Activistas en el capitolio del estado de Texas protestan contra un plan de vales escolares promovido por el gobernador Greg Abbott que financia las escuelas autónomas, incluidas las religiosas, con impuestos estatales.

El caso podría obligar a los contribuyentes a financiar escuelas concertadas religiosas anti-LGBTQ.

Por Daniel Villarreal Miércoles 30 de abril de 2025

Hoy (30 de abril), la Corte Suprema de Estados Unidos escuchó argumentos sobre si Oklahoma puede obligar a los contribuyentes a financiar la primera escuela autónoma católica del estado. Los opositores dicen que la escuela viola la Primera Enmienda de la Constitución, que prohíbe al gobierno respaldar una religión preferida, y les preocupa que una victoria judicial pueda dar a los conservadores religiosos de derecha aún mayor permiso para mezclar la iglesia y el estado.

El caso, Oklahoma Statewide Charter School Board v. Drummond, involucra a la Escuela Virtual Católica St. Isidore of Seville, que busca convertirse en la primera escuela religiosa financiada con fondos públicos del país. Los abogados de la escuela dicen que la institución merece acceso a los fondos de los contribuyentes de Oklahoma para las escuelas charter porque privarlos de acceso violaría la Cláusula de Libre Ejercicio de la Primera Enmienda, que requiere que el gobierno permita a las personas practicar libremente su religión. La escuela también dice que es una discriminación injusta prohibir que las escuelas religiosas participen en un programa de escuelas autónomas estatales financiado por los contribuyentes en el que otras escuelas pueden participar.

La Corte Suprema de Oklahoma ya falló en contra de la escuela, diciendo que la financiación pública violaría la Cláusula de Establecimiento de la Constitución. Sin embargo, durante el interrogatorio, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, preguntó en qué se diferencia este caso del caso de 2021 de Fulton contra la ciudad de Filadelfia, en el que el tribunal dictaminó que se debería permitir a un grupo católico participar en un programa de cuidado temporal de la ciudad a pesar de su negativa, por motivos religiosos, a trabajar con parejas del mismo sexo, informó NBC News.

“¿En qué se diferencia de lo que tenemos aquí?” Él preguntó. “Tienes un programa educativo y no quieres permitirles participar con una entidad religiosa”.

El juez conservador Brett Kavanaugh cuestionó luego si un fallo contra St. Isidore afectaría a los grupos religiosos con contratos gubernamentales que brindan servicios como hogares de acogida, hogares de ancianos o refugios para personas sin hogar. Si esos grupos son considerados entidades gubernamentales, argumentó, no se les permitiría ejercer sus derechos religiosos.

Kavanaugh argumentó que mientras los padres puedan elegir enviar a sus hijos a otra escuela, no viola la Cláusula de Establecimiento gastar fondos de los contribuyentes en una escuela religiosa. Su argumento refleja el caso de 2002 de Zelman v. Simmons-Harris, una decisión de 5 a 4 en la que el tribunal dictaminó que los estados pueden (pero no están obligados a) incluir escuelas religiosas en los programas de vales escolares privados financiados por los contribuyentes, siempre y cuando los niños puedan elegir no asistir a ellos.

En un momento, el juez conservador Samuel Alito dijo que la ley actual permite a las escuelas charter enseñar que ser LGBTQ+ es un “estilo de vida perfectamente legítimo”, pero no permite a los gobiernos financiar puntos de vista religiosos.

En otro momento, Kavanaugh sugirió que las normas que exigen que las escuelas charter no sean religiosas son una forma de “discriminación generalizada contra la religión“. Este punto de vista sostiene que es discriminación inconstitucional que el gobierno proporcione beneficios de cualquier tipo sin proporcionar también versiones religiosas de ese mismo beneficio, señaló el escritor de Vox.com Ian Millhiser.

La jueza liberal Elena Kagan se centró en las implicaciones de este caso y preguntó si las escuelas autónomas religiosas podrían negarse a educar a niños que no comparten la fe de la escuela o si los contribuyentes se verían obligados a financiar escuelas religiosas que no quieran enseñar determinadas materias, como una escuela que decidiera enseñar creacionismo en lugar de ciencia o una escuela judía que sólo enseñara en hebreo.

Cuestionó hasta qué punto la Constitución exige que el gobierno tenga en cuenta puntos de vista religiosos de todo tipo y se preocupó de que una sentencia pudiera permitir a las religiones tradicionales gestionar escuelas concertadas con exclusión de las confesiones espirituales más pequeñas.

Actualmente, los 47 estados que permiten escuelas charter públicas prohíben la participación de entidades religiosas. El fallo del tribunal podría abrir la puerta a grupos religiosos que exigen su inclusión en los programas de escuelas autónomas estatales. El juez conservador Neil Gorsuch intentó restar importancia a esta preocupación, diciendo que los estados podrían exigir a las escuelas autónomas religiosas que proporcionen una educación “secular” cuyos objetivos y contenido sean supervisados por los funcionarios educativos estatales.

El ala conservadora del tribunal adopta un enfoque proactivo respecto a la libertad religiosa

Después de que la confirmación de la jueza Amy Coney Barrett dio a los conservadores una mayoría de 6 a 3 en la corte, cinco jueces dieron a los defensores de la libertad religiosa una victoria en el caso de la Roman Catholic Diocese of Brooklyn v. Cuomo, dando a las personas que se oponen a las leyes por motivos religiosos un nuevo y amplio derecho a ignorarlas.

En la decisión del tribunal de 2022 en el caso Kennedy v. Bremerton School District, se dijo que los entrenadores pueden dirigir las oraciones cristianas del equipo después del juego (aunque la decisión del tribunal tergiversó los hechos del caso).

Más recientemente, el tribunal escuchó el caso Mahmoud v. Taylor, en el que los demandantes argumentaron que las escuelas deben notificar a los padres si sus hijos recibirán “instrucción sobre género y sexualidad que viole las creencias religiosas de sus padres“, y deben darles la oportunidad de excluir a sus hijos de dicha instrucción.

Barrett se ha recusado de escuchar el caso Oklahoma Statewide Charter School Board v. Drummond, lo que significa que el caso podría potencialmente tener una decisión dividida 4-4. Si esto sucede, el fallo de la Corte Suprema de Oklahoma contra la escuela religiosa se mantendrá. Los conservadores religiosos anti-LGBTQ+ han deseado durante mucho tiempo una victoria en la Corte Suprema que redirigiría miles de millones de fondos de los contribuyentes de las escuelas públicas a las escuelas religiosas en casa y a las escuelas concertadas.

Se espera que la Corte Suprema emita sus fallos en los casos de Mahmoud y Drummond este verano.

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Los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos posan para su fotografía oficial en la Corte Suprema en Washington, DC, el 7 de octubre de 2022. (Sentados de izquierda a derecha) La jueza asociada Sonia Sotomayor, el juez asociado Clarence Thomas, el presidente del Tribunal Supremo John Roberts, el juez asociado Samuel Alito y la jueza asociada Elena Kagan. (De pie detrás, de izquierda a derecha) La jueza asociada Amy Coney Barrett, el juez asociado Neil Gorsuch, el juez asociado Brett Kavanaugh y la jueza asociada Ketanji Brown Jackson. Fotografía de OLIVIER DOULIERY/AFP vía Getty Images.

La mayoría conservadora del tribunal sacó este oscuro caso de tribunales inferiores para promover una agenda de “libertad religiosa“.

Por Greg Owen, sábado 19 de abril de 2025

Un caso presentado por padres cristianos y musulmanes, que se opusieron a la decisión de un distrito escolar de Maryland de aprobar libros con temas LGBTQ+ para uso en el aula, llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos. Una decisión a favor de los padres podría imponer el requisito de “Don’t Say Gay” (“No digas gay”) en todas las escuelas del país, informa Vox.

Los demandantes en Mahmoud v. Taylor —representados por Becket Fund, un grupo legal con una trayectoria de defensa de la “libertad religiosa” para causas católicas conservadoras— solicitan al Tribunal Supremo que las escuelas notifiquen si sus hijos están a punto de recibir clases con ciertos libros que, según ellos, contienen temas LGBTQ+. Los demandantes también quieren tener la oportunidad de excluir a sus hijos de las lecciones.

Si se concede, el alivio impondría una carga casi imposible a los docentes, quienes tendrían que anticipar cada instancia de discusión de temas LGBTQ+ en sus aulas, notificar a los padres cuando lo hagan y permitir que los estudiantes “opten por no asistir” a la clase mientras dure la conversación.

La decisión de los jueces de intervenir en el caso —que no había llegado a los tribunales inferiores y aún contiene disputas fácticas— está en consonancia con el enfoque proactivo del ala conservadora en cuestiones de libertad religiosa.

Después de que la confirmación de la jueza Amy Coney Barrett dio a los conservadores una mayoría de 6 a 3 en la corte, cinco jueces dieron a los defensores de la libertad religiosa una victoria en el caso de la (Diócesis Católica Romana de Brooklyn contra Cuomo), dando a las personas que se oponen a las leyes por motivos religiosos un nuevo y amplio derecho a ignorarlas. En la decisión del tribunal de 2022 en el caso Kennedy v. Bremerton School District, se afirmó que los entrenadores pueden dirigir las oraciones cristianas del equipo después de los partidos (aunque la decisión del tribunal tergiversó los hechos del caso).

Los demandantes en Mahmoud v. Taylor argumentan que las escuelas deben notificar a los padres si sus hijos recibirán “instrucción sobre género y sexualidad que viole las creencias religiosas de sus padres” y deben darles la oportunidad de excluir a sus hijos de dicha instrucción.

Pero la Constitución no permite que las escuelas ofrezcan adaptaciones a una religión —en este caso, padres con creencias religiosas anti-LGBTQ+— cuando no ofrece esas mismas adaptaciones a otros grupos religiosos o no religiosos.

El efecto práctico, bajo la ley actual, de que múltiples personas y grupos buscaran alojamiento sería el caos en las aulas.

Esta circunstancia ha estado presente desde hace tiempo en la mente del Tribunal Supremo.

En una opinión contraria sobre un caso escolar de 1948, el juez Robert Jackson advirtió: “Si eliminamos todo lo que sea objetable para cualquiera de estas sectas en pugna o incompatible con cualquiera de sus doctrinas, dejaremos la educación pública en ruinas”.

En 1987, el tribunal siguió el ejemplo de Jackson y decidió en contra de los demandantes en el caso Mozert v. Hawkins County Board of Education. Los demandantes argumentaron que el uso de poderes mágicos descritos en Macbeth de Shakespeare ofendía sus creencias religiosas; Como tal, los padres reclamaron el derecho a elegir lo que sus hijos podían o no leer y aprender en la escuela.

Independientemente de que el Tribunal Supremo siga estando de acuerdo con sus predecesores, este caso reciente que la mayoría conservadora ha sacado del olvido podría determinar si la identidad LGBTQ+ tiene un lugar en la educación pública.

Fuente LGBTQNation

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Donald Trump firma una orden ejecutiva el día de la inauguración de 2025.

Los esfuerzos de prevención y tratamiento del VIH/SIDA en todo el mundo han sido devastados por la suspensión de los fondos.

Por Greg Owen Miércoles, 5 de marzo de 2025

El miércoles 5 de marzo, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la solicitud de emergencia del presidente Donald Trump de retener miles de millones de dólares en ayuda exterior ya aprobada por el Congreso.

Los beneficiarios y otros grupos sin fines de lucro presentaron dos demandas impugnando la congelación como una extralimitación inconstitucional del poder presidencial que frustraba las asignaciones del Congreso para USAID, la ahora clausurada Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

En su primer día en el cargo, Trump impuso una congelación de 90 días de toda la ayuda exterior. Los programas financiados por USAID y otras agencias se sumieron en el caos o se cerraron por completo, incluidos los beneficiarios del PEPFAR, el Programa de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA.

El fallo, que se aprobó por 5 votos a favor y 4 en contra, no fue firmado, pero obtuvo un enérgico disenso del juez Samuel Alito, que escribe en nombre de la minoría conservadora.

“¿Tiene un solo juez de un tribunal de distrito que probablemente carece de jurisdicción el poder ilimitado de obligar al gobierno de los Estados Unidos a pagar (y probablemente perder para siempre) 2.000 millones de dólares de los contribuyentes?”, preguntó. “La respuesta a esa pregunta debería ser un rotundo ‘no’, pero la mayoría de este tribunal aparentemente piensa lo contrario. Estoy atónito”.

La financiación en cuestión era para pagar el trabajo ya completado a través de los programas de la agencia y es una fracción de los casi 60.000 millones de dólares en compromisos de ayuda exterior anteriores que ahora están suspendidos.

El 90% de la ayuda exterior de USAID, que abarca más de 10.000 contratos, ha sido cancelada por la administración, a pesar de la autorización previa del Congreso.

“No se puede exagerar el impacto de esa línea de conducta ilegal: en las empresas grandes y pequeñas obligadas a cerrar sus programas y despedir a los empleados; en los niños hambrientos de todo el mundo que se quedarán sin nada; en las poblaciones de todo el mundo que se enfrentan a enfermedades mortales y en nuestro orden constitucional”, escribieron los abogados del Global Health Council, una organización de miembros de grupos de salud, en una de las demandas.

En su orden ejecutiva del primer día “Reevaluación y realineación de la ayuda exterior de los Estados Unidos”, Trump detuvo miles de programas en todo el mundo para evaluar si están “plenamente alineados con la política exterior del presidente de los Estados Unidos”.

“La industria y la burocracia de la ayuda exterior de los Estados Unidos no están alineadas con los intereses estadounidenses y en muchos casos son antitéticas a los valores estadounidenses”, decía la orden. “Sirven para desestabilizar la paz mundial al promover ideas en países extranjeros que son directamente inversas a las relaciones armoniosas y estables internas y entre países”.

Los republicanos han tenido durante mucho tiempo un desprecio especial por USAID, describiendo su trabajo de promoción de los derechos y la salud de las mujeres y LGBTQ+ a nivel mundial como una “ideología perversa”.

Antes de la congelación de la financiación, Estados Unidos era la mayor fuente de fondos globales para la prevención del VIH en países de ingresos bajos y medios, según GPC, la Coalición Mundial para la Prevención del VIH.

En febrero, el Secretario de Estado Marco Rubio anunció exenciones para programas “que salvan vidas”, pero muchas de esas exenciones no se concedieron.

Los esfuerzos de prevención y tratamiento del VIH/SIDA en todo el mundo han sido devastados por los recortes.

En Lesotho, Tanzania y Eswatini, los programas de VIH han sido cancelados, según el Consejo de Salud Global. “Estos proyectos apoyaban a más de 350.000 personas en tratamiento contra el VIH, incluidos casi 10.000 niños y más de 10.000 mujeres embarazadas VIH positivas”, dijo.

