Por: Pompilio Peña Montoya/Hacemos Memoria*

Luis Álvarez Campuzano, un joven de 17 años, fue víctima de un ataque con machete por parte de un vecino, un año menor que él. Luego de increparlo por su orientación homosexual, le cercenó su brazo izquierdo por encima del codo. El ataque homoodiante se perpetró el 31 de julio a las 2:45 de la tarde en el municipio de Sincelejo, región Caribe de Colombia, cuando Luis le pidió respeto a su agresor y este lo atacó con el arma.

Luis fue trasladado al hospital de Sincelejo y allí permaneció internado durante nueve días. Al regresar a su casa, se encontró con la sorpresa de hallar allí a familiares, amigos y vecinos que lo rodearon con frases cariñosas de apoyo y solidaridad.

Según Oneida Campuzano, madre del joven, desde hace varios años su hijo ha sido objeto de agresiones y burlas por su inclinación sexual. No sólo en el barrio sino también en el colegio, donde cursa grado noveno. Dicen queLuis se ha caracterizado por no prestarle atención a las ofensas, ser un excelente estudiante y tener una personalidad divertida, mostrando interés en aprender sobre cocina y belleza. De hecho, Luis siempre tuvo una buena relación con la madre del joven que lo agredió, a quien en ocasiones acompañaba a hacer compras.

Amigxs de Luis le escribieron algunos mensajes para sorprenderlo cuando regresara a su casa tras su recuperación en el hospital.

“Gracias a Dios mi hijo está bien. Lo que queremos es que esta clase de cosas no se vuelvan a repetir con nadie. Agradecemos profundamente el apoyo que hemos recibido”, afirmó Oneida Campuzano, madre y cabeza de hogar, quien con esfuerzo ha criado a Luis y a dos hijos más en una humilde vivienda de Altos del Rosario, un barrio habitado principalmente por personas desplazadas por la violencia, en donde el agua es escasa y la electricidad llega por horas.

En cuanto al agresor, las autoridades de Sincelejo comunicaron que el joven de 16 años fue detenido unas horas y dejado en libertad debido a un mal procedimiento de la Policía al momento de su detención, pues ésta no se realizó con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la Policía de Infancia y Adolescencia. Hoy, el adolescente se encuentra en casa de un familiar a la espera de ser solicitado por las autoridades. Frente a ello, el subintendente Carlos Mejía, de la oficina de Derechos Humanos de la Policía de Sucre, manifestó que permanentemente se ha hecho el acompañamiento del caso con el fin de que sean respetados los derechos tanto del menor agredido como del victimario.

“Abrazo a Luis y a todos los luises”

El caso de Luis ha tenido tanto despliegue en Colombia, que la misma alcaldesa de Bogotá, Claudia López, integrante de la comunidad LGBTI, envió al joven un mensaje de apoyo a través de su cuenta de Twitter: “Abrazo a Luis y a todos los luises de Bogotá y Colombia”. Y rechazó toda expresión de homoodio.

También varias organizaciones iniciaron acciones de apoyo a Luis. Colombia Diversa, Pink Consultores y Sucre Diversa comenzaron una campaña con el fin de recoger fondos y acomopañar al joven en un proceso de recuperación integral. Así lo afirmó Hugo Ramos Hernández, presidente de la Fundación Sucre Diversa. Hasta el momento se han recolectado poco más de 79 millones de pesos, cerca de 20 mil dólares, a través de una plataforma digital.

Calle en el barrio Altos del Rosario en donde se perpetró la agresión contra de Luis.

Una prótesis y solidaridad para Luis

“Nuestra meta era recolectar 30 millones para una prótesis, con el fin de que Luis pueda viajar ya sea a Medellín o Bogotá para sus tratamientos. Estamos en el proceso de localizar a los mejores médicos especialistas en estos temas. La idea también es realizar mejoras en su hogar, ya que Luis, dos jóvenes más y su madre, viven en condiciones muy precarias; de hecho, no tienen electrodomésticos. Estamos profundamente agradecidos con todas las personas que han puesto su granito de arena”, comentó Hugo Ramos Hernández.

