La que fuera ministra de Vivienda de Francia en el Gobierno de Nicolás Sarkozy, Christine Boutin, ha celebrado que la Corte de Casación (Cour de Cassation) haya decidido anular la condena que pesaba sobre ella por calificar la homosexualidad de “abominación”. Para Boutin, “las libertades de expresión y conciencia todavía existen en Francia”. La LGTBfóbica y ultraconservadora exministra (retirada de la política activa desde abril de 2017) se ha librado así de pagar los 5.000 euros que le había impuesto previamente otro tribunal. La Corte de Casación le anula la condena porque su declaración, aunque fue “indignante”, no la entiende como una “exhortación al odio o la violencia contra homosexuales”.

En noviembre de 2016, recogíamos la condena a Christine Boutin, ministra de Vivienda de Francia entre 2007 y 2009 en el Gobierno derechista de Nicolás Sarkozy. En una entrevista publicada en la revista Charles en abril de 2014, Boutin decía que “la homosexualidad es una abominación. Pero no la persona. El pecado nunca es aceptable, pero el pecador siempre ha sido perdonado. Tengo amigos homosexuales”. El Tribunal de Apelaciones de París le imponía una sanción de 5.000 euros por dichas declaraciones. Sin embargo, después de que la homófoba política del del Partido Cristiano-Demócrata francés recurriera la condena, finalmente la Corte de Casación del país galo ha decidido absolverla.

Al conocerse la condena hace poco más de un año, la defensa de la exministra solicitaba su absolución, que finalmente ha conseguido, al considerar que la ofensa de Boutin a la comunidad LGTB es solo “una opinión”. Según el letrado, la sentencia condenatoria “tendrá enormes consecuencias sobre la libertad de expresión”. Ahora, con la anulación de su condena, la propia Boutin ha dicho a través de su cuenta de Twitter que “el más alto tribunal francés confirma que las libertades de expresión y conciencia aún existen en Francia”.

La C. Cass a cassé et annulé les condamnations, me concernant, du TGI et de la C.Appel de Paris pour avoir cité l’Ancien Testament . La plus haute juriction française vient ainsi de confirmer que les Libertés d’Expression et de Conscience existent toujours en France

— christine Boutinن (@christineboutin) 9 de enero de 2018

La comunidad igualitaria francesa, encabezada por la Inter-LGTB (parte de la acusación en el enjuiciamiento a Christine Boutin), aseguró en 2016 que  “en un contexto en el que las agresiones LGTBfóbicas están aumentado y no están concluidos los debates sobre la ley del matrimonio para todos, la justicia envía una fuerte señal a la sociedad”. Ahora, con la absolución de la exministra, dejan claro que “para nosotros estaba claro que era incitación al odio, porque lo que dijo la señora Boutin es parte de una cronología, denunciada por Clémence Zamora Cruz, portavoz de la Inter-LGBT. Esta no es la primera vez que [Boutin] hace comentarios extremos sobre homosexuales”.

Por su parte, el activista Jean-Luc Romero, al que citábamos hace poco más de un año en la noticia sobre la condena a Boutin, confiesa sentir “vergüenza” por la decisión de la Corte de Casación de absolverla y lo califica como una “muy mala noticia”.

#Boutin relaxée : une très mauvaise nouvelle pour la lutte contre l’#homophobie ! Désormais dire que l’#homosexualite est une abomination serait acceptable pour notre Cour de cassation ! J’ai honte … Vite, chère @MarleneSchiappa une réaction ? pic.twitter.com/BAQ27JeDyP

— Jean-Luc Romero (@JeanLucRomero) 10 de enero de 2018

Fuente Dosmanzanas

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Sentencia polémica de la justicia italiana. La Corte de Casación del país dictaminó el martes pasado que llamar “homosexual” a otra persona, aunque esta sea heterosexual, no constituye un delito de difamación. El término, según el alto tribunal, ha perdido en la actualidad su carácter ofensivo. El fallo preocupa a las organizaciones LGTB, que temen que se pueda utilizar para justificar el acoso homófobo.

El caso se remonta a 2015. El demandante, un hombre heterosexual de 60 años, había denunciado a otro por llamarlo “homosexual” en el transcurso de una querella judicial. El acusado fue condenado por un juzgado de Trieste a una multa por difamación, pero la máxima instancia judicial de Italia ha revertido ahora esa decisión.

Según la Corte de Casación (institución que en Italia ejerce las funciones de tribunal supremo) a pesar de que “otras palabras con el mismo significado se utilizan como insulto”, la palabra “homosexual” tiene ahora “un significado neutro”, “incluso cuando se trata de una persona heterosexual”. El alto tribunal razona que “el término ‘homosexual’ utilizado por el imputado” ha perdido en la actualidad, “un significado intrínsecamente ofensivo como quizás podía retener en un pasado no muy remoto”.