En Etiopía, el Ministerio de Salud se vio obligado a rescindir los contratos de 5.000 trabajadores en todo el país centrados en la prevención y vacunación del VIH y la malaria.

En Sudáfrica, miles de contratos de USAID para programas de VIH en el país fueron cancelados permanentemente “mientras el gobierno de los Estados Unidos abandona a miles de las personas más vulnerables en Sudáfrica y en el extranjero”, dijo CHANGE, una alianza de grupos de salud que coordina el alivio del VIH/SIDA en el país.

En Sudáfrica, 5,5 millones de personas reciben tratamiento contra el VIH/SIDA, la cifra más alta del mundo.

Se le atribuye al PEPFAR haber salvado más de 26 millones de vidas en todo el mundo desde que comenzó a funcionar en 2003.

La semana pasada, Trump retiró a Estados Unidos de ONUSIDA, el programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, según The Associated Press.

Una carta a la agencia decía que la financiación se había cancelado “por conveniencia del gobierno estadounidense” y que la decisión se había tomado “para alinearse con las prioridades de la agencia y el interés nacional”.

Fuente LGBTQNation

General Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), CHANGE, Coalición Mundial para la Prevención del VIH (GPC), Corte Suprema de Estados Unidos, Donald Trump, Fondos de Ayuda, Marco Rubio, Programa de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR), Samuel Alito, VIH/SIDA

El representante estatal de Oklahoma David Bullard (R)

Los republicanos hablan cada vez más abiertamente sobre el tema y han revelado cómo quieren hacerlo también.

Por Daniel Villarreal Viernes, 21 de febrero de 202

El representante estatal de Oklahoma David Bullard (R) y Mat Staver, fundador y presidente de la organización legal anti-LGBTQ+ Liberty Counsel, han dicho que ahora es el momento de que los republicanos presionen a los tribunales para que anulen los derechos al matrimonio entre personas del mismo sexo. Por supuesto, otros expertos legales no están de acuerdo con él.

Bullard presentó recientemente un proyecto de ley, S.B. 309, que ofrecería un crédito fiscal por hijo de $2,000 por hijo, pero solo para parejas casadas con hijos biológicos concebidos durante el matrimonio. “Su proyecto de ley excluiría a las personas que adoptaron niños o los tuvieron a través de un donante de esperma u óvulos, así como a los “padres solteros (incluidos los divorciados y viudos), los padres que crían a un niño solos, los miembros de la familia que crían a los niños (como los abuelos) y las parejas LGBTQ+”, escribe el grupo de expertos en salud pública de mujeres de Oklahoma Metriarch.

Bullard dijo que quería que su proyecto de ley recompensara a las parejas que siguen “el diseño de Dios para el matrimonio tradicional”, pero también le dijo a Jenna Ellis, ex abogada del presidente Donald Trump, que ahora es el momento de tratar de “contraatacar” y lograr que los tribunales revoquen Obergefell v. Hodges, el fallo de la Corte Suprema de 2015 que legalizó los derechos al matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país.

“Entonces, lo que realmente queremos hacer es desafiar ese concepto y ver si podemos llegar a Obergefell. Y creo que eso es lo que estamos impulsando en todos los ámbitos con un proyecto de ley como este: ir directamente a Obergefell y decir: ‘No, la Constitución protege mi derecho, mi libertad de expresión, mi libertad de religión a estar en desacuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo’”, le dijo a Ellis en una transmisión web. Ellis fue condenado por delitos graves por escribir acusaciones falsas en un intento de ayudar a Trump a revertir su derrota en las elecciones presidenciales de 2020.

“La realidad es que tenemos que oponernos a Obergefell”, agregó Bullard. “Si esperamos demasiado tiempo a que se dicte el fallo de Obergefell para comenzar a volver a plantear las cosas y desafiar esa postura de que de alguna manera todos tenemos que llevarnos bien y decir que el matrimonio entre personas del mismo sexo está bien, en algún momento será demasiado tarde para que podamos oponernos”.

Ellis estuvo de acuerdo con Bullard y dijo que la sentencia de 2015 ha perjudicado a los niños y a las libertades religiosas.

Bullard no explicó por qué su proyecto de ley crearía una base legal para revocar Obergefell.

Bullard es conocido por haber presentado repetidamente proyectos de ley anti-LGBTQ+. Ha redactado proyectos de ley para prohibir cualquier reconocimiento público del Mes del Orgullo, para obligar a los consejeros escolares a revelar a sus padres que los estudiantes son LGBTQ+ y para obligar a los adultos y niños trans menores de 26 años a deshacer la transición (redactó el último proyecto de ley sin hablar con ninguna persona trans).

Christian nationalist Oklahoma state Sen. David Bullard admits that his legislation to provide tax credits to married couples with “natural” children is designed to “push back on Obergefell.” https://t.co/ws7i8GX1Ay pic.twitter.com/V11V4yEZe8

— Right Wing Watch (@RightWingWatch) February 20, 2025

Mientras tanto, Mat Staver, fundador y presidente de Liberty Counsel, apareció en la Red Mundial de Oración el miércoles por la noche y dijo que ahora es el momento “maduro” para revocar los derechos matrimoniales en todo el país.

“No existe ningún supuesto derecho constitucional en la Constitución al matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso es ridículo”, dijo Staver. “Obergefell será revocado. No es una cuestión de si, es solo una cuestión de cuándo”.

Liberty Counsel, que se opone a los derechos civiles LGBTQ+, presentó una demanda el verano pasado diciendo que todos los empleados gubernamentales religiosos deberían poder negarse a emitir licencias de matrimonio entre personas del mismo sexo para respetar sus propios derechos religiosos.

El tribunal más alto de la nación actualmente tiene una inclinación conservadora de 6 a 3 que podría votar para revocar los derechos al matrimonio entre personas del mismo sexo. Para llegar a la Corte Suprema, un caso primero tendría que abrirse camino a través del sistema de tribunales inferiores y luego conseguir que cuatro jueces de la Corte Suprema de los EE. UU. estén de acuerdo, o concedan un recurso de certiorari, para abordar oficialmente el caso.

Los jueces de la Corte Suprema Clarence Thomas y Samuel Alito han expresado su apoyo a la revisión del razonamiento jurídico que justificó el caso Obergefell v. Hodges, dejando las dos decisiones restantes en manos del presidente de la Corte Suprema John Roberts y los tres jueces designados por Trump: los jueces Neil Gorsuch, Brent Kavanaugh y Amy Coney Barrett.

Si bien Bullard, Ellis, Staver, Thomas y Alito afirman que no existe una base constitucional para legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo, los abogados y los jueces argumentaron que las disposiciones de la Constitución sobre igualdad de protección y debido proceso exigen que el gobierno trate a todos los individuos por igual ante la ley a menos que exista un interés gubernamental imperioso o un beneficio social generalizado para hacer lo contrario.

Los abogados que argumentaron contra la Proposición 8 de 2012 que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo en California, la Ley de Defensa del Matrimonio federal y otras prohibiciones estatales al matrimonio entre personas del mismo sexo argumentaron que las prohibiciones perjudican a las familias del mismo sexo, a sus hijos y a las empresas que buscan retener a los empleados LGBTQ+, sin proporcionar ningún beneficio social convincente y demostrado, ya que las familias del mismo sexo son capaces de contribuir positivamente a la sociedad. Los opositores al matrimonio entre personas del mismo sexo han argumentado principalmente que obliga a los cristianos a reconocer los matrimonios que van en contra de sus propias definiciones religiosas del matrimonio.

Si el tribunal revocara Obergefell, los estados podrían decidir en gran medida si celebrarán matrimonios entre personas del mismo sexo. En este momento, 25 estados tienen leyes o enmiendas constitucionales que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo dentro de sus fronteras. Sin embargo, el gobierno federal y todos los estados, independientemente de sus propias leyes sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, estarían obligados a reconocer los matrimonios legales entre personas del mismo sexo gracias a la Ley de Respeto al Matrimonio de 2022.

Sin embargo, si alguna vez el Congreso derogara esa ley, Estados Unidos volvería a un período anterior a 2015, donde las leyes sobre el matrimonio varían según el estado, dejando a las personas y a las empresas a la deriva en un terreno legal desigual dependiendo de dónde se casaron y dónde residieron.

Fuente LGBTQNation

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Dicen que la Corte Suprema debería permitirles volver a la “definición natural del matrimonio, la unión de un hombre y una mujer“.

Por John Russell Viernes, 31 de enero de 2025

Los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes de Idaho aprobaron esta semana una resolución no vinculante, instando a la Corte Suprema a revocar la igualdad matrimonial en Estados Unidos.

Presentado a principios de este mes por la representante estatal Heather Scott (R), el House Joint Memorial 1 (Memorial Conjunto de la Cámara 1) establece que la legislatura de Idaho “rechaza” la decisión de 2015 de la Corte Suprema en Obergefell v. Hodges y pide al tribunal que revoque su decisión “y restablezca la definición natural del matrimonio, la unión de un hombre y una mujer”.

El lunes 27 de enero, la Cámara de Representantes de Idaho adoptó la resolución en una votación de 46 a 24.

La resolución describe la decisión Obergefell, que estableció el derecho constitucional de las parejas del mismo sexo a casarse en los 50 estados, como “una extralimitación ilegítima” basada en “una interpretación novedosa y errónea de cláusulas clave dentro de la Constitución y las normas legales y culturales de nuestra nación”. precedentes.”

En una audiencia a principios de este mes, Scott dijo que el propósito de la resolución “es simplemente afirmar nuestra autoridad estatal para regular el matrimonio”. Y, de hecho, como señaló la ACLU de Idaho en una publicación en X del 8 de enero criticando la medida, la misma no es una ley y no tiene peso legal.

Si bien la resolución no cambia ni crea una ley, escribió el grupo, sí “expresa valores y señala prioridades; en este caso, distingue a las personas LGBTQ+ para un trato separado y desigual”.

La ACLU de Idaho agregó que no toleraría ataques a la comunidad LGBTQ+ e instó a los votantes de Idaho a informar a sus representantes que se oponen a la resolución.

Here are the facts regarding the anti-LGBTQ memorial proposed by Idaho lawmakers yesterday. Make no mistake, we will not tolerate attacks on the LGBTQ+ community. pic.twitter.com/pcTPCRpjkH

— ACLU of Idaho (@acluidaho) January 8, 2025

Si el Senado del estado lo aprueba, el Memorial Conjunto de la Cámara 1 se entregará a la Corte Suprema. La actual mayoría conservadora de la corte ha mostrado, en los últimos años, su voluntad de revocar precedentes legales de hace décadas, como lo hizo en 2022 cuando anuló el caso Roe v. becerro. Tanto el juez Clarence Thomas como el juez Samuel Alito han pedido al tribunal que reconsidere el caso Obergefell.

Si la Corte revocara Obergefell, las leyes estatales que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo que aún permanecen vigentes entrarían en vigor. Sin embargo, la Ley de Respeto al Matrimonio, firmada por el presidente Joe Biden en 2022, aún requeriría que el gobierno federal y todos los estados de Estados Unidos… Los Estados deben reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en estados donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal.

Como informa Jezebel, el grupo activista de derecha MassResistance redactó el texto de la resolución y dice que ha estado trabajando con legisladores estatales de todo el país para presentar resoluciones similares durante sus sesiones de 2025. Según el grupo anti-LGBTQ+, los legisladores de Iowa, Kansas, Michigan, Montana y Dakota del Norte están “preparados” para presentar sus propias versiones, y Mississippi y Wyoming podrían seguirlos pronto. Mass Resistance dice que también están “trabajando estrechamente con gente” en Alabama, Texas, Florida, Arizona, Arkansas, New Hampshire y Virginia Occidental.

Como señala Advocate, la oposición de la derecha a la igualdad matrimonial no está en sintonía con la opinión pública. El año pasado, Gallup publicó datos de encuestas que mostraban que la mayoría de los estadounidenses, incluido el 74 por ciento de los votantes independientes y el 46 por ciento de los republicanos, apoyan el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse legalmente.

“Los ataques extremistas se han convertido en algo habitual, y los estadounidenses LGBTQ+ tienen razón en estar preocupados por su escalada”, dijo Sarah Warbelow, vicepresidenta de asuntos legales de la Human Rights Campaign, según The Advocate. “Esta cruel acción de los republicanos de Idaho no es más que gritarle al viento”.

Fuente LGBTQNation

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La representante estatal republicana extremista, Heather Scot

Los demócratas lo calificaron de “otro ejemplo más” de cómo los extremistas republicanos “inventan cuestiones sociales divisivas para crear problemas donde no los hay”.

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Fue presentado por una representante lesbiana y respaldado por cuatro de sus colegas homosexuales.

Un proyecto de ley presentado por la representante Becca Balint de Vermont (D) y la representante Lizzie Fletcher de Texas (D) podría prohibir la discriminación en la selección del jurado basada en la orientación sexual, la identidad de género y las características sexuales.

La Ley de No Discriminación de los Jurados de 2024 modifica el Código de los Estados Unidos para agregarlo a una lista de características protegidas para la selección del jurado que actualmente incluye raza, color, religión, sexo, origen nacional y situación económica.

Los copatrocinadores del proyecto de ley en la Cámara de Representantes incluyen a los representantes Mark Pocan (D-WI), Robert García (D-CA), Mark Takano (D-CA) y Ritchie Torres (D-NY).

El proyecto de ley está incluido en la Ley de Igualdad, el paquete histórico de proyectos de ley sobre derechos LGBTQ+ que garantizaría la igualdad total para los estadounidenses LGBTQ+. Esa legislación actualmente languidece en la Cámara controlada por los republicanos.

Tal como está escrito, el Código de EE. UU. no protege explícitamente a las personas LGBTQ+ de la discriminación en el proceso de selección del jurado, dijeron Balint y Fletcher al presentar la legislación el miércoles.

“Cuando excluimos a personas de nuestro proceso judicial, hacemos que nuestro sistema sea inherentemente menos libre y justo”, explicó Balint. “La participación diversa en el sistema de justicia estadounidense es fundamental para fortalecer nuestra democracia”.

“Prohibir explícitamente este tipo de discriminación es un paso importante para acabar con el sesgo anti-LGBTQI+ en todas partes”, añadió. “Ya es hora de que a nuestra comunidad se le garantice la igualdad bajo la ley federal y esté libre de discriminación por quiénes somos o a quién amamos”.

“El servicio de jurado es un privilegio y una responsabilidad de la ciudadanía”, dijo la congresista Fletcher. “Como ex abogado de la corte, sé lo importante que es garantizar que los posibles miembros del jurado tengan la oportunidad de actuar y que las partes tengan un jurado imparcial compuesto por sus pares”.

