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El Salvador: las personas LGBTI+ se sienten a salvo de las pandillas pero temen a policías y militares

Lunes, 23 de octubre de 2023
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El regimen de excepción del presidente Bukele disminuyó las amenazas de pandillas pero aumentaron las violaciones de ddhh por parte de la Policía y Fuerzas Armadas.

SAN MIGUEL, El Salvador. Hace siete años, un grupo de pandilleros golpeó a la mujer trans O. C. porque le tenían prohibido transitar por un popular vecindario al oriente de El Salvador. Mientras la agredían, unos vecinos salieron de sus viviendas para defenderla. Los pandilleros huyeron. Antes de marcharse, recogieron unas rocas volcánicas que había tiradas en la calle y se las lanzaron al cuerpo.

La maquillista de 36 años de edad asegura que ellos le negaban el paso simplemente porque era parte de la población LGBTI. También por residir en una zona controlada por otra pandilla rival, sin que ella tuviera algún vínculo con esa estructura. No podía caminar ni para abordar el autobús o visitar un familiar.

“Esa vez me iban a quitar la vida, pero por los vecinos no me lo hicieron. Ellos me golpearon toda en contra una pared”, dijo a Presentes la mujer identificada como O. C. por razones de seguridad.

Con el régimen de excepción del presidente Nayib Bukele, ahora O.C puede transitar sin miedo a las pandillas, pero el nuevo peligro son las propias fuerzas de seguridad del Estado.

Entre el 27 de marzo de 2022 hasta el 30 de junio pasado, las organizaciones señalan detenciones arbitrarias, la falta del debido proceso, el allanamiento de morada, tratos crueles inhumanos y degradantes.

La llegada de las pandillas

Durante los años noventa, cientos de salvadoreños que formaron parte de las pandillas en la ciudad estadounidense de Los Ángeles fueron deportados a su país de origen. En los años posteriores, el fenómeno se extendió en todo el país centroamericano. Vecindarios completos quedaron bajo el dominio de las llamadas “Maras”. Ellas controlaban, bajo amenazas de muerte, las actividades de los habitantes y los comercios.

Según los especialistas, en sus territorios cometían una diversidad de delitos. Asesinaban y desaparecían personas, cometían abusos sexuales, cobraban extorsiones y mantenían acoso y discriminación contra la población LGBTI. Además, forzaban a los residentes a colaborar en sus actividades y les imponían silencio.

Según el “Estudio sobre el acceso a la justicia de las personas LGBTIQA+ particularmente de la población Trans, en Guatemala, Honduras y El Salvador en el territorio salvadoreño se cometieron 60 crímenes de odio motivados por la orientación sexual, la identidad o expresión de género.

El informe retoma estadísticas de la policía entre el 1 de enero 2020 y el 31 de marzo de 2022. Señala que, de los 60 casos, 19 corresponden a lesiones, 41 a amenazas, de los cuales 15 se cometieron en los departamentos de San Salvador, 11 en San Miguel, nueve en Sonsonate y siete en La Libertad, entre otros.

Además, la misma investigación reporta 60 casos de desapariciones en el mismo período.

Información oficial

Oficialmente la institución policial registró 15 asesinatos en contra de la población en los años 2020 y 2021. Pero la organización Amate reportó en 2019 nueve crímenes, cinco en 2020, cuatro en 2021 y al menos uno en 2022, aunque podría haber un caso de subregistro.

La policía detuvo el 8 de octubre a Jairo Castellanos sospechoso de asesinar tres días antes a Víctor Rivas un estudiante universitario de 24 años de edad, con quien según las autoridades mantenía “una relación sentimental”.

Este sujeto (Castellanos) pagará con décadas en prisión por el delito cometido. Se terminaron los tiempos de impunidad para todos los criminales que atentan contra la vida de los salvadoreños. Este homicida será sometido ante la justicia”, escribió en la red social X, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

Pagos semanales y palizas

La ciudad de San Miguel, 138 kilómetros al este de la capital, San Salvador, lugar donde habitan más de 345 mil habitantes, era disputada por las pandillas Mara Salvatrucha, una de las facciones del Barrio 18 y Mirada Locos 13.

“No me sentía seguro en mi propio país. En algún momento pensé en emigrar hacia otro país porque sí me sentía inseguro. Decía: ‘¿Cómo voy a hacer si paso por esta zona, esta colonia?, me matan o me desaparecen”, expresó O. C. a Presentes.

