Los autores, atraían mediante engaño a hombres homosexuales para, seguidamente, coaccionarles y amenazarles obligándoles a tener que huir precipitadamente para evitar ser agredidos. Los hechos se desarrollaban en zonas dedicadas a la práctica de cruising.

Radio Segovia
09/06/2023 – 10:04 h CEST

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por su presunta implicación en la comisión de un supuesto delito de odio contra personas homosexuales. En el mes de febrero, tras recibirse una denuncia anónima en la Guardia Civil de Segovia, se iniciaron las primeras investigaciones, que se saldaron el pasado 26 de abril con la detención de una persona y la investigación de dos más, menores de edad, dando como resultado el esclarecimiento de un hecho relacionado con la comisión de un delito de odio.

Los hechos demostraban un marcado carácter homófobo contra la comunidad gay de Segovia. Los autores, atraían mediante engaño a hombres homosexuales para, seguidamente, coaccionarles y amenazarles obligándoles a tener que huir precipitadamente para evitar ser agredidos. Los hechos se desarrollaban en zonas dedicadas a la práctica de cruising en Segovia.

Fruto de las investigaciones, este pasado martes se detuvo a cuatro personas más relacionadas con los referidos hechos, por lo que el número de implicados asciende a siete. Las detenciones se han llevado a cabo por miembros del Equipo de Respuesta a los Delitos de Odio (REDO) de la Comandancia de Segovia.

La investigación ha estado dirigida por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Segovia, en coordinación con la Fiscalía Delegada para los delitos de odio y contra la discriminación, y la Fiscalía de Menores de Segovia. La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

Fuente Cadena SER

General, Homofobia/ Transfobia. Cruising, Delitos de Odio, Equipo de Respuesta a los Delitos de Odio (REDO), Guardia Civil, Homofobia/Transfobia, Segovia

La investigación continúa abierta, por lo que no se descarta que se produzcan más detenciones

Un hombre de 19 años fue detenido en la provincia de Segovia hace dos semanas por la Guardia Civil, así como dos menores de 17 años de edad investigados por su implicación en un presunto delito de odio, al acudir, con la cara tapada con pasamontañas y con bates de beisbol y otros objetos contundentes, a una zona donde quedan habitualmente parejas homosexuales, para amenazarlas y coaccionarles. Agentes que realizaban tareas de investigación como infiltrados, según confirmó el jefe de la Comandancia de Segovia, José Luis Ramírez, fueron víctimas de estas amenazas.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, incidió en este hecho que los propios agentes de la Guardia Civil de Segovia sufrieron “en su propias carnes” el modo de proceder, movidos por el odio hacia los hombres homosexuales, de “estas tres personas en principio y ya veremos como evoluciona la operación”. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La operación fue coordinada por el Juzgado número 4 de Segovia, que ha dejado en libertad con cargos a la persona mayor de edad, mientras que los dos jóvenes de 17 años permanecen a disposición de la Fiscalía de Menores. El hombre de 19 años se enfrenta a una posible pena de cuatro años de cárcel por un delito de odio.

La investigación comenzó el pasado febrero con una denuncia anónima, tras lo que agentes especializados de los Equipos de Respuesta a los Delitos (REDO) de la Guardia Civil de Segovia llevaron a cabo las primeras pesquisas, que permitieron centrar las sospechas en estas tres personas. El responsable de la Guardia Civil, que no ha querido dar más detalles sobre el lugar dónde se producen los ataques, sólo dijo que era un descampado, lo que complicó las labores de vigilancia y seguimiento por parte de los agentes.

Según pudieron comprobar, acudían a un punto de encuentro habitual de parejas de hombres homosexuales, y con el rostro cubierto, les amenazaban y coaccionaban con “objetos contundentes” como bates de béisbol.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Castilla y León agradeció la colaboración del colectivo Segoentiende, además de pedir una reflexión a la sociedad, cuando son jóvenes, de entre 17 y 19 años, los que con la cara tapada por un pasamontañas y armados, deciden “sembrar” el terror y el miedo en las personas homosexuales, únicamente guiados por su odio hacia este colectivo.

La investigación continúa abierta, por lo que no se descarta que se produzcan más detenciones, mientras el caso ya está en manos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Segovia, que actúa en coordinación con la Fiscalía delegada contra los delitos de odio y la Fiscalía de menores.