La Ley de No Discriminación de los Jurados garantiza que “las personas LGBTQI+ puedan formar parte de los jurados y no temer ni sufrir discriminación en la selección del jurado”, añadió Fletcher.

En febrero, el juez de la Corte Suprema Samuel Alito hizo su propia propuesta para ampliar las protecciones para los jurados, excepto en los casos de religión. La sugerencia de Alito se produjo en una denuncia dentro de su opinión emitida en el caso de Jean Finney, una lesbiana que demandó a su empleador, el Departamento Correccional de Missouri (DOC), por discriminación.

Tres posibles miembros del jurado en ese caso dijeron que creían que el sexo gay es pecado, y los abogados de Finney pidieron al juez que los excluyera de formar parte del jurado ya que su odio declarado hacia el demandante ponía en duda su imparcialidad. El juez aceptó “pecar de cauteloso”.

Finney ganó, pero Missouri apeló. Si bien la Corte Suprema rechazó el caso por motivos técnicos, Alito escribió que los miembros del jurado sufrieron discriminación religiosa, todo debido a sus opiniones sobre el matrimonio igualitario.

Según el juez, a raíz de lo que llamó “el tratamiento arrogante de la religión por parte de la Corte” en el Obergefell decisión, “los estadounidenses que no oculten su adhesión a creencias religiosas tradicionales sobre la conducta homosexual serán ‘etiquetados como fanáticos y tratados como tales’ por el gobierno”.

“Obergefell “Permite que los tribunales y los gobiernos tilden de fanáticos a los seguidores religiosos que creen que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, lo que hace que sus preocupaciones sobre la libertad religiosa sean mucho más fáciles de descartar”, escribió Alito.

“Desde Obergefell los partidos han intentado continuamente etiquetar a personas de buena voluntad como intolerantes simplemente por negarse a alterar sus creencias religiosas a raíz de la ortodoxia predominante”.

Fuente LGBTQNation

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Fuente Agencias

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La publicación de hoy es de los colaboradores invitados James y Joan Riley. Los Riley han estado casados por más de 50 años y son miembros de la Iglesia de la Presentación en Nueva Jersey donde participan en pequeñas comunidades cristianas. James ha sido abogado en ejercicio durante más de 50 años y Joan, que ha tomado cursos de estudios paralegales, pasó la mayor parte de su carrera en la educación pública como maestra y directora de edificio en el Bronx. James ahora está semi-retirado como abogado, pero aún usa su licencia de abogado y su experiencia legal para abogar por la justicia, incluida la presentación de informes amicus pro bono publico en nombre de los derechos LGBTQ+ en los EE. UU. Corte Suprema. Joan y James ayudaron a organizar a más de 27 laicos católicos romanos como un grupo de católicos romanos practicantes progresistas que creen que todas las personas deben ser tratadas con compasión, cercanía y ternura.

El lunes 5 de diciembre, la Corte Suprema de los Estados Unidos (SCOTUS) escuchó los argumentos de una demanda presentada por Lorie Smith y su negocio de diseño web, 303 Creative LLC. (“303”) contra Aubrey Elenis, presidente de la Comisión de Derechos Civiles de Colorado. Smith y 303 quieren diseñar sitios web en nombre de las parejas que se van a casar, pero ella dice que su fe religiosa define el matrimonio solo entre un hombre y una mujer y, por lo tanto, siempre se negará a atender a parejas del mismo sexo como clientes. Ella quiere que la Corte decida que el Estado de Colorado no puede penalizar su rechazo a las parejas del mismo género.

Tanto el tribunal federal de primera instancia como el tribunal federal de apelaciones de nivel intermedio rechazaron sus argumentos principalmente sobre la base de una decisión de la Corte Suprema de 1990 denominada División de Empleo, que sostiene que leyes como la ley de derechos humanos de Colorado pueden limitar a los creyentes religiosos como Smith si el las leyes no tienen como objetivo la religión, son neutrales y generalmente aplicables a todos.

Es muy probable que la Corte Suprema actual, con su mayoría conservadora, falle a favor de la 303 y su enfoque discriminatorio hacia las personas LGBTQ+. Para ayudar a prevenir tal resultado, un grupo de más de 27 católicos romanos laicos (27+) ha presentado un escrito de amigo de la corte, a menudo conocido en latín como un escrito de amicus curiae, en nombre de los esfuerzos contra la discriminación de Colorado. 27+ es un grupo de defensa de miembros fieles y practicantes de la Iglesia Católica Romana que creen en las enseñanzas de Jesucristo y nuestra iglesia apoya dar la bienvenida, no rechazar, a todas las personas, incluidas las personas LGBTQ+. El Papa Francisco enfatiza que tal acogida debe hacerse con cercanía, compasión y ternura.

En 303, se han presentado 50 escritos amicus en nombre de los enfoques excluyentes de 303 y 35 escritos amicus (incluidos más de 27) se han presentado en nombre de los enfoques inclusivos de Colorado. A menudo, la “presentación breve de amicus crea extraños compañeros de cama”, lo que significa que es sorprendente qué grupos se presentan conjuntamente entre sí. Por ejemplo, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) se ha unido al grupo Samaritan’s Purse de Franklin Graham, que ha sido criticado por su agresivo rechazo a las personas homosexuales, así como a un grupo afiliado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para apoyar la reclamos discriminatorios de 303 bajo la apariencia de “libertad religiosa”.

Uno de los argumentos centrales de 27+ es que SCOTUS no debería gobernar a favor de ninguna de las partes en cuestiones en las que existan diferencias religiosas. Por ejemplo, encuestas recientes indican que el 69% de los EE. Los católicos apoyan el matrimonio entre personas del mismo sexo y los de otras tradiciones religiosas registran resultados similares. ¿Cómo, entonces, podría la Corte Suprema dictaminar en 303 que las políticas seculares de inclusión de esta nación sean anuladas por una exención basada en afirmaciones de fe religiosa o libertad religiosa?

27+ también argumentan que si SCOTUS gobierna para 303, las personas LGBTQ+, como un segmento significativo de la ciudadanía de nuestra nación, reconocida como al menos el 7% o más, tendrían una trágica necesidad de una nueva versión del libro  de Victor Hugo Green. “The Negro Motorist Green”  para identificar aquellas empresas que discriminan y se niegan a servir a las personas LGBTQ+. El Libro Verde original identificó empresas racistas que se negaron a servir a personas negras. Se necesitaría una nueva versión, que 27+ reza no será necesaria, para identificar negocios homofóbicos.

La cuestión de un nuevo Libro Verde no es simplemente una metáfora. Algunos creen que el siguiente argumento surgirá durante los argumentos orales el 5 de diciembre: ¿Qué pasaría si, en lugar del matrimonio entre personas del mismo sexo, 303 se opusiera al matrimonio interracial? ¿Smith todavía tendría derecho a una exención de la Primera Enmienda? ¿El Libro Verde también se volvería esencial, una vez más, para las personas de color?

Si la Corte Suprema falla a favor de la 303, no sería solo fallar en contra de los “laicos” como ha afirmado el juez Samuel Alito. En cambio, dictaminaría en contra de una parte muy importante de la población estadounidense que es religiosa, incluidos los mayores de 27 años, todos los cuales, en base a su fe religiosa sincera, apoyan la acogida compasiva de las personas LGBTQ+. Cualquier acción de este tipo sería incomprensible para la gran mayoría de los ciudadanos de esta nación.

Reconociendo tanto a Theodore Parker como a Martin Luther King, Jr., la oración final por el alivio de más de 27 católicos romanos laicos en su escrito amicus es que SCOTUS inclinará el arco del universo moral hacia la justicia para todos, eso incluye a nuestros hermanos y colegas LGBTQ+. .

—James y Joan Riley, 1 de diciembre de 2022

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Academia Católica St. Stanislaus Kostka y juez Eric Komitee

Un juez de la Corte de Distrito de EE. UU. desestimó la demanda por discriminación de un ex maestro de escuela católica gay, que se produjo después de que fue despedido por los planes eventuales de casarse con su novio.

Después de ser contratado en agosto de 2015 para enseñar inglés y estudios sociales en la Academia Católica St. Stanislaus Kostka (St. Stan), una escuela primaria en Queens, Nueva York, Cody Butler estaba entusiasmado con la oportunidad. Butler fue un producto de la educación católica, habiendo asistido a la escuela primaria y secundaria católica. Sintió que volver a enseñar en una escuela católica, como escribió en su carta de solicitud para el puesto de maestro, era “una forma de promulgar mi fe”. Sin embargo, después de asistir a una nueva orientación para maestros el 1 de septiembre, GayCityNews informó:

“[Butler] escribió un correo electrónico al director de la escuela sobre la orientación, diciendo: ‘Estoy preocupado por mi posición dentro de la diócesis y la escuela. El tono de los oradores era estridente por momentos y no sé si me aceptarían. Soy homosexual y planeo casarme con mi novio eventualmente, y después de que me dijeron todo el día que tengo que vivir la doctrina de la iglesia, me siento herida y no deseada. Quiero enseñar a los niños de St. Stan más que nada, pero pongo la decisión en sus manos ahora y no en algún momento más adelante. ¿Seguiría siendo un miembro bienvenido de la comunidad de St. Stan?

Después de que el superintendente de los programas educativos de la Diócesis de Brooklyn revisó el correo electrónico, Butler fue despedido de su cargo y el director canceló su contrato.

Tras su despido, Butler presentó una denuncia de discriminación ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York contra la diócesis. Metro Weekly informó que St. Stan’s respondió a la presentación:

“El despido de Butler se basó en su ‘declaración de conducta prevista’, en lugar de su orientación sexual. St. Stan’s dijo que la “elección de Butler de casarse con otro hombre es una violación clara y obvia de las enseñanzas de la Iglesia” y que “si [Butler] estuviera viviendo una vida célibe, su orientación sexual no tendría sentido si no hubiera más acciones de su parte”.

Cuando Butler presentó su reclamo en un tribunal federal en junio de 2019, afirmó que la Diócesis de Brooklyn lo discriminó en violación del Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que cubre los reclamos de discriminación por orientación sexual. Esta interpretación fue afirmada por la Corte Suprema de EE. UU. en 2020 en su decisión sobre Bostock.

En un fallo que se dictó el mes pasado, el juez federal de distrito Eric Komitee falló a favor de St. Stan’s y la diócesis de Brooklyn. El juez declaró que la carta de despido de Butler dejó en claro que Butler fue despedido porque no cumpliría con el requisito de la escuela de vivir su vida de acuerdo con la doctrina católica, no porque sea homosexual.

Komitee utilizó el fallo más reciente de la Corte Suprema sobre el empleo religioso para respaldar su juicio, citando el fallo del juez Samuel Alito en Our Lady of Guadalupe School v. Morrissey-Berru, que confirmó la idea de que las personas clasificadas como ministros de la iglesia estaban exentas de empleo no leyes de discriminación

El fallo de Komitee fue más allá de la “exención ministerial”, invocando un concepto legal más amplio conocido como el “principio de autonomía de la iglesia”. Komitee sostiene que el principio de autonomía de la iglesia “es más amplio que la excepción ministerial” y se aplicaría cuando una institución religiosa, en este caso, St. Stan, usa “una razón religiosa para la terminación”.

En última instancia, Komitee desestimó los reclamos del Título VII de Butler y escribió:

“Bajo la jurisprudencia de control, la doctrina de la autonomía de la iglesia se aplica en el contexto de discriminación laboral, como lo hace en otros lugares. Y este principio excluye la investigación judicial sobre la plausibilidad de las justificaciones religiosas afirmadas por St. Stans en este caso”.

Con los reclamos del Título VII desestimados, el juez Komitee se negó a ejercer su juicio sobre los reclamos estatales y legales de Butler. La próxima opción de Cody Butler y su equipo legal es apelar ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU.

—Bobby Nichols, 23 de julio de 2022

Fuentw New Ways Ministry

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El derecho constitucional de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio peligra en Estados Unidos, después de que la mayoría conservadora del Tribunal Supremo de ese país haya revertido el derecho de las mujeres y hombres gestantes a la interrupción voluntaria del embarazo. En una opinión concurrente con la decisión de sus otros cinco compañeros, el juez Clarence Thomas ha expresado su voluntad explícita de abordar de la misma manera cualquier caso que llegue ante el Supremo y que permita reconsiderar el fallo que en 2015 hizo extensivo el matrimonio igualitario a todo el país. 

Las parejas del mismo sexo tienen reconocido en Estados Unidos su derecho constitucional a contraer matrimonio en todo el país, por encima de la legislación de cada estado. Así lo decidió el Supremo en 2015 al fallar sobre el caso Obergefell v. Hodges. La historia que en concreto dio lugar a la sentencia fue la de Jim Oberfegefell, recurrente del estado de Ohio, a quien se había denegado el reconocimiento de su matrimonio celebrado en Maryland, un estado que sí permitía casarse a las parejas del mismo sexo. Aunque la pareja consiguió una sentencia favorable de un tribunal federal, la Fiscalía de Ohio recurrió ante la Corte de Apelaciones del 6ª Circuito, que anuló tanto esa sentencia como las que habían tenido lugar en los otros estados de su jurisdicción (el marido de Jim Obergefell, John Arthur, murió de una enfermedad terminal en plena lucha por sus derechos constitucionales y no pudo celebrar su consecución).

Según detalla expresamente Clarence Thomas en su opinión concurrente al fallo sobre el aborto, una mayoría conservadora podría revertir la sentencia de Obergefell v. Hodges en el mismo sentido que ha hecho con Roe v. Wade, la sentencia que en 1973 declaró que el derecho al aborto tenía protección constitucional. Detalles aparte, tanto el matrimonio igualitario como el aborto, junto a otras cuestiones que han sido legalizadas para todo el país por el Tribunal Supremo, como el uso de anticonceptivos o la legalidad de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, han sido consideradas protegidas por la Constitución en sucesivas sentencias no porque el texto de esta haga mención expresa a ellas, sino porque se consideran amparadas por su 14ª enmienda, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos al «debido proceso» y a la protección igualitaria de sus derechos con independencia de la jurisdicción en la que residan.

Según Clarence Thomas, todas estas sentencias deben ser reconsideradas porque han dado lugar a decisiones «erróneas» que deben ser literalmente corregidas.