La sentencia no ha satisfecho a la asociación Gay Center de Roma. Su portavoz Fabrizio Marrazzo teme que se produzca una interpretación del texto que ampare legalmente el acoso a las personas LGTB, especialmente en el ámbito escolar. Y es que Italia carece aún de una ley específica contra la homofobia y la transfobia: la única ley que protege a la población LGTB es la que prohíbe desde 2003 la discriminación laboral basada en la orientación sexual. Según Marrazzo, “si queremos ser un país moderno que legitima a todos los efectos la palabra ‘homosexual’, debemos considerar que esta puede ser usada como una forma de injuria y discriminación”.

Los tribunales de otros países se han expresado en varias ocasiones, con diferentes resultados, sobre los límites que definen una expresión como lenguaje de odio LGTBfobo. En 2012, por ejemplo, un tribunal de Albany, en el estado de Nueva York, emitía una sentencia similar a la de la corte de casación italiana al dictaminar que llamar a alguien “gay”, “lesbiana” o “bisexual” no constituye una difamación. En España recogimos el indignante caso del juez de Torrelavega (Cantabria) que no apreció delito de odio en la agresión a una pareja de chicos tras llamarlos “mariquitas” (aunque posteriormente la Audiencia Provincial sí aceptó juzgarlo como tal). También nos hicimos eco de una sentencia en Francia que no consideró “maricón” (“pédé”)  como insulto homófobo si se dirigía a un peluquero. En sentido contrario, en cambio, el Tribunal de Apelaciones de París sí que condenó por injurias recientemente a una asociación LGTB por calificar a la “Manif pour tous” de grupo homófobo.

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Merecida condena para la diputada Christine Boutin, del Partido Cristiano-Demócrata (asociado en la coalición conservadora de Nicolás Sarkozy). La que fuera ministra de Vivienda de Francia entre 2007 y 2009 afirmó en una entrevista que “la homosexualidad es una abominación. Pero no la persona. El pecado nunca es aceptable, pero el pecador siempre ha sido perdonado. Tengo amigos homosexuales”. Estas palabras fueron publicadas en la revista Charles en abril de 2014. Ahora, Boutin tendrá que pagar por ellas a instancias de la Justicia francesa.

Aunque algunos medios ultraderechistas agitan la bandera de la “libertad de expresión y pensamiento” para descalificar la decisión de la Justicia francesa de condenar a Christine Boutin, lo cierto es que es una magnífica noticia. La que fuera ministra de Vivienda de Francia en el Gobierno de Nicolás Sarkozy, y fundadora del Partido Demócrata Cristiano, radicalmente contraria a la igualdad y a los derechos humanos de las personas LGTB, tendrá que pagar 5.000 euros por su discurso de “incitación pública al odio o la violencia”. En una entrevista publicada en 2014, Boutin espetó que “la homosexualidad es una abominación”. Si bien la cuantía económica no es demasiado significativa para alguien de su nivel económico, su condena legal “envía una fuerte señal a la sociedad”, defiende la federación Inter-LGTB.

Esta ex líder conservadora francesa ha sido multada con 5.000 euros por ‘incitación al odio o la violencia pública contra las personas LGBTI”. La cosa viene de lejos, un tribunal de París dictó sentencia el 17 de diciembre de 2015 contra Christine Boutin, ex-presidenta del Partido Demócrata Cristiano, por decir en abril de 2014 que “la homosexualidad es una abominación”. Boutin,  también deberá pagar 2.000 euros en concepto de ‘reparación de daños’ a dos grupos LGBTI, Mousse y Le Refuge. “Esta decisión sienta un precedente por varias razones. Ya no es posible escapar a la responsabilidad penal por hacer comentarios homófobos bajo el disfraz del discurso religioso”, dijo Etienne Deshoulières, el abogado del grupo LGBTI Mousse.

En el año 2014 en unas declaraciones a la revista Charles, el 2 de abril de 2014, esta señora se refirió así a la homosexualidad: “yo jamás he condenado a un homosexual. La homosexualidad es una abominación. Pero no la persona. El pecado nunca es aceptable pero el pecador siempre está perdonado”. Y así, citando la Biblia, o eso dice ella, se quedó tan campante.

Durante el juicio, Christine Boutin dijo no haber cambiado de opinión, “pero esto no significa que yo condene a las personas homosexuales. No era consciente del daño que podían provocar mis palabras. Desde entonces no las he repetido”, explicaba la ex ministra homófoba.