Ramírez ha comentado que en un principio los agentes llevaron a cabo la investigación con “toda la prudencia” por el carácter de los hechos, pero una vez que los propios agentes experimentaron el episodio de acoso cambió su “visión” de los mismos.

Fue en ese momento cuando se dieron cuenta de que no se trataba de “una chiquillada”, sino que era “una cosa seria” que podía suponer los “primeros pasos” hacia la comisión de hechos más graves.

Se ha preguntado cómo es posible que ambos tengan “esa dosis de odio dentro del cuerpo” como para “buscar espacios donde se reúnen parejas homosexuales” y “pasamontañas, puesto, bate en mano”, se dediquen a “sembrar el terror y el odio” a otras personas solo por su condición de homosexual. “Creo que también tenemos una obligación pedagógica de qué educación estamos transmitiendo o qué hay en nuestras siguientes generaciones”, ha reflexionado.

Fuente Agencias

General, Homofobia/ Transfobia. Castilla y León, Delitos de Odio, Equipos de Respuesta a los Delitos (REDO), Guardia Civil, Homofobia/Transfobia, Segoentiende, Segovia, Virginia Barcones

Nos envían esta nota para su plublicación, lo que gustosamente hacemos aL ESTAR ABSOLUTAMENTE DE ACUERDO.

Estimada sociedad:

Desde las diferentes entidades y asociaciones que trabajamos y colaboramos en la defensa de los derechos humanos aplicados a las personas transexuales, escuchamos con perplejidad las voces de quienes sin haberse informado previamente lanzan mensajes que predisponen a la mayoría en contra de las personas transexuales.

1.- La transexualidad afecta a un porcentaje algo menor al 0,1%, es decir, a 1 de cada 1000 personas, lo que significa alrededor de 40000 personas en España de las que 5600 serían menores de edad, la cual es una cifra alejada de las 35000 personas menores de edad afectadas por el Síndrome de Down.

2.- La ley actual del 15 de marzo de 2007 establece que al ser en aquellos momentos la transexualidad una patología, ésta ha de ser evaluada por un equipo de psicología y psiquiatría como paso previo al tratamiento hormonal y/o quirúrgico. La persona es derivada desde su consulta de atención primaria al servicio de psiquiatría en un plazo no inferior a tres meses, donde pasará al menos seis consultas antes de ser derivada al servicio de endocrinología con un informe de disforia de género donde será tratada durante un mínimo de dos años continuando con la prestación psicológica. Desde el año 2018 la O.M.S. dejó claro que la transexualidad no es una patología, por lo que tener que acudir obligatoriamente a un servicio de psiquiatría para ser diagnosticada atenta contra la dignidad de estas personas, y más desde que en su última revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) dejó de ser clasificada como un trastorno. En la nueva ley se recoge la posibilidad de que las personas transexuales puedan ser acompañadas en este proceso si así lo desean. Durante el tiempo de vigencia de la ley del 2007 y en un estudio realizado durante 10 años por la Unidad Integral de Género de Valencia tan solo el 1% de las personas tratadas decidieron dejar la transición.

3.- En la ley actual del 2007 se exige un tiempo mínimo de dos años de hormonación antes de solicitar cualquier cambio en el Registro Civil. La solicitud tiene que ir acompañada de un Certificado de Disforia de Género, Certificado de Hormonación y a ser posible, presentar testigos que avalen esta realidad, para que después de un plazo mínimo de tres meses el Registro Civil se pronuncie a favor de este cambio en el nombre y el sexo manteniendo el mismo número de D.N.I. La nueva propuesta intenta reducir esos trámites evitando el certificado de disforia de género ( la transexualidad no es una patología) y el tiempo de hormonación ( ya no hará falta presentar un certificado que acredite esta medicación) y se propone un plazo máximo de resolución en el Registro Civil, e incluso, para quienes quieran dar marcha atrás también se contempla está posibilidad. Igualmente con la reforma se quiere incluir a las personas solicitantes de asilo y refugiadas para que puedan acceder a estos cambio sin tener que esperar en ocasiones hasta 5 años como sucede en la actualidad.

