Se trata de Mayra Opazo, Constanza Monsalves a quienes el Registro Civil de Viña del Mar y la Corte Suprema les negó el reconocimiento de ser ambas madres de Martina, una niña de un año. La demanda fue presentada con el patrocinio de abogados de la UDP y el Movilh.

Con el patrocinio de un destacado equipo de abogados de la Universidad Diego Portales y del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), una familia homoparental demandó al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras ser discriminada por el Registro Civil, la Corte de Apelaciones de Viña del Mar y la Corte Suprema.

Se trata de las convivientes civiles Mayra Opazo, Constanza Monsalves y la de hija de ambas, Martina, quien nació el 17 de abril del 2017 tras un proceso de inseminación artificial. La familia vive en Villa Alemana, y es la primera de regiones que denuncia al Estado por lesbofobia.

El 26 de marzo del 2018 la pareja se dirigió al Registro Civil de Viña para pedir ser reconocidas como madres de Martina, pero la entidad se negó señalando que ello era ilegal. Por tal razón recurrieron a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la que el 15 de junio del 2018 rechazó el recurso de protección por dos votos contra uno, el de la Ministra doña Silvana Donoso Ocampo, quien estuvo por reconocer los derechos de la familia amparada en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Finalmente, el 24 de julio del 2018 la Corte Suprema confirmó la sentencia, negando el derecho de Martina a tener dos madres.

Desde ese momento, la familia comenzó a preparar una fundamentada demanda contra el Estado de Chile que contó con la asesoría de la abogada del Movilh. Mónica Arias y de los/as destacados/as abogados de la Universidad Diego Portales,  Francisco Cox Vial, Jorge Contesse Singh, Domingo Lovera Parmo, Tomás Vial Solar, Fabiola Lathrop Gómez, Macarena Sáez y Verónica Undurraga,

En la demanda, las madres alegan que han “sufrido violaciones a los derechos humanos “ que han significado para nosotras y nuestra hija, graves perjuicios y daños morales”, lo que afecta en el interés superior del niño.

Precisaron que el desconocimiento legal de la doble maternidad “implica negar que aquello es parte de su proyecto de vida familiar, quebrando nuestro proyecto pues, ambas – como pareja – nos sometimos al procedimiento médico, vivimos cada momento de forma intensa y nos involucramos emocionalmente con la idea de ser madres. En la actualidad, mientras solo Constanza tiene reconocida legalmente su calidad de madre Martina, ambas asumimos el de madres en el día a día”.

Añaden que “la prohibición de doble filiación materna (…) configura una injerencia arbitraria en nuestra vida privada, toda vez que influyen en nuestra planificación familiar, desarrollo personal y autodeterminación de ser madres. Con una limitación como la que arbitrariamente se nos impone, inevitablemente se deja afuera a una de las madres de su derecho a ser, sentirse y presentarse como tal. Del mismo modo, se priva a Martina del reconocimiento legal de su verdadera familia. Además, vulnera el derecho a la protección de la familia y protección de los derechos del niño en relación con el derecho a la vida privada, no permitiéndoles la consagración legal de su familia”.

En tanto, los juristas  la UDP y del Movilh precisaron que el negarse la doble maternidad, el Estado violentó normas nacionales e internacionales, entre esas la Constitución Política y la Convención Americana de Derechos Humanos.

En el primer caso se transgredió el deber del Estado de proteger a la familia (artículo 1), de  respetar los tratados internacionales (artículo 5),  y de garantizar la igualdad ante ley y el derecho a la integridad física y psíquica (articulo 19), entre otras disposiciones constitucionales.

De igual manera se violentó la obligación  de los estados de respetar la Convención Americana de Derechos Humanos (articulo 1), la protección de la familia (artí culo 17), los derechos del niño (articulo 19) y igualdad ante ley (articulo 24),  garantizados en el instrumento internacional, el cual reconoce derechos a las parejas del mismo sexo y sus hijos, según  pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Esperamos que la Comisión acoja esta  justa demanda y que Chile sea sancionado”, finalizó el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Chile, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Constanza Monsalves, Corte Suprema, Domingo Lovera Parmo, Fabiola Lathrop Gómez, Familias Homoparentales, Francisco Cox Vial, Homofobia/Transfobia, Jorge Contesse Singh, Macarena Sáez, Mayra Opazo, Mónica Arias, MOVILH, Registro civil, Rolando Jiménez, Silvana Donoso Ocampo, Tomás Vial Solar, UDP, Universidad Diego Portales, Verónica Undurraga, Viña del Mar