La ley que condena la incitación al odio por orientación sexual en Francia es de 2004. “Prácticamente no hay jurisprudencia es por eso que la decisión se ha retrasado varios meses”, explicó el fiscal.

Boutin anunció en Twitter su intención de apelar pero la multa ha sido confirmada por la Corte de Apelaciones de París que ha ratificado una sentencia anterior. Además deberá abonar 2000 como indemnización a dos asociaciones LGTB que se habían presentado como acusación particular.

La defensa de la exministra, en cambio, solicitaba su absolución al considerar que la ofensa de Boutin a la comunidad LGTB es solo “una opinión”. Según el letrado, la sentencia condenatoria “tendrá enormes consecuencias sobre la libertad de expresión”. Pues bien, esperemos que así sea cuando este derecho colisione con otros derechos fundamentales de las personas LGTB.

Para la comunidad igualitaria francesa, encabezada por la Inter-LGTB (parte de la acusación en el enjuiciamiento a Christine Boutin), “en un contexto en el que las agresiones LGTBfóbicas están aumentado y no están concluidos los debates sobre la ley del matrimonio para todos, la justicia envía una fuerte señal a la sociedad”.

La Cour d’Appel confirme la condamnation de @christineboutin et reçoit l’@InterLGBT comme partie civile #justice https://t.co/d8jjVVH1YY

— Inter-LGBT (@InterLGBT) 2 de noviembre de 2016

Por su parte, el activista Jean-Luc Romero ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje en el que responde a Christine Boutin que “no somos ninguna abominación y no creo que vuestro Dios aprueba vuestra labor”.

Condamnation de #Boutin confirmée. Non Mme Boutin,nous ne sommes pas une abomination et je ne crois pas que votre Dieu approuve votre haine.

— Jean-Luc Romero (@JeanLucRomero) 2 de noviembre de 2016

Por supuesto,  los medios de derechas han puesto el grito en el cielo asegurando que se trata de un atentado a la libertad de expresión, a las creencias personales,  a la libertad religiosa y a todas esas cosas de ciencia ficción a las que se aferran y usan como excusa para justificar su odio,  discriminación y desprecio.

La Justicia francesa: una de cal y otra de arena

Hace solo unos días, nos hacíamos eco de otra noticia relacionada con la Justicia de Francia, en ese caso perjudicial para la comunidad LGTB. El Tribunal de Apelaciones de París, el mismo que ha dictado sentencia contra la exministra Boutin, condenaba por injurias a una asociación LGTB por calificar a la Manif pour tous de grupo homófobo.

El citado tribunal ha dictaminado que tildar a la Manif pour tous de grupo homófobo constituye un delito de injurias públicas. Por ello, condena a la antigua presidenta de la asociación de defensa de los derechos LGTB Act Up-Paris a una multa de 800 euros más el pago de las costas judiciales. La sentencia entra en conflicto con una anterior del mismo tribunal, que desestimó una denuncia por injurias presentada también por la Manif pour tous. Desde Act Up-Paris comunicaron que presentarían un recurso de casación, dada la injusticia de negar a las personas LGTB el derecho a dar el nombre apropiado a quienes abogan por discriminarles.

Sin embargo ahora tenemos una duda: Si en Francia ahora es delito decirle a un homófobo que era homófobo,  entonces… ¿Ahora pueden condenar a la Corte de Apelaciones por lo mismo? Entraríamos en un bucle espaciotemporal para el que no estamos preparados.

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Un juzgado francés considera que llamar “homófobos” a los organizadores de la manifestación homófoba La Manif Pour Tous es un delito de “difamación”.

Graves noticias para los defensores de los derechos LGTB en Francia. El Tribunal de Apelaciones de París ha dictaminado que calificar a la Manif pour tous de grupo homófobo constituye un delito de injurias públicas. Por ello, ha condenado a la antigua presidenta de la asociación de defensa de los derechos LGTB Act Up-Paris a una multa de 800 euros más el pago de las costas judiciales. La sentencia entra en conflicto con una anterior del mismo tribunal, que desestimó una denuncia por injurias presentada también por la Manif pour tous. Desde Act Up-Paris han comunicado que presentarán un recurso de casación, dada la injusticia de negar a las personas LGTB el derecho a dar el nombre apropiado a quienes abogan por discriminarles.

