Otalora
10.06.2023 | Gabriel Mª Otalora
No hago más que escuchar que la inmigración trae delincuencia incluso entre personas que son cristianas por tanto seguidoras del mensaje de amor inclusivo de Jesús de Nazaret. Casi nunca se añade que los inmigrantes vienen de países donde la guerra y el hambre es la principal realidad de quienes salen de un infierno para buscar un futuro mejor. Si nos quedamos con el miedo y desprecio al diferente (se llama racismo), la cárcel sería más o menos abominable en función de las características de sus presos. Pero lo cierto es que la población carcelaria está compuesta por gente muy joven, cuyo perfil real no es el que la sociedad se imagina, ni tampoco la justicia pretendida es la real.
Para empezar, solo un 14% de reclusos están condenados por delitos graves o violentos. Llama la atención que siendo uno de los Estados con menor número delitos graves sentenciados, sea unos de los que más presos estén recluidos en las cárceles, a lo que hay que hay que añadir el elevado número de preventivos a la espera de sentencia. E igualmente llama la atención la escasa presencia de condenados por delitos societarios, el blanqueo de capitales, los delitos contra la Hacienda Pública, el urbanismo, la malversación, el medio ambiente…
Quizá lo más grave de todo es la convicción social de que los inmigrantes son los delincuentes habituales de las prisiones; como si delincuencia e inmigración fueran de la mano. Es una especie de estigma xenófobo que pesa como una sentencia firme, una predisposición que no deja margen al beneficio de la duda. La búsqueda de un hábitat más humano hace que millones de personas huyan de la miseria en una carrera de obstáculos a veces superior a sus fuerzas. Los llamados “sin papeles” y no pocos de los recién regularizados afrontan toda clase de penalidades y trastornos psicosomáticos que los especialistas denominan el síndrome de Ulises o estrés crónico depresivo acumulado por múltiples factores como su situación irregular, la explotación laboral, la soledad y lejanía de los suyos, ser el punto de mira policial, etc. Muchos miles se han quedado en el camino ante el muro de exclusión agravado por las dificultades con el idioma, su precariedad emocional y el ambiente hostil que sufren.
El Papa Francisco es una de las contadas excepciones que ha condenado nuestro modelo económico excluyente. Él nos invita a cuestionarnos “el modelo de desarrollo”y de economía actual para evitar que “los hijos y nietos paguen una factura demasiado alta porque “la tierra arde” y el capitalismo “mata”. Así hablaba Francisco el año pasado ante cerca de mil jóvenes reunidos en Asís.
Frente al estigma de asociar al inmigrante con el delincuente, debemos mirarles con otros ojos, sobre todo porque la realidad no es la que pensamos. Volviendo al perfil real carcelario, ¿cuánta población reclusa es inmigrante? Según datos oficiales del Ministerio del Interior (2022), solo un tercio, el 31,1% de reclusos y reclusas, son población extranjera, y eso que las cifras han subido ligeramente desde 2021.
Lo que sí es cierto es que las cárceles están llenas de pobres y enfermos. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los centros penitenciarios acaban albergando mayoritariamente a personas de los grupos más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad. Y junto a esta realidad, el aumento de penas no mejora la reinserción, objetivo central de toda la política penitenciaria cuando, además, el 70 % de la población recusa padece adicciones.
La gestión eficaz de las cárceles no depende únicamente de las autoridades penitenciarias, a pesar de la importancia del organismo que las gestiona. La eficacia está directamente relacionada con la legislación, la gestión del sistema de justicia penal en su conjunto; el desempeño judicial, el nefasto corporativismo y las presiones que recibe dicho sistema desde fuera, sobre todo cuando la inmigración viene escapando de la miseria y se utiliza como arma arrojadiza. Vox, en plena resaca electoral, anuncia su intención de quitar la asistencia sanitaria a los “ilegales”…
Es preciso ampliar la justicia penal, a la que deben servir las leyes y la praxis jurídica, buscando la convivencia desde los derechos humanos, con acciones valientes en materia de inserción y de pedagogía social ante la realidad penitenciaria para desterrar que inmigración y delincuencia van de la mano ¡Al menos entre los cristianos!
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