Con la composición actual, el matrimonio igualitario podría ser derogado por 6 a 3

Si tenemos en cuenta la diferente composición del Tribunal Supremo de Estados en 2015 y ahora vemos que este riesgo es cierto:

• Tres de los cuatro jueces que en su momento votaron contra el matrimonio igualitario siguen en activo: Samuel Alito, John Roberts y el propio Clarence Thomas. El cuarto, Antonin Scalia, falleció en 2016.
• De los que votaron a favor siguen en activo otros tres (Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Stephen Breyer). Este último se retirará en breve, aunque ya cuenta con una sustituta confirmada, Ketanji Brown Jackson, de convicciones progresistas.
• Las otras tres posiciones del Tribunal que han sido renovadas desde entonces están ocupadas por jueces ultraconservadores, propuestos por Donald Trump y confirmados por un Senado de mayoría republicana. Estas tres sustituciones son las que han desplazado el Tribunal a posiciones cercanas a las de la derecha religiosa. Neil Gorsuch sustituyó a Scalia, gracias a las malas artes de los republicanos (el Senado demoró durante casi un año la sustitución para evitar confirmar al candidato de Barack Obama). Brett Kavanaugh sustituyó a Anthony Kennedy, que se retiró en 2018 (él fue precisamente el ponente de Obergefell v. Hodges). Y la ultraconservadora y católica militante Amy Coney Barrett sustituyó a la progresista Ruth Bather Ginsburg, fallecida en septiembre de 2020, apenas dos meses antes de las elecciones que perdieron los republicanos. Pero claro, entonces los republicanos se apresuraron a dejar atada la sustitución de forma inmediata, a diferencia de lo que hicieron cuatro años antes cuando bloquearon el derecho de Obama a nominar al sustituto de Scalia.

En definitiva, el derecho constitucional al matrimonio igualitario podría ser derogado por 6 a 3 si alguna sentencia que lo desafiara llegara al Supremo con su compsición actual. Incluso si el actual presidente del Supremo, John Roberts, que en los últimos tiempos se ha alineado con la minoría progresista en algunos temas concretos, decidiese cambiar su posición respecto a la de 2016, habría una mayoría de 5 a 4.

Por supuesto, todo esto es una mera hipótesis… Por un lado, día de hoy no hay sobre la mesa ningún litigio judicial relativo al matrimonio igualitario con potencial de llegar a corto o medio plazo ante el Tribunal Supremo. Por otro, está por ver qué harían Gorsuch y Kavanaugh ante dicha situación. Pero lo que hoy día sabemos también es que los enemigos de los derechos LGTBI son incansables y cuentan con grandes recursos financieros, y que la situación actual de la política estadounidense, donde todo apunta a que los republicanos recuperarán el control del Senado en las elecciones del próximo noviembre, no es precisamente halagüena.

Fuente Dosmanzanas

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Se permitirá que proceda la demanda de un hombre transgénero contra un hospital católico después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos se haya negado a revisar el caso.

Dignity Health, un sistema hospitalario nacional con numerosas instituciones católicas, trató de revocar un fallo de la corte de apelaciones que restableció la demanda por discriminación de Evan Minton después de que había sido desestimada anteriormente, según informó el San Francisco Chronicle :

“Los jueces votaron 6-3 para denegar la revisión de una apelación de Dignity Health de una demanda por discriminación de Evan Minton. Los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch votaron para escuchar el caso, uno menos del número necesario para otorgar la revisión. . .

“Minton presentó una demanda en San Francisco, donde tiene su sede la cadena de hospitales. La demanda fue desestimada por el juez del Tribunal Superior Harold Kahn, quien dijo que Minton no había sufrido daños tangibles, pero fue reinstalado en 2019 por el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito del estado.

“’No puede constituir igualdad total (bajo la ley de California) cancelar su procedimiento con un propósito discriminatorio, esperar a ver si su médico se queja y solo entonces intentar reprogramar el procedimiento en un hospital diferente’, dijo el juez Stuart Pollak en el 3 -0 sentencia, que devuelve el caso a la corte de Kahn para procedimientos adicionales. El acceso ‘pleno e igualitario’ requiere evitar la discriminación, no simplemente remediarla después de que ha ocurrido ‘”.

En 2017, a Minton se le negó atención solo dos días antes de una histerectomía programada en el Hospital Mercy San Juan de Dignity Health en Sacramento. El hospital les dijo a él y a su cirujano que, si bien permiten histerectomías, no le otorgarían atención para una cirugía de confirmación de género.

Después de la decisión de la Corte Suprema, Minton le dijo a The Fresno Bee:

“‘ Por primera vez en mucho tiempo, puedo sentir que mi corazón comienza a relajarse y una sonrisa aparece fácilmente en mi rostro. Las palabras que instintivamente pasan por mi cabeza son, “Gracias a Dios”, y eso está en todos los significados de esa expresión. Al mismo tiempo, me enoja que haya tenido que luchar por derechos básicos, como la capacidad de las personas transgénero, de no ser rechazadas de la atención de nuestros hospitales. Y se sintió como una bofetada en la cara ver a Dignity Health lanzar una campaña publicitaria, alegando que son inclusivos LGBTQ, mientras luchan hasta la Corte Suprema por su derecho a no servirme ‘”.

Dignity Health argumentó que se opone a la discriminación como parte del “legado de las hermanas que fundaron nuestros hospitales católicos”, y afirmó además:

“‘ Nos damos cuenta de que las personas LGBTQ se han enfrentado a desafíos importantes y de larga data para obtener la atención que necesitan de proveedores comprensivos y comprensivos. Lamentamos que la histerectomía del Sr. Minton se haya programado incorrectamente en una de nuestras instalaciones que no brinda el servicio que necesitaba. Nos damos cuenta de lo frustrante y decepcionante que es para un paciente tener un procedimiento reprogramado con poca antelación. Nuestro equipo pudo facilitar rápidamente el acceso para el procedimiento del Sr. Minton en un proveedor cercano tres días después ‘”.

Minton y su abogada, Elizabeth Gill de la Fundación ACLU del Norte de California, creen que las palabras de Dignity Health junto con su impulso a la Corte Suprema de los Estados Unidos “desmienten sus declaraciones sobre la devoción por servir a todos”.

Los hospitales católicos afirman que se oponen a todas las formas de discriminación y prometen cuidar a todas las personas, pero niegan que los procedimientos médicos que salvan la vida de las personas transgénero sean hipócritas. La cirugía que confirma el género salva vidas porque contribuye al florecimiento humano de una persona trans, que es uno de los principios sociales, éticos y morales rectores del catolicismo. Si queremos prosperar, debemos ayudar a otros en su propio camino de prosperar. Por lo tanto, es crucial, santo y un verdadero acto de solidaridad brindar atención médica esencial a las personas trans.

—Elise Dubravec, New Ways Ministry, 23 de noviembre de 2021

Fuente New Ways Ministry

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Punto final a una larguísima batalla jurídica de la que un joven adolescente trans, Gavin Grimm, sale triunfante. Y con él, los derechos de las personas trans en Estados Unidos. El Tribunal Supremo de ese país ha decidido no tomar en consideración el recurso contra la decisión de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito Judicial, que reconoce al Grimm el drecho a usar los baños de su instituto que corresponden a su identidad de género. La decisión del Supremo pone de manifiesto el escaso interés del máximo órgano jurisdiccional estadounidense en entrar a discutir a fondo el detalle de los derechos del día a día de las personas trans. Algo que en otros momentos podría ser visto como negativo pero que en el contexto actual, dada la «supermayoría» conservadora del Supremo estadounidense tras la presidencia de Donald Trump (que en solo 4 años renovó a tres de sus nueve magistrados) supone una derrota inesperada del activismo transexcluyente y un alivio importante para el colectivo LGTBI.

A continuación hacemos un repaso de la historia de Gavin Grimm y de su batalla jurídica. Tras salir del armario como chico en 2014, el adolescente comenzó a usar los baños que correspondían a su identidad masculina en su instituto de Gloucester (Virginia). Aparentemente ello no le supuso problema alguno con sus compañeros, pero cuando la noticia llegó a oídos de los padres, un grupo de ellos solicitó al Consejo Escolar del condado que se le habilitase un baño separado. El joven, asistido por la ACLU (American Civil Liberties Union), demandó al instituto ante la justicia federal en junio de 2015, al considerar que la medida suponía una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo.

Cuando el juez federal Robert Doumar estudió el caso en primera instancia, denegó la petición de Gavin, pero el joven apeló. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito (con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) le dio la razón, por 2 votos contra 1, al considerar que el derecho del adolescente a usar los baños que corresponden a su identidad de género en efecto podía considerarse amparado por la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas. Una decisión coherente con las directrices que en abril de 2014 había emitido el departamento de Educación de Estados Unidos bajo la administración Obama, según las cuales las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB (si bien la Corte de Apelaciones reconocía en su argumentación que la equivalencia jurídica entre «sexo» e «identidad de género» no está bien clarificada).

Una decisión que el Consejo Escolar del condado de Gloucester apeló directamente al Tribunal Supremo, solicitando de este que con carácter urgente la orden quedase temporalmente invalidada en tanto se desarrollase el proceso legal. Algo a lo que el Tribunal Supremo accedió por 5 votos contra 3. Ya avanzada la batalla legal, el departamento de Educación de Obama había enviado en mayo de 2016 a todos los distritos escolares del país unas nuevas directrices que de forma expresa abordaban el tratamiento de los estudiantes trans y que cubrían, entre otros, el uso de baños públicos y vestuarios acordes a su identidad de género.

La llegada al poder de Donald Trump en enero de 2017, y junto a él de toda una corte de políticos contrarios a la igualdad jurídica de las personas trans, convertía en papel mojado los esfuerzos de la administración Obama. La instrucción sobre los estudiantes trans quedaba revocada a los pocos días de la toma de posesión de Trump, de forma que estos perdían la protección federal y su situación quedó en manos de los estados. Tras el cambio en la política del departamento de Educación, el Tribunal Supremo, que como explicamos antes había paralizado cautelarmente a requerimiento del instituto la orden de que Grimm pudiese usar el baño de chicos, decidió devolver la patata caliente a los tribunales de ámbito inferior para que reevaluaran el caso. En agosto de 2019, la jueza federal Arenda L. Wright Allen emitió una primera sentencia a favor de Grimm, pese a que este, ya por su edad, había abandonado el instituto. Pero el Consejo Escolar del condado recurrió y el caso volvió a la Corte de Apelaciones del 4º Circuito, que en agosto de 2020 insistía de nuevo por 2 votos a 1 en que la decisión de prohibir a Grimm el uso de los baños acordes a su identidad de género era inconstitucional. El tribunal ciataba además en su argumentación una reciente sentencia del propio Tribunal Supremo que prohibía la discriminación laboral basada en la orientación sexual o la identidad de género.

En un casi perfecto déjà vu, el Consejo Escolar del condado de Gloucester volvió a recurrir al Tribunal Supremo, seguramente convencido de que gracias a su actual composición este le daría finalmente la razón. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el pasado 28 de junio el alto tribunal comunicaba su decisión de no tomar en consideración el caso, de forma que el fallo del 4º Circuito de Apelaciones es ya firme. Poco se conoce sobre las deliberaciones del Supremo a la hora de decidir por qué no estimaron la apelación, aunque el comunicado del alto tribunal menciona de forma expresa que dos de los magistrados de su mayoría conservadora (Clarence Thomas y Samuel Alito) se opusieron.

En definitiva, un triunfo muy relevante para los derechos de las personas trans en Estados Unidos en un momento en el que este colectivo está recuperando, de la mano de Joe Biden, los derechos que la administración Trump les retiró en el nivel federal. Eso no significa que su situación sea precisamente halagüena, dado que la ofensiva tránsfoba se ha trasladado ahora a los estados controlados por los republicanos. Esta batalla se ha ganado, pero la guerra continúa.

Fuente Dosmanzanas

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“Fanatismo religioso y derecho natural”

“El periodista americano Michael Sea Winters afirma que se está produciendo un cisma de corte jansenístico en la Iglesia americana que ha infectado a la jerarquía y al clero”

“La radicalización, como vemos, no es algo exclusivo hoy de la lucha política y de la sociedad civil. El sector integrista sigue sin aceptar la realidad de una Iglesia que ha dejado atrás la ideología de cristiandad”

“No es fácil ponerse en el lugar de las personas trans, comprenderlas. Pero tenemos que hacerlo por deber de justicia y de fe cristiana. Tiene que haber protección legal para los millones de personas trans que hay en el mundo”

“Las rutas de la renovación son como un laberinto… La futura ley trans española, redactada desde el conocimiento científico y la sensatez, debería alcanzar el máximo consenso posible y contar con el asesoramiento y la experiencia de las personas de ese colectivo”

07.02.2021 | Julio Puente López

“¿Es el presidente de la Conferencia Episcopal ahora el gran imán de cada católico de Estados Unidos?” Es la pregunta que se hacía en el NCR el periodista Michael Sean Winters el pasado 27 de enero. Se refiere al arzobispo Gomez, miembro del Opus Dei. Winters afirma que se está produciendo un cisma de corte jansenístico en la Iglesia americana que ha infectado a la jerarquía y al clero. El influyente laico católico George Weigel, biógrafo de Juan Pablo II, sería uno de los que está flirteando con este tema.

Con motivo de la proclamación de Biden como nuevo presidente de Estados Unidos al Arzobispo Gomez le faltó tiempo para recordarle la doctrina de la Iglesia, la del aborto en concreto, que si este ignora le inhabilitaría según muchos neoconservadores para recibir la comunión. ¿Sería este un sacramento para los puros al que los débiles no podrían acudir para hacer más fuerte su fe? El papa Francisco no es de esa opinión.

La radicalización, como vemos, no es algo exclusivo hoy de la lucha política y de la sociedad civil. La Iglesia católica sufre también en su seno profundos enfrentamientos. Con nostalgia de la ideología de cristiandad o del Estado confesional, la oposición de carácter ultraconservador al programa de reformas del papa Francisco tiene las características de los comportamientos sectarios.

El sector integrista sigue sin aceptar la realidad de una Iglesia que ha dejado atrás la ideología de cristiandad. “El Vaticano I hablaba de la Iglesia como “sociedad perfecta”; el Vaticano II habla de la Iglesia como “necesitada de continua renovación”, leemos en la Historia de la Iglesia editada por la editorial San Pablo. El historiador Guido Zagheni dedica a este tema un capítulo de casi 70 páginas titulado “El proyecto de “cristiandad”: Modelo de relación entre la Iglesia y el mundo”. Su conclusión es clara: con el Vaticano II se ha superado la ideología de cristiandad.

Pero las rutas de la renovación no son fáciles. Son como un laberinto donde todos andamos dando vueltas sin encontrar la salida de Mt 6, 24: Dios o el dinero, evangelizar o colonizar. Y el clero renuncia, sí, al sexo, o lo intenta, pero se enreda siempre en los juegos del poder y de la acumulación de bienes, sin querer comprender que el cristianismo que cree que hay acceso a Dios desde el apego al dinero es falso. Es el problema que tienen todas esas personas tan amantes de las tradiciones religiosas y de la estética litúrgica, pero no tanto de la justa distribución de la riqueza.