La Manif Pour Tous es el nombre que se han puesto los colectivos homófobos que organizan las manifestaciones homófobas (que venga un juzgado francés a decirme lo contrario) que protestan contra el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas homosexuales, niegan las “teorías de género” y se oponen a los derechos de las personas trans. Así que oye, bien pensado, no deberíamos llamarla manifestación homófoba, sino LGTBfóbica. O Todófoba, que también les queda bien. Ah, el nombre de La Manif Pour Tous es un intento de ironizar sobre el nombre que se le daba al proyecto de ley del matrimonio igualitario: Mariàge Pour Tous.

Durante la tramitación del matrimonio igualitario en 2013, el grupo la Manif pour tous consiguió convocar a cientos de miles de ciudadanos franceses que se oponían a que las personas LGTB pudieran alcanzar la igualdad de derechos. El discurso de los manifestantes y convocantes fue en muchas ocasiones extraorinariamente duro y agrio, lo que hizo que se viviese en Francia un ambiente de crispación y violencia inaudito, hasta el punto de que se estima que las agresiones homófobas se incrementaron en un 78 % durante ese período.

Bares de clientela gay violentados, manifestaciones diarias ante la Asamblea Nacional con constantes enfrentamientos con la policía, la jerarquía católica culpando a las víctimas de ser los causantes de la violencia, la agresividad en los discursos de los diputados opuestos al proyecto de ley sobrepasando todas las barreras, incluso la de la agresión física… La amenaza de la líder de quienes se oponían al proyecto de ley, la cómica Frigide Bajot, de que correría la sangre, se convirtió en realidad y tuvimos que informar de agresiones como la sufrida por una pareja gay en París, la muerte por una paliza de un joven antifascista y participante en manifestaciones contra la discriminación o ataques a militantes LGTB por parte de fanáticos, entre ellos un concejal del ultraderechista Frente Nacional.

Pero incluso después de la aprobación definitiva de la ley de matrimonio igualitario la Manif pour tous siguió convocando a sus partidarios. En una ocasión, desplegó una manifestación en la que se profirieron consignas a favor de la ley contra la llamada “propaganda homosexual” en Rusia y contra el derecho de asilo para los perseguidos por su orientación sexual e identidad de género. Como respuesta, el 4 de agosto de 2013, un grupo de activistas de la AIDS Coallition to Unleash Power, también conocidos como Act Up-Paris decidió actuar ante la sede de la Fundación Jérôme Lejeune, y se manifestaron contra la fundación anti-abortista Jerome Lejeune que es una de las organizaciones que apoya La Manif Pour Tous donde ejercía su actividad la presidenta de la Manif pour tous, Ludovine de la Rochère. Allí arrojaron condones rellenos con líquido que imitaba la sangre contra el edificio de la Jerome Lejeune Foundation y pegaron carteles en los que se calificaba a la Manif pour tous de ser un grupo homófobo y se colgaron pósters con la foto de La Rochère y la palabra “homófoba” impresa sobre su cara.

Ludovine de la Rochère presentó una demanda por injurias en nombre de la Manif pour tous y otra por difamación a título personal. La demanda inicialmente fue desestimada en primera instancia por defecto de forma. Los responsables de la Manif pour tous recurrieron esa desestimación y el pasado 2 de noviembre el Tribunal de Apelaciones de París, que no pareció reparar en esos defectos formales, resolvió a su favor, condenando a la antigua presidenta de Act Up-Paris, Laure Pora, a indemnizar a la Manif pour tous con 800 euros por un delito de injurias públicas, y a pagar otros 1.500 euros de costas procesales.

Pósters con la cara de Ludovine La Rochère (Foto: ACT UP Paris Facebook)

Pues a los de La Manif Pour Tous esto les pareció intolerable porque decidieron demandar a Laure Pora, la presidenta de ACT UP en ese momento, argumentando que acusarles de homófobos era un “delito criminal“. Y lo más lamentable es que el Tribunal de Apelaciones de París ha condenado a Pora a pagar 800€ en concepto de daños y perjuicios a La Manif Pour Tous por “difamación“, además de hacerse cargo de los 1.500€ de costas del juicio.

La sentencia, ha causado conmoción entre las asociaciones LGTB, entra en contradicción con una anterior del mismo Tribunal de Apelaciones de París de febrero de 2014. Da la casualidad de que en 2014 La Manif Pour Tous también demandó al por entonces senador Jean-Pierre Michel por lo mismo después de que Michel dijera que sus manifestaciones mostraban “el peor tipo de homofobia“. En ese caso el juzgado le absolvió. En aquella ocasión, la corte desestimó los cargos por injurias contra el senador socialista Jean-Pierre Michel, ponente de la ley de matrimonio igualitario en el Senado, que había dirigido un escrito a los miembros de la Manif pour tous en el que los acusaba de “representar la peor de las homofobias”. El Tribunal de Apelaciones estimó entonces que el senador estaba haciendo uso de su libertad de expresión en el ejercicio de su cargo parlamentario y no cabía condenarle por un delito de injurias.

