El martes (23 de mayo), el TEDH dictaminó que, como resultado, el gobierno de Rumania infringe el artículo ocho del Convenio Europeo de Derechos Humanos: el derecho al respeto de la vida privada y familiar.

La sentencia se dictó después de que 21 parejas, todas de nacionalidad rumana nacidas entre 1967 y 1996, presentaran denuncias ante el TEDH entre 2019 y 2020.

En sus solicitudes, las parejas se quejaron de que no había manera de salvaguardar legalmente sus relaciones en Rumania debido a la falta de reconocimiento.

Cada una de las parejas había notificado a sus oficinas de registro locales expresando su intención de casarse, pero sus solicitudes fueron rechazadas en virtud de un artículo que define el matrimonio entre un hombre y una mujer.

Sus solicitudes también fueron rechazadas en virtud de un artículo separado que establece que el matrimonio entre personas del mismo sexo está “prohibido” en Rumania.

Una mayoría de siete jueces dictaminó finalmente que Rumanía infringe el artículo ocho del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En su fallo, el tribunal dijo que los estados miembros están obligados a proporcionar algún tipo de reconocimiento legal para las parejas del mismo sexo en base a fallos anteriores.

El tribunal determinó que las parejas en el centro del caso no habían podido acceder a muchos de los derechos sociales y civiles otorgados a las parejas heterosexuales debido a la falta de reconocimiento legal.

El TEDH rechazó el argumento del gobierno rumano de que esos derechos podrían ser replicados por acuerdos contractuales privados.

Finalmente, el TEDH dictaminó que la oposición social al matrimonio entre personas del mismo sexo en Rumania no debe anular el derecho de las parejas del mismo sexo a que sus relaciones sean reconocidas legalmente.

En última instancia, ninguno de los argumentos del gobierno rumano para justificar sus leyes restrictivas superó el derecho de las personas queer a que se reconozcan legalmente sus relaciones.

La sentencia se produce pocas semanas después de que ILGA-Europa otorgara a Rumanía una puntuación de solo el 18 % en derechos LGBTQ+. El país fue clasificado como uno de los peores lugares para los derechos LGBTQ+ en Europa.

En una encuesta de 2019, el 53 % de las personas LGBTQ+ en Rumania dijeron que “casi nunca eran abiertos” sobre su identidad, mientras que el 23 % dijo que “rara vez eran abiertos”.

En 2022, el gobierno rumano fue criticado cuando presentó el llamado proyecto de ley de “propaganda” LGBTQ+, que prohibiría el uso de materiales en las escuelas que “promuevan” ser homosexuales.

Fuente Agencias

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Ministra de Justicia húngara, Judit Varga,

Hungría tiene previsto recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para defender su controvertida ley contra la comunidad LGBTQ+.

La Ley de Protección de la Infancia del país, aprobada con un solo voto en contra en junio de 2021, prohíbe hablar de las personas LGBTQ+ en las escuelas y en los medios de comunicación.

La Comisión Europea emprendió acciones legales llevando a Hungría ante el tribunal en julio de 2022, alegando que la ley “discrimina a las personas por su orientación sexual e identidad de género”.

En aquel momento, la Comisión declaró que la ley “señala y persigue los contenidos que ‘promueven o retratan’ lo que denomina ‘divergencia de la identidad propia correspondiente al sexo de nacimiento, cambio de sexo u homosexualidad’ para menores de 18 años”.

En un mensaje publicado en Facebook el miércoles (8 de marzo), la ministra de Justicia húngara, Judit Varga, dijo que había presentado una contrademanda ante el tribunal. “Hungría no se rendirá”, dijo. “Seguimos manteniendo nuestra convicción y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de que la educación es competencia nacional y que los padres tienen derecho a decidir sobre la educación de sus hijos“.

Varga afirmó que se habían producido “casos que han salido a la luz en las últimas semanas” que mostraban “claramente” la necesidad de una ley de protección de la infancia “así como de nuevas medidas”.

El gobierno húngaro ha declarado anteriormente que la ley tiene por objeto proteger a los niños, no a la comunidad LGBTQ+.

En un discurso pronunciado el mes pasado, según informó Reuters, el Primer Ministro Viktor Orbán defendió la legislación, afirmando que “la propaganda de género no es sólo… cháchara de arco iris, sino la mayor amenaza que acecha a nuestros hijos”. Y continuó: “Queremos que dejen en paz a nuestros hijos… este tipo de cosas no tienen cabida en Hungría, y menos en nuestras escuelas”.

Condena casi universal de la ley anti-LGBTQ+ húngara

Mientras la Comisión Europea emprende acciones legales, otras instancias también se han pronunciado enérgicamente contra la legislación.

Poco después de aprobarse la ley, el Primer Ministro holandés, Mark Rutte, dijo que Hungría debía ser expulsada de la UE si no daba marcha atrás.

Al mismo tiempo, Rutte, junto con los líderes de otros 16 países de la UE, firmó una carta en la que afirmaba que los líderes “seguirán luchando contra la discriminación hacia la comunidad LGBT+”.

Aunque la carta no nombraba explícitamente a Hungría, estaba escrita “a la luz de las amenazas contra los derechos fundamentales y, en particular, contra el principio de no discriminación por motivos de orientación sexual“.

En diciembre de 2021, la Comisión de Venecia, que asesora al Consejo de Europa, un grupo de derechos humanos, en asuntos de derecho constitucional, decretó que la ley contribuía a crear un “entorno amenazador” para los niños LGBT+ y “sólo deja espacio para una enseñanza unilateral y sesgada, abriendo las puertas a la estigmatización y discriminación de las personas LGBTQI”.

La Comisión de Venecia también afirmó que la amplia aplicación y ambigüedad de la ley implicaba que podía violar otros derechos humanos.

Hungría: la avanzadilla europea de la LGTBIfobia de Estado

El Gobierno de Viktor Orbán comenzó una nueva escalada legislativa contra la comunidad LGTBI húngara aprovechando la pandemia del coronavirus. En marzo de 2020, tras asumir Orbán poderes extraordinarios, su número dos, Zsolt Semjén, presentaba un proyecto de ley que entre otras medidas incluía una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrase en vigor la norma que durante ese tiempo sí que permitió a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a someterse a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación. Finalmente, el 19 de mayo de 2020 la Asamblea Nacional aprobaba la ley que incluye la reforma tránsfoba.

Pero el Gobierno de Orbán no paró tras este retroceso sin precedentes. Envalentonado por la falta de contundencia de sus socios europeos y aprovechando de nuevo el agravamiento de la pandemia por coronavirus, promovió una reforma constitucional que recoge «el derecho de los niños a la propia identidad de acuerdo con su género de nacimiento», prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo e impone que la educación en las escuelas húngaras se inspire en «la identidad constitucional de nuestro país y la cultura cristiana». Además, la negación de la homoparentalidad recogida en la ley fundamental se completó con la aprobación de otra ley que limita la adopción de menores a las parejas casadas (y, por tanto, necesariamente de distinto sexo). La adopción por parte de personas solteras, única vía a la que hasta entonces se podían acoger las parejas del mismo sexo, solo se otorgaría ya en casos excepcionales y previa autorización del ministerio de Asuntos Familiares.

Posteriormente, en junio de 2021, el Parlamento unicameral húngaro aprobó la ley que prohíbe la información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores, y que era el que ahora Orbán pretendía refrendar públicamente. El texto, calificado por el activismo como una versión de la ley rusa contra la «propaganda homosexual», se incluyó en un paquete de medidas contra la violencia sexual y la pederastia, corroborando su intención estigmatizadora contra la población LGTBI. La ley afecta a ámbitos como la enseñanza escolar, que se ve sometida a censura, porque se prohíbe la «promoción» de la diversidad afectivo-sexual y de género a los alumnos, mientras que la educación sexual, en cualquier caso, solo podrá ser impartida por profesores o miembros de organizaciones autorizadas, cerrando definitivamente la puerta a charlas sobre la realidad LGTBI por parte de colectivos. Pero también se ve concernida la propia libertad de expresión, pues se prohíbe la difusión de contenidos en libros, películas y otros formatos que estén a disposición de niños o adolescentes en los que se «describan o promuevan identidades de género diferentes de las adjudicadas en el nacimiento, operaciones genitales y homosexualidad». También se prohíbe la publicidad en la que «la promoción, exhibición o expresión de la propia identidad de género, reasignación de género u homosexualidad sea un elemento definitorio». Muestra de ello es la primera norma surgida en aplicación de la ley, un decreto aprobado en el mes de julio pasado, que ordena el sellado y envoltorio de los libros dirigidos a menores que «promuevan» la homosexualidad o la reasignación de género o contengan descripciones de sexualidad «explícita». Se prohíbe la venta de estos libros, vayan dirigidos a menores o adultos, a menos de doscientos metros de una iglesia o un colegio.

Fuente Pink News/Cristianos Gays

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Los antecedentes

En junio de 2021 el Parlamento húngaro aprobaba un proyecto de ley que prohíbe la información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores. El texto, una versión a la húngara de la conocida ley rusa contra la «propaganda homosexual», se incluía en un paquete de medidas contra la violencia sexual y la pederastia, acentuando aún más su intención estigmatizadora contra la población LGTBI. El texto modificó varios artículos de las leyes sobre protección de menores, derecho de familia, educación y regulación de medios y publicidad. Así, por ejemplo, quedó prohibida la difusión de contenidos en libros, películas y otros formatos que estén a disposición de niños o adolescentes en los que se «describan o promuevan identidades de género diferentes de las adjudicadas en el nacimiento, operaciones genitales y homosexualidad». También prohíbe la publicidad en la que «la promoción, exhibición o expresión de la propia identidad de género, reasignación de género u homosexualidad sea un elemento definitorio». Una muestra de ello fue la primera norma surgida de la aplicación de la ley, un decreto aprobado el pasado verano que ordenaba el sellado y envoltorio de los libros dirigidos a menores que «promuevan» la homosexualidad o la reasignación de género o contengan descripciones de sexualidad «explícita», y que prohibía su venta, vayan dirigidos a menores o adultos, a menos de doscientos metros de una iglesia o un colegio.

La enseñanza escolar también se ve sometida a censura, porque se prohíbe de nuevo la «promoción» de la diversidad afectivo-sexual y de género al alumnado. La educación sexual, en cualquier caso, ya solo puede ser impartida por profesores o miembros de organizaciones autorizadas, cerrando la puerta por ejemplo a charlas sobre la realidad LGTBI por parte de colectivos. En el terreno de los medios, la medida supone la remisión a la franja horaria del late night de cualquier serie o película que incluya alguna alusión o representación de personas LGTBI.

La respuesta de la Comisión EuropeaA nivel europeo, como suele ocurrir en estos casos, la respuesta política inicial fue prudente, por no decir tibia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se declaró «muy preocupada por la nueva ley en Hungría» y aseguró que se comprobaría si la norma vulneraba la legislación comunitaria. «Creo en una Europa que acoge la diversidad, no en una que la esconde a nuestros hijos. Nadie debería ser discriminado por su orientación sexual», añadía en un tuit. Más contundente fue la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, que amenazó a Hungría con un recorte de los fondos europeos.

Sin embargo, también como suele suceder, la maquinaria europea, aunque pesada, acaba por entrar en funcionamiento y dar sus frutos. La decisión anunciada este viernes de llevar a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la justicia europea constituye, de hecho, el último de una serie de pasos iniciados por la Comisión Europea con un procedimiento de infracción abierto el 15 de julio de 2021. En aquel momento, se emplazó a Hungría a despejar las preocupaciones de la Comisión en relación con la igualdad y la protección de los derechos de las personas LGTBIQ en ese país. Un año después, dado que Hungría no ha resuelto las incompatibilidad entre la ley y el derecho comunitario y agotados los pasos intermedios, la Comisión acude a al alto tribunal europeo.

Según la Comisión Europea, la ley húngara contiene disposiciones que no están justificadas sobre la base de la promoción del interés fundamental de «proteger a los niños» o son desproporcionadas para lograr el objetivo declarado. En concreto, la Comisión considera las restricciones que impone la ley incompatibles con la directiva de servicios de medios audiovisuales, la directiva de comercio electrónico, el tratado de libre prestación de servicios y la directiva de servicios, así como con el derecho a la protección de datos y la directiva sobre la transparencia del mercado único.

Asimismo considera que a legislación húngara viola de manera sistemática varios derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en concreto la inviolabilidad de la dignidad humana, el derecho a la libertad de expresión e información, el derecho a la vida privada y familiar, así como el derecho a la no discriminación. «Debido a la gravedad de estas violaciones, las disposiciones impugnadas violan también los valores comunes establecidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea.

Una legislación que no logró el aval de los ciudadanos en referéndum

Cabe señalar que la legislación por la que la Comisión Europea lleva a Hungría ante el TJUE fue sometida a referéndum por el Gobierno de ese país coincidiendo con las elecciones celebradas en abril. El resultado del referéndum no era vinculante y no implicaba ningún cambio legal sobre una ley ya vigente: se trataba, simplemente, de utilizar la LGTBIfobia de buena parte de los votantes del ultraconservador Viktor Orbán como una herramienta más de movilización.

La maniobra, en este caso, no le salió bien a Orbán. Las organizaciones LGTBI húngaras llamaron a la ciudadanía a emitir su voto en el referéndum pero invalidando la papeleta, impidiendo así que se alcanzase el mínimo del 50% de votos emitidos válidos para a su vez considerar válido el resultado (fuese el que fuese). Debían alcanzarse, en concreto, en torno a los 4,1 millones de votos válidos (el censo electoral húngaro asciende a algo más de 8,2 millones de personas). Sin embargo, el número de votos válidos rondó los 3,9 millones, mientras que el número de votos inválidos superó la cifra de los 1,7 millones. Una derrota simbólica que no impidió que la ley siga en vigor, pero sí que supuso un cierto varapalo para la estrategia anti-LGTBI de Orbán y para su enfrentamiento con la Comisión Europea.

Fuente Dosmanzanas

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Un grupo multipartidario de eurodiputados ha pedido a Rumanía que abandone un proyecto de ley comparable a la prohibición rusa de la llamada “propaganda gay“.

Rumanía está estudiando un proyecto de ley que prohibiría el uso de materiales en las escuelas que “promuevan” ser LGBTQ+. Ya se ha aprobado en el Senado del país a pesar de las advertencias de los grupos de derechos humanos de que “demonizaría y marginaría a la comunidad LGBT” y “alimentaría la propaganda rusa y las campañas de desinformación de Moscú”.