En la década de los setenta el sociólogo alemán Franz-Xaver Kaufmann escribió un libro titulado “Theologie in soziologischer Sicht” (Herder, 1973). El autor dedica un capítulo a estudiar el papel que ha jugado el pensamiento iusnaturalista en la estabilización del catolicismo, sobre todo en la sociedad alemana. Fue el fundamento ideológico que hizo posible la aparición de una subcultura católica unida, cerrada y partidista en la esfera política. Desde Pio IX hasta el concilio Vaticano II el papado se sirvió de la teoría del derecho natural y de la apelación a la ley natural para marcar la frontera con la sociedad secular y dar cohesión a la comunidad de creyentes.

El Vaticano II supuso el fin de esa ideología, pero Juan Pablo II y Benedicto XVI volvieron a insistir en la teoría del derecho natural reivindicando un liderazgo moral del papado no solo para la Iglesia, sino también frente a la sociedad civil. Benedicto XVI en su viaje a España esgrimió el derecho natural al enjuiciar la ley del aborto y la ley del contrato civil entre personas del mismo sexo. La España laica entendió que era “una extorsión a la libertad de conciencia”. “La coartada justificadora era la supuesta violación del derecho positivo de una ley natural que solo la Iglesia católica se halla en condiciones de conocer, interpretar y aplicar” (Javier Pradera, El País, 10 de noviembre de 2010).

Y ahora los obispos de Estados Unidos, como si quisieran ser la tercera cámara del Estado, no han perdido ni un minuto en hablar al presidente Biden de la ley del aborto para influir así en su conciencia. Se olvidan de que el cristiano mayor de edad juzga por sí mismo lo que cree justo (cf. Lc 12, 56-57). Se olvidan de la legítima autonomía de la ciencia, de la autonomía de lo temporal, de que los obispos no pueden substituir la conciencia de los fieles, de que la misión de la Iglesia no es de orden político, económico o social. Estos obispos ignoran todo aquello que enseñó el Vaticano II en la Gaudium et spes.

La Iglesia anterior al Vaticano II era una sociedad que se decía perfecta y que constituía una cultura aparte y a la defensiva frente a lo que venía de fuera, que creaba una sociedad paralela con escuelas, universidades, hospitales, medios de comunicación y toda clase de sociedades y organismos a los que se añadía el adjetivo de “católicos”. Esa Iglesia no daba siempre un testimonio auténtico del Evangelio, porque conseguir influencia y poder no es evangelizar. Tradicionalista y dogmático, el catolicismo era visto por muchos como una secta. En América se usaba con frecuencia la palabra inglesa “sectarian” para referirse a ese tipo de creyente católico. Ahora volverá a haber nuevos motivos para hacerlo.

Pero una Iglesia así, de doctrina y ritos que no cambian y que promete la salvación frente a un mundo extraviado, sigue teniendo sus adeptos. Ahí tenemos a los grupos católicos federados en “Una Voce”, y a los clásicos grupos ultraconservadores y fundamentalistas españoles de todos conocidos, con su interpretación al pie de la letra de la Escritura, su intransigencia y su rigidez dogmática.

Wolfgang Waldstein, el famoso jurista de Salzburgo que el papa Benedicto XVI citó en su discurso en el “Reichstag” de Berlín, gran defensor del iusnaturalismo tal como lo explicaba el magisterio hasta hace poco, fue nombrado presidente de honor de la asociación laica alemana “Pro Missa Tridentina”. El cardenal Rouco Varela reflexionó en 2019 sobre ese discurso del papa Ratzinger en el Parlamento de Berlín en 2011. En su artículo, “¿Un nuevo retorno del derecho natural?” publicado en Ius Communionis, presenta Rouco el discurso de Benedicto XVI como una propuesta para recuperar el “derecho natural” como categoría intelectual y como valor ético-jurídico.

Todo ello es legítimo y tiene su sentido, pero conviene no olvidar que un “corazón dócil, que sepa escuchar para juzgar, para discernir entre el bien y el mal”, como pedía Salomón (cf. 1 R 3, 9), es algo que no le es negado a ningún hombre honesto. Benedicto XVI cita ese pasaje con la expresión de “un corazón oyente” (“ein hörendes Herz”) y también cita el versículo de Rm 2, 15 que habla de una ley escrita en el corazón, en la conciencia de todo hombre, no solo en la de los cristianos. Ya nos dijo Ebner, y luego Rahner, que el hombre es “Hörer des Wortes”, “oyente de la palabra” divina. Y es la “confianza en la palabra” lo que constituye para el personalismo la última instancia, el fundamento de la vida social, de la ley y del derecho. Aunque Ebner nos recuerda, citando Dt 30, 14, que Dios ha puesto su palabra en nuestro corazón para que la podamos poner en práctica, nos dice en sus “Glosas al prólogo del Evangelio de Juan” (1921) que “no es necesario en absoluto entender esta confianza en un primer momento en sentido religioso”. Tal vez los estudiosos del derecho podrían encontrar aquí un puente entre el positivismo jurídico de H. Kelsen, contemporáneo de Ebner, por cierto, y el iusnaturalismo.

La ley natural no se encuentra en ninguna caja fuerte del Vaticano bajo siete llaves teniendo acceso a ella solamente el magisterio del papa. Que su fundamento sea la ley eterna de Dios no anula la capacidad de todo hombre para razonar. Como enseñó hace años el profesor Stephen Buckle “la idea de derecho natural no proporciona atajos al razonamiento moral”. La promulgación de esa ley y de ese derecho corresponde, como ya defendió Santo Tomás de Aquino, a la inteligencia humana. En ese sentido, como muestra Buckle, la ley natural bien entendida tiene capacidad para incorporar el cambio.

Diego Neria Lejárraga, el primer transexual en ser recibido por un papa,

Siguiendo las enseñanzas del profesor Jesús Vega López, si le he entendido bien, esta ley no puede interpretarse en un sentido radicalmente contrario a la idea de igualdad en su sentido moderno y contemporáneo, puesto que incluye la noción de universalidad normativa que da origen a la idea de “ley moral”.

El contenido de la ley natural ha de ser interpretado, pero sin apelar a una antropología natural inalterable, porque entonces estamos haciendo una interpretación no igualitaria negando los hallazgos del razonamiento crítico jurídico que reconoce que existe un derecho fundamental a la igualdad de trato y a la no discriminación. La afirmación de este derecho constituye la base de las legislaciones de los Estados occidentales que reconocen las uniones civiles de las personas del mismo sexo y los derechos de las personas con sexualidades diversas. Sin reconocer este derecho a la igualdad de trato, que la Iglesia debería aplicar a sus propios fieles, a las mujeres y a las minorías sexuales, resulta difícil ver que las pretensiones de la Iglesia en estas materias puedan tener acogida en un Estado constitucional laico. No aparecerían ante los ciudadanos como una doctrina moral “razonable”.

No es de extrañar que las reformas del papa Francisco encuentren oposición cuando queriendo ser fiel al espíritu de “aggiornamento” y de renovación de la Iglesia del Vaticano II afronta los problemas sin recurrir a esa teoría del derecho natural. El cardenal Müller se expresó así en una entrevista del Corriere della Sera: “La palabra de Dios vale para todos los tiempos. Y habla del derecho natural, moral. La constitución antropológica no se respeta en esta nueva antropología LGTB”. Según Müller “el papa es el primer intérprete de la ley natural”. Y pregunta: “¿Por qué interviene en estos asuntos de los Estados sin subrayar la dimensión de la ley natural?”

Se ve claramente el interés de los ultraconservadores por usar ese concepto como un comodín dialéctico con el que hacer oposición. Müller, con el puritanismo ajeno al Evangelio que desde San Pablo impregna la enseñanza de la Iglesia, e ignorando la sexología, recuerda que “las relaciones sexuales están reservadas exclusivamente al matrimonio”. Reprocha así al papa que hable de las uniones civiles entre personas del mismo sexo, del derecho de todos a tener una familia y una protección legal.

En 2019 este cardenal viajó a Estados Unidos y se vio con los miembros de la Corte Suprema y católicos conservadores, Samuel Alito y Brett Kavanaugh, así como con Brian S. Brown, conocido activista homófobo y con la princesa Gloria von Thurn und Taxis, una millonaria de Ratisbona amiga de los que se oponen a Francisco. Esta empresaria ultraconservadora, que ve en Müller al Trump de la Iglesia, fue la que puso al cardenal en contacto con Stephen Bannon. Uno recuerda aquellas palabras de Ebner cuando se preguntaba en su escrito “El escándalo de la representación” qué espera la aristocracia de una victoria de Dios. “Nada cuando se da en el corazón del hombre. Pero ¿qué de esta en el mundo?”

Hermana Mónica Astorga OCD, quien acompaña y ayuda a mujeres trans (Diario de Río Negro/Gobierno Provincial )

Los grupos de presión que mezclan política y religión son, como vemos, especialmente activos en América. Francisco parece estar en buena forma, pero ya se han publicado libros que nos hablan de cómo debería ser el próximo papa. George Weigel y Edward Pertin han publicado sendos libros con el mismo título, The Next Pope. Si en Roma o en la iglesia alemana se estudia la posibilidad de dar la comunión a los divorciados que han vuelto a contraer matrimonio Weigel, haciendo una interpretación burda del Evangelio, se apresurará a señalar que el papa no puede cambiar la doctrina de Jesús sobre la indisolubilidad del matrimonio. Es una táctica común en el sectarismo refutar lo que el adversario no ha sostenido. Lo que técnicamente llaman “mutatio elenchi” si se hace a sabiendas. Una forma de acusar falsamente. Además se pasa por alto Mt 19, 9: “a no ser en caso de porneia”, algo que rompería el matrimonio.

Weigel no ha dudado en tergiversar la doctrina social del papa Juan Pablo II en la encíclica “Centesimus annus” (1991). Pero el texto es claro: “Queda mostrado cuán inaceptable es la afirmación de que la derrota del llamado “socialismo real” deja al capitalismo como único modelo de organización económica. Hay que romper las barreras y los monopolios que colocan a tantos pueblos al margen del desarrollo, y asegurar a todos —individuos y naciones— las condiciones básicas que permitan participar en dicho desarrollo” (Centesimus annus, 35). No es pues verdad como afirma Weigel que el papa apoyara la doctrina de la autorregulación libre de los mercados.

El sectarismo ultraconservador se hace con frecuencia fanatismo obsesivo en los temas de la sexualidad y de las relaciones humanas. Así, por ejemplo, el que fue arzobispo de San Luis, el conservador americano Carlson, hoy ya retirado, insistía todavía en 2020 en que “la comprensión católica de la persona humana sostiene que el sexo y el género no pueden separarse”. Pero la realidad de la vida hace pedazos la rigidez de esa doctrina de la Relación final del Sínodo de los obispos de 2015 recogida luego en otros documentos.

Un caso real lo puede mostrar. Recordemos a J. Morris. Falleció el 20 de noviembre de 2020 a la edad de 94 años. Sirvió en el ejército británico durante la segunda guerra mundial, se graduó como oficial de inteligencia en Sandhurst, trabajó como periodista y, como miembro de la expedición de Hurt y Hillay en su conquista del Everest, dio la noticia en exclusiva para The Times en 1953. Morris, después de estudiar en Oxford, contrajo matrimonio con Elisabeth Tuckniss, la mujer de su vida con la que tuvo 5 hijos. Escribió más de 40 obras, entre ellas Pax Britannica, una historia del imperio británico en tres tomos y libros de viajes traducidos a muchos idiomas. James Morris, nacido biológicamente como varón, siempre supo que era mujer.

En 1972 James Morris viajó a Casablanca para someterse a una reasignación de sexo. Lean su obra “Conumdrum” (Enigma). Desde entonces y hasta que murió en 2020 fue Jan Morris. Tras un divorcio al tener que someterse a las leyes, de nuevo la unión civil con Elisabeth Tuckniss, el tú de su yo, más allá del sexo y de la orientación sexual. Fue una mujer transgénero primero, mujer transexual después de la operación, en una larga lista en la que están Lili Elbe, Virginia Prince, Caitlyn Jenner, Georgine Kellermann y millones de otras. Y habría que hablar también de los hombres trans, que nacieron con el sexo biológico de mujer. Está claro que el sexo y el género no siempre van de la mano. Son cosas diferentes. Y otra cosa distinta de ambos es la orientación sexual. Y eso simplemente es lo que afirman los estudios de género.

No es fácil ponerse en el lugar de las personas trans, comprenderlas. Pero tenemos que hacerlo por deber de justicia y de fe cristiana. Tiene que haber protección legal para los millones de personas trans que hay en el mundo. La futura ley trans española, redactada desde el conocimiento científico y la sensatez, especialmente en los que se refiere a los menores, debería alcanzar el máximo consenso posible y contar con el asesoramiento y la experiencia de las personas de ese colectivo.

La comunidad transgénero de Estados Unidos (cerca de un millón de personas) le hizo saber al arzobispo Carlson que su doctrina desconocía su problemática. Si se evitan las posturas sectarias no tendría por qué ocurrirle lo mismo a la Iglesia en España.

Fuente Religión Digital

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Cole y Lawrence, una de las parejas que se han casado por miedo a que lo ilegalicen. (Foto: Alecia Hoyt)

Las parejas LGBTQ en Missouri acudieron en masa al Ayuntamiento de St. Louis la semana pasada para casarse antes de que se confirme la nominada de extrema derecha a la Corte Suprema Amy Coney Barrett.

Los republicanos del Senado han dado prioridad a la confirmación de la extremista judicial sobre las negociaciones de alivio de COVID en un intento por acomodarla en el asiento antes de las próximas elecciones.

El miedo se ha extendido a través de la comunidad queer sobre lo que significará la posición de Coney Barrett para los derechos LGBTQ. La iglesia Lot’s Wife Trans & Queer Chaplaincy, para personas Trans & Queer (que no se sienten bien tratados en otras iglesiass) se puso manos a la obra. Tori Jameson, pastora de la iglesia, decidió que tenía que hacer algo para asegurar los derechos legales de la comunidad: “Barrett es notoriamente anti-LGTB. Ha hecho declaraciones contra el matrimonio igualitario, contra la inmigración. Me preocupa que nuestros derechos vuelvan atrás si ocupa el cargo. Pero no tengo mucho poder político, solo soy pastora de esta comunidad.“

Jameson decidió ofrecer ceremonias de boda gratuitas a cualquier pareja que quisiera aceptar la oferta “mientras todavía tengamos la oportunidad”. Los días de bodas masivas no solo podrían servir como protesta, sino que también podrían darles a las parejas participantes algo de seguridad para sus relaciones ante lo que pueda estar por venir.

