Los acusados no han pedido perdón ni reconocido los hechos

El colegio concertado Nuestra Señora de Loreto de Valencia, regentado por la Fundación Educativa Santo Domingo, está sometiendo a una “vigilancia no explícita”a los cinco alumnos que presuntamente agredieron sexualmente a otro durante un viaje escolar en marzo de 2023 y que aún siguen asistiendo al centro educativo y los hechos están sub iudice, en un procedimiento judicial en el que no se ha personado el centro educativo, según Esteban.

Así lo han asegurado este lunes en rueda de prensa María Dolores Esteban, directora general del colegio Nuestra Señora de Loreto FESD de València, y Julia Moreno, directora general del equipo de Gestión de la Fundación Educativa Santo Domingo-FESD, quien ha señalado que en una salida de noche, y a pesar de que el ratio de profesores por alumnos es alto, “no existe riesgo cero”.

El caso saltaba a la luz el pasado 6 de junio, el periodista Javier Martínez publicaba en Las Provincias el caso de una supuesta violación en grupo entre estudiantes de segundo de la ESO en marzo de 2023, durante un viaje escolar a Málaga.

Según se relata en el citado medio, la presunta víctima, que ahora tiene 15 años, entró en estado catatónico durante unos días y sufrió “un trastorno de estrés postraumático cronificado con graves episodios de amnesia disociativa”, según el informe del psiquiatra que lo trató. A causa de esto fue ingresado en el Hospital de la Fe en dos ocasiones durante 35 días y hoy continúa recibiendo tratamiento psiquiátrico.

Dos años después, la Fiscalía de Menores de Valencia solo acusa a uno de los cinco implicados, para el que pide una pena de 15 meses de internamiento en régimen cerrado. La condena que solicita el Ministerio Público está complementada con otra medida punitiva de dos años de libertad vigilada y la obligación de someterse a un programa formativo de educación sexual.

Dos son inimputables, ya que tenían 13 años cuando sucedieron los hechos, y otros dos de los adolescentes investigados se acogieron a su derecho a no declarar y la jueza dictó un auto de sobreseimiento de la causa abierta contra ellos al considerar que no hay suficientes pruebas para continuar acusándolos, aunque la decisión debe ser revocada o ratificada por la Audiencia Provincial de Valencia.

Otro menor fue investigado por acosar y amenazar a la víctima para que no contara a nadie lo que sucedió en la habitación de los horrores. La acusación pública no descarta la participación de un sexto adolescente, pero no pudo identificarlo porque los implicados apenas aportaron datos en los interrogatorios.

Durante el curso, antes de la agresión sexual, el menor ya había sufrido varios episodios de burla y acoso por parte de un grupo de compañeros de clase, una manada que se reía del más débil por sus gafas, granos en la cara o la forma en la que comía el bocadillo.

También lo excluían de algunas rutinas escolares o le obligaban a sentarse en la última fila, lejos de la pizarra. Los acosadores le llamaban por teléfono desde un número oculto y le enviaban contenido pornográfico a su móvil (relaciones heterosexuales y homosexuales) y vídeos sobre técnicas de alargamiento de pene.

El acoso escolar culminó en un hotel de Benalmádena durante unas jornadas deportivas organizadas por una fundación religiosa. El 28 de marzo de 2023, la manada rodeó al menor en un pasillo y le obligó a entrar en un cuarto de baño. Luego le mostraron vídeos pornográficos, se masturbaron delante de él, le amenazaron con frases como «hazte una paja o morirás» y le agredieron sexualmente tras cerrar la puerta con pestillo.

Mientras unos forzaban a la víctima, otros animaban a los agresores, y el cabecilla del grupo dijo: «Que sufra, que sufra, quiero ver cómo sufre», según la reconstrucción de los hechos que realizó la Fiscalía de Menores y la acusación particular. Tras regresar a Valencia, la manada continuó acosando al chico de 13 años dentro y fuera del colegio, le infundieron miedo para que guardara silencio y lo amenazaron a través de las redes sociales, llegando incluso a llamarle más de 300 veces a través de Whatsapp, según la denuncia que presentó el psicólogo de la víctima.