La Unión Europea sancionará a Hungría por sus leyes anti-LGTB+

Rachel Levine dice que las leyes anti LGTB+ ponen en peligro la vida de los jóvenes

El jueves (16 de junio), 44 miembros del Intergrupo LGBTI del Parlamento Europeo firmaron una carta dirigida a las autoridades rumanas en la que denunciaban el “vergonzoso” proyecto de ley e instaban a la Cámara de Diputados, la cámara baja, a eliminarlo.

“Consideramos que este proyecto de ley es especialmente preocupante, dado su parecido con el proyecto de ley húngaro… y con la ley rusa de propaganda ‘anti-LGBTQ'”, decía la carta.

🇷🇴 Our members are very concerned by the bill currently under vote in the #Romanian Chamber of Deputies

🖊 This is why we wrote to the President, VPs, leaders of parliamentary groups and of parties to signal our opposition to this bill

🖇 read it below 👇 pic.twitter.com/idx91Lz6zj

— LGBTI Intergroup (@LGBTIintergroup) June 16, 2022

El proyecto de ley ni siquiera se ajusta a la Constitución de Rumanía, argumentaron los firmantes, afirmando que va en contra de los artículos que consagran el derecho de los civiles a la igualdad y al acceso a la información sin restricciones.

Y añadieron: “No cumple con las normas europeas de derechos humanos, no pretende ampliar la protección, sino retroceder en los derechos ya garantizados, y pretende además condenar al ostracismo a las personas LGBTIQ al tratar de relegarlas a la sombra”.

“La falta de información sobre lo que significa ser LGBTIQ significa más invisibilidad; la falta de visibilidad significa que no hay conciencia; la falta de conciencia significa que no hay políticas públicas que garanticen la protección; y esto, a su vez, significa más odio y violencia”.

Los eurodiputados, que escribieron al presidente de la Cámara de Diputados, Marcel Ciolacu, así como a los líderes de los partidos y a los políticos de alto nivel, advirtieron que Rumanía debería esperar acciones legales de la Comisión Europea, al igual que hizo Hungría por su propia ley de “propaganda” anti-LGBTQ+.

Los eurodiputados señalan que la apertura de los procedimientos de infracción serviría para “proteger el ordenamiento jurídico de la UE y el respeto de los derechos fundamentales”.

El proyecto de ley fue presentado por la Alianza Democrática de Húngaros en Rumanía y la nacionalista Alianza para la Unión de los Rumanos, supuestamente para prevenir el “abuso de menores”.

Pero, como subrayan los eurodiputados, el proyecto de ley hace poco para conseguirlo. En su lugar, otorga al gobierno amplios poderes para decidir lo que se puede mostrar a los menores, y prohíbe a las personas trans cambiar legalmente de género hasta los 18 años.

Cualquier contenido que el gobierno considere que “se desvía del sexo de nacimiento [o que promueve] la popularización de los cambios de sexo o la homosexualidad” quedaría prohibido en virtud de la medida.

Los activistas se apresuraron a comparar la legislación con leyes similares en Hungría y Rusia, que han prohibido la “promoción” de la vida LGBTQ+ a los menores.

El proyecto de ley rumano podría alimentar el odio anti-LGBTQ+

Los eurodiputados advirtieron que el proyecto de ley avivaría aún más la hostilidad y la violencia contra los rumanos LGBTQ+, señalando algunas estadísticas aleccionadoras.

Uno de cada dos rumanos LGTBI casi nunca habla abiertamente de su identidad, según un informe de 2020 de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Y según la Encuesta Mundial de Valores realizada entre 2017 y 2020, tres cuartas partes de los rumanos creen que ser gay “no es justificable“.

La Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Religiosos y Minorías Nacionales de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley la semana pasada. Solo tres parlamentarios -Maya Teodoroiu del Partido Socialdemócrata y Cătălin Teniță y Oana Murariu de la Unión Salvemos Rumanía- votaron en contra.

El proyecto de ley, si se aprueba, modificará la Ley nº 272/2004, que establece los derechos de los menores.

Fuente Pink News

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Un círculo que se cierra de manera satisfactoria: la justicia búlgara ha ordenado la emisión de un documento de identidad a la menor nacida en Barcelona de un matrimonio entre una mujer búlgara y una gibraltareña. Se trata de la ejecución de la sentencia europea que estableció hace unos meses que los países de la Unión están obligados a reconocer los documentos de filiación expedidos en otros países miembros, aunque contravengan su legislación nacional. Concluye un largo proceso legal por los derechos de una niña en estado de apatridia.

El caso, que hemos seguido en detalle en dosmanzanas, se refiere a la demanda interpuesta en Bulgaria por VMA, nacional de aquel país, que en 2018 se casó en Gibraltar con KDK, natural de la dependencia británica. En diciembre de 2019, el matrimonio tuvo una hija (SDKA) en Barcelona, donde actualmente residen. El registro civil español otorgó un certificado de nacimiento en el que constan las nacionalidades búlgara y británica de las madres. A pesar de haber nacido en España, la menor no tiene derecho a la nacionalidad española porque ninguna de sus progenitoras la ostenta. La cónyuge gibraltareña tampoco puede transmitirle su ciudadanía británica si la menor ha nacido en un tercer país, por lo que la única opción para la menor era adquirir la nacionalidad búlgara de su otra madre.

Iniciado el trámite, uno de los requisitos para obtener un documento de identidad búlgaro era la presentación de un certificado de nacimiento expedido por las autoridades de aquel país. VМА solicitó entonces al municipio de Sofía que le expidiera uno para SDKA. Para ello, junto a la solicitud, presentó una traducción al búlgaro, jurada y legalizada, del asiento del Registro Civil español relativo al certificado de nacimiento de SDKA. El municipio de Sofía requirió a VМА que aportase pruebas relativas a la identidad de la madre biológica de la niña, argumentando que el modelo de certificado de nacimiento en vigor en Bulgaria prevé una única casilla para la «madre» y otra casilla para el «padre», y tan solo puede inscribirse un nombre en cada una de ellas.

VМА consideró que no estaba obligada a facilitar esa información, por lo que el municipio de Sofía denegó la expedición del certificado de nacimiento, basándose en la falta de información acerca de la identidad de la madre biológica de la niña. También resolvía que la mención en el certificado de nacimiento de dos mujeres contravenía la legislación de Bulgaria, que no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Tras la denegación, la menor quedaba en situación de apatridia, sin posibilidad de desplazarse por los países de la Unión Europea, lo que suponía no poder visitar a su familia en Bulgaria. VMA decidió interponer recurso ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sofía. Puesto que afectaba a los derechos de los ciudadanos comunitarios, el tribunal búlgaro decidió iniciar un procedimiento prejudicial solicitando un dictamen al TJUE. Se preguntaba si la negativa de inscripción del nacimiento de la menor de nacionalidad búlgara no vulneraba su derecho a la libre circulación y al pleno disfrute de sus derechos como ciudadana de la Unión.

En abril del año pasado, la abogada general del TJUE Juliane Kokott emitió un informe favorable a la familia y al derecho de la menor a la nacionalidad búlgara. La opinión de Kokott reconocía la potestad de las autoridades búlgaras de rechazar la inscripción de las dos mujeres como madres de la niña en la partida de nacimiento, pero afirmaba que la menor tenía derecho a recibir un documento de identidad en el que se reflejase la parentalidad de ambas para que la menor pudiera viajar con cualquiera de ellas por separado.

Finalmente, en diciembre del año pasado la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia, en la que interpretó las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en lo que afecta a este caso en cuestión. Para el TJUE, «en el caso de un menor ciudadano de la Unión cuyo certificado de nacimiento expedido por las autoridades competentes del Estado miembro de acogida designa como progenitores a dos personas del mismo sexo, el Estado miembro del que el menor es nacional está obligado, por una parte, a expedirle un documento de identidad o un pasaporte sin exigir la expedición previa de un certificado de nacimiento por sus autoridades nacionales y, por otra parte, a reconocer, al igual que cualquier otro Estado miembro, el documento procedente del Estado miembro de acogida que permita al menor ejercer con cada una de esas dos personas su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros».

El tribunal europeo trasladaba la cuestión a la justicia búlgara, a la que exigía facilitar la expedición de un pasaporte o documento de identidad a SDKA en el que conste su nacionalidad y que es hija de VMA y KDK, de manera que pueda circular libremente por la Unión Europea acompañada de cualquiera de sus progenitoras. Sin embargo, la sentencia también aclara que el reconocimiento de la filiación de SDKA, con el objetivo de preservar sus derechos como ciudadana de la Unión, no implica que Bulgaria esté obligada a contemplar en su Derecho nacional la parentalidad de personas del mismo sexo ni su matrimonio, al ser competencia exclusiva de los Estados miembros de la Unión. Pero sí debe reconocerlos en lo que respecta a los derechos fundamentales comunitarios.

La trasposición de la sentencia europea por parte de la justicia búlgara ha tardado cinco meses en producirse. El Tribunal Administrativo de Sofía ha ordenado al ayuntamiento de la capital la emisión de un certificado de nacimiento en el que conste la filiación de ambas madres. SDKA recibirá un documento de identidad que acredite dicha filiación, adquirirá así la nacionalidad búlgara de su progenitora oriunda de dicho país y podrá por fin moverse libremente por la UE con cualquiera de sus madres. Desde ILGA-Europa se han felicitado por la noticia y confían en que las autoridades búlgaras emitan a la mayor brevedad los correspondientes documentos para la menor.

La repercusión de la sentencia europea sobre el caso de SDKA es comparable a la del fallo de 2018 que estableció que los Estados no pueden negar la residencia a un cónyuge del mismo sexo aunque sea nacional de un tercer estado. Una sentencia, por cierto, que la justicia búlgara trasladó al caso de un matrimonio entre dos mujeres. El reconocimiento de la homoparentalidad a nivel trasnacional también fue un punto clave del discurso de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen de 2020. «Porque si eres un progenitor en un país, por supuesto eres un progenitor en todos los países», afirmó von der Leyen.

Fuente Dosmanzanas

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 Ruandeses sentados en el Centro de Tránsito de Gikondo en 2015.(STEPHANIE AGLIETTI/AFP a través de Getty Images)

Un ministro del Ministerio del Interior intentó defender el historial de derechos humanos y LGTBI de Ruanda en medio de las reacciones al plan de Boris Johnson de dar a los solicitantes de asilo un billete de ida a la nación africana.

El primer ministro Boris Johnson anunció el jueves (14 de abril) planes para que el Reino Unido “deslocalice” a muchos solicitantes de asilo a centros de tramitación en Ruanda.

El viernes (15 de abril), Tom Pursglove, ministro adjunto de Justicia y de Lucha contra la Inmigración Ilegal, fue confrontado por Sky News con los propios consejos de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores para las personas LGTBI que vayan a Ruanda.

El departamento advierte que, aunque no hay ninguna ley que prohíba las relaciones entre personas del mismo sexo, la homosexualidad está “mal vista por muchos” en Ruanda y las personas LGTBI+ sufren “discriminación y abusos”.

“Ése es el consejo que da a los homosexuales de este país el Ministerio de Asuntos Exteriores, a la vuelta de la esquina”, dijo el presentador Niall Paterson.

Pursglove tropezó con sus palabras: “Tengo que decir que en las últimas 24 horas, desde este anuncio, se han lanzado algunos estereotipos espantosos. El hecho es que Ruanda ha avanzado mucho en las últimas tres décadas. Tiene un parlamento de mayoría femenina, tiene una ley antidiscriminación que recorre toda su constitución”.

Home Office minister Tom Pursglove is asked about Rwanda's history on LGBT rights, after the UK government announced plans to send asylum seekers to the African nation.

Get the latest on this story: https://t.co/mNTGQmNgz2 pic.twitter.com/2SKabmtAYc

— Sky News (@SkyNews) April 15, 2022

El plan de asilo de los Tory “hará que las personas refugiadas homosexuales sean deportadas hasta la muerte

Pursglove se enfrentó de nuevo a un informe de 2021 de Human Rights Watch (HRW) report sobre la práctica de las “redadas” por parte de los funcionarios ruandeses.

La organización sin ánimo de lucro habló con nueve personas LGTBI, así como con profesionales del sexo, niños sin hogar y otras personas que fueron detenidas por los funcionarios para “limpiar” las calles antes de una reunión de alto nivel de los jefes de gobierno de la Commonwealth.

Los detenidos fueron recluidos en habitaciones superpobladas, sin comida, agua ni atención sanitaria adecuadas, y fueron golpeados por los guardias en un centro de tránsito de Kigali.

Los detenidos homosexuales y trans dijeron a HRW que se les acusaba de “no representar los valores ruandeses”.

Una mujer trans dijo: “La policía dijo que nos insultaron y nos preguntaron cómo podíamos comportarnos así, manteniendo relaciones sexuales con personas de nuestro mismo sexo. Dijeron que éramos delincuentes y nos metieron en esa habitación. Pero en la habitación nos golpearon mucho otros detenidos y la policía no hizo nada a pesar de nuestros gritos”.

Un detenido fue arrestado tras besar a su pareja del mismo sexo en un bar. Otro detenido gay dijo que le golpearon y le dijeron que tenía que “rehabilitarse”.

Aunque las relaciones entre personas del mismo sexo no son ilegales, no existe ninguna protección legal para las personas LGTBI, aparte de una medida general contra la discriminación.

Los ruandeses LGTBI han informado de que han tenido que ocultar quiénes son para evitar que les peguen, que pierdan sus trabajos, que les desalojen de sus casas y mucho más.

Se han registrado “redadas” similares antes de otros acontecimientos de gran repercusión, con informes generalizados sobre la detención por parte de las autoridades de personas LGTBI acusadas de “comportamiento desviado”.

Los hombres se sientan en el Gikondo Transit Center en Kigali el 24 de septiembre de 2015. (Getty)

En 2020, una mujer trans contó a Vice que fue detenida cuando se dirigía a su casa desde una fiesta. Los agentes afirmaron falsamente que era una indigente y que vendía sustancias, y la llevaron al Centro de Tránsito de Gikondo, donde estuvo detenida durante seis meses.

“Directamente te cortan el pelo, te quitan la ropa y ven quién eres. Me pusieron delante de 400 personas y me quitaron la ropa”, dijo la mujer, Bella. “Dijeron: ‘Mira cómo se comporta, y tiene un pene’”.

Bella dijo que la retuvieron en una celda oscura y sucia conocida como “la caja del gato”, donde la obligaron a orinar y defecar sobre sí misma. Le dijeron “que se convirtiera en un hombre”, la golpearon varias veces y la violaron sus compañeros de prisión al menos tres veces.