4.- La mayor parte de las personas transexuales manifiestan su disconformidad entre el sexo biológico y el género a las edades de 5-6 años para los niños y hasta los 8 años en el caso de las niñas. Durante este tiempo el apoyo de las familias y de las instituciones no están al mismo nivel provocando gran malestar en las personas menores transexuales, especialmente en el ámbito de los centros educativos donde suelen faltar protocolos de actuación en estas situaciones, dando lugar a que la adolescencia de estas personas menores de edad sea complicada. Incluso en la ley actual de 2007 y contando con el consentimiento de los padres, no todas las personas transexuales menores de edad están en tratamiento hormonal y tampoco pueden acceder a un cambio de nombre aún siendo suficientemente maduras. En este último punto el Tribunal Constitucional expuso en 2019 que una parte de la ley del 2007 relativa al cambio registral en menores con madurez y tratamiento estable hormonal de transición era anticonstitucional ya que impedía su registro. La nueva propuesta presenta primero la posibilidad del cambio registral y a continuación la opción de iniciar el tratamiento hormonal, dando un plazo de seis meses para la rectificación de la inscripción registral.

5.- La nueva ley se lleva trabajando desde el año 2017 con diferentes entidades, asocianes, organismos médicos, psicológicos, judiciales y políticos. La ley ha tenido borradores que ya fueron expuestos a la consulta pública tanto por la sociedad en general como por los partidos políticos aunque éstos siempre pueden contar con las bazas de las enmiendas para actuar sobre el texto y su tramitación. Uno de los puntos que refuerza a la del 2007 es el de la autodeterminación el cual ya viene recogido en las leyes de igualdad social y no discriminación de 14 comunidades autónomas y en 15 países como Malta, Grecia o Portugal. Y en el caso de que un hombre biológico hubiera cometido delitos relacionados con la violencia de género y luego solicitase su cambio registral, no le exime del cumplimiento de las penas ya que sería juzgado de acuerdo al sexo y género con el que cometió los actos. 

Confiemos haber ayudado a mejorar la comprensión del texto que espera su aprobación en el Congreso de los Diputados el cual recoge el deseo de que los Derechos Humanos se apliquen a las personas transexuales.

Atentamente,

Amanda Azañón, presidenta de FECyLGTB; Daniel Fernández, portavoz de Chiguitxs de Palencia; Pablo Gutiérrez, portavoces de AWEN de León; Gema Segoviano, portavoz de Segoentiende en Segovia.

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Amanda Azañón, derechos Trans, FECyLGTB; Daniel Fernández, Ley Trans, Personas trans, portavoces de AWEN de León; Gema Segoviano, portavoz de Chiguitxs de Palencia; Pablo Gutiérrez, Segoentiende, Segovia

Por consentir el mantenimiento de símbolos de la Guerra Civil y el Franquismo

Pedirán la salida de los restos de Francisco Franco, José Antonio Primo de Rivera y Gonzalo Queipo de Llano

Una quincena de Obispados y Arzobispados de toda España serán denunciados mañana, martes, ante los juzgados de instrucción por consentir el mantenimiento de símbolos de la Guerra Civil y la dictadura franquista en contra de lo estipulado por la Ley de Memoria Histórica y mantener enterrados los restos de Francisco Franco, José Antonio Primo de Rivera o el general Queipo de Llano pese a que el derecho canónico solo permite enterrar en sus territorios cadáveres de pontífices, cardenales u obispos.

Así lo expone el abogado especializado en Derechos Humanos, Eduardo Ranz, en los escritos que presentará este martes 14 de abril –coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la Segunda República– ante los tribunales por un posible delito contra la independencia del Estado del artículo 589 del Código Penal, al entender que los obispos dependen de las instrucciones de la ciudad del Vaticano, la cual está constituida como un Estado Independiente y no cumplen con la legislación española.

Por su parte, los escritos de alegaciones canónicas, a los que ha tenido acceso Europa Press, se presentarán ante los Obispados y Arzobispados de Madrid, Córdoba, Segovia, Cuenca, Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres, Badajoz, Almería, Cartagena, Valencia, Orihuela-Alicante, Sevilla, Sigüenza-Guadalajara, Zaragoza y Oviedo.

En el caso de Madrid, el abogado interpondrá este martes a las 11.00 horas ante el Arzobispado, situado en la calle Bailén, un escrito solicitando la retirada de la simbología de franquista y la salida de los restos de Franco y Primo de Rivera que descansan en la Basílica del Valle de los Caídos. En este sentido, cita también la placa conmemorativa del fundador de la Falange Española en la basílica de la Concepción de Nuestra Señora, situada en el barrio de Salamanca, en Goya, 26.