Santiago de Chile ha acogido este fin de semana una multitudinaria marcha por el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, convocada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), bajo el lema «Basta de bla-bla». «Cuando las encuestas dicen que la mayoría los chilenos y chilenas respalda la adopción homoparental y el matrimonio igualitario, las más de 80 mil personas asistentes hoy a la marcha demuestran ello. El país en su mayoría no tolera que existan familias de primera y segunda categoría», ha defendido la portavoz del MOVILH Daniela Andrade. Según un reciente estudio, el 64,5% de los congresistas está a favor del matrimonio igualitario y el 65,6% de la adopción homoparental, a pesar de que el presidente Piñera se niega a cumplir el acuerdo sobre matrimonio igualitario firmado en 2016 entre el Estado chileno y el MOVILH ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Con la marcha, argumenta el activista chileno Rolando Jiménez, «también recordamos que el Estado de Chile firmó una acuerdo con nuestra organización ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para impulsar el matrimonio igualitario. Pese a que el Acuerdo es legal y vinculante, según lo señalado por la propia Contraloría General de la República, el Estado aún no cumple su promesa, lo cual es gravísimo, pues deja a Chile como un país que no cumple con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos».

Según un reciente estudio del Laboratorio Constitucional de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, que entrevistó a 183 de los 198 congresistas, es decir al 92,4% del total,  el 64,5% está a favor del matrimonio igualitario y el 65,6% respalda la adopción homoparental.

«Estas cifras coinciden con cálculos de nuestra organización y demuestran que aquí se debe pasar del discurso a la práctica. Si la mayoría apoya, no hay razón alguna para seguir postergando la adopción homoparental o el matrimonio igualitario. Pese a ello, este último proyecto de ley no se discute desde noviembre del 2017 en el Congreso. Los discursos se deben llevar a la práctica. No más bla-ba», señala el responsable del MOVILH Oscar Rementería.

El conservador Piñera no quiere avances igualitarios

Como en su momento recogimos, el Estado chileno y el Movimiento de Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) alcanzaron en 2016 una solución amistosa a la demanda que este colectivo había interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio (puedes descargar aquel acuerdo aquí). El acuerdo, considerado histórico en su momento, implicaba ir más allá de las uniones civiles entre personas del mismo sexo (aprobadas el año anterior) y promover el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y los derechos plenos de parentalidad (que a día de hoy tienen que ser reclamados ante los tribunales), así como la aprobación de una ley de identidad de género y un refuerzo de la legislación antidiscriminatoria (la conocida como «ley Zamudio»), entre otras medidas.

Mientras que la ley de identidad de género era aprobada en septiembre (tras cinco largos años de tramitación y no sin grandes dificultades en los últimos meses), el resto de avances permanecen sin embargo congelados. Es más, según se filtró a la prensa chilena, el Gobierno de Sebastián Piñera manifestó ante la CIDH que no piensa cumplir el acuerdo por lo que al matrimonio igualitario se refiere. Se acoge para ello a una más que dudosa interpretación de la literalidad del acuerdo, según el cual el Estado chileno se comprometía a tramitar un proyecto de ley de matrimonio igualitario y a (reproducimos literalmente) «adoptar las medidas necesarias, incluidas acciones de promoción, para impulsar la iniciativa del matrimonio igualitario como un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva».

Para el Gobierno de Piñera, este compromiso ya ha sido cumplido con la presentación en 2017 por el entonces Gobierno de Michelle Bachelet de un proyecto de ley de matrimonio igualitario, que formalmente no ha sido retirado. El actual Gobierno considera que no está obligado a nada más, dado que «el Estado nunca se obligó a obtener la aprobación legislativa del proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo».

Audiencia sobre matrimonio igualitario de la CIDH

Se la la circunstancia de que la CIDH ha convocado su primera audiencia temática sobre matrimonio igualitario. La histórica audiencia tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en el marco de su 170 período de sesiones, que se desarrollará en Washington. La petición, a demanda de varios movimientos LGTB latinoamericanos, ha sido  coordinada precisamente por los abogados que representaron al MOVILH en su demanda internacional por el matrimonio igualitario, los juristas Hunter Carter, Ciro Colombara y Branislav Marelic.

Fuente MOVILH/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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En el marco del Proyecto de Ley de Garantías de Derechos de la Niñez. También se aprobó un articulo que prohíbe la discriminación por orientación sexual o identidad de género. El debate estuvo cruzado por opiniones transfóbicas de profesionales católicos que vincularon a la trasexualidad con patologías, peligros y “etapas superables”.