Las bodas «POP-UP» se hicieron virales y el apoyo (y las parejas) empezaron a llegar. En cuestión de poco tiempo además de con Jameson oficiando las ceremonias las parejas iban a contar con floristas, panaderos, fotógrafas y voluntarios ofrecieron sus servicios para las ceremonias.

Aunque el evento iba a durar un día se alargó hasta cuatro y se han oficiado 16 ceremonias.

La fotógrafa Alecia Hoyt tomó impresionantes fotos de parejas como Cole y Lawrence (en la foto de arriba) y explicó el por qué en su página de Facebook. “Soy parte de la comunidad LGBTQ + y tengo queridos familiares y amigos que son parte de la comunidad”, dijo. “¿Puedes creer que solo han pasado 5 años desde que estos humanos han podido casarse legalmente como cualquier pareja hetero? 5 años, y ahora parece que los derechos humanos están nuevamente amenazados con posibles cambios futuros en la Corte Suprema “.

Puede que Trump no haya hecho mucho durante su estancia en la Casa Blanca, pero se quede o no sí se ha asegurado de que la agenda conservadora Republicana tenga presencia en las próximas décadas en la política norteamericana.

Los republicanos actualmente ocupan 53 de los 100 escaños en el Senado, pero se espera que pierdan varios escaños en las elecciones.

Donald Trump ha querido que Barrett sea aprobada y juramentada como juez de la Corte Suprema antes de las elecciones del 3 de noviembre para que ella pueda fallar sobre asuntos relacionados con la elección y cómo se cuentan las papeletas.

Juramento de Amy Coney Barrett

Como explica la columnista Kara Swisher en The New York Times, es bastante evidente que Barrett apoyará a los Jueces Clarence Thomas y Samuel Alito, que hace unas semanas, emitieron un voto particular desafiando la sentencia Obergefell que legalizó el matrimonio igualitario en todo el país, alegando que las personas que discriminan a las parejas homosexuales son “víctimas” de la ley. El lunes (5 de octubre), los dos jueces redactaron una declaración cuando el tribunal se negó a considerar un caso presentado por Kim Davis, la secretaria de Kentucky que se negó a llevar a cabo su trabajo de procesamiento de licencias de matrimonio cuando a las parejas homosexuales se les permitió casarse en 2015. «Era un tiro de aviso”, escribe Swisher, “en una guerra que yo y muchos otros pensábamos que había acabado hace mucho”.

“Este ha sido un proceso falso desde el principio”, dijo una declaración de los demócratas del Senado sobre la nominación de Barrett. “En medio de una pandemia mundial y elecciones en curso, los republicanos se apresuran a confirmar un juez de la Corte Suprema para quitarle atención médica a millones y ejecutar la agenda extrema y profundamente impopular que no han podido aprobar en el Congreso”.

Fuente LGBTQ Nation

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Jueces Samuel Alito y Clarence Thomas (Getty Images)

Los magistrados de la Corte Suprema, Clarence Thomas y Samuel Alito, lanzaron un ataque extraordinario al fallo que llevó al matrimonio igualitario, alegando que las personas que discriminan a las parejas homosexuales son “víctimas” de la ley.

El lunes (5 de octubre), los dos jueces redactaron una declaración cuando el tribunal se negó a considerar un caso presentado por Kim Davis, la secretaria de Kentucky que se negó a llevar a cabo su trabajo de procesamiento de licencias de matrimonio cuando a las parejas homosexuales se les permitió casarse en 2015.

Davis, que ha estado casada cuatro veces con tres maridos, se convirtió en una causa célebre entre los evangélicos anti-LGBT + cuando afirmó que no podía casar  parejas del mismo sexo debido a sus valores cristianos.

Aunque Thomas y Alito afirmaron la decisión del tribunal de no escuchar el caso Davis por motivos de procedimiento, en el comunicado lanzaron una andanada extraordinaria sobre el fallo de Obergefell de 2015 que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en los 50 estados.

Los jueces de la Corte Suprema Clarence Thomas y Samuel Alito dicen que Kim Davis fue “una víctima” del matrimonio igualitario

Los jueces calificaron a Davis como “una cristiana devota” con “creencias religiosas sinceras”, y se lamentaron de que “como resultado de la alteración de la constitución por parte de este tribunal, Davis se ha encontrado a si misma frente a una elección entre sus creencias religiosas y su trabajo.”

Thomas y Alito, quienes estaban entre los disidentes contra el matrimonio igualitario cuando la corte se dividió en cinco a cuatro sobre el tema en 2015, continuaron: “Davis puede haber sido una de las primeras víctimas del trato arrogante de este tribunal a la religión en su decisión sobre Obergefell, pero no será la última. Debido a Obergefell, aquellos con sinceras creencias religiosas respecto al matrimonio encontrarán cada vez más difícil participar en la sociedad sin entrar en conflicto con Obergefell y sus efectos en otras leyes anti-discriminación.“

Siendo seguramente conscientes de lo que están intentando justificar, los dos jueces explican que esos sentimientos religiosos ofendidos no lo habrían resultado tanto si, en vez de por una sentencia del Supremo, el matrimonio igualitario se hubiera aprobado con un debate y siendo votado en el Congreso. Porque todos sabemos que a los evangélicos les encanta debatir y, sobre todo, porque todos sabemos que no pasa nada si es una mayoría la que ha de decidir sobre los derechos de una minoría: “Una cosa sería si el reconocimiento del matrimonio homosexual se hubiera debatido y adoptado a través del proceso democrático, con la gente decidiendo no proveer protecciones estatutarias para la libertad religiosa bajo las leyes estatales. Pero es algo muy diferente si un juzgado fuerza esa elección sobre la sociedad a través de la creación de derechos constitucionales atextuales y su poco generosa interpretación de la cláusula de libre ejercicio, dejando a aquellos con objeciones religiosas en la estacada.“

La pareja de jueces continuó: “Esta petición proporciona un claro recordatorio de las consecuencias de Obergefell. Al optar por privilegiar un nuevo derecho constitucional sobre los intereses de libertad religiosa protegidos explícitamente en la Primera Enmienda, y al hacerlo de manera antidemocrática, la corte ha creado un problema que solo ella puede solucionar. Hasta entonces, Obergefell seguirá teniendo consecuencias desastrosas para la libertad religiosa”.

Activistas de derechos civiles temen que los tribunales conservadores busquen socavar las sentencias pro-LGBT +. Si bien el ataque es en gran parte simbólico, la intervención solo avivará los temores de que los conservadores en la corte, que se envalentonarían con una mayoría de seis a tres si el Senado confirma a la última nominada de Donald Trump, Amy Coney Barrett, podría socavar drásticamente la igualdad LGBT + en un futuro. caso futuro.

El 4 de noviembre, solo un día después de las elecciones estadounidenses, la corte está preparada para escuchar los argumentos en torno a Catholic Social Services (CSS), una agencia de adopción y cuidado de crianza con sede en Filadelfia que insiste en que se debe permitir rechazar a las parejas del mismo sexo y todavía reciben financiación de los contribuyentes.

El caso ha causado nerviosismo entre los defensores de los derechos LGBT +, ya que incluso las victorias recientes en las protecciones contra la discriminación LGBT + vinieron con advertencias explícitas de que las leyes de derechos civiles podrían ser anuladas por preocupaciones de libertad religiosa.

Varios otros casos de “libertad para discriminar” están trabajando en los tribunales inferiores, muchos traídos con el apoyo de grupos de odio anti-LGBT + que durante mucho tiempo han puesto sus miras en intentar forjar una protección específica para la discriminación contra las personas LGBT + bajo las protecciones de la Primera Enmienda por la libertad religiosa.

Chase Strangio de la American Civil Liberties Union (ACLU), explicó en un hilo de Twitter que la declaración sugiere que los jueces “Ya están ansiosos por derogar Obergefell, y eso que solo tiene cinco años. El descaro de la parte conservadora del tribunal es una amenaza incluso para las expectativas más básicas de protección legal. Lo que podemos esperar es una erosión continuada de las protecciones legales que hemos conseguido en el pasado siglo.“

La Alianza por la Justicia estuvo de acuerdo en que la intervención es “extremadamente preocupante”. El grupo agregó: “La igualdad en el matrimonio, o cualquier fuerza que pueda tener, está 100% amenazada por la nominación de Amy Coney Barrett. Los conservadores de la corte claramente están mordisqueando un poco para socavarlo “.

La firma de derechos civiles LGBT + Lambda Legal dijo: “Los republicanos y la Corte Suprema vienen con alegría por la igualdad en el matrimonio, y creen que la nominada a SCOTUS de Trump, Amy Coney Barrett, les da la oportunidad de hacerlo”.

Fuente Pink News

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El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha declarado contrario al Acta de Derechos Civiles de 1964 la discriminación en el trabajo de las personas LGTB. Para ello ha unido tres casos distintos, que afectaban a dos trabajadores homosexuales y a una trabajadora trans, todos ellos despedidos por su orientación sexual o identidad de género. El alto tribunal considera que han sido discriminados puesto que el despido se ha producido por razón de su sexo, dado que no habría tenido lugar si hubieran pertenecido a un sexo diferente. Se trata de la mayor victoria para los derechos de las personas LGTB estadounidenses desde la declaración de inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio igualitario en 2016. La nota amarga es que dos de los demandantes no podrán celebrar esta importante victoria, pues ambos han fallecido durante el proceso.

Se trata de una de las decisiones más importantes sobre los derechos LGTB en la historia de los Estados Unidos. Según el dictamen del Tribunal Supremo del 15 de junio, «un empleador que despide a un individuo por ser homosexual o transexual lo hace por rasgos o acciones que no habría cuestionado en miembros de un sexo diferente. El sexo juega un papel necesario e indiscutible en la decisión, exactamente lo que el título VII prohíbe».

Efectivamente, el título VII del Acta de Derechos Civiles protege contra la discriminación en las relaciones laborales «por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional». En este caso, ha sido el sexo el factor contemplado por todos los implicados. La Fiscalía, en representación de la Administración Federal, y dos de los jueces del Tribunal Supremo se ciñen a la literalidad de la ley y estiman que solo está amparada la discriminación entre hombres y mujeres. Pero para la defensa de los litigantes y la mayoría del tribunal el espíritu de la ley es más amplio. Según la sentencia, «los que adoptaron la Ley de Derechos Civiles podrían no haber previsto que su trabajo llevaría a este resultado en particular. Pero los límites de la imaginación de los redactores no dan ninguna razón para ignorar las exigencias de la ley. Solo la palabra escrita es la ley, y todas las personas tienen derecho a su beneficio».

La sentencia ha sido sorprendente, dado el cariz conservador de la composición del Tribunal Supremo. Pero en esta ocasión, a los cuatro jueces liberales (Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan) se han unido los conservadores John Roberts (presidente del tribunal) y Neil Gorsuch, el primer juez nombrado por Donald Trump durante su presidencia. Gorsuch, además, ha sido el ponente de la sentencia. Han emitido voto particular en contra de la sentencia los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas, que abogaban por la literalidad de la ley. También se ha opuesto el juez Brett Kavanaugh, el último en incorporarse al tribunal y nombrado por Donald Trump, que defendía la separación de poderes y estimaba que debía ser el poder legislativo quien modificase el Acta de Derechos Civiles, si bien defendía que este cambio debía producirse.

Los casos implicados

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos unificó en un solo caso tres apelaciones que consideró que tenían factores comunes. El caso tomó el nombre de uno de los demandantes, Bostock contra el condado de Clayton, Georgia.

Gerald Bostock era un funcionario del tribunal de menores del condado de Clayton, dentro del área metropolitana de Atlanta. A principios de 2013, se unió a una liga de softball para gais y la promovió en el trabajo. En abril de 2013, el condado de Clayton llevó a cabo una auditoría de los fondos controlados por Bostock y lo despidió por «conducta impropia de un empleado del condado».

Bostock, sin embargo, estaba convencido de que el condado utilizaba este subterfugio como pretexto para despedirlo por ser gay, e interpuso una demanda por discriminación en el lugar de trabajo en 2016 ante el Tribunal de Distrito Norte de Georgia. El condado solicitó que la demanda fuese desestimada, petición que fue aceptada por el juez, al estimar que el título VII del Acta de Derechos Civiles no incluye la protección contra la discriminación por motivos de orientación sexual, según la jurisprudencia asentada en el Undécimo Circuito de Apelaciones, que ya había fallado en contra de demandas semejantes anteriormente. A pesar de ello, Bostock apeló al Undécimo Circuito, cuyo panel de tres jueces confirmó el fallo del Tribunal de Distrito en 2018.

El segundo caso implicaba a Donald Zarda, un empleado de la compañía de paracaidismo Altitude Express, que había sido despedido tras comentarle a una de las clientes que era gay, con el propósito de que se sintiera cómoda mientras él le ajustaba el traje de seguridad. El marido de la cliente puso una queja y Altitude Express despidió a Donald Zarda por «comportamiento inapropiado en el trabajo». Zarda interpuso una demanda ante el Tribunal de Distrito, que falló en su contra. Posteriormente, recurrió el fallo ante el Segundo Circuito de Apelaciones, cuyo panel de tres jueces confirmó la sentencia desfavorable del Tribunal de Distrito. Zarda falleció en un accidente en Suiza en octubre de 2014, pero su familia decidió proseguir con el caso. Presentaron una petición para que decidiera el pleno del tribunal del Segundo Circuito, que en esta ocasión revertió su dictamen  anterior y dictó sentencia favorable a Zarda, al estimar que «dado que la orientación sexual es una cuestión de sexo y el sexo es una característica protegida por el título VII, se deduce que la orientación sexual también está protegida».

El tercer caso afectaba a Aimee Stephens, una mujer trans que trabajaba como empleada en una funeraria. Cuando se inició la relación laboral, Aimee Stephens aún se presentaba públicamente como perteneciente al género que le fue asignado al nacer. Pero en 2013 tomó la decisión de vivir su vida plenamente con su género real y así lo comunicó al dueño de la funeraria, informándole de que en el futuro acudiría al trabajo con el uniforme femenino. Apelando a sus convicciones religiosas, el empleador despidió a Aimee Stephens por no vestirse apropiadamente en el trabajo. Stephens decidió denunciarlo ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, con la convicción de que había sido despedida por ser una mujer trans. La comisión la apoyó y presentó demanda ante el Tribunal de Distrito, que falló en su contra y confirmó el despido. Sin embargo, el Sexto Circuito de Apelaciones falló a su favor, dictaminando que la «discriminación por sexo» del título VII incluye a las personas trans.

Los tres casos fueron llevados ante el Tribunal Supremo por parte del demandante en el primero de ellos y de la Fiscalía en los otros dos. Tras la unificación de casos y las audiencias que tuvieron lugar en 2019, el alto tribunal confirmó las sentencias del Segundo y Sexo Circuito y revocó la del Undécimo Circuito.