Cecilia Tejada Silva, de la Oficina de Gestión y Equidad Social de la gobernación del departamento de Sucre, manifestó que “con la ayuda de la Secretaría de Salud se le ha brindado acompañamiento psicosocial a Luis y su familia. Desde que nos enteramos de los hechos, le entregamos, primero que todo, elementos de bioseguridad. También le entregamos a su madre un mercado. Nuestro acompañamiento será integral”. La funcionaria añadió que está en proceso la entrega de una Tablet con acceso a internet, para que Luis reanude sus estudios, ya que por cuenta de la pandemia y las medidas adoptadas por el gobierno nacional todas las instituciones educativas están cerradas.

El camino de la recuperación

Hoy Luis permanece en su casa recuperándose de la herida de su brazo amputado, cuidándose de no contraer la COVID -19, recobrando fuerzas para retomar sus clases. Si bien, como afirma su madre, en ocasiones Luis expresa sentirse “destrozado”, puede adivinar en su actitud fortaleza y deseos de seguir persiguiendo sus sueños.

Creen que algunos de ellos podrá hacerlos realidad, dijo Hugo Ramos, integrante de Sucre Diversa, no solo porque gracias a los fondos recolectados se podrá conseguir una prótesis y adquirir para la familia de Luis algunos enseres y electrodomésticos, sino también se está buscando un apoyo para que una vez cumpla la mayoría de edad y termine su escuela secundaria, pueda formarse en cursos de cocina y estética.

Frente a este hecho, Hugo Ramos afirmó que en Sucre no existe una ruta clara para atender estas agresiones en contra de personas de las personas LGBTI, por lo que le hizo un llamado al gobierno nacional para que, por medio del Ministerio del Interior, “active una mesa de casos urgentes para que la gobernación de Sucre y todos sus municipios sepan atender este tipo de agresiones en contra de los niños, niñas y adolescentes con orientación sexual diversa”.

Según un informe de Caribe Afirmativo, asociación que vela por la defensa de los derechos humanos de la población LGBTI, entre el 1 y el 18 de julio del 2020, se han presentado 40 casos de agresiones a lo largo de la costa caribe colombiana, aunque se estima que existe un gran subregistro por falta de denuncia.

*Este artículo fue escrito en el marco de una alianza informativa para la Red de Periodismo y Memoria, entre Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Agencia Presentes.

Fuente Agencia Presentes

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La zona más crítica es la Costa Caribe. / Andrés Torres

Organizaciones armadas ilegales en distintas regiones del país amenazan y desplazan a líderes de esa comunidad. Sectores del gobierno y las ONG trabajan para visibilizar los casos y atacar la discriminación.

“Teniendo presente la difícil situación de conflicto armado interno por la que pasa el país, en la cual hay presencia de distintas fuerzas al margen de la ley, los sectores sociales LGBTI se han convertido en objeto de señalamientos, amenazas, homicidios y desplazamiento forzado”. Así lo revela un reciente informe elaborado por el Ministerio del Interior, en el que se evidencia la preocupante situación de seguridad que vive esta población en departamentos como Sucre, Bolívar, Cesar, Chocó, Santander y Atlántico, donde hacen presencia las Farc y las bandas criminales.

Según el ministerio, la violencia que ejercen esas estructuras criminales contra personas LGBTI se ha agravado en los últimos años, debido a los esfuerzos que ha hecho esa población por exigir la garantía de sus derechos fundamentales. En algunas zonas del país estas circunstancias los han convertido en objeto de panfletos amenazantes, en los que se les conmina a desplazarse de sus lugares de residencia so pena de ser asesinados. Aunque las amenazas se han presentado en ciudades como Bogotá y Barrancabermeja, la zona más golpeada por este fenómeno es la Costa Caribe, donde se han recibido 19 panfletos desde 2012 firmados por los Rastrojos, los Urabeños y las Autodefensas de la Sierra Nevada del Magdalena.

Justamente, el pasado 9 de julio los Comandos Urbanos de los Rastrojos le enviaron un panfleto a varios defensores de derechos humanos del departamento del Atlántico, en el que los declararon “objetivo militar”. Entre ellos se encuentra Edwin Nemes, integrante de Caribe Afirmativo, una organización que defiende los derechos de la población LGBTI. En el documento se lee que esas personas serían asesinadas por “no apoyar la avanzada de la seguridad democrática y por defender los derechos humanos de los campesinos, desplazados, maricas, lesbianas y mujeres violadas por las extintas Auc”. En otro panfleto sin fecha, recibido este año, la misma organización armada ilegal amenazó con “dar muerte” a “lesbianas y homosexuales que degradan la moral y dan mal ejemplo a los niños”.

Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, señala que además de las amenazas “hay mucha presión por parte de las Farc y de grupos paramilitares en los Montes de María, en el Golfo de Morrosquillo y en La Guajira. En Cartagena y Barranquilla las bandas criminales amenazan, prohíben el uso del espacio público y utilizan a las personas LGBTI en el marco de la guerra por el tráfico de drogas”, lo cual ha generado desplazamientos forzados y temor en la región. Además, “se han presentado seis muertes violentas en lo corrido de este año en el Caribe, casos de abuso policial y agresiones de particulares en Barranquilla, en zona bananera del Magdalena y en Montería”.

El informe del Ministerio también reporta casos de discriminación en los que personas LGBTI fueron expulsadas de centros comerciales, retiradas de parques, iglesias, plazas y zonas de prostitución, y otros en las que fueron objeto de “burlas y expresiones agresivas” en escenarios de participación política. Respecto a los homicidios, “el mayor número se presenta contra mujeres trans, que son abordadas en la calle o en sus sitios de trabajo, como peluquerías o salones de belleza”. Igualmente, se han presentado casos de tortura ejercidos “a través de violaciones a mujeres lesbianas por parte de victimarios presuntamente pertenecientes a grupos paramilitares”.

La sistematicidad de la violencia contra esa población ha hecho que la Fiscalía incorpore un enfoque diferencial en sus investigaciones, lo cual permitió la priorización de los homicidios de mujeres trans en Sincelejo y Maicao. Sin embargo, los niveles de impunidad son alarmantes, teniendo en cuenta que de los 202 hechos que conoce el ente acusador, tan sólo siete se encuentran en etapa de juicio y ocho han recibido sentencia condenatoria. Al respecto, Wilson Castañeda opina que “esto es muy contraproducente, porque se manda un mensaje a la sociedad civil de que no son relevantes las violencias contra la población LGBTI y un mensaje de tranquilidad a los victimarios, de que no les va a pasar nada si afectan a esa población”.

A ello se suman las dificultades de las entidades estatales para atender de manera diferenciada los casos en que se ven involucradas personas de esa comunidad. Según Natalia Sorzano, coordinadora del Grupo de Minorías del Ministerio del Interior, “no ha habido el primer caso que tenga un agravante punitivo en el que se diga ‘esto fue por odio’. Se viene trabajando con la Fiscalía en identificar si por el hecho de que la víctima sea una persona LGBTI el presunto victimario debe demostrar que el crimen no fue por homofobia, con el fin de que no se le genere un agravante punitivo. Estas particularidades deben incidir en los protocolos de investigación; son vacíos que existen en la institucionalidad, en las leyes y en toda la construcción jurídica del país”.

Según el informe, otra de las preocupaciones son las denuncias sobre “abuso de autoridad, fuerza desmedida, burlas y agresiones” por parte de la Policía contra mujeres trans y hombres gais. Al respecto, el teniente coronel Alexánder Collazos, coordinador del área de Derechos Humanos de la institución, asegura que “se siguen implementando acciones de prevención en el interior de la Policía y diagnósticos regionales para proteger a esta población”. Se espera que el 21 de diciembre el Ministerio del Interior presente un proyecto de política pública nacional que dé respuesta a las necesidades en materia de salud, educación, trabajo y derechos humanos de la población LGBTI, duramente victimizada y excluida.

Via EL ESPECTADOR

mflorez@elespectador.com

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La organización colombiana Caribe Afirmativo ha denunciado las amenazas de muerte a varias personas LGTB en Chalán (departamento de Sucre, subregión de los Montes de María). Estas personas han recibido un panfleto amenazante, firmado por un grupo autodenominado “organización  de los rastrojos de la costa” que declara “objetivos de muerte” a “lesbianas y homosexuales que degradan la moral y dan mal ejemplo a los niños”. “Ojo, no somos homofóbicos, sino que deseamos hombres valientes que estén preparados para la guerra que se nos avecina”, añade el texto.