Esta reputación es la razón por la que los defensores de los derechos LGTBI han reaccionado con horror ante la propuesta de asilo del gobierno británico para Ruanda.

Entre ellos se encuentra el Dr. S Chelvan, director de inmigración y derecho público del bufete 33 Bedford Row, que declaró a PinkNews que, si se promulga, el plan “dará lugar a que las personas refugiadas genuinas sean deportadas a la muerte”.

“El historial de derechos humanos de Ruanda incluye desapariciones forzadas y asesinatos, e incluso los consejos de viaje del Reino Unido [Ministerio de Asuntos Exteriores] advierten a los viajeros LGTBI de los abusos y la discriminación sancionados por el Estado”, dijo Chelvan.

“Este gobierno ha perdido su brújula moral y, como hemos visto en los últimos días, no tiene ninguna relación con el Estado de derecho. La opinión pública británica ha demostrado, tanto con Afganistán como con Ucrania, que somos un país que proporciona refugio y acoge a las personas refugiadas para que entren y permanezcan en el Reino Unido”.

La ministra del Interior, Priti Patel, visitó el jueves Kigali, la capital de Ruanda, para firmar el acuerdo. El plan reubicaría a miles de migrantes y les ofrecería la opción de buscar un asentamiento en países distintos de Gran Bretaña, de ser obligados a regresar a su país de origen o de quedarse permanentemente en Ruanda.

La secretaria británica, Priti Patel (c), visitó Kigali, donde se detuvieron una docena de personas LGBT + personas el año pasado por las autoridades. (Agencia Cyril Ndegeya / Anadolu a través de Getty Images)

Tratando de justificar una política que los activistas LGTBI y de derechos humanos han calificado de “malvada”, Pursglove dijo que Ruanda tiene una “rica y orgullosa historia” de proporcionar refugio a los solicitantes de asilo.

Afirmó que la decisión de expulsar a los solicitantes de asilo se tomaría “caso por caso”.

A la pregunta de Good Morning Britain de si viviría con gusto en Ruanda, dijo que sólo la visitaría.

Según una hoja informativa del Ministerio del Interior sobre la Asociación para la Migración y el Desarrollo Económico, cualquier solicitante de asilo que sea “inadmisible en el sistema de asilo del Reino Unido” y pueda ser “expulsado” sería trasladado automáticamente en avión a un “país seguro del tercer mundo”.

Sólo si la persona no puede ser “expulsada”, el Ministerio del Interior estudiaría su solicitud.

Sigue siendo incierto si la política se aplicará. Esta semana, el Parlamento volverá a examinar el proyecto de ley sobre nacionalidad y fronteras, que intensificará las políticas de inmigración del gobierno conservador, que ya son de línea dura. Johnson ha admitido que espera que el plan se enfrente a desafíos legales.

Dado que la propuesta aún no es ley, Chelvan pidió a la Cámara de los Lores y a los jueces “que se aseguren de que nuestras obligaciones con la Convención sobre los Refugiados, en consonancia con nuestra orgullosa historia y tradición en el Reino Unido de proporcionar refugio a las personas refugiadas, no sean incumplidas por nuestros políticos quebrados”.

Fuente: Pink News

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La ministra del Interior de Gran Bretaña, Priti Patel, ha tenido durante mucho tiempo un enfoque de línea dura hacia la inmigración. (PAUL ELLIS / POOL / AFP)

El gobierno tory quiere enviar a Ruanda a algunos solicitantes de asilo que llegan al Reino Unido en pequeñas embarcaciones desde el Canal, un plan calificado de “malvado” e “inviable”.

La ministra del Interior, Priti Patel, ha aterrizado en Ruanda para firmar el acuerdo, anunciado oficialmente por Boris Johnson el jueves (14 de abril).

“El ministro del Interior expondrá más detalles sobre la primera asociación mundial en materia de migración y desarrollo económico firmada por la ministra del Interior, Priti Patel, con Ruanda, una de las economías de más rápido crecimiento de África, reconocida en todo el mundo por su trayectoria en materia de acogida e integración de las personas migrantes”, dijo antes su oficina.

Aunque los detalles precisos del pacto todavía están surgiendo, los informes del jueves sugieren que los que lleguen a Gran Bretaña a través del Canal de la Mancha y otras rutas consideradas “ilegales” por el gobierno serán trasladados en avión a Ruanda para su procesamiento. No está claro si el gobierno ha obtenido garantías de bienestar para las personas, o si el campo estará bajo jurisdicción británica.

The Times informó de que las propuestas sólo se aplicarán a los solicitantes de asilo varones, a los que, al parecer, se animará a establecerse en Ruanda.

En un discurso pronunciado en un aeropuerto de Kent, Johnson dijo que cualquiera que sea sorprendido entrando ilegalmente en Gran Bretaña a partir del 1 de enero podrá ser reubicado en Ruanda.

“Debemos garantizar que la única vía de asilo en el Reino Unido sea segura y legal, y que quienes intenten saltarse la cola o abusar de nuestros sistemas no encuentren una vía automática para instalarse en nuestro país, sino que sean expulsados rápida y humanamente a un tercer país seguro o a su país de origen”, dijo.

Johnson dijo que el gobierno planeaba acabar con el “bárbaro comercio de la miseria humana” causado por los traficantes de personas en el Canal de la Mancha, algo que las personas refugiadas LGTBI advirtieron previamente a PinkNews que ocurrirá aún más si se reducen las normas de migración para ellas.

Dijo que el plan de deslocalización no se llevará a cabo de la noche a la mañana, mientras que el gobierno ruandés afirmó que Gran Bretaña pagará a Ruanda millones para financiar “oportunidades” para las personas migrantes, como educación, clases de idiomas y formación profesional.

Gran Bretaña “no puede mantener un sistema ilegal paralelo. Nuestra compasión puede ser infinita, pero nuestra capacidad de ayudar a la gente no lo es”.

Los partidos de la oposición y los grupos de derechos advirtieron que la adopción por parte de Gran Bretaña de un enfoque de “deslocalización” de la solicitud de asilo es “inviable y poco ético”.

Entre los más duros críticos se encuentra Rainbow Migration, que presta apoyo a los solicitantes de asilo LGTBI.

La directora de políticas, Sonia Lenegan, declaró a PinkNews que los “malvados” planes perjudicarán aún más a las personas LGTBI que buscan refugio en países que ven su existencia como ilegal. “Ruanda no es un buen lugar para las personas LGTBI”, dijo.

Los funcionarios del Ministerio del Interior ya utilizan métodos “degradantes” y estereotipos anticuados a la hora de decidir si una persona LGTBI+ es quien dice ser, dijo Lenegan.

“No hay forma de que el gobierno británico pueda confirmar que no enviará a personas LGTBI a Ruanda, porque sabemos que la gente no se cree habitualmente y que el Ministerio del Interior cuestiona la orientación sexual de las personas en muchos casos”, añadió.

“No hay forma de que el gobierno pueda asegurar que no va a enviar a personas LGTBI allí. “¿Cómo van a filtrar a la gente si ahora ni siquiera les creen? No hay salvaguardias que sean suficientes. No es seguro para las personas LGTBI, no es seguro para nadie”.

Un acuerdo similar entre Ruanda e Israel supuso la deportación de unas 4.000 personas a Ruanda y Uganda entre 2014 y 2017, para que casi todas huyeran inmediatamente a Europa, dijo Lenegan.

Añadió: “Cuando Australia trasladó a personas a la isla de Manus, donde está penalizado ser gay, se les dijo [a los solicitantes de asilo] en la inducción que no fueran abiertos”. Espera que ocurra lo mismo con las personas LGTBI enviadas a Ruanda.

Yvette Cooper, secretaria de Interior en la sombra del Partido Laborista, dijo que el acuerdo es un “intento de distraer” del “incumplimiento de la ley” por parte del gobierno, en referencia a que Johnson aceptó una multa por infringir las normas de encierro.

El líder del SNP en Westminster, Ian Blackford, declaró al programa Today de Radio 4 de la BBC: “Esto no es la marca de una sociedad civilizada. Es una maldad”.

Desperate & truly shameful announcement from Govt tonight as an attempt to distract from Boris Johnson’s lawbreaking.

Unworkable, unethical & extortionate. https://t.co/FdWx4fafEV

— Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) April 13, 2022

Ruanda es uno de los pocos países africanos en los que, técnicamente, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo no son ilegales; sin embargo, la homofobia está muy arraigada y las personas “presuntamente” LGTBI son detenidas a menudo en virtud de las leyes de moralidad pública.

La ciudadanía tiene un derecho general a no ser discriminada, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores reconoce que “no hay leyes específicas contra la discriminación que protejan a las personas LGTBI” en Ruanda. El Matrimonio Igualitario y la adopción, así como el reconocimiento del género de las personas trans, siguen sin estar regulados.

Nueve de cada diez ciudadanos consideran que el país no es un “buen lugar para los homosexuales”, según una encuesta de Gallup de 2013. Los ruandeses LGTBI han afirmado que son despedidos, desahuciados y separados de sus seres queridos de forma rutinaria si salen del armario.

Johnson anunció la política en Kent, donde miles de solicitantes de asilo han buscado refugio tras realizar peligrosas travesías por el Canal de la Mancha.

“Acepto que estas personas -sean 600 o mil- buscan una vida mejor; las oportunidades que ofrece el Reino Unido y la esperanza de un nuevo comienzo”, dijo.

“Pero son estas esperanzas -estos sueños- los que han sido explotados. Estos viles traficantes de personas están abusando de los vulnerables y convirtiendo el Canal en un cementerio acuático, con hombres, mujeres y niños ahogándose en embarcaciones no aptas para la navegación y asfixiándose en camiones refrigerados.”

La esperada colaboración con Ruanda se inscribe en el marco de los tenaces esfuerzos de los tories por endurecer las fronteras británicas –aunque las solicitudes de asilo se han desplomado en los últimos años- con su controvertido proyecto de ley de Nacionalidad y Fronteras.

El proyecto de ley de Nacionalidad y Fronteras, presentado por Patel, incluye propuestas para penalizar la entrada ilegal en Gran Bretaña, por ejemplo, en barco. La Cámara de los Lores ha votado en contra de muchas de sus medidas de línea dura, ya que se bate de un lado a otro entre las cámaras.

Aunque el traslado de las personas migrantes a Ruanda no formaba parte específicamente de la legislación, los ministros propusieron en julio trasladar a los solicitantes de asilo a un centro de procesamiento en alta mar. The Times afirmó que las personas migrantes podrían ser enviadas a Ghana y Ruanda.

El proyecto de ley volverá a la Cámara de los Comunes el próximo miércoles (20 de abril) para que los diputados consideren las nuevas enmiendas votadas por los Lores.

Las personas LGTBI que solicitan asilo en Gran Bretaña ya se enfrentan a obstáculos desproporcionadamente altos, pero el proyecto de ley de Nacionalidad y Fronteras no hará más que empeorar las cosas, según declararon anteriormente los refugiados a PinkNews.

Actualmente, el Ministerio del Interior rechaza cuatro de cada cinco solicitudes presentadas por motivos de sexualidad o identidad de género, una cifra que se ha disparado en los últimos años.

El Consejo de Refugiados, grupo británico que apoya a los refugiados y solicitantes de asilo, instó al gobierno a elegir la “compasión”.

“El gobierno está eligiendo el control y el castigo por encima de la compasión, a pesar de que sus propios datos muestran que dos tercios de los hombres, mujeres y niños que llegan en pequeñas embarcaciones proceden de países donde la guerra y la persecución les han obligado a abandonar sus hogares”, declaró el director ejecutivo Enver Solomon a The Guardian.

El Parlamento danés aprobó en septiembre una ley que permite a la nación reubicar a los solicitantes de asilo fuera de la Unión Europea, una medida condenada por la Unión Africana como “transferencia de responsabilidad y carga”.

Ahora parece que Gran Bretaña espera hacer lo mismo.

PinkNews se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior para obtener comentarios.

Por favor, done lo que pueda a la campaña de Bienvenida a los Refugiados LGBTQ+ visitando nuestra página  GoFundMe.

Fuente: PinkNews,

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Vjosa Osmani, presidenta de Kosovo

Los legisladores han rechazado una legislación que habría convertido a Kosovo en el primer país de mayoría musulmana del mundo en legalizar las uniones civiles entre personas del mismo sexo.

La diversidad sexual en Kosovo se enfrenta a ciertos desafíos legales y sociales no experimentados por otros residentes. Los derechos de las personas LGBTI han mejorado en años recientes, y en particular con la entrada en vigor de la Constitución en 2008, que prohíbe la discriminación por orientación sexual. Sin embargo, la aplicación de la ley que prohíbe la discriminación por orientación sexual es débil.

El gobierno de Kosovo ha proporcionado apoyo a la comunidad LGBT. A finales de 2013, la Asamblea de Kosovo aprobó una ley para crear un grupo de coordinación para la comunidad LGBT. La legislación protege a las personas LGBT de discriminación, pero, en la práctica, siguen afrontando un intenso rechazo social.

Kosovo quiere unirse a la Unión Europea, y el intento de introducir el matrimonio entre personas del mismo sexo fue parte de los esfuerzos de modernización del gobierno del primer ministro Albin Kurti, que también trató de introducir otros derechos para las minorías y reformas comerciales.

Kurti dijo a los parlamentarios el miércoles (16 de marzo): “Los derechos nos pertenecen. Son de todos”.

Pero después de horas de debate, solo 28 de los 120 diputados votaron a favor de la moción y algunos miembros del partido Vetevendosje de Kurti votaron en contra, según Euractiv. Muchos en contra del proyecto de código citaron creencias religiosas y “valores familiares”.

La representante de Vetevendosje, Labinote Demi-Murtezi, dijo durante el debate que ella solo “ve como aceptable el matrimonio de personas del sexo opuesto. Cualquier conexión fuera de esta combinación se considera depravación y degeneración moral”.

Los grupos LGBT+ y de derechos humanos quedaron devastados por la noticia, y los manifestantes tomaron las calles de la capital de Kosovo, Pristina, el jueves (17 de marzo). Según Balkan Insight, corearon: “homófobos, no tenéis lugar en el parlamento” y “el amor es resistencia; nosotros también somos parte de la familia”.

Después de que se rechazara la legalización de las uniones civiles, Human Rights Watch envió una carta a Kurti, así como al presidente de Kosovo, Vjosa Osmani, y a la ministra de justicia, Albulena Haxhiu, instándolos a ir más allá y presionar por la plena igualdad en el matrimonio.

