Con el objetivo de que se traduzca en un Pacto de Estado que erradique de la esfera pública los mensajes que estigmatizan y señalan a los grupos en situación de vulnerabilidad 

Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos humanos y los sindicatos más representativos han suscrito un texto consensuado en los últimos meses que define un Pacto Social contra los discursos de odio ante la proliferación de este tipo de mensajes en la esfera pública.

Las entidades firmantes han trasladado el texto a los partidos políticos para conseguir que se traduzca en un Pacto de Estado, puesto que los discursos de odio son la antesala de los delitos de odio. Y es que, según el informe de delitos de odio del Ministerio del Interior, en 2021 los delitos de odio han crecido un 6%. Asimismo, la organización internacional ILGA relaciona directamente el aumento de discursos de odio con el incremento de agresiones en su último Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas LGBTI+ en Europa y Asia Central.

Así, a través de este Pacto, impulsado desde el activismo de personas LGTBI+, entidades que defienden los derechos de personas en situación de sinhogarismo, migrantes, refugiadas, gitanas, jóvenes, personas con VIH o con discapacidad, entre otras y los sindicatos más representativos, han pedido a los partidos que impulsen un acuerdo institucional para blindar los derechos humanos y en contra de los discursos de odio.

“El señalamiento por parte de algunos representantes políticos de estos grupos tienen un efecto terrible y desmedido”

También, les han instado a asumir el compromiso político de cumplir la normativa europea e internacional de derechos humanos y a promover una justicia restaurativa, donde participen los colectivos en situaciones de vulnerabilidad.

Con este Pacto, las entidades firmantes persiguen reforzar el consenso social y político en defensa de los grupos en situación de vulnerabilidad, desde el rechazo a los discursos de odio que culpan a estas minorías de problemas reales o ficticios. Además, buscan informar a las víctimas de sus derechos y de las herramientas que tienen para saber ejercerlos.

Según la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, “el señalamiento por parte de algunos representantes políticos de estos grupos tienen un efecto terrible y desmedido porque canaliza las frustraciones de la población contra personas que tienen dificultades para defenderse debido a su situación de desigualdad. Alimentan las agresiones y las discriminaciones y ponen en riesgo la convivencia social”.

Medidas específicas

El texto suscrito recoge también una serie de medidas concretas a adoptar como la elaboración de campañas de sensibilización; el análisis estadístico de los discursos de odio; la elaboración de un estudio anual del impacto individual y colectivo que tienen estos mensajes en las personas en situaciones de vulnerabilidad o la formación en materia de discurso de odio en los entornos laborales, al funcionariado, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en los centros educativos y en el ámbito sanitario, entre otras.

El Pacto Social ha sido firmado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+); Fundación Triángulo; Asociación Chrysallis; Fundación ONCE; CERMI; Cesida; el Consejo de la Juventud de España; Red Acoge; CEAR; HOGAR SÍ; Fundación Secretariado Gitano; CCOO y UGT. Estas organizaciones han defendido que “los discursos de señalamiento y odio contra grupos en situación de vulnerabilidad, y sus consecuencias, construyen una sociedad española con más violencia, más agresiones y más discriminación”.

Las organizaciones firmantes manifiestan que los discursos de odio ponen en juego la convivencia social

Se trata de una sociedad peor que ningún demócrata desearía, una auténtica involución que necesita una acción decidida por parte de la sociedad y de los partidos políticos para frenar en seco el aumento del odio contra los grupos en situación de vulnerabilidad en España. Es por ello que, las entidades que han luchado incansablemente para avanzar en los derechos humanos debemos actuar para contrarrestar esta urgente situación. Y es que no podemos permitirnos dar ningún paso atrás.

La sociedad española es una de las sociedades más abiertas y respetuosas con la diversidad. Las organizaciones firmantes manifiestan que los discursos de odio ponen en juego la convivencia social y son contrarios al modelo de inclusión y respeto que siempre ha ejemplificado la sociedad española. Por eso, este Pacto será una herramienta fundamental para continuar avanzando en derechos para todas las personas.

ACCEDE AQUÍ AL DOCUMENTO DEL PACTO SOCIAL, FIRMADO POR MÁS DE UNA DECENA DE ORGANIZACIONES

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Este Pacto social pretende reforzar el consenso social y político en defensa de los grupos vulnerables e impulsar un Pacto de Estado contra los discursos de odio.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha promovido hoy la 1º Mesa del Pacto Social y de Estado frente a los Discursos de Odio contra Grupos Vulnerables, que ha reunido a más de veinte organizaciones sociales, instituciones y partidos políticos, entre ellas, CCOO, UGT, Consejo de la Juventud de España,  FELGTBI+, Fundación Triángulo, Fundación ONCE, CERMI, Secretariado Gitano, Red Acoge, CESIDA, Hogar Sí, la Dirección General de Diversidad Sexual, la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, la Oficina de Delitos de Odio del Ministerio del Interior, así como PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Más País y Equo.