“Todo ello en manifiesto incumplimiento de la comúnmente denominada Ley de Memoria Histórica, y del canon 1242 del Código de Derecho Canónico, que establece textualmente ‘No deben enterrarse cadáveres en las iglesias, a no ser que se trate del Romano Pontífice o de sepultar en su propia iglesia a los Cardenales o a los Obispos diocesanos, incluso eméritos“, explica el abogado, para añadir que el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica obliga a retirar estos símbolos.

 Por lo tanto, añade, el Arzobispado de Madrid, “con su permisividad o inacción, está vulnerando manifiestamente los cánones, puesto que ni Francisco Franco Bahamonde ni José Antonio Primo de Rivera son, o han sido, al menos de forma pública y notoria, Romano Pontífice, Obispo o Cardenal”.

Ranz, que pide al Arzobispado de Sevilla retirar la tumba del teniente general Gonzalo Queipo de Llano y Sierra de la basílica de La Macarena, cita como precedente un caso de Alicante, donde la basílica de Nuestra Señora del Socorro eliminó una placa que contenía las palabras ‘José Antonio’, en conmemoración al fundador de la Falange.

Por su parte, se ampliarán a 42 consistorios las denuncias penales por mantener estos vestigios. Entre ellos, varias denuncias se presentarán ante el Tribunal Supremo por la condición de aforados de sus regidores, como el de Zaragoza Juan Alberto Belloch; el presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda; el de Toledo, Emiliano García-Page; el de Teruel, Manuel Blasco; la alcaldesa de Cáceres, María Elena Nevado del Campo o el de Guadalajara, Antonio Román.

“Si en un tiempo prudencial no obtuviera respuesta, acudiré al romano Pontífice y a la Curia Romana, como órgano colegiado”, advierte el abogado respecto a los obispos, para añadir que la Conferencia Episcopal no tiene competencia sobre este asunto en aplicación de los cánones del Código de Derecho Canónico.

Ranz denunció inicialmente en los tribunales el pasado 11 de febrero, coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la Primera República, a 38 alcaldes por un supuesto delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal. Este delito lleva aparejado una multa de tres a doce meses y una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. De forma subsidiaria, calificaba los hechos como una falta contra el orden público del precepto 634, que prevé el pago de una multa.

El letrado recordaba que el artículo 15 de Ley de Memoria Histórica obliga a las Administraciones Públicas a tomar las medidas oportunas para retirar los escudos, las insignias, las placas y otros objetos o menciones conmemorativas de la “exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”.

(RD/Ep)

General, Iglesia Católica Almería, Antonio Román, Badajoz, Basílica del Valle de los Caídos, Cartagena, Córdoba, Coria-Cáceres, Cuenca, Eduardo Ranz, Emiliano García-Page, Francisco Franco, Franquismo, Gonzalo Queipo de Llano, Iglesia Católica, José Antonio Primo de Rivera, Juan Alberto Belloch, Juan José Imbroda, La Macarena, Madrid, Manuel Blasco, María Elena Nevado del Campo, Memoria Histórica, Mérida-Badajoz, Orihuela-Alicante, Oviedo, Segovia, Sevilla, Sigüenza-Guadalajara, Valencia, Zaragoza

Antonio Gala y una reflexión sobre la Iglesia

Para muchos prelados, los gays siguen siendo sinónimo de “deficiencia”, “anormalidad”, “corrupción moral”, “patología”…

Algunos incluso los vinculan directamente con la pederastia o justifican enfermedades como “divina providencia“

Sebastián, cardenal: “El señalar a un homosexual una deficiencia no es una ofensa, es una ayuda porque muchos casos se pueden recuperar y normalizar”

Reig Pla prologó un libro que considera la homosexualidad una “patología” que se puede “tratar” y “combatir”

Fuente ZoomNews

Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Alcalá de Henares, André-Joseph Léonard, Ángel Rubio, Ávila, Benedicto XVI, Casimiro López Llorente, Conferencia Episcopal Española, Córdoba, Demetrio Fernández, Fernando Sebastián, Iglesia Católica, Jesús García Burillo, Juan Antonio Martínez Camino, Juan Antonio Reig Plà, Papa Francisco, Pedro Zerolo, Segorbe-Castellón, Segovia, Tarcisio Bertone, UNESCO, Vaticano