“Creemos que extender el matrimonio a parejas del mismo sexo es la opción más respetuosa de los derechos que puede seguir Kosovo”, escribió el grupo de derechos humanos.

“El reconocimiento de la unión es un paso adelante, cualquier protección es mejor que ninguna, pero es poco probable que la unión civil proteja los derechos de las personas en la misma medida que el matrimonio igualitario y, de hecho, puede indicar una desigualdad continua…

“Esperamos que el gobierno de Kosovo trabaje para garantizar que las parejas del mismo sexo tengan los mismos derechos que otras parejas y para erradicar la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género en el derecho de familia”.

Fuente Pinki News

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) ha dictado una sentencia en la que establece que los países de la Unión están obligados a reconocer los documentos de filiación expedidos en otros países miembros aunque contravengan su legislación nacional. Según el TJUE, el hecho de que las leyes de un país no contemplen el matrimonio entre personas del mismo sexo o la filiación homoparental no debe ser motivo para que no se reconozcan los certificados de nacimiento expedidos en países donde ambas figuras son legales. No reconocerlos e impedir u obstaculizar que un menor obtenga los documentos de identidad necesarios vulneraría el derecho a la libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión. Se trata, pues, de un espaldarazo de la justicia europea al reconocimiento de las familias homoparentales por encima de las legislaciones nacionales.

El caso se refiere a la demanda interpuesta en Bulgaria por VMA, nacional de aquel país, que en 2018 se casó en Gibraltar con KDK, natural de la dependencia británica. En diciembre de 2019, el matrimonio tuvo una hija (SDKA) en Barcelona, donde actualmente residen. El registro civil español otorgó un certificado de nacimiento en el que constan las nacionalidades búlgara y británica de las madres. A pesar de haber nacido en España, la menor no tiene derecho a la nacionalidad española porque ninguna de sus progenitoras la ostenta. La cónyuge gibraltareña tampoco puede transmitirle su ciudadanía británica si la menor ha nacido en un tercer país, por lo que la única opción para la menor era adquirir la nacionalidad búlgara de su otra madre.

Iniciado el trámite, uno de los requisitos para obtener un documento de identidad búlgaro era la presentación de un certificado de nacimiento expedido por las autoridades de aquel país. VМА solicitó entonces al municipio de Sofía que le expidiera uno para SDKA. Para ello, junto a la solicitud presentó una traducción al búlgaro, jurada y legalizada, del asiento del Registro Civil español relativo al certificado de nacimiento de SDKA. El municipio de Sofía requirió a VМА que aportase pruebas relativas a la identidad de la madre biológica de la niña, argumentando que el modelo de certificado de nacimiento en vigor en Bulgaria prevé una única casilla para la «madre» y otra casilla para el «padre», y tan solo puede inscribirse un nombre en cada una de ellas.

VМА consideró que no estaba obligada a facilitar esa información, por lo que el municipio de Sofía denegó la expedición del certificado de nacimiento, basándose en la falta de información acerca de la identidad de la madre biológica de la niña. También resolvía que la mención en el certificado de nacimiento de dos mujeres contravenía la legislación de Bulgaria, que no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Tras la denegación, la menor quedaba en situación de apátrida, sin posibilidad de desplazarse por los países de la Unión Europea, lo que suponía no poder visitar a su familia en Bulgaria. VMA decidió interponer recurso ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sofía. Puesto que afectaba a los derechos de los ciudadanos comunitarios, el tribunal búlgaro decidió iniciar un procedimiento prejudicial solicitando un dictamen al TJUE. Se preguntaba si la negativa de inscripción del nacimiento de la menor de nacionalidad búlgara no vulneraba su derecho a la libre circulación y al pleno disfrute de sus derechos como ciudadano de la Unión.

En abril de este año, la abogada general del TJUE Juliane Kokott emitió un informe favorable a la familia y al derecho de la menor a la nacionalidad búlgara. La opinión de Kokott reconocía la potestad de las autoridades búlgaras de rechazar la inscripción de las dos mujeres como madres de la niña en la partida de nacimiento, pero afirmaba que la menor tenía derecho a recibir un documento de identidad en el que se reflejase la parentalidad de ambas para que la menor pudiera viajar con cualquiera de ellas por separado.

Finalmente, este 14 de diciembre la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia, en la que interpreta las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en lo que afecta a este caso en cuestión. Para el TJUE, «en el caso de un menor ciudadano de la Unión cuyo certificado de nacimiento expedido por las autoridades competentes del Estado miembro de acogida designa como progenitores a dos personas del mismo sexo, el Estado miembro del que el menor es nacional está obligado, por una parte, a expedirle un documento de identidad o un pasaporte sin exigir la expedición previa de un certificado de nacimiento por sus autoridades nacionales y, por otra parte, a reconocer, al igual que cualquier otro Estado miembro, el documento procedente del Estado miembro de acogida que permita al menor ejercer con cada una de esas dos personas su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros».

Así, Bulgaria debe expedir un pasaporte o documento de identidad a SDKA en el que conste su nacionalidad y que es hija de VMA y KDK, de manera que pueda circular libremente por la Unión Europea acompañada de cualquiera de sus progenitoras. Según el TJUE, «es contrario a los derechos fundamentales garantizados por los artículos 7 y 24 de la Carta privar al menor de la relación con uno de sus progenitores al ejercer su derecho de libre circulación o imposibilitarle el ejercicio de ese derecho o hacérselo excesivamente difícil en la práctica debido a que sus progenitores sean del mismo sexo».

Sin embargo, la sentencia también aclara que el reconocimiento de la filiación de SDKA, con el objetivo de preservar sus derechos como ciudadana de la Unión, no implica que Bulgaria esté obligada a contemplar en su Derecho nacional la parentalidad de personas del mismo sexo ni su matrimonio, al ser competencia exclusiva de los Estados miembros de la Unión. Pero sí debe reconocerlos en lo que respecta a los derechos fundamentales comunitarios.

La repercusión de esta sentencia es comparable a la del fallo de 2018 que estableció que los Estados no pueden negar la residencia a un cónyuge del mismo sexo aunque sea nacional de un tercer estado. Una sentencia, por cierto, que la justicia búlgara trasladó al caso de un matrimonio entre dos mujeres. El reconocimiento de la homoparentalidad a nivel trasnacional también fue un punto clave del discurso de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen de hace unos meses. «Porque si eres un progenitor en un país, por supuesto eres un progenitor en todos los países», declaró von der Leyen.

Fuente Dosmanzanas

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El socialdemócrata y nuevo canciller Olaf Scholz

Pacto de Gobierno en Alemania. Dos meses después de las elecciones que dieron la victoria al SPD, el partido de Olaf Scholz junto con los verdes y los liberales han presentado el programa de la coalición que dirigirá el país durante la próxima legislatura.

El activismo LGTBI ha recibido con satisfacción el acuerdo, que contiene algunas de sus reivindicaciones más importantes. Entre ellas, la reforma constitucional para prohibir la discriminación basada en la identidad sexual y una nueva ley trans que recoja el principio de autodeterminación de género.

Las elecciones al Bundestag del pasado 26 de septiembre supusieron una debacle para los democristianos de la CDU/CSU. Tras la renuncia de Angela Merkel a presentarse a un quinto mandato, los socialdemócratas del SPD se alzaron con la victoria. Los Verdes y los liberales del FDP también mejoraron sus resultados y las tres formaciones constituyeron una mesa de negociación con el objetivo de formar la primera coalición de Gobierno «semáforo» (por los colores representativos de cada partido) a nivel federal, con Olaf Scholz del SPD como futuro canciller.

El pasado 24 de noviembre, menos de dos meses después de celebrarse los comicios, los líderes de los tres partidos presentaron su acuerdo de coalición,de 177 páginas, que lleva por título «Atreverse a más progreso. Alianza para la libertad, la justicia y la sostenibilidad».

Uno de los objetivos centrales del acuerdo es la protección del clima. El SPD, Los Verdes y el FDP quieren adelantar el abandono del carbón en Alemania al año 2030. Hasta ahora, la legislación prevé un abandono de la generación carboeléctrica a más tardar en 2038. Los futuros socios de Gobierno aspiran asimismo a aumentar la cuota de energías renovables al 80 % del consumo bruto de electricidad también hasta 2030. El objetivo para ese año fijado hasta ahora era del 65 %. Para alcanzar la nueva meta se prevé una ambiciosa expansión de las energías eólica y solar.

Los tres partidos acordaron aumentar el salario mínimo legal a doce euros por hora. La nueva coalición se fijó asimismo el objetivo de construir 400.000 nuevas viviendas por año. La edad mínima para votar en las elecciones federales se reducirá de 18 a 16 años.

El mismo día se conoció el reparto de carteras, mediante el cual el SPD controlará siete ministerios y la cancillería, Los Verdes cinco y la vicecancillería, y el FDP cuatro, con el ministerio de Finanzas como referencia principal.

pa/dpa

El SPD, los Verdes y el FDP presentaron su acuerdo para formar un Gobierno de coalición. El socialdemócrata Olaf Scholz será el nuevo canciller federal.

En cuanto al contenido LGTBI del documento, el activismo ha mostrado su satisfacción por la adopción de varias medidas que llevan años reclamando. Entre las principales se cuentan la reforma de la Constitución para prohibir explícitamente la discriminación basada en la «identidad sexual» (un término que ha causado algún rechazo) en el artículo 3, así como la reforma de la legislación trans.

La norma actual data de 1980, aunque una sentencia del Constitucional de 2011 eliminó la exigencia de cirugía genital y esterilización para poder obtener la modificación registral del sexo legal. Pero se mantiene la tutela médica y judicial, con la exigencia de un informe firmado por dos facultativos que se debe presentar ante el juez encargado de autorizar el cambio. El acuerdo de Gobierno contempla la derogación de la ley de 1980 y su sustitución por una ley de autodeterminación que convierta la modificación registral del sexo legal en un sencillo trámite administrativo. Además, promete que la sanidad pública asumirá los costes de las cirugías de reasignación.

Entre los aspectos cruciales que recogen el contrato de coalición, cabe mencionar también el reconocimiento automático de la filiación de la madre no gestante en parejas de mujeres casadas. En el capítulo «Vida queer» se recogen otras medidas relevantes: la puesta en marcha de un plan de acción nacional para la aceptación y la protección de la diversidad sexual y de género, la inclusión de la homofobia y la transfobia entre las motivaciones delictivas del Código Penal, la reforma de la ley contra las pseudoterapias de conversión para eliminar sus limitaciones o el fin de la prohibición de donar sangre a los hombres que tienen sexo con otros hombres.

Por último, en el ámbito internacional, la coalición del semáforo se compromete a promover el reconocimiento trasnacional de las parejas del mismo sexo en la Unión Europea y a la protección de los refugiados LGTBI. En definitiva, un ambicioso programa que, si se materializa en su totalidad, colocará a Alemania en la vanguardia de Europa en materia de derechos LGTBI, tras años a la zaga de otros países de su entorno.

Fuente Dosmanzanas/Deutschland.de

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Los principales partidos de la oposición al Gobierno húngaro se han unido en torno a la candidatura de Péter Márki-Zay, alcalde de una pequeña ciudad del sur del país, para intentar acabar con la hegemonía de Viktor Orbán en las elecciones del año que viene. Márki-Zay ha empezado a revelar sus planes si es elegido primer ministro, que pasan por «restablecer el imperio de la ley» frente a la erosión democrática propiciada por el Fidesz y sus socios. Entre los cambios que ha prometido afrontar se encuentran también la derogación de las leyes LGTBIfobas y la equiparación de derechos para las parejas del mismo sexo.

A finales de 2020, los seis principales partidos de la oposición en Hungría se pusieron de acuerdo para presentar listas conjuntas y un candidato a las elecciones generales previstas para abril o mayo del año próximo. Se trata de una unión de formaciones de ideologías diversas, que abarcan desde verdes y socialdemócratas hasta liberales y conservadores. Decidieron que el aspirante a primer ministro sería elegido mediante primarias a doble vuelta, que se celebraron en septiembre y octubre.

El vencedor del proceso fue Péter Márki-Zay, alcalde de la localidad de Hódmezővásárhely (44.000 habitantes), en el sudeste del país. Es un independiente que fundó en 2018 el Movimiento por una Hungría de Todos (Mindenki Magyarországa Mozgalom, MMM), de ideología conservadora y proeuropea. La semana pasada acudió a Bruselas para reunirse con dirigentes europeos y esbozó sus principales prioridades en una comparecencia pública.

Ante todo, Márki-Zay se comprometer a restaurar el Estado de derecho, seriamente comprometido en Hungría tras once años de Gobierno de Viktor Orbán. Para ello plantea la redacción de una nueva constitución que sustituya a la vigente desde 2012 y que, según sus detractores, está hecha a la medida del Fidesz, el partido de Orbán y sus socios. El aspirante a primer ministro asegura que persiguen «un cambio de régimen, no un cambio de Gobierno».

A pesar de declararse conservador y católico practicante, Márki-Zay ha reivindicado también en su intervención los derechos LGTBI, que han sufrido una serie de retrocesos sin parangón en la Unión Europea. En este sentido, ha prometido derogar la legislación LGTBIfoba aprobada por el Gobierno de Orbán y equiparar en derechos a las parejas del mismo sexo. El político pretende acabar con las campañas de odio a las minorías, mencionando explícitamente a la comunidad LGTBI junto a la gitana, la judía o personalidades como George Soros.

Hungría: la avanzadilla europea de la LGTBIfobia de Estado

El Gobierno de Viktor Orbán, al que se enfrentará Péter Márki-Zay en las urnas, comenzó una nueva escalada legislativa contra la comunidad LGTBI húngara el 30 de marzo del año pasado, cuando el primer ministro asumía poderes extraordinarios con la excusa de la crisis producida por la pandemia de coronavirus. Solo un día después, el vice primer ministro Zsolt Semjén presentaba un proyecto de ley que, entre otras medidas, incluía una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrara en vigor la norma que abría dicha modificación y que permitía a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación.

Finalmente, el 19 de mayo la Asamblea Nacional aprobaba la ley que incluye la reforma tránsfoba. Lo hacía por 133 votos a favor (los que reúnen el Fidesz y sus aliados del Partido Popular Demócrata Cristiano) y 57 en contra. Como ya alertábamos entonces, se trata, muy posiblemente, del mayor ataque lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea. Un órdago que, desde que fue anunciado, solo ha recibido una respuesta tibia por parte de resto de países de la UE y de la propia institución comunitaria.

