Después de que la Corte señalara que las parejas del mismo sexo pueden adoptar en igualdad de condiciones a las heterosexuales, activistas de la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales celebraron como “histórico” el fallo.

Los activistas de la comunidad LGBT de Colombia celebraron hoy el aval que la Corte Constitucional otorgó a la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo como un avance en la conquista de sus derechos, mientras la Iglesia rechazó la decisión y advirtió de que “no todo lo legal es siempre algo moral”.

“Es una decisión que sin duda beneficia al país, porque si un país reconoce a los que son distintos y les reconoce los mismos derechos, avanza como país, gana la democracia, ganamos todos“, dijo la abogada Elizabeth Castillo, coordinadora del grupo de mamás lesbianas.

Castillo, una de las participantes en una concentración de agradecimiento que se realizó en Bogotá a las puertas de la Corte, defendió que las personas homosexuales son “tan capaces y tan competentes para criar y amar” a sus hijos como las heterosexuales.

En el mismo sentido se expresaron Diana y Patricia, ambas consultoras en sistemas que son pareja desde hace cinco años y quienes celebraron el fallo como “un paso hacia la igualdad, hacia el reconocimiento de derechos como ciudadanos legítimos“.

La Corte consideró en su fallo de ayer que “impedir que un menor tenga una familia fundándose en la orientación sexual de una persona representa una restricción inaceptable de los derechos del niño y viola su interés superior”, lo que eliminó además la decisión que circunscribía la adopción a los hijos biológicos de uno de los miembros de la pareja.

La manifestación de hoy frente a la Corte despertó apoyos y críticas entre transeúntes de esa zona del centro bogotano, próxima a varias entidades del Gobierno.

“Ya quisiéramos todos que los niños de este planeta tuvieran la calidad de vida que tienen los hijos de Ricky Martin”, soltó una mujer de unos 60 años que no se identificó y que respaldaba la adopción gay.

En medio de la manifestación de apoyo irrumpió Benjamín Escobar, un hombre de unos 50 años, que en medio de las arengas de “sí se pudo” criticó a los activistas y opinó que “un hombre y una mujer tienen que educar a los niños”. “La Corte está acabando con este país”, afirmó Escobar, quien cuestionó que unos magistrados decidan “por 40, 50 millones de habitantes que tiene Colombia” y señaló que para decidir este asunto se debió llamar a un referendo.

Para el ministro de Justicia, Yesid Reyes, el fallo supone la eliminación de un “factor de discriminación” y permite que las parejas homosexuales puedan “adoptar niños en las mismas condiciones” que cualquiera heterosexual. El fallo “deja en claro que la orientación sexual de las personas no incluye ningún impedimento o minusvalía desde el punto de vista físico, ni mental ni moral, para adoptar niños”, agregó Reyes.

Por su parte, el Episcopado ratificó su rechazo al fallo de la Corte, y argumentó que “se han vulnerado los derechos de los menores de edad, porque la adopción es una medida de protección al menor y nunca se ha considerado como un derecho de los adoptantes“. “Hacemos un llamado a todos los colombianos a que expresen su rechazo para que no traguen entero porque no todo lo legal es siempre algo moral y para que continúen vigilantes y se movilicen para salvar la familia y los derechos de los menores”, dijo a periodistas el secretario de la Conferencia Episcopal Colombiana, monseñor José Daniel Falla.

En un comunicado, el prelado apuntó que la familia, según establece la Constitución, está conformada por un hombre y una mujer “que es el lugar privilegiado para brindarle a los niños las máximas garantías para un sano crecimiento y desarrollo”. “Se les está quitando el derecho que tiene de tener una mamá y un papá, que es un derecho fundamental”, complementó Falla.

Fuente Cáscara Amarga

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La lucha a favor de los derechos LGTB en Colombia vive momentos históricos. Tras años de batallas políticas y judiciales, la Corte Constitucional de ese país parece más próxima que nunca a pronunciarse de forma clara sobre el tema. Este jueves tuvo lugar una serie de audiencias ante la Corte en la que diferentes agentes sociales y políticos, a favor y en contra, defendieron sus posiciones, y el fallo parece próximo. Merece la pena destacar, por encima de otras, la posición del propio Gobierno colombiano, abiertamente favorable al matrimonio igualitario. Tanto los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, como de Justicia, Yesid Reyes, testimoniaron a favor.

