Los obispos polacos se unen pidiendo centros de «conversión» para gays, lesbianas, bisexuales y trans
Lo de Polonia está derivando en el horror, sobre todo, desde que la extrema derecha consigue gobernar, aumenta el sufrimiento y la presión sobre personas como tú y como yo, hombres gays, mujeres lesbianas, bisexuales y trans.
La calidad de vida del colectivo LGTB ha retrocedido enormemente. Ahora son los obispos católicos polacos los que publican un documento para pedir la creación de centros de «conversión» LGTB, centros que ya ha dicho Naciones Unidas, no son más que lugares de torturas para personas no heterosexuales y personas con una identidad de género diferente a su sexo de nacimiento.
Sí, Polonia, el país tristemente célebre por sus campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, plantea crear otros centros de tortura. En un documento de la Conferencia Episcopal, los obispos polacos afirman que es necesario crear clínicas “para ayudar a las personas que desean recuperar su salud sexual y su orientación sexual natural”.
“En vista de los desafíos creados por la ideología de género y los movimientos LGBT+, y especialmente teniendo en cuenta las dificultades, sufrimientos y lágrimas espirituales experimentados por estas personas, es necesario crear un centro de asesoramiento (también con la ayuda de la Iglesia o con sus estructuras) para ayudar a las personas que desean recuperar su salud sexual y su orientación sexual natural” sentencia el documento de 27 páginas emitido por los obispos polacos. Más adelante se refiere a esos “centros de asesoramiento” como “clínicas”.
Las terapias de conversión sexual buscan, con distintos métodos, “corregir” a LGBTIs basándose en que “lo natural” es que las personas sean heterosexuales y adopten una identidad de género basada en su genitalidad (si tenés pene sos hombre, si tenés vagina mujer). Pueden consistir terapia psicoanalítica, el encierro en clínicas de internación y en los casos más extremos incluyendo el electroshock.
El enfoque de los obispos tiene como fundamentos concepciones religiosas y coincide con la visión que establece a la homosexualidad o la elección de la identidad de género como enfermedades que hay que curar, algo que ni sostienen al día de hoy organizaciones como la OMS o el Manual de la Clasificación Internacional de Enfermedades.
En julio de este año el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz, presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos donde afirma que estas prácticas pueden llegar a considerarse tortura, recomendando a los Estados su prohibición.
En el documento los obispos aseguran que “el postulado de tales centros de asesoramiento está claramente en contradicción con las opiniones oficiales en círculos LGBT +, con posiciones consideradas científicas y conocidas como ‘corrección política’”. A lo que agregan que a pesar de eso “testimonios” demostraban que “la sexualidad diferente no era un tipo de juicio irrevocable o codificación irrecuperable, sino un síntoma de heridas en varios niveles de su personalidad”.
La postura del Episcopado se enmarca en un creciente contexto donde el gobierno del Partido Ley y Justicia (PiS) viene llevando adelante una gran campaña contra los derechos de LGBTIs. Su candidato a presidente que recientemente ganó las elecciones, Andrzej Duda, durante las elecciones hizo de la lucha contra “la ideología de género” un eje central, prometiendo prohibir que las parejas del mismo sexo puedan adoptar niños. Desde 2019 a esta parte, más de un tercio de Polonia se ha declarado “zona libre de LGBTs”, dando rienda suelta a ataques de sectores reaccionarios de la sociedad.
La medida de odio LGTBfobo, que el diario italiano La Repubblica comparó con el concepto nazi de zonas judenfrei («libres de judíos»), llegó hasta el Parlamento Europeo. El 18 de diciembre del año pasado la cámara aprobó, por 463 votos a favor frente a 107 en contra, una resolución de condena de las «zonas libres de ideología LGTB». En enero, el activista Bart Staszewski inició una campaña para visualizar el estigma de esta iniciativa posando con signos en varios idiomas junto a las señales de entrada a las localidades adheridas a la iniciativa LGTBfoba (ver imagen, a la izquierda). A fecha de hoy, las jurisdicciones declaradas «zonas libres de ideología LGTB» abarcan un tercio de la superficie total de Polonia e incluyen cerca de cien municipios, al menos dieciocho condados y cinco regiones (a las cuatro iniciales se les unió Łódź).
El Parlamento Europeo aprobó una resolución que condenó enérgicamente el concepto de zonas libres de LGBT en diciembre, señalando que son “parte de un contexto más amplio de ataques contra la comunidad LGBT + en Polonia, que incluyen un creciente discurso de odio por parte del público, los funcionarios electos y el público medios de comunicación, así como ataques y prohibiciones a las marchas del Orgullo ”.
La persecución por parte del Gobierno es sistemática denuncian activistas y organizaciones. A principio de Agosto dos activistas fueron detenidos por la policía por colgar banderas del orgullo en distintos monumentos en respuesta a las políticas y el discurso de odio del propio Estado. En los últimos meses cobró estado publico el caso de Margot Szutowicz, una activista no binaria acusada de haber dañado una camioneta de una organización antiabortista que estaba cubierta de carteles vinculando la homosexualidad con la pedofilia.
Según la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays (ILGA por su sigla en inglés) el intento de detención hasta que sea juzgada: “desató una manifestación de solidaridad espontánea, durante la cual Margot intentó entregarse a los policías presentes. Su negativa a detenerla entre los testigos y los medios de comunicación, y el hecho de que más tarde fue detenida en un lugar diferente por un agente de civil en un automóvil sin distintivos, provocó más disturbios civiles. 48 personas fueron detenidas y se les negó el acceso a abogados”. Razón por la cual el día posterior a miles se manifestaron en las calles contra las detenciones y el hostigamiento policial.
Las últimas noticias acerca de este esperpento de las falsas “terapias” fue que la asociación española Abogados Cristianos se querella contra Ignacio Aguado por hacer pública la multa a la coach de terapias para personas LGTBI, y que, ante la protesta ciudadana, el Ministro de Educación de Israel se retractaba de su apoyo a las terapias de “curación” para gays. Y Canadá prohibirá las «terapias de conversión» a nivel nacional.
Una tendencia creciente a la prohibición
En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que naufragó con la convocatoria de elecciones anticipadas.
En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…
Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.
En EE.UU., gran aliado de Israel, California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de Oregon, Illinois, Vermont, Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington, Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire, Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor el pasado 8 de abril tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.
En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y el pasado 8 de mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).
Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.
En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales, así como el estado de Utah.
No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.
“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas
La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.
En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.
Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.
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Fuente: EpiskopatNews/Cristianos Gays
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