Pero el Gobierno de Orbán no paró tras este retroceso sin precedentes. Tal vez envalentonado por la falta de contundencia de sus socios europeos y aprovechando de nuevo el agravamiento de la pandemia por coronavirus, la ministra de Justicia Judit Varga presentaba el 10 de noviembre del año pasado una reforma constitucional que recoge «el derecho de los niños a la propia identidad de acuerdo con su género de nacimiento». Una formulación que se traduce en la negación de la identidad de los menores trans e intersexuales, blindada ahora al máximo nivel normativo.

La modificación constitucional también incluye una ampliación del artículo sobre la familia, que desde 2012 prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora se añade la frase: «La madre es una mujer y el padre, un hombre». La finalidad, cerrar la puerta a cualquier reconocimiento de realidades familiares diferentes a la compuesta por un hombre y una mujer. Por último, la reforma de la ley fundamental impone que la educación en las escuelas húngaras debe inspirarse en «la identidad constitucional de nuestro país y la cultura cristiana», excluyendo por tanto los contenidos sobre diversidad afectivo-sexual.

Tras la aprobación por parte del Gobierno, la mayoría de dos tercios con la que cuentan el Fidesz y sus socios dio su visto bueno el pasado 15 de diciembre en el Parlamento al proyecto de reforma constitucional por 135 votos a favor, 45 en contra y cinco abstenciones. Además, la negación de la homoparentalidad recogida desde ahora en la ley fundamental se completó con la aprobación de un proyecto de ley para limitar la adopción de menores a las parejas casadas (y, por tanto, necesariamente de distinto sexo). La adopción por parte de personas solteras, única vía a la que hasta ahora se podían acoger las parejas del mismo sexo, solo se otorgará en casos excepcionales y previa autorización del ministerio de Asuntos Familiares.

Posteriormente, el 15 de junio de 2021, el Parlamento unicameral húngaro aprobó un proyecto de ley que prohíbe la información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores. El texto, calificado por el activismo como una versión de la ley rusa contra la «propaganda homosexual», se incluye en un paquete de medidas contra la violencia sexual y la pederastia, lo que corrobora su intención estigmatizadora contra la población LGTBI. La ley afecta a ámbitos como la enseñanza escolar, que se ve sometida a censura, porque se prohíbe de nuevo la «promoción» de la diversidad afectivo-sexual y de género a los alumnos. La educación sexual, en cualquier caso, solo podrá ser impartida por profesores o miembros de organizaciones autorizadas, lo que cierra definitivamente la puerta a charlas sobre la realidad LGTBI por parte de colectivos.

Pero también se ve concernida la propia libertad de expresión, pues se prohíbe la difusión de contenidos en libros, películas y otros formatos que estén a disposición de niños o adolescentes en los que se «describan o promuevan identidades de género diferentes de las adjudicadas en el nacimiento, operaciones genitales y homosexualidad». También se prohíbe la publicidad en la que «la promoción, exhibición o expresión de la propia identidad de género, reasignación de género u homosexualidad sea un elemento definitorio». Muestra de ello es la primera norma surgida en aplicación de la ley, un decreto aprobado en el mes de julio que ordena el sellado y envoltorio de los libros dirigidos a menores que «promuevan» la homosexualidad o la reasignación de género o contengan descripciones de sexualidad «explícita». Se prohíbe la venta de estos libros, vayan dirigidos a menores o adultos, a menos de doscientos metros de una iglesia o un colegio.

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La candidata Zita Pincehelyi es una conocida integrante del MKKP (Partido Húngaro del Perro de Dos Colas), una formación que trata de denunciar la corrupción del poder con el humor y el absurdo como armas. Pincehelyi se manifiesta habitualmente en apoyo de la comunidad LGTBI, víctima de la represión del gobierno húngaro, que este mismo año ha aprobado una ley contra la «propaganda homosexual» que prohíbe cualquier información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores. Una ley que ya ha fraguado en normativas como la que restringe la venta de libros que traten sobre la homosexualidad o la identidad de género.

La detención de Zita Pincehelyi se basa en la sospecha de que aprovechara una campaña gubernamental del pasado mes de julio, que promovía la participación de los ciudadanos en encuestas y sondeos oficiales, para mostrar su apoyo al colectivo LGTBI. Según la policía, la activista colocó pegatinas en forma de corazón o de arcoíris sobre los carteles gubernamentales que contenían mensajes como «la vida es bella», «no estás solo» o «rellena la encuesta del amor». Sin embargo, en el registro que practicaron en su domicilio no encontraron prueba alguna que sustentara sus sospechas. A pesar de ello, la candidata del MKKP pasó toda la mañana del miércoles 20 detenida en la comisaría de Pécs.

La oposición política ha expresado su rechazo a una detención que se ha producido meses después de los hechos sujeto de investigación y por la inacción policial frente a los ataques de la extrema derecha. El propio alcalde de Pécs, Attila Péterffy, denunciaba que el grupo ultraderechista Mi Hazánk (Nuestra Patria) había pegado carteles en el centro de la ciudad con el siguiente mensaje: «LMBTQ+ – ATEÍSMO – MARXISMO – LIBERALISMO – FEMINISMO – GÉNERO – ¡DESTRUYE AL MONSTRUO!» (la M corresponde a Melegek, homosexual en húngaro). A pesar de la evidente incitación a la violencia contra minorías sexuales y rivales políticos, la policía no inició ninguna investigación porque consideró que ese texto no era lo suficientemente específico como para constituir una incitación y que no perturbaba la paz y el orden.

Hungría: la avanzadilla europea de la LGTBIfobia de Estado

La actual escalada legislativa contra la comunidad LGTBI en Hungría comenzó el 30 de marzo del año pasado, cuando el primer ministro Viktor Orbán asumía poderes extraordinarios con la excusa de la crisis producida por la pandemia de coronavirus. Solo un día después, el vice primer ministro Zsolt Semjén presentaba un proyecto de ley que, entre otras medidas, incluía una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrara en vigor la norma que abría dicha modificación y que permitía a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación.

Finalmente, el 19 de mayo la Asamblea Nacional aprobaba la ley que incluye la reforma tránsfoba. Lo hacía por 133 votos a favor (los que reúnen el Fidesz y sus aliados del Partido Popular Demócrata Cristiano) y 57 en contra. Como ya alertábamos entonces, se trata, muy posiblemente, del mayor ataque lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea. Un órdago que, desde que fue anunciado, solo ha recibido una respuesta tibia por parte de resto de países de la UE y de la propia institución comunitaria.

Pero el Gobierno de Orbán no paró tras este retroceso sin precedentes. Tal vez envalentonado por la falta de contundencia de sus socios europeos y aprovechando de nuevo el agravamiento de la pandemia por coronavirus, la ministra de Justicia Judit Varga presentaba el pasado 10 de noviembre una reforma constitucional que recoge «el derecho de los niños a la propia identidad de acuerdo con su género de nacimiento». Una formulación que se traduce en la negación de la identidad de los menores trans e intersexuales, blindada ahora al máximo nivel normativo.

La modificación constitucional también incluye una ampliación del artículo sobre la familia, que desde 2012 prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora se añade la frase: «La madre es una mujer y el padre, un hombre». La finalidad, cerrar la puerta a cualquier reconocimiento de realidades familiares diferentes a la compuesta por un hombre y una mujer. Por último, la reforma de la ley fundamental impone que la educación en las escuelas húngaras debe inspirarse en «la identidad constitucional de nuestro país y la cultura cristiana», excluyendo por tanto los contenidos sobre diversidad afectivo-sexual.

Tras la aprobación por parte del Gobierno, la mayoría de dos tercios con la que cuentan el Fidesz y sus socios dio su visto bueno el pasado 15 de diciembre en el Parlamento al proyecto de reforma constitucional por 135 votos a favor, 45 en contra y cinco abstenciones. Además, la negación de la homoparentalidad recogida desde ahora en la ley fundamental se completó con la aprobación de un proyecto de ley para limitar la adopción de menores a las parejas casadas (y, por tanto, necesariamente de distinto sexo). La adopción por parte de personas solteras, única vía a la que hasta ahora se podían acoger las parejas del mismo sexo, solo se otorgará en casos excepcionales y previa autorización del ministerio de Asuntos Familiares.

Posteriormente, el 15 de junio de 2021, el Parlamento unicameral húngaro aprobó un proyecto de ley que prohíbe la información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores. El texto, calificado por el activismo como una versión de la ley rusa contra la «propaganda homosexual», se incluye en un paquete de medidas contra la violencia sexual y la pederastia, lo que corrobora su intención estigmatizadora contra la población LGTBI. La ley afecta a ámbitos como la enseñanza escolar, que se ve sometida a censura, porque se prohíbe de nuevo la «promoción» de la diversidad afectivo-sexual y de género a los alumnos. La educación sexual, en cualquier caso, solo podrá ser impartida por profesores o miembros de organizaciones autorizadas, lo que cierra definitivamente la puerta a charlas sobre la realidad LGTBI por parte de colectivos.

Pero también se ve concernida la propia libertad de expresión, pues se prohíbe la difusión de contenidos en libros, películas y otros formatos que estén a disposición de niños o adolescentes en los que se «describan o promuevan identidades de género diferentes de las adjudicadas en el nacimiento, operaciones genitales y homosexualidad». También se prohíbe la publicidad en la que «la promoción, exhibición o expresión de la propia identidad de género, reasignación de género u homosexualidad sea un elemento definitorio». Muestra de ello es la primera norma surgida en aplicación de la ley, un decreto aprobado en el mes de julio que ordena el sellado y envoltorio de los libros dirigidos a menores que «promuevan» la homosexualidad o la reasignación de género o contengan descripciones de sexualidad «explícita». Se prohíbe la venta de estos libros, vayan dirigidos a menores o adultos, a menos de doscientos metros de una iglesia o un colegio.

Fuente Dosmanzanas

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El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado, por 367 votos a favor, 161 en contra y 123 abstenciones una resolución sobre los derechos de las personas LGBTIQ que pide que las parejas del mismo sexo tengan sus derechos, incluido el de libre circulación, asegurados en todo el territorio de la Unión Europea. Por lo que se refiere a los eurodiputados españoles, los representantes del PP se han abstenido, mientas que los de Vox han votado en contra. El resto de eurodiputados españoles presentes en el pleno han votado a favor. Puedes descargar aquí el detalle de lo que han votado los eurodiputados de cada grupo.

Cabe señalar que la posición del PP es autónoma dentro del grupo popular europeo, que ha votado dividido.  De hecho, 53 eurodiputados populares de otros países han votado a favor.

Entre los considerandos que han motivado la resolución, el pleno del Parlamento Europeo reconoce que, a pesar de las directivas que reconocen el derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, existe un temor fundado a que no se reconozcan los derechos de las parejas del mismo sexo y sus familias a la luz de algunas decisiones políticas adoptadas en países como Polonia o Hungría.

En ese sentido, y «considerando que no existen normas de la Unión relativas al reconocimiento mutuo de las sentencias sobre parentalidad entre los Estados miembros ni tampoco disposiciones de la Unión destinadas a resolver los conflictos a este respecto; que algunos Estados miembros no reconocen los matrimonios homosexuales celebrados en otros Estados miembros a ningún efecto jurídico nacional salvo el del permiso de residencia; que algunos Estados miembros que autorizan los matrimonios homosexuales muestran reticencias a reconocer las parejas de hecho homosexuales registradas en otros Estados miembros; que en algunos Estados miembros puede negarse a las parejas homosexuales con hijos a ser reconocidas legalmente como padres conjuntos de sus hijos» y «que a menudo se niega a los padres transgénero el reconocimiento de su género legal en otros Estados, lo que se traduce en que las autoridades fronterizas no los reconocen como padres de sus propios hijos», el pleno del Parlamento Europeo (reproducimos textualmente):