Asustado por si le hacían daño a su hermano pequeño, que estudiaba en el mismo colegio, el menor decidió sufrir en silencio un calvario con una sucesión de vejaciones y pesadumbres que minaron poco a poco su salud mental.

Conforme pasaban los días, su estado anímico empeoró, pero no contó nada a sus padres ni profesores por el miedo que seguía teniendo a la manada. Dos meses después de la agresión sexual, el menor se desplomó sobre los brazos de su madre y entró en estado catatónico tras sufrir un severo estrés emocional.

Como consecuencia de la agresión sexual y los posteriores episodios de amenazas y acoso en el colegio, la víctima fue ingresada en el Hospital La Fe en dos ocasiones (durante 35 días) y en la actualidad sigue recibiendo tratamiento psiquiátrico.

El primer psicólogo que atendió al menor logró que le contara el trauma que le atormentaba: «Escenifica estar rodeado por un grupo de chicos de los que daba los nombres, echando baba por la boca con elevado nivel de bloqueo y angustia, refiriendo que la baba es semen y refiriendo inmovilidad«, afirma el informe del especialista.

A pesar de los episodios de amnesia que sufrió el menor por su bloqueo emocional, los hechos que describió podrían ser constitutivos de los delitos de agresión sexual, detención ilegal y amenazas. El psicólogo tuvo claro desde el primer momento que debía acudir al juzgado de guardia para presentar la correspondiente denuncia, y eso es lo que hizo tras informar primero a los padres del chico. También entregó una copia de la denuncia a la directora del colegio donde estudian todos los menores implicados.

Después de tomar declaración a la víctima y a siete adolescentes implicados, tres de ellos menores de 14 años, la Fiscalía de Menores solo acusa a uno de los jóvenes y pide una pena de 15 meses de internamiento en régimen cerrado. La condena que solicita el Ministerio Público está complementada con otra medida punitiva de dos años de libertad vigilada y la obligación de someterse a un programa formativo de educación sexual.

Aunque la víctima pronunció los nombres de sus agresores en una de las entrevistas clínicas, sus manifestaciones en la sala Gesell (un espacio amigable y protegido para tomar declaración a menores en sede judicial) no fueron tan precisas debido a su bloqueo emocional. Sin embargo, la versión de los hechos que constan en la denuncia fue respaldada por dos psiquiatras que se encargaron del tratamiento del menor durante su ingreso hospitalario.

La víctima y sus dos hermanos tuvieron que abandonar el colegio después de que trascendiera la violación grupal y las investigaciones de la Fiscalía, que denegó el secreto de las actuaciones con la conformidad de la jueza de menores. «Todos saben en el colegio que violaron a un alumno«, afirma con indignación un profesor del centro escolar, cuyo nombre omitimos para preservar los derechos de la víctima y los presuntos agresores. «La directora prohibió los viajes y actividades con pernoctaciones fuera de Valencia después de la denuncia, diez menores del mismo curso abandonaron el colegio y dimitieron los miembros de la asociación de padres de alumnos«, añade el maestro.

El colegio católico de Valencia en el que se ha denunciado una agresión sexual en grupo muestra su “rotunda condena a todo tipo de abusos y violencia que afecten a menores”.

Julia Moreno Rojo, directora general de la Fundación Educativa Santo Domingo, a la que pertenece el Colegio Nuestra Señora de Loreto, ha comparecido  en rueda de prensa y ha reconocido su “tristeza al pensar que algo así ha podido pasar en una actividad organizada por nosotros”, puesto que “como Fundación y como centro educativo nuestra mayor prioridad es el bienestar de nuestros alumnos, y, por lo tanto, su seguridad”.

Ha indicado que por parte de los cinco alumnos considerados presuntos autores de la agresión sexual no ha habido un acto formal de perdón ni un “reconocimiento explícito” de los hechos. Tampoco les consta que haya algún vídeo o grabación de los hechos ocurridos.

El menor agredido «causó baja» tras saber por los padres que no iba a volver al centro escolar «porque no estaba bien», aunque la primera noticia sobre los hechos la tuvieron en junio de 2023, cuando les informó un psicólogo que atendió al menor y este profesional denunció el caso ante la Fiscalía de menores.