Los pandilleros también exigían el pago semanal de 10 dólares a las trabajadoras sexuales LGBTI en las calles de la ciudad.

Cuatro trabajadoras relataron a Presentes que estaban obligadas a pagar el monto o de lo contrario eran golpeadas con bates, palos de escoba o garrotes con clavos. También las amenazaban con atentar contra miembros de su familia. Otras fueron asesinadas o desaparecidas.

En el año 2005, Elizabeth (nombre ficticio por razones de seguridad), una mujer trans fue atacada por dos hombres mientras ejercía trabajo sexual. Recibió golpes en su cabeza y cuerpo, finalmente le dieron una puñalada con la intención de asesinarla. Cayó inconsciente y despertó apenas vestida con su ropa interior. Estuvo hospitalizada durante cuatro días.

“Las pandillas nos limitaban la circulación. Estar acá no podíamos (en la calle), a no ser que pagáramos la cuota que pedían, la mal llamada renta o colaboración. Debían de pagar 10 dólares semanales para tener autorización de trabajar en los territorios bajo su control”, dijo Elizabeth de 37 años de edad.

Luego de la muerte de 87 salvadoreños en marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele pidió al Congreso que aprobara un Régimen de Excepción, que suspende algunas garantías constitucionales, para combatir a las pandillas.

Menos crímenes, menos derechos

El régimen de excepción se prorrogó durante 19 meses y desde entonces se detuvieron a más de 73.000 supuestos pandilleros. Liberaron a unas 7,000 personas y se mantienen con medidas sustitutivas a la detención.

Según las autoridades de seguridad, la implementación del Régimen de Excepción ha permitido reducir 56.7% el número de homicidios en 2022, frente al año previo. También reportan una baja de los delitos como las extorsiones.

“Ahora es diferente. El sistema de seguridad que ahora tenemos como que ha frenado un poquito la intención de las personas al ejercer ese odio hacia nosotras, ya una se siente uno más segura hoy”, expresó Elizabeth a Presentes.

Denuncias contra soldados y policías

“Exigimos Libertad para el santaneco Brayan Eliú Estrada Moreno, joven de la comunidad LGBTI que por falsa denuncia en FB está preso injustamente. Las pandillas no aceptan entre sus filas personas LGBTI pero un ser inescrupuloso lo denunció usando una red social irresponsablemente”, publicó el Socorro Jurídico Humanitario en la red social X el 13 de septiembre.

Pero no es la única denuncia. Siete organizaciones no gubernamentales recibieron 5,490 casos de víctimas de violaciones a derechos humanos durante los primeros 15 meses de vigencia del Régimen de Excepción. Entre los denunciantes se incluyen las identidades de las víctimas que corresponden a 36 mujeres trans y 37 a hombres trans.

Del total, 42 vulneraciones han sido cometidos contra bisexuales, 32 contra gais, 19 contra lesbianas y un pansexual, indica el reporte.

Estos suelen ir acompañados de acoso, coacción, hostigamiento, desplazamiento forzado interno, malos tratos, tortura y hasta la muerte de privados de libertad, de los cuales ya se registran 180 muertes de personas bajo custodia del Estado, sin que haya investigaciones de parte de la Fiscalía General.

Desamparo legal de personas LGBTI+

“La población LGBTI ha estado expuesta a diferentes niveles de violencia y discriminación. El régimen de excepción también ha agravado su situación de vulnerabilidad. Quedan en completo desamparo ante la ausencia de marcos normativos y mecanismos que les protejan”, expresan las organizaciones en un comunicado.

Dos trabajadoras sexuales trans relataron a Presentes que estuvieron tres meses en prisión. Un cliente las acusó de robo.

Aunque su caso no tenía relación con el estado de emergencia para combatir a las pandillas, la supuesta víctima de robo no presentó cargos en contra las mujeres trans en los tribunales. Ellas fueron liberadas, pero permanecieron tres meses en prisión, donde les cortaron el cabello y recibieron maltrato.

Trans acusadas de pandilleras

Las mujeres trans aseguran que de la misma manera algunas de sus compañeras han sido detenidas en el marco del Régimen de Excepción, aunque no son pandilleras, han sido acusadas falsamente. Para junio, la Federación Salvadoreña LGBTI aseguraba que unas 80 personas de la población permanecían detenidas.