El objetivo de esta primera mesa ha sido proponer a los principales actores sociales y políticos del estado un Pacto Social frente a los discursos de odio que estigmatizan y señalan a los grupos vulnerables, dada la emergencia de discursos de odio contra estos grupos en la esfera pública, que está socavando los cimientos de la convivencia social y poniendo en peligro los avances logrados hasta la fecha. A juicio de las organizaciones, es evidente que la estigmatización y el señalamiento a los grupos vulnerables está legitimando la discriminación y la violencia en su contra, como muestra el aumento de un 10% de los delitos de odio en el primer semestre de 2021 respecto al de 2019. Además, se ha constatado un aumento de la virulencia en este tipo de delitos, sin ir más lejos, con el asesinato a Samuel Luiz en La Coruña el pasado julio y los grupos neonazis que se manifestaron en septiembre en Chueca al grito de “fuera maricas y sidosos”.

Se propone a los actores sociales, políticos y mediáticos rechazar públicamente los discursos contra grupos vulnerables y a no darles difusión.

El acto, que ha tenido lugar el 4 de febrero en la sede de Fundación ONCE, se ha inaugurado con la presentación de la iniciativa por parte de Uge Sangil, presidenta de FELGTBI+, entidad promotora. Sangil ha señalado que “es fundamental que la sociedad rechace con claridad los discursos de odio que nos estigmatizan, nos señalan y alimentan la violencia contra los grupos vulnerables.” Además, ha indicado Sangil, “aspiramos a que este Pacto Social impulse un Pacto de Estado que proteja a las personas afectadas por los discursos de odio, con medidas como la formación de los operadores jurídicos, la formación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, o la revisión de la legislación sobre delitos de odio contra colectivos vulnerables.”

Las organizaciones impulsoras del Pacto han debatido los ejes de acción y medidas concretas para impulsar el rechazo hacia los discursos de odio y la protección para los grupos vulnerables. El Pacto se reunirá periódicamente para evaluar sus avances y el seguimiento por parte de los actores de los compromisos presentes en este pacto.

Fuente FELGTBI+

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Recibimos esta buena noticia de la Fundación Pedro Zerolo:

Os remitimos la nota pública de Kifkif, Asociación de Migrantes y Refugiados LGTBI, y la Red Acoge con motivo de la apertura este jueves del Centro de Acogida ‘Pedro Zerolo’, primer recurso de refugio del sistema de acogida español exclusivamente LGTBI que dará alojamiento a 20 personas solicitantes de asilo y beneficiarias de protección internacional.

Kifkif se dirigió a nosotros el pasado mes de agosto trasladándonos su deseo de que el primer centro de acogida de asilo y refugio LGTBI en España llevara el nombre de Pedro Zerolo, como homenaje a su legado en la defensa de los Derechos Humanos de las personas LGTBI, inmigrantes y refugiadas. El Comité ejecutivo de la Fundación Pedro Zerolo agradeció a Kifkif y Red Acoge dedicar este tributo a nuestro querido Pedro Zerolo y les trasladó su conformidad con la propuesta, agradecimiento por la misma y deseos de colaboración, que materializaremos en fechas próximas.

Kifkif y Red Acoge abren el primer centro de refugio del sistema de acogida español exclusivamente LGTBI

12/11/2020

Kifkif, Asociación de Migrantes y Refugiados LGTBI, y Red Acoge han abierto este jueves el Centro de Acogida ‘Pedro Zerolo’, primer recurso de refugio del sistema de acogida español exclusivamente LGTBI que dará alojamiento a 20 personas solicitantes de asilo y beneficiarias de protección internacional.

Este recurso, pionero en España, nace por la necesidad de garantizar los derechos humanos de las personas solicitantes y facilitar su integración e inclusión en la sociedad, en un momento en el que el colectivo LGTBI sigue enfrentando persecuciones, criminalizaciones y hasta penas de muerte en más de 70 países, según datos oficiales de ILGA World. Las solicitudes de asilo por orientación o expresión sexual e identidad de género están recogidas en la Convención de Ginebra y Estatuto de los Refugiados.