Después de una audiencia pública promovida por la Corte Constitucional en Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos ha declarado que “no existe ningún motivo” que justifique un trato diferenciado entre parejas heterosexuales y homosexuales.

La Corte Constitucional colombiana realizó este jueves una audiencia pública para debatir el matrimonio del mismo sexo en el que se escuchó a integrantes de la comunidad LGBTI y a representantes de la Procuraduría, la Defensoría de Pueblo y el Gobierno nacional.

La audiencia sobre unión civil de las parejas del mismo sexo se realizó públicamente por solicitud de la asociación Colombia Diversa y estudió una ponencia del magistrado Jorge Ignacio Pretelt.

El debate tuvo como marco la acción de tutela (recurso de amparo) que presentó el activista Luis Felipe Rodríguez Rodas contra una notaría de la ciudad de Cali (suroeste) que en 2013 negó la formalización de la unión de una pareja del mismo sexo que pidió hacerlo bajo la figura del matrimonio.

Los representantes del Gobierno de Colombia dejaron claro ante la Corte Constitucional que a su juicio no hay razones para impedir que las parejas del mismo sexo se unan en matrimonio. “Negarles el acceso a esta figura solo agravaría el déficit de protección que sufre esta comunidad”, expresó el ministro de Justicia. Para el Gobierno colombiano no hay en estos momentos otra manera de resolver la ambigua situación jurídica en que se encuentran las parejas del mismo sexo que mediante el reconocimiento expreso de su derecho a contraer matrimonio. Cualquier otra institución, a su juicio, no pondría fin a la desigualdad en lo que a derechos de pareja se refiere. El Gobierno de Colombia considera además que la Corte Constitucional puede poner fin a la controversia sin necesidad de que el Congreso legisle. Según el ministro del Interior, el alto tribunal cuenta con todas las competencias para “resolver situaciones en las cuales se encuentran comprometidos los derechos de los ciudadanos”. Lo contrario, según el criterio del Gobierno, sería dejar estos derechos al vaivén de la coyuntura política.

En dicha audiencia, el consejero presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera, dijo: “Solicitamos a la Corte que permita una figura transitoria mientras el Congreso legisla”. La solicitud, expuso Rivera, “trata de dar continuidad a una decisión anterior de la Corte Constitucional, que dijo que había un déficit de derechos para las parejas del mismo sexo” y que en tal sentido instó al Congreso de la República a corregirlo. De aprobarse la propuesta, explicó, “cuando un juez o notario resuelva casar a una pareja homosexual, tendría los mismos derechos que hoy tiene una pareja heterosexual“.

Por su parte el ministro de Justicia, Yesid Reyes, aseguró que tanto las parejas heterosexuales como las homosexuales “constituyen familia en cuanto tienen un proyecto de vida común”. Por lo anterior, sostuvo Reyes, ambas uniones “deben contar con los mismos instrumentos jurídicos para dotar de consecuencias legales a esa realidad social”.

No fueron, por supuesto, los únicos testimonios que se escucharon. Otras voces a favor fueron las de algunas de las parejas cuyas acciones de tutela han desembocado en este proceso, así como las de Marcela Sánchez, directora del colectivo Colombia Diversa; Rodrigo Uprimny, director de DeJusticia; Eduardo Montealegre, fiscal general de la Nación, o Jorge Armando Otálora, defensor del Pueblo, entre otras. Voces en contra del matrimonio igualitario fueron por ejemplo la de Javier Suárez, presidente de la “Fundación Marido y Mujer”, o la de la viceprocuradora general de la Nación, Martha Isabel Castañeda, fiel a los postulados del procurador general Alejandro Ordóñez, rabiosamente contrario a la igualdad LGTB y principal bastión de la homofobia en Colombia.

Entretanto, en el Congreso colombiano, el partido de La U en cabeza del presidente de esa colectividad, Roy Barreras, el senador Armando Benedetti y el presidente de la Cámara, Alfredo Deluque, presentaron ante el Legislativo tres proyectos de ley. El primer proyecto busca que en Colombia se permita la Unión Solemne o matrimonio para parejas del mismo sexo; el segundo, garantiza que un menor de edad pueda ser adoptado por una pareja homosexual, y el tercero, reglamenta la práctica de la eutanasia activa o pasiva.