La Comisión de Familia y Adulto Mayor de la Cámara de Diputados incorporó la realidad de los niños y niñas trans en la Ley de Garantías de Derechos de la Niñez que el Ejecutivo ingresó a tramitación del Parlamento el pasado 25 de septiembre, aspecto festejado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

La luz verde se dio anoche en una extensa sesión de tres horas que contó con la especial intervención del ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, y con la presencia de la directora Ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia,  Estela Ortiz, de organizaciones opositoras a la norma y del Movilh.

En concreto se aprobó por 7 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención una indicación al artículo 12 de la ley que garantiza el derecho de los niños y niñas trans a desarrollar su propia identidad.

De esa manera, la ley establece que “todo niño tiene derecho, desde su nacimiento, a tener un nombre, una nacionalidad y una lengua de origen; a conocer la identidad de sus padres; a preservar sus relaciones familiares de conformidad con la ley; a conocer y ejercer la cultura de su lugar de origen y, en general, a preservar y desarrollar su propia identidad e idiosincrasia, incluida su identidad de género”.

Votaron a favor los diputados Ramón Farías (PPD), Daniela Cicardini (PS), Sergio Ojeda (DC), José Miguel Ortiz (DC), Marcelo Schilling (PS), Marcos Espinosa (PRSD), Karla Rubilar (INP). En contra se pronunciaron los parlamentarios Nicolás Monckeberg (RN), Claudia Nogueira (UDI), Jorge Sabag (DC), David Sandoval (UDI), y Marisol Turres (UDI). En tanto, Marcela Sabat (RN) se abstuvo.

Ya con anterioridad, la Comisión había aprobado el artículo 8 del proyecto, garantizándose que “ningún niño podrá ser discriminado en forma arbitraria en razón de su raza, etnia, nacionalidad, cultura, estatus migratorio, carácter de refugiado o asilado, idioma, opinión política o ideología, afiliación o asociación, religión o creencia, situación socioeconómica, sexo, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales; estado civil, edad, filiación, apariencia personal, salud, discapacidad o en situación de discapacidad, estar o haber sido imputado, acusado o condenado por aplicación de la ley N° 20.084, o en razón de cualquier otra condición, actividad o estatus suyo o de sus padres, familia, representantes legales o quienes lo tengan bajo su cuidado”.

Durante variadas sesiones se expresaron posturas a favor y en contra de la iniciativa.  Ayer fueron los turnos del académico de la Universidad Diego Portales, Domingo Lovera, que manifestó un claro y sólido apoyo a los derechos de los niños y niñas LGBTI, y del psiquiátra Francisco Bustamante, del secretario general de la Universidad Finis Terrae, Álvaro Ferrer y de la endocrinóloga la Universidad de Los Andes, Francisca Ugarte, quienes se refirieron a la identidad de género diversa con un lenguaje prejuicio y denigrante, asociando a la transexualidad con patologías, peligros, etapas superables, o condiciones modificables.

El Movilh, que monitoreó y estuvo presente en todas las sesiones donde se discutió la identidad de género o la orientación sexual, enfatizó que  “dimos un paso significativo y de primer orden para que se prohíba la discriminación a niños y niñas trans y para que se generen condiciones tendientes a respetar la identidad de género de los menores de edad en sus familias, en los jardines infantiles, en los colegios y, por cierto, en sus futuras universidades institutos o trabajos”.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, explicó que “esta aprobación fue un proceso difícil, pues hubo intentos por seguir cercenando la identidad de género de los niños y niñas, por desconocer su derecho a ser llamados e identificados como efectivamente se sienten y son. Felizmente, estos intentos no prosperaron, y se impuso el interés superior del niño. Aquí hay una esperanza muy hermosa de una mejor calidad de vida para las nuevas y futuras generaciones de personas trans”.

En paralelo a este debate se seguirá discutiendo en la Comisión de Derechos Humanos del Senado la Ley de Identidad de Género, para posibilitar el cambio de nombre y sexo legal de las personas trans con un trámite simple en el Registro Civil, dejando a un lado la judicialización del proceso para los mayores de edad y facilitando la diligencia para los niños y niñas en los tribunales de Familia.

Sin ir más lejos, ayer la Comisión de DDHH del Senado anunció que la ley de identidad de genero será despachada el próximo 12 de septiembre, luego de que el Gobierno le otorgara discusión inmediata, cumpliendo así con parte de los acuerdos que el Estado firmó con el Movilh, con la mediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Fuente MOVILH

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General Adopción Homoparental, Chile, Encuesta Sobre Participación de Jóvenes, Jaime Silva, Jóvenes, Universidad Diego Portales