El Centro de Acogida Pedro Zerolo, que se enmarca en el programa AIA-A que ejecuta Red Acoge, tiene como objetivo ser un espacio seguro para proporcionar un proceso de integración e inclusión para personas solicitantes de protección internacional LGTBI. Para cumplir con este recurso contamos con técnicos de intervención social que harán posible la transición a la integración de 20 personas solicitantes de asilo LGTBI, tras una selección realizada mediante entrevistas, informes y un seguimiento personalizado de cada caso.

Los efectos de la pandemia por Covid19, además de paralizar la expedición de documentación y los procesos de asilo, han empujado a situaciones de emergencia a las personas solicitantes de asilo LGTBI, al no disponer de ahorros, trabajos formales ni cotizaciones a la seguridad social. Tampoco han podido acogerse a ayudas sociales y ello ha supuesto que muchas personas se encuentren sin recursos tan básicos como alimentos, productos de higiene o fármacos. Este colectivo enfrenta una múltiple discriminación en el ámbito laboral.

Dicho centro, que se enmarca en el programa AIA-A que ejecuta Red Acoge, está subvencionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la Secretaría de Estado de Migraciones y la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria.

El presidente de Kifkif, Samir Bargachi, ha explicado que este proyecto “representa una nueva conquista para el colectivo de personas refugiadas LGTBI, tras muchos años de trabajo y esfuerzo de las organizaciones sociales junto a las instituciones públicas”, ha concluido.

Por su parte, el presidente de Red Acoge, Daniel Ibarz, ha asegurado que la apertura del centro es “fruto de un trabajo en red, que valora el aporte de cada organización y tiene como principal objetivo la protección de los colectivos más vulnerables. Red Acoge, hoy más que nunca, es reflejo de una sociedad comprometida y diversa”, ha concluido.

Kifkif trabaja desde 2002 en diversas áreas para ofrecer acompañamiento, atención y asesoramiento a las personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes LGTBI. Nuestro objetivo es el de contribuir a la construcción de una sociedad diversa que promueva la igualdad de género y los derechos humanos de las personas LGTBI, así como la realidad migrante. Durante 2020 esta entidad ha atendido ya a más de 3.000 personas usuarias.

Red Acoge es una Federación de organizaciones sin ánimo de lucro surgida en el año 1991 para promover los derechos de las personas migrantes y construir una sociedad donde la interculturalidad sea un motor de transformación social con el fin de lograr un mundo más justo e igualitario. La Red, agrupa a veinte organizaciones que tienen su base social a lo largo de la geografía española y se centra en el trabajo con las personas migrantes y refugiadas, dando una importancia especial a la sociedad que les acoge, y promoviendo una migración digna, protegida y segura.

Hazte Amigo/a de la Fundación Pedro Zerolo, ayudándonos a prolongar su legado y extender su activismo igualitario

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El plazo de enmiendas ha sido ampliado hasta la fecha en once ocasiones

Amnistía Internacional, Comisiones Obreras (CCOO), la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Confederación Estatal de Personas Sordas CNSE),  la Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA), la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), la Confederación Intersindical, el Consejo de la Juventud de España (CJE), la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), la Fundación Cepaim, la Fundación ONCE, la Fundación Secretariado Gitano, Mensajeros de la Paz, Movimiento Contra la Intolerancia, Movimiento por la Paz (MPDL), la Plataforma de Organizaciones de Acción Social, la Plataforma del Voluntariado, Plena inclusión, RAIS, Red Acoge, Save the Children, la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol) han suscrito un documento en el que exigen la urgente aprobación de la Ley de Igualdad LGTBI, actualmente en proceso de tramitación parlamentaria.

“Como organizaciones de la sociedad civil, estamos comprometidas a trabajar para la erradicación de todas las barreras que suponen una discriminación y una vulneración de los derechos humanos. Confiando en que el compromiso es compartido, instamos a que los diputados y diputadas del Congreso hagan todo lo que esté en su mano para que la Ley de Igualdad LGTBI pueda entrar en vigor lo antes posible”, han asegurado las organizaciones y sindicatos que suscriben el documento.

Asimismo, piden a las diputadas y los diputados del Congreso que, “durante el actual proceso de tramitación, hagan enmiendas que busquen mejorar el articulado, pero respetando al máximo la esencia del texto −impulsado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y consensuado con numerosas entidades− ya que es el que emana de los colectivos directamente afectados”.