“Es hora de que todos entendamos que no estamos peleando por los derechos LGBTI, sino que estamos buscando es demostrar que todos somos iguales ante la ley. Y que todos tengamos derechos de casarnos, buscar la felicidad, con el matrimonio. Todos tenemos los mismos derechos”, aseguró el senador Benedetti.

Por su parte el presidente de la U, Roy Barreras afirmó que el paquete de proyecto, llamado ‘Nuevos Derechos’, pretende dejar claridad jurídica frente al matrimonio homosexual o Contrato de Unión Civil Solemne.

Sobre este tema se presentaron dos proyectos con el mismo objetivo, el del senador Benedetti utiliza la palabra ‘Matrimonio’ y el del senador Barreras ‘Contrato de Unión Civil Solemne’. “En la comisión primera del senado se unificarán ambos proyectos que tienen el mismo objetivo”, explicó Roy Barreras.

Insertamos a continuación un vídeo la revista Semana con fragmentos de algunas de sus intervenciones:

Una largo proceso detrás

La decisión, imprevisible

A día de hoy la decisión de la Corte es imprevisible. La ponencia que lleva varios meses sobre la mesa, elaborada por el magistrado conservador Jorge Pretelt (envuelto, por cierto, en varios escándalos de corrupción) es negativa. La propuesta de Pretelt rechaza autorizar el matrimonio igualitario por considerar que ello es competencia del Congreso, máximo órgano legislativo.

Pero ello no significa que necesariamente esa vaya a ser la posición final de la Corte (no sería ni mucho menos la primera vez que una ponencia es rechazada por una mayoría de la Corte). La reciente vuelta a la Corte Constitucional del magistrado progresista Alberto Rojas (cuya designación había sido anulada un año antes por supuestos vicios de procedimiento, y que finalmente ha recuperado dicha posición por decisión del Consejo de Estado) permite de hecho ser optimista respecto a la posibilidad de que la Corte otorgue el sí al matrimonio igualitario por mayoría de los votos de los nueve magistrados.

Un gobierno más favorable que nunca a los derechos LGTB

El consejero presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera

Hace un año Colombia reelegía presidente a Juan Manuel Santos, tras una muy ajustada contienda electoral contra Óscar Iván Zuluaga. Santos, pese a que durante su primer mandato no se caracterizó precisamente por el apoyo expreso a sus derechos, contó en la segunda vuelta con el favor de la comunidad LGTB, que se movilizó para evitar la victoria del candidato uribista. Es justo reconocer que Santos está devolviendo aquel apoyo con una política mucho más proactiva. La posición de su gobierno ante el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, o el reciente decreto que permitirá a las personas trans rectificar sus documentos de identidad con una simple declaración ante notario, son dos buenas muestras.

Ello no basta, desde luego, para que la Corte Constitucional se pronuncie a favor del matrimonio igualitario, pero no cabe duda de que el caldo de cultivo es diferente. No pocos analistas consideran además que el reciente fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que consideró inconstitucional prohibir el matrimonio igualitario, podría pesar también en en ánimo de los magistrados colombianos. Estaremos a la espera de lo que sucede finalmente.

Fuente LimaGay.net y Dosmanzanas

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La ola despatologizadora de la transexualidad avanza con fuerza inusitada. Ahora es el gobierno de Colombia el que ha emitido un decreto (que puedes descargar aquí) que simplifica sobremanera el procedimiento para proceder a la rectificación del sexo en los documentos oficiales, para la que a partir de ahora bastará un mero trámite notarial similar al que se sigue cuando cualquier persona desea modificar su nombre. El decreto se alinea con una reciente sentencia de la Corte Constitucional de Colombia en el mismo sentido.

Lo explica muy bien el ministro de Justicia, Yesid Reyes, en una entrevista al diario El Espectador. “Antes, las personas que querían corregir el género que figura en sus documentos debían someterse a un proceso lento y engorroso que vulneraba sus derechos a la de dignidad humana y libertad de identidad sexual. Ahora podrán materializar sus solicitudes, de manera ágil y rápida, mediante una sencilla escritura pública”, ha declarado. Esta escritura pública consiste en un documento expedido por un notario que simplemente da fe de la voluntad de una persona de querer modificar el sexo que figura en su cédula de identidad y en otros documentos oficiales. Una vez hecho ese trámite las personas interesadas podrán acudir a la Registraduría para que les expidan una nueva cédula de acuerdo con lo consignado en la escritura pública.

