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PP y Ciudadanos acuerdan ceder terreno público en Málaga a la Universidad (privada) Católica de Murcia

Sábado, 3 de noviembre de 2018
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verdePara no ser homófobos, hay que reconocer que tanto el Partido Popular como Ciudadanos lo disimulan de maravilla. A los primeros ya los conocemos de hace tiempo, a los otros hay algunos que los están descubriendo ahora. Pero serlo, lo son. Y para muestra un botón.

Hace unos años el presidente de la Universidad Católica de Murcia (UCM), Jose Luis Mendoza, ofreció un discurso para inaugurar el curso en el que dijo, por ejemplo, que “el mal llamado matrimonio homosexual es una abominación a los ojos de Dios“; y también cargó contra el aborto y la eutanasia.

Mendoza ya se enfadó muchísimo cuando se aprobó el matrimonio igualitario en España porque, según él, “permitir la adopción de niños a las parejas homosexuales es aberrante” porque “está demostrado que los niños que han sido educados por padres homosexuales han acabado siéndolo también ellos en un porcentaje muy elevado“.

En diciembre de 2016 la UCM, junto a la Universidad Católica de Valencia y varias organizaciones ultracatólicas, formaron la “Plataforma por las libertades.  La asociación en cuestión, con Jaime Mayor Oreja y Lourdes Méndez (ambos ex políticos del PP), intentó recurrir la Ley LGTBI de la Comunidad de Madrid, pero sin éxito. Dentro de esa Plataforma había organizaciones como la Asociación de Derechos y Víctimas de la Ideología de Género de Murcia.

reig-mendoza-webPues Jose Luis Mendoza (en la foto con el ínclito Réig Plá… Tanto Monta, Monta Tanto…), que va misas privadas del Papa, tiene un motivo para estar contento: el Ayuntamiento de Málaga acaba de dar el visto bueno a la cesión de 40.000 metros cuadrados de terreno público para que pueda construir un nuevo campus de la Universidad Católica de Murcia gracias al voto del Partido Popular y Ciudadanos.

Lo del Partido Popular era de esperar. Lo de Ciudadanos es peor: en junio se suben a la carroza de los vientres de alquiler en el Orgullo LGTB+ para parecer súper gay friendlys y en octubre le ceden el terreno de todos a una organización privada y ultra católica que cree que el hecho de que las parejas gais tengan hijos es “abominable“.

Desde el Ayuntamiento su concejal de urbanismo, Francisco Pomares, ha defendido la aprobación de esta cesión de terrenos alegando que “es bueno para el desarrollo de la ciudad” porque el proyecto “está respaldado por el Comité Olímpico Español” y “traerá estudios vinculados con la actividad deportiva“. Por su parte el concejal de Ciudadanos Alejandro Carballo ha querido matizar que a la UCM no le saldrán gratis los terrenos; que “tendría que pagar un canon y le exigiríamos también otras contraprestaciones, como becas“.

15377229767273Desde Izquierda Unida Málaga para la Gente presentaron una moción reclamando que se rechazara la operación, pero PP y Ciudadanos votaron en contra y dieron vía libre a los planes de la UCM. Tanto IU como PSOE y Málaga Ahora han denunciado la implantación en la ciudad de una universidad “de dudosa reputación” que está calificada entre las más bajas en el ranking de universidades españolas. Para estos partidos la UCM no es más que un negocio privado que se dedica a vender títulos universitarios que no merece el trato de favor que le ofrece el Ayuntamiento. Y es que, como bien dice Sergio Brenes del PSOE, “si quieren venir que lo hagan, pero con sus medios, no a costa del patrimonio de todos los malagueños, que compren suelo y monten su negocio“.

Por lo que parece, es bastante probable que el proyecto no llegue a nada. La competencia para autorizar la construcción e implantación de universidades privadas corresponde a la Junta de Andalucía, que ya denegó a la misma UCM un plan similar para instalarse en Málaga.

Fuente La Opinión de Málaga, vía HazteQueer

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La “Plataforma por las libertades” pide a la Defensora del Pueblo que recurra la ley LGTB de Madrid

Lunes, 14 de noviembre de 2016
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soledad-becerril.-hagan-ustedes-el-favor_detalle_articuloSoledad Becerril

Un montón de supuestas asociaciones pro-familia solicita a Soledad Becerril que recurra la ley ante el Constitucional.

Ahora que se cumplen cuatro años del fallo del Tribunal Constitucional desestimando el recurso del Partido Popular contra el matrimonio igualitario, nos encontramos con que un centenar de organizaciones de corte ultraconservador, de esas que dicen defender a la familia,   han solicitado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que utilice su capacidad legal para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley madrileña contra la LGTBfobia, aprobada por unanimidad de las fuerzas representadas en la Asamblea de Madrid el pasado mes de julio, incluyendo al Partido Popular de Cristina Cifuentes. Detrás de varias de estas organizaciones se esconden, curiosamente, diversas figuras del sector más extremista del PP, entre ellos uno de los dos diputados del grupo popular en la Asamblea de Madrid que aquel día se ausentaron del pleno para no votar la ley. Por cierto, entre los miembros de dichas asociaciones están antiguos miembros del Partido Popular como como Jaime Mayor Oreja y ex diputados y senadores como Lourdes Méndez, Javier Puente, Ángel Pintado y Gari Durán

La “Plataforma de las libertades” está compuesta entre otras asociaciones por Familia y Dignidad Humana, la Federación Española de Asociaciones Provida, la Federación Europea ‘One of Us’ en defensa de la vida y la dignidad humana, HazteOir.org, la Federación Española de Asociaciones Provida, el Instituto de Política Familiar y la Universidad Católica de Murcia, lo que da una idea del nivel que deben tener sus titulaciones. ¿Y por qué quieren recurrir la ley? Pues claro, ¡para proteger a los niños! Porque ya se sabe, los únicos niños que cuentan son los suyos que parece que son todos muy normativos.