El texto suscrito en su totalidad se encuentra disponible en el siguiente microsite: http://www.felgtb.com/leylgtbi/

Fuente FELGTB

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La FELGTB quiere hacer público su apoyo a seis entidades de defensa de los derechos humanos y de profesionales de la sanidad que se han dirigido al Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, para exigirle que incluya la cuestión de la asistencia sanitaria a las personas migrantes en situación administrativa irregular en el orden del día del próximo Consejo Interterritorial de Salud, que se celebrará este 29 de julio en Madrid.

Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge, SEMFyC, SESPAS y Odusalud solicitan a las autoridades centrales y autonómicas representadas en el Consejo que debatan y adopten acuerdos sobre la urgencia de poner en práctica las recomendaciones emitidas por más de una decena de mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas y el Consejo de Europa, que han instado al Gobierno español a asegurar el acceso a la atención sanitaria para todas las personas que viven en España.

Además, a la puerta del Ministerio, activistas de estas asociaciones entregarán botiquines –que contienen el listado de recomendaciones internacionales– al ministro y a los y las representantes de las Consejerías de Sanidad autonómicas participantes en la reunión.

Las últimas recomendaciones internacionales provienen del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, quien ha destacado que el Real Decreto Ley 16/2012 ha tenido un impacto desproporcionado sobre las mujeres migrantes y que con él se ha perdido una oportunidad para identificar a las víctimas de violencia de género y a las víctimas de trata de personas y apoyar a las víctimas de violencia sexual. El Comité recomienda que se reforme el Real Decreto Ley para garantizar el acceso a la atención sanitaria a todas las personas.

En el mes de mayo, también el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación de la mujer en la legislación y en la práctica instó al Gobierno a asegurar la cobertura sanitaria para todas las personas migrantes y calificó el Real Decreto Ley 16/2012 como una medida regresiva incompatible con las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas también ha recomendado a España que las personas migrantes no sean discriminadas en el acceso a la atención de la salud.

Exigimos medidas definitivas, no parches

En las últimas semanas, dos autonomías –Comunidad Valenciana y Baleares– han anunciado la extensión de la tarjeta sanitaria a todas aquellas personas empadronadas en sus territorios. Se suman así a otras comunidades que han adoptado medidas para garantizar el acceso de personas migrantes a la atención sanitaria, como Asturias, Andalucía, o Euskadi y Navarra, que han llegado a garantizar por ley la universalidad de la atención sanitaria.

Las organizaciones firmantes consideran que el anuncio del ministro del pasado mes de marzo en relación con el acceso a la atención primaria de las personas hasta ahora excluidas es un paso en la dirección correcta, pero también es solo una medida paliativa y, por tanto, insuficiente. Lo importante -consideran las entidades- es reformar la legislación que consagra esta exclusión sanitaria y blindar definitivamente el acceso a la salud como un derecho humano.

Mientras esto llega, es necesario recordar a los gobiernos autonómicos que también ostentan obligaciones internacionales en materia del derecho a la salud y que pueden y deben llegar al límite de sus competencias para asegurar que se restaure la universalidad de este derecho. Además, las autonomías gobernadas por aquellas fuerzas políticas que suscribieron públicamente su compromiso con la restitución de la cobertura sanitaria universal en España tienen ahora una oportunidad de oro para exigir al gobierno central cambios legislativos urgentes que permitan alcanzar este objetivo.

En este sentido, organizaciones como Médicos del Mundo y las integradas en el observatorio Odusalud se preguntan de qué forma las nuevas medidas que se pongan en marcha van a contemplar la restitución del daño causado hasta ahora por la exclusión sanitaria, en concreto con las facturas y compromisos de pago emitidos.

Las entidades firmantes de la carta al ministro, que llevan denunciando el impacto de la reforma sanitaria desde su aprobación y documentando sus efectos con sus propios medios, han exigido reiteradamente al Gobierno que evalúe qué consecuencias ha tenido el Real Decreto Ley 16/2012 sobre el derecho a la salud de las personas afectadas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

 Los mecanismos internacionales que han instado a las autoridades a garantizar el acceso a la atención sanitaria para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación son: el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; la Relatora Especial de extrema pobreza y derechos humanos; el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; el Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales; el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; el Comité Europeo de Derechos Sociales; el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas; Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas; el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre discriminación contra las mujeres en la ley y en la práctica y 9 países en el marco del mecanismo de Examen Periódico Universal.

General Alfonso Alonso, Amnistía Internacional, Discriminación, España, FELGTB, Médicos del Mundo, Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, Naciones Unidas, Odusalud, Red Acoge, Salud, SEMFyC, SESPAS