• Acoge con satisfacción la primera estrategia de igualdad LGBTIQ para 2020-2025, adoptada por la Comisión Europea el 12 de noviembre de 2020 (COM (2020) 0698), dos de cuyas acciones clave son una iniciativa legislativa destinada a proteger los derechos de las familias arcoíris y una actualización de las directrices de 2009 sobre la libre circulación de aquí a 2022;
• Expresa su más profunda preocupación por la discriminación que sufren las familias arcoíris y sus hijos en la Unión y por el hecho de que se les prive de sus derechos por motivos de orientación sexual, identidad de género o características sexuales de los padres o parejas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que combatan esta discriminación y eliminen los obstáculos a los que se enfrentan a la hora de ejercer el derecho fundamental a la libre circulación dentro de la Unión;
• Subraya la necesidad de trabajar en pro del pleno disfrute de los derechos fundamentales por parte de las personas LGBTIQ en todos los Estados miembros de la Unión, y recuerda que las instituciones de la Unión y los Estados miembros tienen por consiguiente el deber de defenderlos y protegerlos de conformidad con los Tratados y la Carta, así como con el Derecho internacional;
• Insiste en que la Unión debe adoptar un enfoque común para el reconocimiento de los matrimonios y las uniones homosexuales; pide específicamente a los Estados miembros que introduzcan legislación pertinente para garantizar el pleno respeto del derecho a la vida privada y familiar sin discriminación y a la libre circulación de todas las familias, incluidas medidas para facilitar el reconocimiento del género legal de los progenitores transgénero;
• Recuerda que el Derecho de la Unión prevalece sobre cualquier tipo de legislación nacional, incluso sobre disposiciones constitucionales en contrario, y que, por lo tanto, los Estados miembros no pueden invocar ninguna prohibición constitucional del matrimonio entre personas del mismo sexo ni la protección constitucional de la ‘moral’ o el ‘orden público’ para obstaculizar el derecho fundamental a la libre circulación de las personas dentro de la Unión vulnerando los derechos de las familias de arcoíris que se instalan en su territorio;
• Condena con la máxima firmeza el que la propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual , de 2 de julio de 2008, no haya sido todavía aprobada; pide al Consejo que la apruebe; destaca que este bloqueo transmite una pobre imagen de las instituciones de la Unión, a saber, que cierran los ojos a los casos de grave discriminación que se registran en los Estados miembros de la Unión y que toleran que se reproduzcan;
• Pide a la Comisión que garantice que todos los Estados miembros de la Unión respeten la continuidad jurídica de los lazos de familia de los miembros de las familias arcoíris que se desplacen a su territorio desde otro Estado miembro de la Unión como mínimo en todas las circunstancias en que así lo exige el Convenio Europeo de Derechos Humanos;
• Pide a la Comisión que proponga legislación que obligue a todos los Estados miembros a reconocer, a efectos de sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales, a los adultos mencionados en un certificado de nacimiento expedido en otro Estado miembro como padres legales del niño, independientemente del sexo legal o del estado civil de los citados adultos, y que exija a todos los Estados miembros que reconozcan, a efectos de sus respectivos ordenamientos jurídicos, los matrimonios o las uniones registradas celebradas en otro Estado miembro en todas las situaciones en las que los cónyuges o las miembros de las uniones registradas tengan derecho a la igualdad de trato con arreglo a la jurisprudencia del TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos); Hace hincapié en la importancia del reconocimiento de los certificados de nacimiento en todos los Estados miembros, independientemente del sexo de los padres, ya que esto garantizaría que los niños no se conviertan en apátridas cuando se trasladen a otro Estado miembro;
• Apoya el compromiso de la Comisión de proponer una iniciativa legislativa con el objetivo de ampliar la lista de ‘delitos de la UE’ a los delitos de odio y la incitación al odio, también cuando estén dirigidos a personas LGBTIQ, así como la propuesta sobre el reconocimiento mutuo de la parentalidad y las posibles medidas para apoyar el reconocimiento mutuo de las uniones homosexuales en todos los Estados miembros; pide a las próximas presidencias del Consejo que incluyan estas cuestiones prioritarias en sus agendas;
• Pide a la Comisión que adopte medidas concretas para garantizar la libre circulación de todas las familias, incluidas las arcoíris, en consonancia con la sentencia recaída en el asunto Coman y Hamilton , que afirma que el término «cónyuge» utilizado en la Directiva sobre la libre circulación también es aplicable a las parejas homosexuales; pide a la Comisión que examine si los Estados miembros cumplen la sentencia Coman y Hamilton y que adopte medidas de ejecución, en virtud del artículo 258 del TFUE (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) contra quienes la incumplen; pide a la Comisión que adopte medidas de ejecución contra Rumanía por su continuo incumplimiento de esta sentencia y la falta de vías de recurso que obligaron al demandante a recurrir al TEDH para obtener reparación;
• Pide a la Comisión que en sus próximas directrices sobre la libre circulación incluya una aclaración para garantizar que la Directiva 2000/78/CE se interprete, a la luz de las sentencias Maruko, Römer y Hay del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) y de la sentencia Taddeucci y McCall del TEDH, en el sentido de que exige a los Estados miembros que prohíban toda discriminación contra las parejas homosexuales en el empleo, la formación profesional o cualquier otro ámbito incluido en el ámbito de aplicación material de la Directiva;
• Pide a la Comisión que presente una propuesta de revisión del artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2004/38/CE, en particular para suprimir la condición ‘si la legislación del Estado miembro de acogida otorga a las uniones registradas un trato equivalente a los matrimonios’, de manera que se respete el artículo 21 de la Carta;
• Pide a la Comisión que, en sus próximas directrices sobre la libre circulación y al objeto de garantizar la correcta aplicación de la legislación en materia de libre circulación, inste a los Estados miembros a que apliquen de forma coherente la Directiva 2004/38/CE sin discriminación entre los beneficiarios de la misma, como por ejemplo entre parejas heterosexuales y homosexuales, aclarando que toda referencia a una ‘pareja’, un ‘progenitor’, un ‘padre’, un ‘hijo’, un ‘descendiente directo’ o un ‘ascendiente directo’ debe entenderse como inclusiva de las familias arcoíris, de manera que se garantice que, cuando estas ejerzan su derechos a la libre circulación en la Unión, disfruten de los mismos derechos de reagrupación familiar que las familias constituidas por parejas heterosexuales, y que la valoración de las circunstancias personales de la pareja que efectúen los Estados miembros para ‘facilitar’ la admisión en su territorio del compañero no registrado del ciudadano de la Unión no adolezca de discriminación alguna basada en la orientación sexual;
• Pide a la Comisión que aborde la discriminación sufrida por la comunidad LGBTIQ en Polonia y Hungría con el fin de instar a los Estados miembros a aplicar y respetar correctamente la legislación de la UE en este ámbito; pide al Consejo que reanude los debates sobre los procedimientos contra Polonia y Hungría en virtud del artículo 7 del TUE, inclusive sobre los derechos de las personas LGBTIQ; recuerda su posición de 17 de septiembre de 2020 y pide a la Comisión que haga pleno uso de los instrumentos de que dispone para hacer frente al claro riesgo de grave vulneración por parte de Polonia y Hungría de los valores en los que se fundamenta la Unión, en particular de los procedimientos de infracción acelerados y de las demandas de medidas provisionales ante el Tribunal de Justicia, así como de los instrumentos presupuestarios; pide a la Comisión que informe con regularidad al Parlamento y lo asocie estrechamente al proceso;
• Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los gobiernos y parlamentos de los Estados miembros.

Fuente Dosmanzanas

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Alexander (Lekso) Lashkarava 

Un camarógrafo georgiano murió después de que una turba lo golpeara violentamente mientras cubría las protestas contra el Orgullo en Tbilisi la semana pasada.

El cuerpo de Alexander (Lekso) Lashkarava fue descubierto en su casa por su madre el domingo por la mañana (11 de julio), solo seis días después de que se cancelara el Orgullo de Tbilisi cuando matones de extrema derecha desataron una ola de violencia en la ciudad.

Lashkarava, un camarógrafo de TV Pirveli, sufrió fracturas en la cara y una conmoción cerebral después de que la turba irrumpiera en las oficinas del Movimiento de la Vergüenza en Tbilisi el lunes (5 de julio), donde trabajaba con la periodista Miranda Bagharturia.

Reflexionando sobre el ataque, Bagharturia dijo que ella y Lashkarava fueron acorralados por una turba mientras cubrían el estallido de violencia. Al parecer, un sacerdote la agarró del pelo y la golpeó, tras lo cual intervino Lashkarava.

Cuando Lashkarava les dijo a los hombres que dejaran de golpear a Bagharturia, se volvieron contra él. La turba procedió a golpearlo “sin piedad” durante 20 minutos, dijo Baghaturia, dejándolo en “un charco de sangre”. “Mientras tanto, 15 personas me sostenían, yo les gritaba que no lo mataran, me empujaban y golpeaban”, dijo Bagharturia.

Posteriormente, Lashkarava fue tratado en el hospital por sus heridas y fue dado de alta el viernes (9 de julio). La causa de la muerte aún no se ha revelado.

Hubo conmoción e indignación en Georgia el domingo cuando se supo la noticia de que Lashkarava había muerto. El propietario de TV Pirveli, Vato Tsereteli, criticó al gobierno del país, sugiriendo que el primer ministro Irakli Gharibashvili era “personalmente responsable” después de que culpó del estallido de violencia a la comunidad LGBT +.

Cinco personas han sido arrestadas en relación con el ataque, sin embargo, TV Pirveli dijo que había logrado identificar a nueve de los asaltantes a partir de imágenes de video.

Miles de personas se reunieron frente al parlamento de Georgia el domingo por la noche (11 de julio) para pedir la renuncia de Gharibashvili. En un discurso furioso, el presentador de TV Pirveli, Eka Mishveladze, dijo que Georgia “no tiene futuro en manos de este gobierno”. “No cubriremos nada de lo que haga”, advirtió Mishveladze al gobierno. “Tus mentiras deben terminar. Le mostraremos el poder de los medios “.

❗️Horrific news from #Georgia. Camera-man beaten by church-led far-rights on July 5, dies today!
⚡️ I spent hours with this guy at @Shamemovement office before radicals stormed it. When most of our team managed to leave, he stayed to work. He dies few days after the beating. pic.twitter.com/bQMLMCfe8d

— Tamaz Sozashvili (@TamazSozashvili) July 11, 2021

El Shame Movement, una organización activista de lucha por la libertad, le ha dado al primer ministro y al gobierno de Georgia hasta las 12 pm del lunes para renunciar. “Si no cumplen, les informaremos de nuestro plan de acción, que conducirá a la destitución de Gharibashvili y su gobierno“, escribió el grupo en Twitter el domingo.

Un grupo de 19 organizaciones de derechos civiles emitió un comunicado conjunto el domingo en el que pedía la dimisión de Gharibashvili tras la muerte de Lashkarava. “Lekso Lashkarava fue uno de los más de 50 profesionales de los medios de comunicación que fueron blanco de los grupos de odio durante las protestas violentas y a gran escala del 5 de julio”, dijo el comunicado conjunto. “La responsabilidad política de las graves consecuencias recae en el gobierno, que de hecho se ha negado a cumplir con su función de proteger la salud y la vida humana”, agregaron.

Salome Zourabichvili, presidenta de Georgia, dijo que visitó a la familia de Lashkarava el domingo y agregó que su muerte fue “una tragedia”. “Envío mis condolencias a toda la comunidad de medios ya toda Georgia”, escribió en Twitter. “Debe ser investigado y los responsables deben ser sancionados”.

El Ministerio del Interior dijo este lunes que estaba llevando a cabo “medidas investigativas-operativas” para identificar a otros responsables del ataque.

Hubo una conmoción generalizada el lunes pasado (5 de julio) cuando se suspendió el Orgullo de Tbilisi debido a que las protestas de la extrema derecha se descontrolaron. La oficina del grupo fue destruida por una multitud furiosa, mientras que muchos otros resultaron heridos.

Las frustraciones alcanzaron un punto álgido cuando Garibashvili dijo que era “irrazonable” que el Orgullo de Tbilisi organizara una marcha en primer lugar. “La celebración de la llamada marcha del Orgullo no es razonable ya que crea una amenaza de enfrentamiento civil”, dijo, y agregó que tales eventos son “inaceptables para un gran segmento de la sociedad georgiana”.

Llueve sobre mojado

Por desgracia, ya son muchos los antecedentes de violencia homófoba en Georgia. En 2019, cuando se intentó organizar por primera vez una manifestación del Orgullo, grupos nacionalistas azuzados por la Iglesia ortodoxa impidieron su celebración, pese a que se intentó en varias fechas distintas. También en 2019 esos mismos grupos intentaron de forma violenta impedir la exhibición en varias ciudades de la película And Then We Danced (Solo nos queda bailar), una coproducción sueco-georgiana de gran éxito internacional que precisamente narra el romance entre dos bailarines en el país caucásico.

Pero ya antes habíamos recogido otros incidentes. Allá por 2013, por ejemplo, los contramanifestantes homófobos provocaron varios heridos en Tiflis al atacar una concentración convocada con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia. Y en 2018 un joven agredía a un activista LGTBI que se encontraba pronunciando un discurso para un pequeño grupo en una vía pública de Tiflis, solo unos días después de que las amenazas de la extrema derecha obligaran al activismo a desconvocar otra manifestación por el Día contra la LGTBIfobia.

Fuente Pink News/Cristianos Gays

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Una turba homófoba impidió el pasado lunes la celebración del que iba a ser primer Orgullo LGTBI de Tiflis, en Georgia, asaltando además la sede de sus organizadores, cuyo personal pudo por fortuna escapar a tiempo y evitar el que podría haber sido un fatal linchamiento. Los violentos también agredieron a numerosos periodistas que iban a cubrir el evento, a cuya celebración se habían opuesto tanto la influyente (y muy homófoba) Iglesia ortodoxa georgiana y el primer ministro del país, Irakli Garbibashvili, que horas antes había argumentado públicamente que «la mayoría de nuestra ciudadanía lo considera inaceptable».

Las imágenes son escalofriantes. Una turba homófoba formada por manifestantes de extrema derecha y afines a la Iglesia ortodoxa se concentró frente al edificio en el que se sitía la sede del Orgullo de Tiflis, compartida con la organización Shame Movement, el mismo día en el que en teoría iba a tener lugar la primera manifestación del Orgullo después de otro intento infructuoso en 2019. La manifestación propiamente dicha ya se había cancelado, ya que los homófobos habían ocupado el espacio urbano amenazando a todo aquel al que identificaban como activista sin que la policía hiciera nada por evitarlo. Numerosos periodistas fueron agredidos, así como un turista al que identificaron de forma errónea como un activista gay. Para rematar su obra, la turba decidió atacar la sede de los organizadores, que por fortuna habían abandonado ya el despacho, temiendo por su seguridad. Aunque el edificio estaba cerrado, un grupo de asaltantes escalaron la fachada hasta el tercer piso, saltaron al balcón, arrojaron a la calle las banderas arcoirís y vandalizaron la sede, destrozando todo lo que encontraron en su camino.

La Iglesia Ortodoxa de Georgia fue la principal organizadora de las protestas contra el Orgullo del lunes. Los sacerdotes ortodoxos fueron visibles en las protestas durante todo el día, y al menos en una ocasión parecieron participar en un ataque a un periodista. Al menos un sacerdote, el diácono Spiridon Tskipurishvili, dijo a la multitud frente al parlamento que estaban “obligados a cometer violencia por la patria”.

Sacerdotes atacando a un periodista

Durante el día, el órgano rector de la Iglesia, el Patriarcado, emitió repetidamente declaraciones en las que pedía a los manifestantes que permanecieran en paz. El reverendo Shio Mujiri, titular del trono patriarcal, sugirió que para evitar futuros incidentes violentos, Georgia debería prohibir “insultar los sentimientos religiosos y nacionales”.

El Ministerio del Interior informó de que 55 personas fueron víctimas de ataques durante el día, incluidos 53 periodistas. Dijeron que ocho personas habían sido arrestadas por cargos administrativos, así como una por el intento de asesinato del turista que fue apuñalado.

El Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, también condenó la violencia contra activistas y periodistas en Tbilisi, calificándola de “ilustración lamentable de las repetidas amenazas que enfrentan las personas LGBTI en Georgia”.

El siguiente vídeo recoge algunas imágenes de lo sucedido:

Manifestantes pro-LGTBI se concentran frente al Parlamento

Las reacciones a lo sucedido no se han hecho esperar. Internamente, la Oficina del Defensor del Pueblo de Georgia ha expresado su enérgica condena, ha lamentado el papel jugado por el primer ministro Garbibashvili, que considera que solo sirvió para exacerbar los ánimos, y ha recordado que es obligación del Estado garantizar los derechos de reunión y de manifestación. Lo sucedido también ha merecido la condena de la Oficina de Naciones Unidas en Georgia y de la Delegación de la Unión Europea, que han emitido un comunicado conjunto que han suscrito además 16 embajadas en el país caucásico, incluyendo la española.