Sin embargo, los cinco presuntos agresores siguen acudiendo al colegio concertado y, según Moreno, tienen un “seguimiento por parte del tutor” y desde aquellos hechos “no se ha detectado ninguna incidencia ni conducta preocupantes por parte de ellos”.

Se ha aplicado sobre ellos “medidas preventivas. Se ha tenido una especial vigilancia, una vigilancia no explícita para el normal funcionamiento de las aulas. Siempre ha habido un control directo desde Orientación, desde tutores y desde el equipo directivo”, ha añadido.

Preguntadas sobre qué falló para que se llegara a la situación que vivió el menor, Moreno ha señalado que “por muy duro que sea, cuando se realizan actividades escolares con salidas con pernoctas, incluso como en este caso en el que la ratio de vigilancia de los profesores era muy superior a la exigida por la ley, si no hay alguien en cada habitación, y no puede haberlo, y hay habitaciones compartidas entre alumnos, no existe un riesgo cero”.

Asimismo, ha recalcado que “desde que tuvimos conocimiento de los hechos activamos los protocolos para la gestión del caso y comunicamos a las autoridades y a la inspección educativa. En todo momento hemos estado a disposición de la Fiscalía, que nos ha requerido documentación y la declaración de algunos miembros del claustro”.

Según sus palabras, “la prevención es la mejor forma de generar entornos seguros”. Por ello, “en nuestra Fundación, desde hace años, dedicamos tiempo y recursos a tratar de dotar a nuestros alumnos de herramientas que les permitan detectar, denunciar y superar cualquier tipo de conducta sexual inapropiada. Contamos con un protocolo específico y con un programa de educación afectivo-sexual propio, el Programa Amar, que desde infantil hasta bachillerato aborda de forma transversal todo lo que tiene que ver con el desarrollo afectivo-sexual”.

En otro orden, ha querido manifestar su “solidaridad con las familias de los victimarios y el respeto a la presunción de inocencia, máxime en este caso, donde todos los implicados son menores y, por lo tanto, gozan de una mayor protección por su vulnerabilidad”.

No ha obviado la directora de la Fundación manifestar “el mayor respeto al trabajo de las autoridades judiciales y señalar que en el momento en que tengamos una resolución firme adoptaremos todas las medidas pertinentes; mientras tanto, seguiremos trabajando por el bienestar de nuestros alumnos”.

A su lado ha estado María Dolores Esteban Rubio, directora general del Colegio, que ha mostrado su “preocupación y tristeza ante los hechos que estamos viviendo”.

Como ha reconocido, “hemos estado a disposición del menor y de la familia de la víctima”. “Llevamos dos años sufriendo: sufren alumnos, familias, educadores… Somos una comunidad educativa, somos familia. Toda nuestra dedicación, nuestro compromiso y nuestros esfuerzos diarios están orientados y destinados al bienestar y a la seguridad de nuestro alumnado”, ha destacado.

Y ha agregado: “Valores como la confianza, la responsabilidad, la compasión, el diálogo, la escucha, el acompañamiento, la solidaridad, forman parte de nuestro ideario, por eso esta situación es especialmente dolorosa para nosotros”.

También han señalado que la Consellería elaboró un decreto específico para el ciberbullying de acoso sexual, una normativa que también se aplica en el centro escolar.

Esteban no ha podido precisar si estos cinco alumnos siguen haciendo actividades extraescolares en el centro, ya que son alumnos de Bachiller y la mayoría las hacen alumnos de cursos inferiores, y aunque durante el pasado año no se realizaron actividades con pernocta, este curso que ahora termina sí habrá una con pernocta, aunque ha matizado que no sabe si asistirán estos alumnos.

“Desde Fiscalía no se ha aplicado ninguna medida de alejamiento ni de control”, ha señalado la directora general del Colegio, y ha añadido que en el caso de esta actividad pernocta “se han cambiado las normas de convivencia y han sido firmadas por las familias”, y en el caso de que hubiera cualquier incidente los menores serían retirados de la actividad.

Fuente Las Provincias/Vida Nueva/Religión Digital

General, Homofobia/ Transfobia. Agresión sexual, Colegio Nuestra Señora de Loreto, Fundación Educativa Santo Domingo, María Dolores Esteban Rubio, Segundo de la ESO