El panfleto fue introducido el pasado 2 de junio por debajo de la puerta de la vivienda que comparten dos mujeres trans y tres hombres gays, beneficiarios de programas del gobierno tras haber sufrido hace cuatro años un primer desplazamiento forzado. La noche siguiente, según cuenta Caribe Afirmativo, varias personas volvieron a la casa, ubicada en la ladera de un arroyo, desconectaron el contador de la  energía eléctrica, lo lanzaron al agua y les gritaron desde el exterior que “el plazo se vencía para que abandonaran el municipio”. Al día siguiente, el grupo solicitó auxilio a la policía de la localidad y a la alcaldía, recibiendo una respuesta negativa. La noche del 4 de junio, ante el temor de sufrir cualquier atentado o agresión que pusiera en riesgo sus vidas, tomaron la decisión de desplazarse a Sincelejo, la capital de Sucre.

Ya en Sincelejo, y con la ayuda de activistas LGTB locales, el grupo recibió ayuda y la Personería Municipal convocó a una reunión a representantes del Gobierno. La policía departamental considera sin embargo que los “rastrojos” no delinquen en la zona, aunque haya testimonios que aseguran que en las últimas semanas se ha incrementado las acciones delictivas en los Montes de María atribuidas a este grupo.

“La Corporación Caribe Afirmativo hace un llamado a las autoridades departamentales y a la Unidad de Víctimas para que brinden de inmediato protección a  este grupo de mujeres trans y de hombres gays, les garantice la restitución de sus derechos, prevenga en estos territorios este tipo de situaciones violentas y  ofrezca una ruta de reparación efectiva; que la Procuraduría investigue la conducta de omisión de la Alcaldía y la policía en ese municipio ante su negativa de atender la situación y que la Fiscalía y la Policía avancen en la investigación y judicialización de estas bandas criminales, que en el Caribe Colombiano ponen en riesgo la vida digna de las personas LGBTI”, expresa la organización en su comunicado.

Graves antecedentes de violencia homófoba y tránsfoba en Sucre

Ya desde hace varios años el observatorio de derechos humanos de Caribe Afirmativo tiene registrados en Sucre numerosos episodios de violencia hacia las personas LGTB, que incluyen desde desplazamientos forzados por amenazas muy similares a la descrita hasta asesinatos de hombres gays y mujeres transexuales.

“Se hace necesario una gran acción por parte del Estado en este Departamento de protección y garantía de derechos  hacia ellos y ellas y la puesta en marcha de acciones afirmativas y políticas públicas que garanticen la ciudadanía plena y el ejercicio del goce de sus derechos”, reclama esta organización.

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Fuente: Jornadanet, vía SentidoG:

La Comunidad LGBT de Bolivia presentó sus propuestas para el Código Familiar que actualmente se encuentra en proceso de “socialización” en ese país.

La comunidad LGBT de Bolivia ha presentado ante Marcelo Elío y Héctor Arce, presidentes de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Constitución respectivamente, un proyecto de reformas al Código Familiar de ese país sudamericano.

Por su parte, Elío dijo que los diputados están abiertos a discutir el contenido de una de las normas fundamentales que “protege y garantiza los derechos, a la esencia más importante de Estado que es la familia“, dijo.

En el mismo tono, Arce aseguró que se tomarán en cuenta todas las propuestas con el objetivo de construir una ley acorde a la realidad de Bolivia, todo bajo el marco constitucional.

“Con mucho respeto y consideración, hemos tenido la visita de representantes de la comunidad de gays y lesbianas en las ciudades de Sucre y Santa Cruz durante la Socialización del Código de las Familias, quienes entregaron de manera formal sus consideraciones, mismas que serán debatidas con seriedad al interior de la Comisión”, informó Arce.

Por el momento, el Código de las Familias y Proceso Familiar está en etapa de “socialización” y ha llamado mucho la atención de jueces, organizaciones sociales, profesionales y población en general. Todos tuvieron la posibilidad de participar en una serie de talleres al respecto.

El Código ya ha pasado por el proceso de ”socialización” en las ciudades de Sucre, Santa Cruz, hoy se lleva a cabo en Oruro; consta de 450 artículos y desarrolla la Constitución.

General, Historia LGTBI Bolivia, Código de las Familias y Proceso Familiar, Héctor Arce, Marcelo Elío, Oruro, Santa Cruz, Sucre