Pero quizá la reacción más emocionante es la que ha tenido lugar este martes, un día después del ataque. Miles de personas se han concentrado frente al Parlamento, enarbolando banderas arcoíris, para expresar su protesta por lo sucedido. En esta ocasión, al menos en el momento de publicar esta entrada, los defensores de los derechos LGTBI  se han podido concentrar sin especiales dificultades pese a la presencia constante de contramanifestantes, muy posiblemente como consecuencia del eco internacional de lo sucedido el día anterior. En el perfil de Twitter del Orgullo de Tiflis (Tbilisi Pride) es posible disfrutar de algunas imágenes:

#TbilisiPride21 😁🏳️‍🌈 pic.twitter.com/iPYt7Kg6V8

— Tbilisi Pride (@TbilisiPride) July 6, 2021

Historic picture. Us in front of the Parliament of Georgia with 7,000 people ✊ pic.twitter.com/0P1eMhJmiB

— Tbilisi Pride (@TbilisiPride) July 6, 2021

Llueve sobre mojado

Por desgracia, ya son muchos los antecedentes de violencia homófoba en Georgia. En 2019, cuando se intentó organizar por primera vez una manifestación del Orgullo, grupos nacionalistas azuzados por la Iglesia ortodoxa impidieron su celebración, pese a que se intentó en varias fechas distintas. También en 2019 esos mismos grupos intentaron de forma violenta impedir la exhibición en varias ciudades de la película And Then We Danced (Solo nos queda bailar), una coproducción sueco-georgiana de gran éxito internacional que precisamente narra el romance entre dos bailarines en el país caucásico.

Pero ya antes habíamos recogido otros incidentes. Allá por 2013, por ejemplo, los contramanifestantes homófobos provocaron varios heridos en Tiflis al atacar una concentración convocada con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia. Y en 2018 un joven agredía a un activista LGTBI que se encontraba pronunciando un discurso para un pequeño grupo en una vía pública de Tiflis, solo unos días después de que las amenazas de la extrema derecha obligaran al activismo a desconvocar otra manifestación por el Día contra la LGTBIfobia.

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Ortodoxa And Then We Danced, Discriminación, Dunja Mijatovic, Georgia, Homofobia, Iglesia Ortodoxa, Irakli Garbibashvili, LGTBIfobia, Naciones Unidas, Shame Movement, Shio Mujiri, Solo nos queda bailar, Spiridon Tskipurishvili, Tbilisi Pride, Tiflis, Unión Europea, Violencia LGTBIfoba

Y “nuestro” Abascal, alumno aventajado del fascista Viktor Orbán

Hungría sube otro nivel en la escala de la infamia LGTBIfoba. El Parlamento unicameral húngaro, en el que los ultraconservadores del Fidesz y sus socios gozan de mayoría absoluta, ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe la información positiva sobre diversidad afectivo-sexual a menores. El texto, calificado por el activismo como una versión de la ley rusa contra la «propaganda homosexual», se incluye en un paquete de medidas contra la violencia sexual y la pederastia, lo que corrobora su intención estigmatizadora contra la población LGTBI. Budapest ha sido escenario de protestas contra este nuevo ataque que se suma a una ya larga lista de medidas contra la comunidad por parte del Gobierno de Viktor Orbán.

La ley aumenta principalmente las penas por delitos sexuales contra los niños, pero en ella se esconde un cambio de última hora que provocó protestas en todo el país, al prohibir el debate sobre los derechos de las personas LGBT+ en las escuelas y la prensa. Los legisladores nacionalistas del Fidesz introdujeron la enmienda la semana anterior, con el apoyo del partido derechista Jobbik. Sólo un legislador independiente votó en contra de la enmienda que ilegaliza la representación o el debate de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género en la escuela o en la publicidad y la prensa vista por menores.

El pasaje aprobado por el Parlamento modifica varios artículos de las leyes sobre protección de menores, derecho de familia, educación y regulación de medios y publicidad. En concreto, se prohíbe la difusión de contenidos en libros, películas y otros formatos que estén a disposición de niños o adolescentes en los que se «describan o promuevan identidades de género diferentes de las adjudicadas en el nacimiento, operaciones genitales y homosexualidad». También se prohíbe la publicidad en la que «la promoción, exhibición o expresión de la propia identidad de género, reasignación de género u homosexualidad sea un elemento definitorio».

Estos contenidos, que incluyen temas LGBT+, no podrán ser discutidos por los profesores en las escuelas. El gobierno elaboraría una lista aprobada de lo que se puede enseñar en las clases de educación sexual. La enseñanza escolar también se ve sometida a censura, porque se prohíbe de nuevo la «promoción» de la diversidad afectivo-sexual y de género a los alumnos. La educación sexual, en cualquier caso, solo podrá ser impartida por profesores o miembros de organizaciones autorizadas, lo que cierra definitivamente la puerta a charlas sobre la realidad LGTBI por parte de colectivos. En el terreno de los medios, la medida podría suponer la remisión a la franja horaria del late night de cualquier serie o película que incluya alguna alusión o representación de personas LGTBI, lo que significa que las vidas de las personas LGBT+ sólo podrán mostrarse en los medios de comunicación, lo que incluye los anuncios, entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana.

Como en ocasiones anteriores, el texto ha salido adelante como parte de un paquete legislativo amplio sobre medidas de protección a la infancia. La enmienda LGTBIfoba fue introducida a última hora la semana pasada, después de que la iniciativa original hubiera suscitado un amplio consenso en el Parlamento. La inclusión del pasaje contra la «propaganda homosexual» junto a medidas contra la violencia sexual y la pederastia confirma la intención del Gobierno de Orbán de estigmatizar aún más a la población LGTBI. El texto ampliado salió adelante con 157 votos del Fidesz y sus aliados, así como del conservador Jobbik. 41 diputados de la oposición se ausentaron de la votación en señal de protesta.

Las reacciones domésticas y externas han sido principalmente de indignación.  El activismo húngaro ha tachado la medida como una versión de la ley rusa contra la «propaganda homosexual» aprobada en 2013 y que desató una oleada de protestas en Europa y el resto del mundo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos decretó en 2017 que las normas de este estilo que prohíben informar positivamente sobre diversidad sexual y de género a los menores vulneran su derecho a la protección frente a la LGTBIfobia. El lunes pasado, víspera de la votación,  miles de personas se manifestaron contra la nueva ley ante el Parlamento húngaro en Budapest instando a los políticos a rechazar la enmienda.

Algunas personas LGTBI húngaras con medios para hacerlo han llegado a huir del país a otros países europeos vecinos, soñando con un “futuro mejor”.

La Unión Europea sancionará a Hungría por sus leyes anti-LGTB+

Aunque a nivel europeo, como suele ocurrir en estos casos, la respuesta ha sido prudente, por no decir tibia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se declaró «muy preocupada por la nueva ley en Hungría» y aseguró que comprobarán si la norma vulnera la legislación comunitaria. «Creo en una Europa que acoge la diversidad, no en una que la esconde a nuestros hijos. Nadie debería ser discriminado por su orientación sexual», añadió en un tuit.

Very concerned about the new law in Hungary.

We are assessing if it breaches relevant EU legislation.

I believe in a Europe which embraces diversity, not one which hides it from our children.

No one should be discriminated on the basis of sexual orientation.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 16, 2021

Más contundente ha sido la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, que ha amenazado a Hungría con un recorte de los fondos europeos «si no respeta los valores de democracia y de igualdad de la Unión Europea».

EXCLUSIVE: The EU could impose funding restrictions on Hungary over its ban on LGBT+ content from schools, says equality chief @helenadalli https://t.co/csJFne7Tt8

— Openly 🏳️‍🌈 (@Openly) June 15, 2021

Hungría podría enfrentarse a restricciones de financiación por parte de la Unión Europea debido a la legislación que reprime la mera “promoción” de las personas LGBT+. Ahora, Bruselas está dispuesta a intentar contrarrestar esta oleada anti-LGBT+ reteniendo potencialmente el hallazgo de proyectos cruciales para Hungría, dijo un alto funcionario de igualdad a Openly.

“El mensaje es que si no defiendes los valores de la democracia o la igualdad de la Unión Europea, no tienes derecho a recibir dinero para tu proyecto”, dijo a la agencia la comisaria de Igualdad del bloque, Helena Dalli. Dijo que la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la Unión Europea, impondrá “definitivamente” sanciones si la legislación del partido gobernante Fidesz se convierte oficialmente en ley.

Dalli dijo que la Comisión Europea se fijará en las medidas financieras que adoptó contra Polonia el año pasado para frenar el tsunami de actividades anti-LGBT+ del propio país. La Comisión retuvo la financiación de varias ciudades de Polonia después de que casi 100 gobiernos locales –alrededor de un tercio del territorio– se declararan “zonas libres de LGBT”. Como subrayó Dalli, una región polaca dio marcha atrás en su política a causa de la UE, “así que pensamos que si extrapolamos eso a lo que está ocurriendo en Hungría también podría producirse el mismo efecto”, dijo.

El Orgullo de Budapest se celebrará para luchar contra las leyes anti-LGTB de Hungría

En Budapest, donde los activistas LGBTQ+ están inmersos en una lucha casi existencial contra el gobierno derechista de Viktor Orbán, había demasiado en juego para que el Orgullo pasara a un segundo plano. Incluso antes de que el Parlamento húngaro aprobara esta semana esta legislación homófoba, la comunidad había empezado a planear un desfile masivo en el centro de la capital el mes que viene, que serviría tanto de advertencia a Orbán como de fuerte muestra de solidaridad.

“Pensamos que era muy importante mostrar a las personas LGBT que no están solas, que no están abandonadas, que hay mucha gente que las defiende. Y ahora es aún más importante mostrarlo”, dijo Viktória Radványi, del Orgullo de Budapest. “Estamos planeando mostrar a toda la gente que tiene miedo y ansiedad y que piensa que no puede ser feliz porque este gobierno está aplastando los derechos humanos y la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación, que hay esperanza, y que hay mucha gente que está cada vez más organizada”.

Radványi dijo que la organización del Orgullo de Budapest ya había empezado a ver ese impacto. “Es desgarrador”, dijo. “Los adolescentes nos envían mensajes de texto diciendo que se despiertan llorando al no poder hacer frente a esta ley… No pueden imaginar cómo pueden seguir viviendo una vida plena y relativamente feliz en Hungría”.

Crece el temor de que las personas LGBTQ+ hayan sustituido a los refugiados y a los inmigrantes como el chivo expiatorio favorito del gobierno a medida que se acercan las elecciones del próximo año. “Necesitan dar algo a su base de votantes”, dijo Radványi.

Al igual que muchos, también sospecha que la legislación pretende en parte distraer la atención del desastre del Covid en Hungría. Hasta hace poco, el país tenía el mayor número de muertes por Covid-19 per cápita, con unas 300 por cada 100.000 personas, según datos de Johns Hopkins. “Una de las razones por las que iniciaron esta legislación anti-LGBTQ en medio de la primera ola, la segunda ola y ahora, es para desviar la atención de los votantes del hecho de que la gente está muriendo innecesariamente porque no tenemos suficientes médicos y enfermeras”, dijo.

A pesar de este sombrío panorama, Hungría ha conseguido vacunar completamente a más del 40% de la población, por lo que los organizadores del Orgullo de Budapest se sienten capaces de llevar a cabo una marcha por el centro de la capital el 24 de julio. Se trata de la culminación de una serie de actos de un mes de duración que comenzaron el 25 de junio.

Radványi afirmó que, por muy sombrío que parezca el futuro, aún hay motivos para la esperanza. Señaló una reciente encuesta de Ipsos, según la cual más del 60% de los húngaros cree que los padres del mismo sexo tienen “las mismas posibilidades que los demás padres” de educar bien a sus hijos. “Una mayoría: nunca esperábamos ese resultado después de dos años de campaña contra el odio”, dijo. “Nuestra experiencia personal era la misma y ahora este sondeo… lo ha confirmado: que el pueblo húngaro no es tan odioso y es mucho menos homófobo que el gobierno”.

Hungría: la avanzadilla europea de la LGTBIfobia de Estado

En comparación con otros países del antiguo bloque oriental, Hungría era relativamente progresista en materia de derechos LGBTQ+ hasta que Orbán y su partido de derechas Fidesz llegaron al poder en 2010. Desde entonces, y en particular en el último año, las cosas han empeorado constantemente. A medida que el odio contra el colectivo LGBT+ se intensifica en la Hungría del primer ministro Viktor Orbán, el desagravio de la UE señala el alcance de la protesta internacional que ha suscitado el país por su trato a los residentes homosexuales.

Con la prohibición húngara de “popularizar” los derechos LGBT+, los legisladores alineados con el gobierno de Orbán han dejado al descubierto el alcance de su odio hacia las personas LGBT+, reduciéndolas a cuñas y objetivos políticos móviles.

La actual escalada legislativa contra la comunidad LGTBI en Hungría comenzó el 30 de marzo del año pasado, cuando el primer ministro Viktor Orbán asumía poderes extraordinarios con la excusa de la crisis producida por la pandemia de coronavirus. Solo un día después, el vice primer ministro Zsolt Semjén presentaba un proyecto de ley que, entre otras medidas, incluía una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrara en vigor la norma que abría dicha modificación y que permitía a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación.

Finalmente, el 19 de mayo la Asamblea Nacional aprobaba la ley que incluye la reforma tránsfoba. Lo hacía por 133 votos a favor (los que reúnen el Fidesz y sus aliados del Partido Popular Demócrata Cristiano) y 57 en contra. Como ya alertábamos entonces, se trata, muy posiblemente, del mayor ataque lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea. Un órdago que, desde que fue anunciado, solo ha recibido una respuesta tibia por parte de resto de países de la UE y de la propia institución comunitaria.

Pero el Gobierno de Orbán no paró tras este retroceso sin precedentes. Tal vez envalentonado por la falta de contundencia de sus socios europeos y aprovechando de nuevo el agravamiento de la pandemia por coronavirus, la ministra de Justicia Judit Varga presentaba el pasado 10 de noviembre una reforma constitucional que recoge «el derecho de los niños a la propia identidad de acuerdo con su género de nacimiento». Una formulación que se traduce en la negación de la identidad de los menores trans e intersexuales, blindada ahora al máximo nivel normativo.

La modificación constitucional también incluye una ampliación del artículo sobre la familia, que desde 2012 prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora se añade la frase: «La madre es una mujer y el padre, un hombre». La finalidad, cerrar la puerta a cualquier reconocimiento de realidades familiares diferentes a la compuesta por un hombre y una mujer. Por último, la reforma de la ley fundamental impone que la educación en las escuelas húngaras debe inspirarse en «la identidad constitucional de nuestro país y la cultura cristiana», excluyendo por tanto los contenidos sobre diversidad afectivo-sexual.