Lamentablemente, Aimee Stephens falleció en un hospital en mayo de 2020, sin poder conocer una sentencia de tanta importancia para el colectivo trans, que se había producido gracias a su lucha.

Satisfacción por la sentencia

Los grupos de defensa de los derechos LGTB han expresado su profunda satisfacción por una sentencia histórica para los derechos de las minorías sexuales.

Kevin Jennings , director ejecutivo de Lambda Legal, declaraba lo siguiente: «Por fin. Hoy, la ley, la justicia y la equidad están de nuestro lado. El más alto tribunal de nuestra nación ha confirmado lo que Lambda Legal ha argumentado durante años, que la discriminación contra los trabajadores LGBTQ es ilegal. Tenemos un largo camino por recorrer para asegurar los plenos e innegables derechos civiles de las personas LGBTQ, especialmente los de nuestra comunidad que son negros, indígenas y personas de color para quienes su orientación sexual o identidad de género es solo una de las muchas barreras para la igualdad de oportunidades en este país. Pero la victoria de hoy es un paso necesario en el camino hacia la igualdad de justicia para todos sin salvedades o condiciones».

Sarah Kate Ellis, presidenta de GLAAD, emitía un comunicado en el que afirmaba: «La histórica decisión del Tribunal Supremo confirma lo que no debería haber sido ni siquiera un debate: los americanos LGBTQ deberían poder trabajar sin miedo a perder sus trabajos por ser quienes son. La decisión nos da la esperanza de que como país podemos unirnos por el bien común y continuar la lucha por la aceptación de las personas LGBTQ. Especialmente en un momento en el que la Administración Trump está haciendo retroceder los derechos de las personas trans y la violencia antitrans continúa plagando nuestra nación, esta decisión es un paso hacia la afirmación de la dignidad de las personas trans, y de todas las personas LGBTQ».

También han dado a conocer las palabras del único demandante superviviente de los tres, Gerald Bostock. «No hay palabras para describir lo eufórico que estoy», afirmaba, «cuando me despidieron hace siete años, estaba devastado. Pero esta pelea se convirtió en mucho más que yo. Estoy sinceramente agradecido al Tribunal Supremo, a mis abogados, a las organizaciones de defensa como GLAAD, y a todos los que me apoyaron en esta lucha. Hoy podemos ir a trabajar sin el temor de ser despedidos por lo que somos y por lo que amamos. Sin embargo, hay más trabajo por hacer. La discriminación no tiene cabida en este mundo, y no descansaré hasta que tengamos derechos iguales para todos».

Por su parte, el presidente Donald Trump, en una mesa redonda de la Casa Blanca sobre temas de la tercera edad, calificó la decisión de «muy poderosa» y añadió que «ellos han dictaminado y nosotros viviremos con su decisión. De eso se trata, viviremos con la decisión del Tribunal Supremo».

Fuente Dosmanzanas

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Brett Kavanaugh ya es juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Poco han importado las acusaciones de abuso sexual en el pasado. Poco ha importado la movilización progresista en su contra. Lo que cuenta en este caso es la Presidencia y el Senado, y el Partido Republicano recuperó el control simultáneo de ambas instituciones en las elecciones de 2016. Salvo conjunciones circunstanciales inesperadas, el sector más conservador de la sociedad estadounidense se hace con la rama judicial del Gobierno durante lustros, quizá décadas, y podrá modelar a su antojo la jurisprudencia en sentido restrictivo en materias como el acceso al aborto o el fin de la discriminación legal de las personas LGTB. La confirmacion de Kavanaugh supone posiblemente el éxito más importante de la presidencia de Donald Trump, cuya elección en 2016 se confirma como una auténtica tragedia para los derechos civiles de las minorías.

Tras la jubilación el pasado 31 de julio del juez Anthony Kennedy como miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Donald Trump designó su candidato a ocupar la plaza, como es su atribución. Eligió a Brett Kavanaugh, un juez de 53 años, que fue designado por el entonces presidente George W. Bush para ocupar plaza en la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde ya emitió conflictivos dictámenes en materia de empleo, medio ambiente o consumo, destacándose siempre por su conservadurismo y su apoyo a las grandes corporaciones. Durante su carrera, ha sido frecuentemente criticado por el partidismo de sus valoraciones, sin ocultar su apoyo declarado al Partido Republicano. Ya desde un primer momento su candidatura fue celebrada por grupos ultraconservadores y fuertemente LGTBIfobos como la American Family Association (AFA),  la National Organization for Marriage (NOM), Americans for Prosperity (AFP) o Judicial Crisis Network. Desde el activismo LGTBI, sin embargo, se ha acogido con gran preocupación.

Para que el nombramiento del candidato presidencial sea efectivo, debe ser corroborado por el Senado. Por ello, Brett Kavanaugh se está sometiendo al escrutinio de los senadores, que pueden interrogarle acerca de sus opiniones respecto a diversos asuntos. En la sesión del 6 de septiembre, el juez fue interpelado por la senadora demócrata por California Kamala Harris, que le preguntó sobre cuestiones como el derecho de las mujeres al aborto, la influencia rusa en la política estadounidense, el derecho a portar armas o su propia nominación.

Pero la senadora también le formuló la siguiente pregunta: «Mi pregunta es muy específica. ¿Puede comentar su opinión personal sobre si Obergefell se decidió correctamente? Es un sí o no. Por favor». Obergefell es como se conoce a la sentencia del Tribunal Supremo que instauró el matrimonio igualitario en los Estados Unidos, por el nombre de uno de los demandantes. Kavanaugh, sin embargo, evitó dar una respuesta directa e hizo referencia a una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre un pastelero que discriminó a una pareja del mismo sexo: «En Masterpiece Cakeshop, que creo que es relevante para su pregunta, el juez Kennedy escribió en la opinión de la mayoría: “Los días de discriminación contra gais y lesbianas estadounidenses o de tratar a los gais y lesbianas estadounidenses como inferiores en dignidad y valor han terminado”».

Tras ese circunloquio, se produjo el siguiente y revelador diálogo:

—Senadora Harris: «Han terminado. ¿Está de acuerdo con esa afirmación?».

—Juez Kavanaugh: «Ese es el precedente con el que el Tribunal Supremo estuvo de acuerdo…».

—Senadora Harris: «Señor, le estoy pidiendo su opinión. Usted es el candidato en este momento, por lo que, como prueba de su capacidad para servir en tribunal más alto de nuestro país, le hago una pregunta muy específica. O está dispuesto a responder o no, y si no está dispuesto a responder, podemos seguir adelante. ¿Cree que Obergefell fue decidido correctamente?

—Juez Kavanaugh: «Todos los jueces han declinado, como cuestión de independencia judicial, responder preguntas sobre esa jurisprudencia. Siguiendo el precedente establecido por la jurisprudencia, todos han declinado».

Posteriormente, el candidato fue interrogado por el senador demócrata por Nueva Jersey Cory Booker, que también quiso saber su opinión sobre el matrimonio igualitario y la discriminación de las personas LGTBI. El senador estaba interesado en saber su «opinión moral» sobre las leyes que permiten despedir a una persona debido a su orientación sexual, que están en vigor en la mayoría de los estados, o acerca de si los ciudadanos LGTBI deben temer porque sus matrimonios con personas del mismo sexo vayan a quedar invalidados. El juez se escudó en que había casos pendientes sobre discriminación laboral para no emitir una opinión, por lo que el senador Booker cambió de táctica.

Kavanaugh formaba parte del equipo del entonces presidente George W. Bush cuando este propuso enmendar la Constitución para impedir el matrimonio entre personas del mismo sexo. El senador Booker quiso saber cuál fue su opinión entonces al respecto. El juez respondió que no recordaba, y que, además, desde 2004 las opiniones acerca de ese asunto habían cambiado mucho, en clara referencia al cambio de criterio al respecto del posterior presidente Barack Obama. El senador entonces quiso saber su opinión actual, y se produjo el siguiente diálogo, no menos esclarecedor que el anterior:

—Senador Booker: «Pero usted tendrá una opinión. No necesito a Obama o a Cheney, tan solo, ¿me quiere dar su opinión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo?»

—Juez Kavanaugh: «No recuerdo…».

—Senador Booker: «No le estoy preguntando por su opinión de entonces, le estoy preguntando por su opinión de ahora. ¿Recuerda su opinión actual sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo?».

—Juez Kavanaugh: «Bueno, el Tribunal Supremo en Obergefell…».

—Senador Booker: «Señor, su opinión. No he conseguido su historial. No sé si ha llevado a cabo matrimonios entre personas del mismo sexo. No sé si ha acudido a un matrimonio entre personas del mismo sexo».

—Juez Kavanaugh: «Soy juez, aplico la ley».

—Senador Booker: «¿Ha celebrado un matrimonio gay? ¿Ha presidido uno? ¿Ha oficiado un matrimonio gay?».

—Juez Kavanaugh: «No lo he hecho».

—Senador Booker: «¿Pero no quiere decirme su opinión sobre este asunto?».

—Juez Kavanaugh: «Aplico la ley».

Esta constante elusión de las preguntas referentes a los derechos de las personas LGTBI ha desagradado profundamente a los defensores de los derechos civiles. Chad Griffin, presidente de Human Rights Campaign, opinaba al respecto que «la negativa de Brett Kavanaugh a responder preguntas muy básicas y muy directas sobre el histórico fallo del Tribunal Supremo que establece la igualdad matrimonial en todo el país es alarmante y completamente inaceptable. La decisión de Obergefell es una ley establecida. Si este candidato no puede ni siquiera afirmar eso o corroborar la igualdad fundamental de las personas LGTB y de nuestras familias, no se le debe otorgar ni se le debe garantizar un nombramiento de por vida para el máximo tribunal de nuestra nación».

Las acusaciones de abuso sexual no detienen su confirmación

El proceso de confirmación de Kavanaugh en el Senado no terminó sin embargo ahí. De forma inesperada vieron la luz al menos tres acusaciones de abuso sexual contra Kavanaugh. La más sólida de ellas fue la que protagonizó la profesora universitaria Christine Blasey Ford, que acusó al juez de haber abusado de ella en 1982, cuando ella tenía 15 años y él 17 (y se encontraba borracho).

Ford llegó a declarar ante el Comité Judicial del Senado, pero la ausencia de pruebas más allá de su propio testimonio (la otra persona presente durante el supuesto abuso, un amigo de Kavanaugh, aseguró no recordar ya nada de lo sucedido aquella noche) y el cierre de filas de los senadores republicanos dejaron en vía muerta la acusación. El FBI acabó de darle la puntilla, al concluir, tras una investigación de solo una semana (durante la cual ni Kavanaugh, ni Christine Blasey Fold ni las otras mujeres que lo acusaban fueron interrogados) que no existían pruebas que la sustentasen.

Finalmente, Kavanaugh fue confirmado por el Senado este sábado. De los dos únicos votos dudosos entre los republicanos, los de las senadoras Susan Collins y Lisa Murkowski (sobre el papel reacias a votar a un juez que seguramente contribuirá a aumentar las restricciones al aborto), Kavanaugh recibió el «sí» de  Collins y la abstención de Murkowski. Esta última, senadora por Alaska, en realidad tenía intención de votar «no», pero finalmente llegó a un compromiso con otro senador republicano, Steve Daines, que ayer sábado quería asistir a la boda de su hija, para abstenerse de votar y de esa forma no obligarlo a acudir a Washington. Por parte de los demócratas Kavanaugh recibió un solo voto, el del Joe Manchin, un demócrata conservador que dentro de un mes opta a la reelección como senador por Virginia Occidental, un estado en el que Donald Trump obtuvo en 2016 casi el 70% del voto popular. Su voto, en cualquier caso, era irrelevante. Kavanaugh fue confirmado finalmente por 50 votos a favor y 48 en contra, y ya es juez del Supremo tras haber jurado su cargo en una ceremonia

La nueva composición del Tribunal Supremo

Kavanaugh sustituye como juez del Supremo a Anthony Kennedy, cuyo voto ha sido el que en la mayoría de ocasiones desempataba entre conservadores y liberales. En este sentido, y pese a sus credenciales conservadoras en otras materias, Kennedy ha destacado por ser un firme defensor de los derechos civiles, significándose especialmente en cuanto a los derechos de gais, lesbianas y bisexuales. Las cuatro grandes sentencias del alto tribunal que abrieron el camino de la igualdad de derechos de ese colectivo lo tienen a él como ponente.

Con la sustitución de Kennedy por Kavanaugh, un conservador duro, el Supremo queda constituido como sigue: el bando liberal está formado por Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan (estas dos últimas propuestas por el presidente Barack Obama). El bando conservador lo integran John G. Roberts (actual presidente del Supremo y con voto de calidad), Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch (que también fue nombrado por Donald Trump tras ganar las elecciones presidenciales, en este caso después de la sucia maniobra de los republicanos, que al controlar ya el Senado se negaron durante todo el año 2016 a cubrir esa vacante con el candidato designado por Obama) y el propio Kavanaugh.

Por supuesto que a lo largo de los próximos años pueden acontecer circunstancias inesperadas que den la vuelta a la situación, pero conviene tener en cuenta que Ruth Bader Ginsburg, considerada la jueza más progresista del Supremo, cuenta ya con 85 años de edad y un estado de salud delicado, lo que hace prever que su retiro sea también próximo y deba nombrarse otro sustituto (aunque ella misma ha sugerido que su intención es permanecer en el puesto al menos otros cinco años). Y que tras Ginsburg, el juez de mayor edad es Breyer, también de la minoría liberal, que cuenta con 80 años.

El temor a que un Tribunal Supremo de holgada mayoría conservadora, con la visión más restrictiva de la Constitución y reacia a defender los derechos civiles de las minorías, sea quien tenga que decidir sobre cuestiones fundamentales durante lustros, quizá décadas, es ya una realidad. Por mencionar solo un ejemplo, entre los casos que el Supremo debe decidir en próximos meses se encuentra el caso Zarda, cuya resolución determinará muy posiblemente si el Titulo VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación laboral por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional, impide también la discriminación laboral por razones de orientación sexual (lo explicamos con detalle en esta entrada de marzo). A día de hoy, con Kavanaugh en el Supremo, el pesimismo es mayúsculo.

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El candidato de Donald Trump para ocupar un puesto en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Brett Kavanaugh, se está sometiendo al escrutinio de los senadores estadounidenses, que deben confirmar su nombramiento para que sea efectivo. En el curso del examen senatorial, al candidato le han preguntado por su opinión respecto a la sentencia que permitió el matrimonio igualitario en los Estados Unidos y sobre el fin de la discriminación legal de las personas LGTBI. Kavanaugh, sin embargo, ha eludido responder a ambas cuestiones.