La abogada de ACT UP, Karine Géronimi, ha dicho que esta decisión del tribunal es “particularmente injusta” y sigue defendiendo que no ve la difamación ni el insulto por ninguna parte al llamar homófobos a los que, efectivamente, son homófobos.

Para Act Up-Paris, la sentencia niega a las personas LGTB el derecho a calificar a quienes trabajan por denegarles sus derechos:

La palabra “homofobia” no es un insulto, sino la caracterización política de un discurso de desprecio hacia los homosexuales, que avala la desigualdad ante la ley con respecto a los heterosexuales y alimenta la discriminación y la violencia.

¿Cómo se puede designar a aquellos cuyas palabras y actos se oponen habitualmente a todo lo que podría servir a la emancipación de las personas LGTB? No podemos aceptar que el Tribunal de Apelaciones nos niegue así los medios para nombrar y denunciar los discursos políticos de nuestros adversarios.

Los activistas han comunicado que recurrirán la sentencia en casación, con la esperanza de que una más alta instancia permita a las personas LGTB poder dar un nombre a la discriminación que sufren y a quienes las discriminan. También se encuentran a la espera de que se resuelva la segunda de las demandas, la interpuesta por Ludovine de la Rochère a título personal por difamación, cuya audiencia tendrá lugar el próximo 17 de noviembre.

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El Tribunal de Apelaciones de París ha dictaminado que el banco BNP Paribas deberá indemnizar a un antiguo trabajador homosexual con más de 600.000 euros, por el reiterado acoso al que le sometió debido a su orientación sexual. Asimismo, ha declarado plenamente nula la baja voluntaria incentivada a la que el trabajador se acogió en 2012, al entender que el mencionado acoso anula la supuesta voluntariedad del trabajador.

El demandante, de origen italiano, comenzó su carrera profesional en BNP Paribas en 2004, y fue ascendiendo progresivamente hasta que en 2009 fue nombrado responsable de negocios. En ese momento es cuando la dirección tuvo conocimiento de su homosexualidad, y también es la fecha en que empezó un acoso permanente y concluyó su promoción profesional.

El Tribunal de Apelaciones ha dado por demostrado que, debido a su orientación sexual,  el demandante “sufrió las burlas de los compañeros, que además imponían, con su comportamiento machista y sexista, un ambiente de trabajo particularmente opresivo”. El acoso sufrido por el demandante se evidenciaba con “correos electrónicos de naturaleza sexual repetidos en el tiempo, que, en ocasiones, partían de dos de sus superiores jerárquicos”. Por otra parte, el tribunal estima que el banco “promovía un clima particularmente opresivo para un trabajador homosexual, al ofrecer a sus empleados tardes en establecimientos de striptease o prestaciones de servicios sexuales, según se desprende de los distintos certificados y documentos”.

La discriminación continuó hasta que en 2012 accedió a acogerse a una oferta de bajas incentivadas. Pero el Tribunal de Apelaciones ha estimado que “cesar en el marco de un plan de retiro voluntario, como resultado de la discriminación, supone la nulidad de la ruptura de la relación laboral”. Por ello, ha condenado a BNP Paribas a indemnizarle por los salarios no percibidos desde su baja, cantidad que asciende a 608.300 euros, si bien tendrá que devolver los 230.000 euros que recibió cuando extinguió su contrato.

La abogada del demandante, Emmanuelle Boussard-Verrecchia, mostraba su satisfacción por la sentencia, y describía así la situación a la que tuvo que enfrentarse su cliente: “Se creó un abismo entre sus competencias y su desarrollo profesional en relación con otros colegas, que sí se ceñían a los estereotipos del banco: casados, dos hijos…”.

BNP Paribas, por su parte, sigue negando que hubiera acoso o discriminación, alegando que así lo había estimado el Tribunal Laboral, que había rechazado las demandas interpuestas por el antiguo empleado. Esas desestimaciones no parecen extrañas en el Tribunal Laboral francés que, en otra denuncia por despido, estimó que llamar “pédé” (traducible por “maricón” en francés) a un peluquero no denotaba homofobia (*), pues hay muchos peluqueros homosexuales, sobre todo en los salones de peluquería de señoras. Afortunadamente, en este caso el Tribunal de Apelaciones, una instancia superior, ha dado la razón al demandante y ha dado por demostrados el acoso y la discriminación.

Fuente Dosmanzanas

(*) Con el agravante de que “péde” en francés deriva de la palabra “péderaste”

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