Se elimina así la obligatoriedad de someterse a un proceso judicial, en el que los jueces podían solicitar desde exámenes físicos para determinar si las personas solicitantes se habían sometido a un proceso de reasignación hasta evaluaciones psiquiátricas. En palabras del ministro de Justicia, “ambas pruebas eran profundamente invasivas del derecho de intimidad y partían de un prejuicio inadmisible. La construcción de la identidad sexual y de género es un asunto que no depende de la biología: va mucho más allá y es lo que estamos reconociendo en el Decreto 1227 de 2015″. Pero no solo se suprime el proceso judicial: ni siquiera será necesario aportar documentos médicos o psicológicos que certifiquen un diagnóstico de “disforia de género”. “Lo que hace este decreto es, precisamente, reconocer que la identidad de género es algo que cada persona construye. Y, por tanto, no puede ser certificada por un tercero. Debe quedar claro: la única prueba que se puede exigir en estos casos es una declaración juramentada y punto”, asegura el ministro Reyes.

La decisión del gobierno de Colombia está en línea con una reciente sentencia de la Corte Constitucional de ese país (la T-063/2015) sobre el caso de Sara Valentina López, una mujer transgénero a la que se negó la posibilidad de rectificar su sexo registral sin contar con el visto buen de un juez. El alto tribunal determinó que exigir trámites judiciales para modificar la variable “sexo” en los documentos de identidad atenta contra los derechos fundamentales de identidad y libertad sexuales, dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, intimidad e igualdad. La Corte Constitucional consideró además que suponía un trato desigual con relación a la población cisgénero, en tanto esta sí podía acudir al trámite notarial cuando se consignaba un error en sus documentos registrales.

Sobre la posibilidad de que un notario se niegue a expedir la correspondiente escritura arguyendo motivos religiosos o de conciencia, el ministro de Justicia es contundente. “Colombia es, constitucionalmente, un Estado laico. En consecuencia, las personas que ejerzan la función pública tienen el deber de actuar de acuerdo con la Constitución y las leyes. Cada persona es libre de abrazar sus propias convicciones religiosas y de ordenar su vida privada conforme a ellas pero cuando ejerce funciones públicas está obligada a comportarse según las normas legales y constitucionales. Por eso confío en que los notarios, conscientes de estos parámetros, cumplirán con su deber de respetar lo que se dispone en este decreto. Sin embargo, si llegare a presentarse algún caso, el afectado puede recurrir a la acción de tutela”, ha declarado Reyes.

El propio ministro de Justicia solemnizaba este martes 9 de junio la entrada en vigor del decreto recordando una cita del Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez: “Los seres humanos no nacen para siempre el día que sus madres los alumbran: la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez, a modelarse, a transformarse, a interrogarse (a veces sin respuesta) a preguntarse para qué diablos han llegado a la tierra y qué deben hacer en ella”.  En el mismo acto, celebrado en la notaría 65 de Bogotá, cinco hombres y cinco mujeres eran los primeros en hacer uso de la nueva norma. “Hoy, por primera vez, cinco mujeres y cinco hombres trans podrán modificar su componente sexo con un trámite ágil y expedito. Hoy, por primera vez, un notario expedirá una escritura pública para modificar el género de los documentos de identidad de estas valerosas personas. Hoy, por primera vez, las normas que regulan el Estado Civil se aplicarán para garantizar la justicia material a la población transgénero. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, se les cumple la promesa a diez ciudadanos a vivir legalmente de acuerdo con su proceso de transformación y construcción personal, como diría nuestro Nobel”, expresaba el ministro (puedes leer su discurso íntegro en la web del colectivo Colombia Diversa).

Colombia se suma a la ola despatologizadora

Precisamente esta semana recogíamos como el gobierno de Irlanda proponía una reforma legal en un sentido similar al del decreto colombiano. Una senda que ya han transitado países como Argentina, Dinamarca o Malta, que no abordan el cambio de identidad de género como una patología.  Avances que colocan a todos estos países por delante de España, que aunque dio un paso de gigante en 2007 al suprimir el proceso judicial, todavía mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la rectificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal previo.

Y aunque es cierto que otras leyes posteriores, como la ley integral de transexualidad de Andalucía o las más recientes leyes contra la homofobia, la bifobia y la transfobia aprobadas en Cataluña y en Extremadura, sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de ámbito autonómico que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. La actualización de la norma estatal no puede retrasarse y los colectivos LGTB deben asumirla como reivindicación prioritaria.

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