Tras la jubilación el pasado 31 de julio del juez Anthony Kennedy como miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el presidente Trump designó su candidato a ocupar la plaza, como es su atribución. Eligió a Brett Kavanaugh, un juez de 53 años, que fue designado por el entonces presidente George W. Bush para ocupar plaza en la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde ya emitió conflictivos dictámenes en materia de empleo, medio ambiente o consumo, destacándose siempre por su conservadurismo y su apoyo a las grandes corporaciones. Durante su carrera, ha sido frecuentemente criticado por ser demasiado partidista en sus valoraciones, sin ocultar su apoyo declarado al Partido Republicano. Su candidatura ha sido celebrada por grupos ultraconservadores y fuertemente LGTBIfobos como la American Family Association (AFA),  la National Organization for Marriage (NOM), Americans for Prosperity (AFP) o Judicial Crisis Network. Desde el activismo LGTBI, sin embargo, se ha acogido con gran preocupación.

Para que el nombramiento del candidato presidencial sea efectivo, debe ser corroborado por el Senado. Por ello, Brett Kavanaugh se está sometiendo al escrutinio de los senadores, que pueden interrogarle acerca de sus opiniones respecto a diversos asuntos. En la sesión del 6 de septiembre, el juez fue interpelado por la senadora demócrata por California Kamala Harris, que le preguntó sobre cuestiones como el derecho de las mujeres al aborto, la influencia rusa en la política estadounidense, el derecho a portar armas o su propia nominación.

Pero la senadora también le formuló la siguiente pregunta: «Mi pregunta es muy específica. ¿Puede comentar su opinión personal sobre si Obergefell se decidió correctamente? Es un sí o no. Por favor». Obergefell es como se conoce a la sentencia del Tribunal Supremo que instauró el matrimonio igualitario en los Estados Unidos, por el nombre de uno de los demandantes. Kavanaugh, sin embargo, evitó dar una respuesta directa e hizo referencia a una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre un pastelero que discriminó a una pareja del mismo sexo: «En Masterpiece Cakeshop, que creo que es relevante para su pregunta, el juez Kennedy escribió en la opinión de la mayoría: “Los días de discriminación contra gais y lesbianas estadounidenses o de tratar a los gais y lesbianas estadounidenses como inferiores en dignidad y valor han terminado”».

Tras ese circunloquio, se produjo el siguiente y revelador diálogo:

—Senadora Harris: «Han terminado. ¿Está de acuerdo con esa afirmación?».

—Juez Kavanaugh: «Ese es el precedente con el que el Tribunal Supremo estuvo de acuerdo…».

—Senadora Harris: «Señor, le estoy pidiendo su opinión. Usted es el candidato en este momento, por lo que, como prueba de su capacidad para servir en tribunal más alto de nuestro país, le hago una pregunta muy específica. O está dispuesto a responder o no, y si no está dispuesto a responder, podemos seguir adelante. ¿Cree que Obergefell fue decidido correctamente?

—Juez Kavanaugh: «Todos los jueces han declinado, como cuestión de independencia judicial, responder preguntas sobre esa jurisprudencia. Siguiendo el precedente establecido por la jurisprudencia, todos han declinado».

Posteriormente, el candidato fue interrogado por el senador demócrata por Nueva Jersey Cory Booker, que también quiso saber su opinión sobre el matrimonio igualitario y la discriminación de las personas LGTBI. El senador estaba interesado en saber su «opinión moral» sobre las leyes que permiten despedir a una persona debido a su orientación sexual, que están en vigor en la mayoría de los estados, o acerca de si los ciudadanos LGTBI deben temer porque sus matrimonios con personas del mismo sexo vayan a quedar invalidados. El juez se escudó en que había casos pendientes sobre discriminación laboral para no emitir una opinión, por lo que el senador Booker cambió de táctica.

Kavanaugh formaba parte del equipo del entonces presidente George W. Bush cuando este propuso enmendar la Constitución para impedir el matrimonio entre personas del mismo sexo. El senador Booker quiso saber cuál fue su opinión entonces al respecto. El juez respondió que no recordaba, y que, además, desde 2004 las opiniones acerca de ese asunto habían cambiado mucho, en clara referencia al cambio de criterio al respecto del posterior presidente Barack Obama. El senador entonces quiso saber su opinión actual, y se produjo el siguiente diálogo, no menos esclarecedor que el anterior:

—Senador Booker: «Pero usted tendrá una opinión. No necesito a Obama o a Cheney, tan solo, ¿me quiere dar su opinión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo?»

—Juez Kavanaugh: «No recuerdo…».

—Senador Booker: «No le estoy preguntando por su opinión de entonces, le estoy preguntando por su opinión de ahora. ¿Recuerda su opinión actual sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo?».

—Juez Kavanaugh: «Bueno, el Tribunal Supremo en Obergefell…».

—Senador Booker: «Señor, su opinión. No he conseguido su historial. No sé si ha llevado a cabo matrimonios entre personas del mismo sexo. No sé si ha acudido a un matrimonio entre personas del mismo sexo».

—Juez Kavanaugh: «Soy juez, aplico la ley».

—Senador Booker: «¿Ha celebrado un matrimonio gay? ¿Ha presidido uno? ¿Ha oficiado un matrimonio gay?».

—Juez Kavanaugh: «No lo he hecho».

—Senador Booker: «¿Pero no quiere decirme su opinión sobre este asunto?».

—Juez Kavanaugh: «Aplico la ley».

Esta constante elusión de las preguntas referentes a los derechos de las personas LGTBI ha desagradado profundamente a los defensores de los derechos civiles. Chad Griffin, presidente de Human Rights Campaign, opinaba al respecto que «la negativa de Brett Kavanaugh a responder preguntas muy básicas y muy directas sobre el histórico fallo del Tribunal Supremo que establece la igualdad matrimonial en todo el país es alarmante y completamente inaceptable. La decisión de Obergefell es una ley establecida. Si este candidato no puede ni siquiera afirmar eso o corroborar la igualdad fundamental de las personas LGTB y de nuestras familias, no se le debe otorgar ni se le debe garantizar un nombramiento de por vida para el máximo tribunal de nuestra nación».

La nueva composición del Tribunal Supremo

Con el retiro de Anthony Kennedy, la composición del Tribunal Supremo estadounidense ha quedado, en un principio, equilibrada entre el sector conservador y liberal. Entre los miembros liberales se contaría a los jueces Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan (estas dos últimas propuestas por el presidente Barack Obama). El bando conservador lo integrarían los jueces John G. Roberts (actual presidente del Supremo y con voto de calidad), Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch (nombrado por el presidente Donald Trump). Ese equilibrio lo rompería Kavanaugh a favor del sector conservador, y además por largo tiempo, dada la edad del candidato y que el cargo de juez del Tribunal Supremo es vitalicio. Además, la jueza Ruth Bader Ginsburg (de corte liberal) cuenta ya con 85 años de edad y un estado de salud delicado, lo que hace prever que su retiro sea también próximo y deba nombrarse otro sustituto, aunque ella misma ha sugerido que su intención es permanecer en el puesto al menos otros cinco años. Existe pues, el temor fundado a que un Tribunal Supremo de holgada mayoría ultraconservadora, con la visión más restrictiva de la Constitución y reacia a defender los derechos civiles de las minorías, sea quien tenga que decidir sobre cuestiones fundamentales durante décadas.

Al estar en manos de la mayoría republicana en el Senado, es más que probable que el candidato presidencial sea respaldado sin problema alguno. La única esperanza para el sector liberal es la renuencia de dos senadoras republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski, a votar a un candidato opuesto al derecho a la interrupción del embarazo. Ambas han declarado que votarán de manera independiente sobre este asunto, pero también se ha dado a conocer que las dos han mantenido reuniones con Donald Trump para dialogar sobre este asunto. Aun así, quizás pesen en su ánimo las declaraciones efectuadas por Kavanaugh el pasado 2017, en las que apoyaba a un juez que estimaba que la sentencia que permitió a las mujeres decidir sobre su embarazo (conocida como Roe vs. Wade) debe ser revertida.

La votación en el Senado de la candidatura de Kavanaugh tendrá lugar el próximo mes de octubre. Si fuera rechazado, habría que esperar a ver qué sucede en las próximas elecciones de noviembre, en las que se renueva un tercio del Senado. Según las encuestas la batalla está muy reñida y existen posibilidades de que el control de la cámara alta vuelva a los demócratas. Si así fuera, estos podrían bloquear cualquier candidato de Trump hasta las próximas elecciones presidenciales.

Fuente Dosmanzanas

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Jack Phillips, el tristemente conocido pastelero de Denver que, tras un largo periplo judicial por negarse a hacer la tarta de boda de una pareja gay, obtuvo el fallo favorable del Tribunal Supremo de Estados Unidos, regresa a la justicia federal por otro episodio de discriminación. En este caso, la afectada es la abogada Autumn Scardina, una mujer trans a la que Masterpiece Cakeshop negó un pastel para la doble celebración de su cumpleaños y de los cambios de género con la excusa «de sus creencias religiosas». Scardina explica que «la mujer del teléfono me dijo que no hacían pasteles para celebrar los cambios de género». Ante la tránsfoba negativa, añade la mujer denunciante, «me quedé atónita». Por su parte, Alliance Defending Freedom (una organización cristiana ultra), ha argumentado, en apoyo al pastelero, que las protecciones de Colorado para las personas trans son «abierta y descaradamente hostiles hacia la religión».

El nuevo episodio de LGTBfobia que salpica a Jack Phillips se remonta al 26 de junio de 2017. La abogada Autumn Scardina llamó por teléfono a Masterpiece Cakeshop para realizar el pedido personalizado de una tarta. «Me preguntaron cómo quería que se viera el pastel y expliqué que celebraba mi cumpleaños el 6 de julio de 2017 y que también sería el séptimo año de mi transición de hombre a mujer». Así figura en la denuncia de Scardina a la Comisión de Derechos Civiles de Colorado. «Cuando les expliqué que soy tran y que quería mi pastel de cumpleaños para celebrar mi transición con un exterior azul y un interior rosado, me dijeron que no harían el pastel de acuerdo a sus creencias religiosas», agrega la denunciante.

Autumn Scardina no ha aclarado si en el momento de realizar el encargo conocía que esa misma pastelería y su regente era la protagonista del caso de discriminación homófoba que llegó hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Según alega Kristen Waggoner, del grupo de odio Alliance Defending Freedom, «el Estado de Colorado ignora el mensaje del Tribunal Supremo de Estados Unidos al seguir señalando a Jack para castigarlo y mostrar hostilidad hacia sus creencias religiosas». Con este último argumento como epicentro, y de forma rocambolesca, Phillips se negó a la conciliación amistosa con Scardina, tal y como proponía la Comisión de Derechos Civiles de Colorado y decidió adelantarse en esta ocasión, convirtiéndose él en demandante ante la justicia federal (arrogándose el falso rol de «víctima» a su libertad religiosa).

En la demanda del pastelero figura, literalmente, la siguiente acusación contra el gobierno demócrata de Colorado: «durante más de seis años, Colorado ha estado en una cruzada para aplastar al demandante Jack Phillips … porque sus funcionarios desprecian lo que él cree y cómo practica su fe». En la misma línea victimista y victimizante, el texto de la denuncia incluye que «la Constitución se erige como un baluarte contra los funcionarios del Estado que atacan a las personas y tratan de arruinar sus vidas debido a la animadversión antirreligiosa del gobierno». La Ley Contra la Discriminación de Colorado prohíbe que los lugares públicos discriminen a las personas por su género o por su orientación sexual.

El caso del pastel nupcial de una pareja gay

Ya en 2013 mencionamos la historia en esta misma página. Dave Mullins y Charlie Craig acudieron a Masterpiece Cakeshop, una pastelería de Denver que hace tartas de boda personalizadas, para que elaborara su pastel. El dueño del negocio, Jack Phillips, se negó, argumentando razones religiosas. Mullins y Craig denunciaron lo sucedido al Departamento de Derechos Civiles de Colorado, ya que en este estado la denegación de servicios basada en la orientación sexual de los clientes está expresamente prohibida. Tan solo están exentas las confesiones religiosas en lo que respecta a sus ceremonias, pero dado que una pastelería no es una iglesia, el Departamento de Derechos Civiles dio la razón a la pareja. Se inició así una larga batalla legal que ha acabado ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Como explicamos en diciembre, la línea de defensa del pastelero ante el Supremo no se basó propiamente en que su «libertad religiosa» hubiera resultado sido violada (hay pronunciamientos anteriores del Supremo que consideran que la libertad religiosa no justifica la discriminación en el ámbito de la prestación de servicios no religiosos) sino en el derecho a su libertad de expresión. Phillips argumentaba que diseñar un pastel de boda es un proceso «creativo», y que hacerlo para una pareja del mismo sexo suponía forzarlo a expresar ideas con las que no está de acuerdo. Como también explicamos en diciembre, tras conocerse las preguntas y solicitudes de aclaración que los jueces del Supremo dirigieron entonces a las partes, las posiciones parecían divididas al 50%. Los analistas daban entonces por seguro que los cuatro conservadores (Samuel Alito, Neil Gorsuch, John Roberts y Clarence Thomas) se inclinarían por dar la razón al pastelero, mientras que los cuatro considerados de sensibilidad progresista (Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor) lo harían a favor de la Comisión de Derechos Civiles de Colorado. El voto que todo el mundo esperaba que deshiciese el empate era el de Anthony Kennedy, un juez «bisagra» cuyo posicionamiento en favor del matrimonio igualitario resultó clave en el pasado. En diciembre, Kennedy se mostró ambivalente y dio muestras de empatizar con los argumentos de las dos partes.

Sin embargo, el resultado final era de 7 a 2: solamente Ruth Bader Ginsburg (considerada a sus 85 años la miembro más progresista del Supremo) y Sonia Sotomayor se inclinaban de parte de la Comisión de Derechos Civiles del estado de Colorado. Los otro siete miembros, incluyendo Breyer y Kagan, se alineaban con el pastelero. ¿Qué pasó para que se produjera una mayoría tan clara? La clave está en la letra pequeña de la sentencia, que señala de forma expresa que la opinión del alto tribunal se refiere única y exclusivamente al caso juzgado. El texto, cuyo ponente fue precisamente Kennedy, señala que la Comisión no dio a Phillips un trato objetivo y actuó con hostilidad frente a las «sinceras creencias religiosas» del pastelero. Según la interpretación de la mayoría, los miembros del organismo encargado de discernir si se había violado la normativa antidiscriminatoria del Estado no evaluaron con la objetividad a la que estaban obligados los argumentos del pastelero, sino que desde el primer momento consideraron que estos eran una mera excusa para discriminar a la pareja.

Fuente Dosmanzanas

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