Una de las entidades promotoras de la solicitud es la Fundación Valores y Sociedad, presidida por el que fuera presidente del PP vasco, ministro del Interior, diputado y miembro del Parlamento Europeo Jaime Mayor Oreja. No supone, de hecho, una especial sorpresa: Mayor Oreja siempre se caracterizó por ser uno de los líderes populares más abiertamente contrarios a los derechos LGTB, como bien demostró en su época de eurodiputado cada vez que algún tema relacionado se sometía a votación. En el patronato de dicha fundación, según señala eldiario.es, se encuentra también la exsenadora popular Gari Durán, la que fuera también presidenta del PP vasco, María San Gil; el exdiputado y exsenador Ángel Pintado o la exsenadora Gari Durán. También figura, curiosamente, Luis Peral, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, que fue precisamente uno de los dos representantes populares que en su día se ausentaron para no votar la ley (el otro fue David Pérez, que además de diputado en la Asamblea de Madrid es alcalde de Alcorcón).

Otra de las organizaciones firmantes de la solicitud es la Asociación Familia y Dignidad Humana, cuya presidenta y vicepresidente son Lourdes Méndez y Javier Puente, ambos exdiputados populares. Los ya mencionados Ángel Pintado y Gari Durán son su tesorero y portavoz, respectivamente.

Otras organizaciones que firman el documento, por mencionar solo algunas, son la Federación Española de Asociaciones Provida, la Universidad Católica San Antonio de Murcia, HazteOír o el autodenominado Instituto de Política Familiar. Organizaciones, en definitiva, de carácter ultraconservador, muchas de ellas cercanas a la Iglesia católica.

La petición a la Defensora del Pueblo, argumenta que la ley contra la LGTBfobia atenta contra numerosos preceptos constitucionales. Dos aspectos que generan una especial indignación son la prohibición de las terapias aversivas de la homosexualidad (que según estas organizaciones vulnera los derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la protección de la salud y al deber de prestar asistencia de todo tipo a los hijos) o la inclusión en los programas educativos de la diversidad de género (que según los solicitantes vulnera los derechos de libertad de expresión y difusión de pensamientos y de libertad de cátedra). Pero también el principio de inversión de la carga de la prueba cuando se ha producido un episodio de discriminación (que según ellos vulnera los derechos de presunción de inocencia, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva). No son los únicos derechos que consideran vulnerados: también el derecho a la igualdad, a la educación, de libertad religiosa, etc. No hay derecho constitucional, prácticamente, que los solicitantes no consideren vulnerado por la ley. Si te interesa conocer en su integridad el texto del documento, puedes descargarlo directamente de La Gaceta.

Entre otras sandeces, según esta plataforma, la ley madrileña vulnera el derecho a la igualdad ya que aseguran que se dan privilegios a la población LGTB y ataca la autonomía del paciente ya que impide llevar al menor a un psicólogo en caso de que los padres se preocupen por la orientación sexual del menor. Claro que no se han dado cuenta todavía de que en ese caso los que tienen que ir al psicólogo son los padres y que esta ley evita precisamente, que los niños sean considerados “pacientes”.

Además, afirman que “hablar de los modelos de familia” en las escuelas atenta contra la libertad de expresión. Repetimos: “hablar de los modelos de familia” atenta contra la libertad de expresión porque no les deja decir lo que piensan de la homosexualidad en los colegios y claro. Ya podría hacer honor a su nombre la “Plataforma de las libertades” y preocuparse de que todos los niños puedan vivir de forma saludable en lugar dea estar jodiendo al prójimo. Nosotros cuandonos enteramos de estas cosas nos dan muchas ganas de vomitar.

Y es que recomendamos, eso sí, tener a mano un antiemético antes de leer un texto cargado de una profunsa hipocresía. “Con la aparente disculpa de luchar contra la discriminación por orientación sexual (objetivo que evidentemente compartimos), aprovecha [la ley madrileña contra la discriminación de las personas LGTBI] para implantar una concepción ideológica propia de las asociaciones LGTBI sobre la persona, de los ‘diferentes modelos de familia’ y de la sexualidad que, siendo discutibles (pues existe en nuestra sociedad una pluralidad de concepciones) se tratan de imponer a todos”, llega a argumentar el escrito, según el cual “es un hecho que no todos los homosexuales defienden la concepción de la sexualidad del lobby LGTBI, como lo es que muchos heterosexuales sí la defienden”.

Veremos qué sucede finalmente. El hecho de que en este momento buena parte de las figuras del PP mencionadas arriba se encuentren “caídas en desgracia” y de que en la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes haya dado su apoyo a una serie de políticas pro-LGTB (acordadas, en este caso, con PSOE, Podemos y Ciudadanos, además de con los colectivos LGTB madrileños) no significa que muchas de las instancias de poder de este país no estén todavía copadas por los sectores más conservadores. Si la Defensora del Pueblo decidiese presentar un recurso de este tipo nadie asegura que el actual Tribunal Constitucional, fuertemente derechizado, no invalidase, aunque fuese solo parcialmente, un texto ejemplar. Confiemos en que esa posibilidad no llegue ni a plantearse.

Fuente: ABC y Actuall, vía EstoyBailando/Dosmanzanas

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