Tras la aprobación por parte del Gobierno, la mayoría de dos tercios con la que cuentan el Fidesz y sus socios dio su visto bueno el pasado 15 de diciembre en el Parlamento al proyecto de reforma constitucional por 135 votos a favor, 45 en contra y cinco abstenciones. Además, la negación de la homoparentalidad recogida desde ahora en la ley fundamental se completó con la aprobación de un proyecto de ley para limitar la adopción de menores a las parejas casadas (y, por tanto, necesariamente de distinto sexo). La adopción por parte de personas solteras, única vía a la que hasta ahora se podían acoger las parejas del mismo sexo, solo se otorgará en casos excepcionales y previa autorización del ministerio de Asuntos Familiares. Con la nueva iniciativa contra la población LGTBI, el Gobierno de Orbán continúa, con total libertad de acción, su escalada hacia la discriminación y estigmatización de la comunidad.

Y esto es lo que tenemos en España… Santiago Abascal con Orban, mientras Pablo Casado apoyaba a Orban al negarse  a firmar con 13 partidos conservadores de la UE que piden expulsar a Orbán por imponer una corona-dictadura en Hungría

Fuente Dosmanzanas/Pink News

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Importante pronunciamiento de Juliane Kokott, una de los once abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre el caso de dos mujeres casadas (una búlgara y otra gibraltareña) que no pueden darle una nacionalidad a su hija nacida hace un año en Barcelona. Las autoridades búlgaras rechazaron la emisión de un pasaporte para la menor, porque el país no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Debido a los requisitos vigentes, la niña tampoco puede acceder a la nacionalidad española ni a la británica, por lo que por el momento es apátrida. El informe de la abogada general apunta a una futura sentencia que obligue a Bulgaria a emitir un documento de identidad para la menor.

Recordamos el caso. Kalina (nombre ficticio), de nacionalidad búlgara, se casó en Gibraltar en 2018 con su pareja del mismo sexo y originaria de la dependencia británica. En diciembre de 2019, el matrimonio tuvo una hija en Barcelona, donde residen. El registro civil otorgó un certificado de nacimiento en el que constan las nacionalidades búlgara y británica de las madres. A pesar de haber nacido en España, la menor no tiene derecho a la nacionalidad española porque ninguna de sus progenitoras la ostenta. La esposa gibraltareña de Kalina tampoco puede transmitirle su ciudadanía británica si la menor ha nacido en otro país.

La única opción para la menor, por tanto, era adquirir la ciudadanía búlgara de Kalina. Entonces se puso en marcha la discriminación basada en la orientación sexual. Cuando el matrimonio intentó conseguir un pasaporte búlgaro para la menor, se topó con la negativa de las autoridades búlgaras. El motivo, que el país no reconoce los matrimonios entre personas del mismo sexo y no expide certificados de nacimiento con dos madres. La niña, por tanto, se mantiene en una situación de apatridia y no puede visitar a sus familiares en Bulgaria.

Para resolver este impasse, la pareja decidió acudir a la justicia europea. El jueves pasado, la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, emitió un informe favorable a la familia y al derecho de la menor a la nacionalidad búlgara. La opinión de la jurista Juliane Kokott reconoce la potestad de las autoridades búlgaras de rechazar la inscripción de las dos mujeres como madres de la niña en la partida de nacimiento, pero afirma que la menor tiene derecho a recibir un documento de identidad en el que se refleje la parentalidad de ambas para que la menor pueda viajar con cualquiera de ellas por separado.

Es importante destacar que las conclusiones de la abogada general no vinculan al Tribunal de Justicia: su función consiste en proponer a este una solución jurídica al asunto del que se ocupa, pero ahora son los jueces los que deben deliberar. La sentencia se dictará, por tanto, en un momento posterior, y no hay seguridad absoluta de que sea en el mismo sentido, aunque en la mayoría de los casos sucede así. Estaremos pendientes de un fallo que podría tener consecuencias en el reconocimiento trasnacional de la homoparentalidad en la Unión Europea.

La futura sentencia podría alcanzar una repercusión comparable a la del fallo de 2018 que estableció que los Estados no pueden negar la residencia a un cónyuge del mismo sexo aunque sea nacional de un tercer estado. Una sentencia, por cierto, que la justicia búlgara trasladó al caso de un matrimonio entre dos mujeres. El reconocimiento de la homoparentalidad a nivel trasnacional también fue un punto clave del discurso de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen hace unos meses. «Porque si eres un progenitor en un país, por supuesto eres un progenitor en todos los países», declaró von der Leyen.

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Y Abascal, alumno aventajado del fascista Viktor Orbán

Ampliamos la noticia que ya publicábamos el mes pasado… Victoria para las personas trans que habían iniciado el proceso de reconocimiento legal de su identidad en Hungría antes de la entrada en vigor de la ley que lo prohíbe. El Tribunal Constitucional de ese país ha dictaminado que la mencionada ley no tiene efectos retroactivos. El dictamen de la alta corte húngara, sin embargo, no entra en el fondo del asunto y no invalida un texto que atenta contra la legislación internacional y contra su propia jurisprudencia.

Como en su momento recogimos, la Asamblea Nacional húngara, ampliamente dominada por las fuerzas de derecha, aprobó en mayo del año 2020, en plena primera ola de la pandemia del coronavirus, una ley «ómnibus» que incluye, en su infame Sección 33, la prohibición de que las personas trans e intersexuales puedan modificar legalmente el género que les fue asignado en el momento del nacimiento. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrara en vigor la norma que permitía el cambio del género en los datos registrales y que permitía a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación. En este sentido, se trataba de un marco jurídico más avanzado que, por ejemplo, el vigente todavía en España, que sí marca como norma (con solo unas pocas excepciones) la necesidad de un tratamiento hormonal. Se da la circunstancia, además, de que el propio Tribunal Constitucional de Hungría había fallado en 2018 a favor del derecho de las personas trans a ver reconocida legalmente su identidad de género.

Finalmente, el pasado 19 de mayo, solo dos días después de la conmemoración del Día Internacional contra la LGTBIfobia, la Asamblea Nacional húngara aprobaba la ley, posiblemente el mayor ataque lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea desde su fundación. Un órdago que, ya desde que fue anunciado, recibió una respuesta tibia por parte de resto de países de la Unión Europea y de la propia institución comunitaria. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostraba por aquel entonces preocupada por la respuesta húngara a la crisis del coronavirus (la asunción de poderes extraordinarios por su primer ministro, Viktor Orbán) y aseguraba estar «monitorizando las medidas» adoptadas, pero sin referirse explícitamente a la anunciada marcha atrás en los derechos de las personas trans e intersexuales. El Parlamento Europeo, por su parte, incluía en una resolución en la que demandaba una «acción coordinada de la Unión Europea para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias», un punto (el 48) en el que entre otras cuestiones rechazaba «enérgicamente» los «ataques a los derechos de las personas transgénero e intersexuales en Hungría». Preocupación y rechazo sin más valor que el meramente declarativo.

Ahora el Tribunal Constitucional húngaro ha revisado lo que sucede con las personas que ya iniciaron el procedimiento de modificación de sus datos registrales antes de la entrada en vigor de la mencionada Sección 33, varias de las cuales iniciaron en su momento un procedimiento judicial. La alta corte ha dictaminado que, en efecto, estas personas tienen derecho a que el procedimiento culmine, dado que la legislación no puede tener carácter retroactivo. El Tribunal de hecho, subraya en su sentencia que las leyes no pueden restringir derechos fundamentales y hace mención, en ese sentido, a su propia sentencia de 2018 a favor de que personas trans puedan ver reconocida legalmente su identidad.

La decisión del Tribunal Constitucional de Hungría, además de suponer una noticia importantísima para las personas a las que afecta directamente, supone un pequeño soplo de aire fresco en un país en el que los derechos LGTBI están siendo progresivamente recortados sin que la Unión Europea mueva un dedo para impedirlo, y da esperanza a los que, como la organización LGTBI húngara Háttér Society, tienen intención de desafiar ante los tribunales la totalidad de la Sección 33. Estaremos atentos.

Fuente Dosmanzanas

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Ampliamos la noticia que adelantábamos el pasado 9 de marzo:

El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución por la que declara la Unión Europea como una «zona de libertad para las personas LGBTIQ». La iniciativa, de valor simbólico, ha sido aprobada por una amplia mayoría y refuerza la estrategia para la igualdad que la Comisión puso en marcha hace unos meses. Se trata también de enviar un mensaje de inclusión frente a los retrocesos que se están produciendo en países como Polonia, donde varias ciudades y regiones se han declarado «zonas libres de ideología LGTBI».

La propuesta del Parlamento surgió del Intergrupo LGTBI, una alianza de eurodiputados comprometidos con los derechos de la comunidad. Para mostrar su apoyo a la iniciativa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lanzó la etiqueta #LGBTIFreedomZone en redes sociales el miércoles de la semana pasada. «Ser tú mismo no es ninguna ideología. Es tu identidad. Nadie la puede arrebatar. La UE es tu hogar. La UE es una zona de libertad LGTBI» tuiteaba la política alemana. A ella se unió la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, una de las dirigentes europeas más comprometidas con la comunidad LGTBI.

Being yourself is not an ideology. It’s your identity. No one can ever take it away.

🇪🇺🏳️‍🌈The EU is your home.
The EU is a #LGBTIQFreedomZone pic.twitter.com/Kt3m6W6TL2

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 10, 2021

La resolución analiza en primer lugar el estado de los derechos LGTBI en la Unión Europea, con menciones a los retrocesos experimentados en los últimos años en Hungría y Polonia. Finalmente, declara a la UE como una «zona de libertad para las personas LGBTIQ» y encarga al presidente del Parlamento «que transmita la presente Resolución a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo, a la Comisión, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social Europeo».

En la votación que tuvo lugar el pasado 11 de marzo la propuesta fue aprobada con un amplio apoyo transversal: 492 votos a favor y 141 en contra, con 46 abstenciones. Los cuatro eurodiputados de Vox Mazaly Aguilar, Jorge Buxadé, Margarita de la Pisa y Hermann Tertsch votaron en contra. El independiente (elegido en la lista de Ciudadanos) Javier Nart se abstuvo. El resto de los eurodiputados de la delegación española que participaron en la votación apoyaron la declaración.

Con la aprobación de la resolución, las instituciones comunitarias dan un paso más en el blindaje del respeto a la diversidad LGTBI como un valor fundamental de la UE. En la actual legislatura se han producido más movimientos en este sentido. En su discurso sobre el estado de la Unión de septiembre del año pasado, la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen declaró que «las zonas libres de LGTBIQ son zonas libres de humanidad y no tienen cabida en nuestra Unión». Anunció además la puesta en marcha de una estrategia para la igualdad de las personas LGTBI, la Unión de la Igualdad, que presentaron la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Věra Jourová, y la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, dos meses después.

La implementación de esta estrategia se enfrentará a una fuerte resistencia por parte de las administraciones húngara y polaca, puntas de lanza en la actualidad de la involución LGTBIfoba en la Unión Europea. En particular, si se convierte en un condicionante para la concesión de ayudas económicas. Los Gobiernos del primer ministro Viktor Orbán y del presidente Andrzej Duda se han mostrado beligerantes contra cualquier iniciativa que vincule transferencias de fondos europeos al respeto al Estado de derecho, la separación de poderes o los derechos de las minorías.

En agosto del año pasado, el ministro de Justicia polaco Zbigniew Ziobro calificaba de «infundada» e «ilegal» la decisión de la Comisión Europea de denegar las ayudas a seis ciudades polacas, que requerían financiación en un programa de hermanamiento entre localidades de distintos países, por haberse declarado «zonas libres de ideología LGTB». Por otra parte, Hungría y Polonia vetaron durante semanas el presupuesto comunitario, incluido el fondo de recuperación contra los efectos de la pandemia de coronavirus, por oponerse a la cláusula que prevé la suspensión de la financiación cuando se produzca un socavamiento del Estado de derecho.

Fuente Dosmanzanas

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La sede de la Comisión Europea se iluminó con los colores del arco iris (Jonathan Raa / NurPhoto / Getty)

La Unión Europea podría ser declarada una “zona de libertad” LGBT + mientras sus miembros se unen para rechazar el horrible régimen homofóbico de Polonia.

El martes (9 de marzo) el Parlamento Europeo debatirá una resolución para afirmar formalmente a la UE como una “zona de libertad LGBTQI”, lo que indica el apoyo de los más altos niveles de gobierno.

La resolución marcará el triste segundo aniversario de la primera zona “libre de LGBT” en el condado de Świdnik de Polonia, que ahora cubre alrededor de un tercio del país.

Si bien no está claro qué efecto tendrá la resolución en las zonas libres de LGBT establecidas, ciertamente destacará la influencia rápidamente menguante de Polonia en la UE, ya que su obstinado odio homofóbico continúa aislando al país de sus vecinos.

“Esta resolución es una señal para todas las personas, organizaciones y activistas LGBTIQ de que el Parlamento Europeo está a su lado y defiende sus derechos“, se lee en una declaración del Intergrupo LGBTI de la UE, que organizó la acción.

“Es igualmente una señal para los políticos electos, los gobiernos y los responsables de la toma de decisiones de que la discriminación contra las personas LGBTIQ de cualquier manera o forma no cumple con los valores europeos”.

La resolución se someterá a votación el miércoles (10 de marzo). El grupo espera que sea adoptado por una gran mayoría de estados miembros, trazando una línea clara entre la UE y el chivo expiatorio homofóbico cada vez más normalizado en Polonia.

Para acompañar la acción inclusiva, el Intergrupo LGBTI está llamando a simpatizantes y aliados a inundar las redes sociales con fotos de banderas de arcoíris en monumentos famosos.

Está lejos de ser la primera vez que la UE se ha movido para condenar el creciente sentimiento anti-LGBT + de Polonia. En diciembre de 2019, el Parlamento Europeo aprobó una resolución contra la discriminación pública y el discurso de odio, y alentó a retirar los fondos de las naciones que infringen esto.  Y son relevantes las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea contra la existencia de estas zonas.

Desde entonces, la UE ha cumplido con esta amenaza y ha eliminado enormes subvenciones de ciertas regiones, lo que llevó a algunas zonas libres de LGBT a retirar sus promesas homofóbicas.

Sin embargo, todavía queda una mayoría, y la situación se ha vuelto cada vez más grave a medida que avanza rápidamente en el parlamento un proyecto de ley que propone una prohibición nacional de los desfiles del Orgullo.

La última resolución será la condena más clara de la UE contra Polonia, lo que inevitablemente llamará la atención sobre el abismo cada vez mayor entre el presidente Andrzej Duda  y sus homólogos europeos.

Fuente Pink News

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