“Mi caso no se puede resolver desde las opiniones, sino desde la legislación vigente“

El profesor de religión gay seguirá dando clases

(Luis Alberto González).- Arrecife. 1 de septiembre de 2014. A día de hoy no dispongo de información sobre la resolución de mi anómala situación laboral: cesado por el Obispado Canariense y con contrato renovado por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para el curso 2014/2015.

Como en cursos anteriores me he incorporado a los centros de secundaria donde tengo destino en Lanzarote. El debate público que se ha generado a raíz de esta situación puede ser interesante de cara a decisiones políticas o eclesiales futuras, pero el futuro no soluciona mi situación actual. Mi caso no se puede resolver desde las opiniones, sino desde la legislación vigente. Si dejamos de lado las sensibilidades ideológicas, sólo queda un proceso administrativo ligado a un engorroso ordenamiento legal.

Las personas maduramos, la vida es movimiento. Por eso comuniqué mi situación. Sólo puede cuestionar mi proceder, que implica evolución en mi manera de pensar y obrar, quien vive inmóvil como un cadáver. ¡Qué miedo tienen algunos a afrontar y normalizar situaciones como un matrimonio homosexual! Aunque sueñe con otra Iglesia, tenemos la institución católica que tenemos.

Entiendo que para determinados sectores sociales sería más cómodo reducir este tema a una cuestión de homofobia, pero mis diferencias con la Iglesia “oficial” otorgan mayor complejidad al tema. Eso sí, no me sorprende que sean clérigos (yo ya estuve en ese lado) quienes en este debate insisten en que debo renunciar, y es que cuando se cuenta con un sueldo asegurado de por vida los derechos del trabajador se ven como minucia.

Quienes reducen mi cese por parte del Obispado a una incongruencia con el derecho civil desconocen la complejidad del asunto, pues en casos parecidos al mío (criterios morales) ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional (Sentencia 38/2007), fallando a favor de la Iglesia. En el caso del despido como profesor de religión del sacerdote casado José Antonio Fernández, también falló a favor de la Iglesia hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (y un matrimonio civil heterosexual no es menos derecho civil que un matrimonio homosexual). Otra cosa es a qué está jugando el Vicario Hipólito Cabrera con este expediente, pues afirma que en mayo dio curso a mi cese en la Consejería de Educación pero a mí no me envía comunicación hasta que el tema salta a los medios, cuando un proceso así se inicia con la notificación al interesado.

No soy yo quien pone en un brete a las dos instituciones implicadas (Iglesia y Administración), las dos instituciones están en un dilema por la normativa emanada de ellas mismas. Que cojan recorte los legisladores de cara al futuro, pero ahora mismo urge una respuesta que clarifique mi situación como trabajador y que evite problemas a los padres y madres que matriculan a sus hijos en religión católica en los centros públicos donde trabajo (el derecho a la libertad religiosa no es sólo individual, también es colectivo). Si el Obispo Cases está en una situación incómoda y tiene que tomar decisiones, gajes del oficio (el solideo lo lleva él y no yo). Aplicando la Orden del Gobierno de Canarias de 2009 que regula al profesorado de religión de secundaria, sólo caben dos opciones en mi situación actual: O ratificación en el puesto o despido objetivo.

Fuente Religión Digital