“El régimen está bien pero no la forma en cómo lo están aplicando. Para llevarse a todos estos (pandilleros) han tenido que sacrificar a muchas personas inocentes”, expresó Elizabeth.

Según los críticos, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), una entidad estatal creada para fungir como una institución independiente y velar por los derechos de los ciudadanos, ha guardado silencio ante los cientos de casos de vulneraciones.

“Se informa que la PDDH se encuentra recopilando y sistematizando toda la información relacionada con el Régimen de Excepción, la cual se hará de conocimiento público posteriormente. Por lo que, no se pude brindar la información requerida”, respondió la institución a Presentes luego de una solicitud de información sobre denuncias contra la población LGBTI.

“En cuanto al tema de pandillas, lo que nos han comentado es que sí se siente una percepción diferente de seguridad, no se sufre el mismo nivel de acoso y violencia que se tenía antes. Pero que ese miedo que se tenía antes se ha trasladado ciertamente hasta cierto grupo, policías y militares”, dijo a Presentes, Gonzalo Montano, especialista en formación del Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica de Amate.

En Julio de 2020, tres policías fueron condenados a 20 años de prisión por el asesinato de la mujer trans Camila Diaz Córdova, una sentencia inédita en el país.

17 de octubre de 2023
Nelson Rentería
Edición: Ana Fornaro

Fuente New Ways Ministry

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Fotógrafo de Montreal rechaza reportaje a boda gay por conflicto con sus creencias religiosas

Miércoles, 15 de febrero de 2017
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780x580-noticias-mike-cerentola-y-viktor-rivas-facebookUna pareja de Montreal denuncia que un fotógrafo rechaza hacer el reportaje de su boda con otro hombre porque entra en contradición con sus creencias religiosas.

Mike Cerantola y Victor Rivas son pareja y no sólo viven juntos en Montreal, sino que además están comprometidos, teniendo como fecha para su enlace el próximo 27 de febrero. Como cualquier otra pareja que decide dar este paso, comienzan a compilar los detalles de los preparativos, entre los que deciden recurrir a una empresa de fotografía para inmortalizar el momento. La inesperada sorpresa llega cuando un reputado fotógrafo acepta su encargo, hasta que se da cuenta que se trata de una boda gay, declinando la propuesta en base a sus creencias religiosas.

Cerantola explica que «estaba muy emocionado, estaba como ‘Mira, hemos encontrado un buen fotógrafo’, solicité una cita y aceptó, así que estábamos tratando de establecer una reunión», pero su emoción sólo dura hasta que el fotógrafo le pide detalles de la novia, momento en que le explica que no hay novia, dado que se trata de una boda gay, dos varones. Es entonces cuando el fotógrafo, que forma parte del equipo de Premiere Productions, le informa de que no puede aceptar el encargo.

780x580-noticias-la-familia-cerentola-rivas-facebookLa familia Cerentola-Rivas Facebook – Foto: Uso permitido

«Lamento no poder tomar esta boda porque entra en conflicto con mis creencias religiosas personales. Lo siento mucho y espero que no te sientas ofendido», le confirma el fotógrafo a través de un correo electrónico. Decepcionado por esta respuesta, Mike no duda en denunciar en su cuenta de Facebook lo que le acaba de pasar, expresando su decepción y advirtiendo a sus amigos y familiares que no acudan a Premiere Productions, particularmente si son una pareja del mismo sexo.

«Cualquiera que me conoce sabe que soy una persona relativamente agradable y nunca sería malicioso… pero ser rechazado por un profesional para fotografiar mi boda porque soy gay me ofendió un poco (…). Corramos un tupido velo… vamos a buscar más, pero aumentando la conciencia para otros que están en el mismo bote gay. Tenga en cuenta que esta compañía le rechazará si es homosexual», declara Cerantola con ironía. Desde entonces Mike y Victor han recibido docenas de mensajes de apoyo y sugerencias de fotógrafos alternativos que puedan cubrir su boda.

«Tenemos que detener este uso de la religión como una excusa para promover los prejuicios en contra de los gays», advierte Fo Niemi, director ejecutivo del Centro de Investigación y Acción sobre Relaciones Raciales, advirtiendo de que la negativa del fotógrafo de Premiere Productions contradice la normativa de protección contra la discriminación, animando a la pareja a emprender acciones legales.

Fuente Universogay

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Ex funcionario de Carabineros chileno solicita reincorporación tras ser expulsado por su orientación sexual

Martes, 29 de marzo de 2016
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victoryarmandoVíctor Rivas y su entonces pareja, Armando Salgado, fueron expulsados el 2007. Hoy Rivas pide la intervención de la presidenta Michelle Bachelet.

El ex funcionario de Carabineros, Víctor Rivas Pastrana, en compañía del diputado Gaspar Rivas, ha hecho entrega, en el Palacio de La Moneda, de una solicitud de audiencia a la presidenta Bachelet para presentarle el caso de los funcionarios que fueron cesados de los Carabineros de Chile tras darse a conocer que formaban parte de un “triangulo amoroso gay” a finales de 2007 y solicitar su readmisión en el cuerpo.

Rivas y Armando Salgado, su pareja en ese momento, fueron apartados de Carabineros luego de conocerse la orientación sexual de ambos. La pareja acusa que fue obligada a firmar su renuncia voluntaria, además de ser humillada, razón por la que el 2009 presentaron acciones legales que no prosperaron. “Espero que la presidenta de la República me escuche para, primero, intentar cambiar esta situación y evitar que situaciones como estas se vuelvan a repetir”, señala el funcionario, reclamando justicia porque “este caso no puede quedar así. Me discriminaron al tener que firmar bajo presión mi baja voluntaria de carabineros”. El diputado Gaspar Rivas señala que “esta no es la primera acción que hacemos con Víctor, ya antes le solicitamos una reunión al Director general Villalobos Krum, pero se nos entregó un subterfugio para evitar la reunión, que era que el General Director se inhabilitaba de cualquier resolución en este caso si se reunía con uno de los implicados (…). Hoy estamos tocando la puerta de la Presidenta para que considere su caso y se pueda llevar a cabo la reincorporación de este funcionario que ha sido desligado de la institución“.

La presidenta Bachelet ya estaba en conocimiento de este caso, pero hasta ahora no se había remitido ninguna respuesta concreta a la solicitud del ex funcionario de carabineros. El objetivo de la petición es su reincorporación a filas con el grado y funciones que tenía originalmente, además de solicitar una remuneración económica por los daños morales causados.

780x580-noticias-victor-ricardo-rivas-pastrana-facebookEl ex funcionario manifiesta que mantenía una relación con otro carabinero, habiendo una tercera persona que buscaba sus favores sexuales, que fue a quien sorprendieron en “actitudes que no correspondían” por lo que le dieron de baja. Este funcionario sería quien delataría la relación sentimental que Rivas mantenía con su compañero, como consecuencia, desde el propio cuerpo de carabineros le intimidarían para firmar un despido voluntario. Asimismo, afirma que los carabineros contactaron con su familia, informándoles de su orientación sexual, un tema que era tabú para su familia, “pero ya no tengo nada que esconder, no tengo por qué andar con mi cara gacha. Tengo que salir adelante y mostrar quien soy yo”.

En tanto el Movilh, organismo que respalda a los ex uniformados y los acompañó en sus acciones legales, precisó que “al momento de ocurrir estos hechos, existían reglamentos al interior de las instituciones armadas y de orden que eran abiertamente homofóbicos. Hoy, felizmente, estas normas no existen”.

Sin embargo, añadió, “un paso más profundo hacia la no discriminación, pasaría porque hubiesen intentos por reparar los graves errores del pasado. Esperamos que esta suerte corra con Víctor, con Armando y con muchos otros que denunciaron ante nosotros variados abusos”.

Al momento de la expulsión Rivas se desempeñaba en la 11 Comisaría de Lo Espejo y Salgado en la dotación de la 40 Comisaría de Fuerzas Especiales.

En la actualidad, Rivas está solicitando ser reincorporado, pero en la función de paramédico en el Hospital de Carabineros, así como que se pague su sueldo retroactivo por el daño psicológico padecido.

Los “carabineros de Chile siempre ha tenido en sus filas a personas con orientación sexual distinta y eso no ha impedido, desde que existe la institución, que esos funcionarios hagan bien su trabajo”, declara finalmente el diputado, “se le está negando a una persona su derecho a trabajar no porque haya tenido un mal desempeño o porque haya realizado labores incompatibles con el cargo o haya tenido problemas reñidos con la ética que tienen que tener un carabinero. Simplemente por su orientación sexua”.

Fuente Agencias/MOVILH

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