Continúa la represión policial contra la comunidad LGTBI en Uganda, aunque finalmente las sentencias liberen sin cargos a los detenidos, algunos de los cuales incluso deben ser indemnizados por conculcarse sus derechos constitucionales. En dos ocasiones, la policía detuvo a sendos grupos de jóvenes en refugios para personas LGTBI tras presentarse denuncias por llevar a cabo actos homosexuales o celebrar una «boda gay». Sin embargo, los cargos finalmente presentados en ambos casos fueron los de «propagación negligente de enfermedades» por violar la normativa impuesta en la lucha contra la COVID-19, un subterfugio con el objetivo de conseguir un castigo en los tribunales ante la falta de pruebas para los delitos que perseguían. Mientras tanto, el Parlamento aprobó en primera lectura el Proyecto de Ley de Delitos Sexuales, que agrava las penas para las personas que mantengan relaciones con personas de su mismo sexo, incluyendo a las mujeres, y establece su inclusión permanente en un registro público de delincuentes sexuales. 

Demandantes por torturas en prisión

La primera de las redadas se produjo en la mañana del 29 de marzo de 2020, cuando la policía entró en un albergue para jóvenes LGTBI sin hogar en Kyengera, a las afueras de la capital Kampala y detuvo a los 23 jóvenes varones allí presentes. Según denuncia el Foro por la Concienciación y la Promoción de los Derechos Humanos (HRAPF), al menos dos de ellos fueron agredidos. Tras dejar en libertad a tres de los arrestados, los restantes veinte fueron puestos a disposición judicial y enviados a prisión provisional, acusados de desobediencia y de transmisión negligente de enfermedades, en aplicación de las normas de distanciamiento social impuestas por la pandemia de COVID-19 prohíben las reuniones de más de cinco personas.

Sin embargo, la actuación policial partió de las denuncias de los vecinos del barrio, que acusaban a los jóvenes de llevar a cabo actos homosexuales, ofreciendo como prueba de su acusación el «amaneramiento anormal» de los refugiados. La policía sometió a los jóvenes detenidos al «paseo de la vergüenza», al conducirles a través del barrio, a la vista de todos, hasta la comisaría de Nkonkonjeru.

Finalmente, 19 de los detenidos fueron encarcelados, sin posibilidad de conseguir un abogado debido a las restricciones por la pandemia y, por lo tanto, sin poder solicitar la libertad bajo fianza. Así permanecieron durante 50 días, en condiciones infrahumanas. Según sus abogados, cuando finalmente pudieron visitarles en la prisión para encargarse de su defensa, entre los detenidos se dieron casos de desnutrición, disentería, malaria y tifus. Tampoco se proporcionó el tratamiento necesario a los prisioneros que conviven con el VIH, no por falta de medios, sino por el criterio de las autoridades de la prisión de no dar ningún medicamento a los prisioneros VIH positivos. Dadas estas circunstancias, algunos de los jóvenes detenidos han presentado una demanda por las torturas y el trato degradante de que fueron objeto durante su permanencia en prisión.

Liberación tras 50 días

Pasados esos 50 días, un juez dictaminó la puesta en libertad sin cargos de los 19 detenidos. Además, se estableció una indemnización para cada uno de ellos de 1341 dólares (1160 euros), por habérseles impedido su derecho a un abogado y a la solicitud de libertad bajo fianza. Según el magistrado, el derecho a un «juicio justo» no puede ser conculcado y debe garantizarse incluso en situaciones de emergencia como la pandemia de la COVID-19.

Una nueva redada en un refugio LGTBI con 42 detenidos

El 31 de mayo de este 2021 se produjo en la localidad de Nansana un hecho semejante. La policía irrumpió en el albergue para jóvenes LGTBI sin hogar Happy Family Youth Uganda Limited, alegando que estaba teniendo lugar en su interior la ceremonia de una «boda gay». Según el portavoz policial, permanecían en el local un total de 38 varones y 6 mujeres, los hombres estaban maquillados y se encontraron lo que parecían regalos y también preservativos sin usar.

Detenidos el 31 de mayo de 2021

Se procedió a la detención de 42 de los presentes y su traslado a la comisaría de Nansana. Según denuncia HRAPF, al menos 17 de ellos fueron sometidos allí a inspecciones anales sin su consentimiento, algo considerado como una forma de tortura.

Sin embargo, ante el tribunal los cargos presentados fueron, como en el caso anterior, por violar la normativa establecida para la lucha contra la COVID-19 en cuanto al número de personas reunidas y la falta de distancia social. En concreto, la acusación fue la de «llevar a cabo un acto negligente que pueda propagar una infección o enfermedad».

En esta ocasión, los detenidos contaron desde el primer momento con la presencia de los abogados de HRAPF, que solicitaron de inmediato la libertad bajo fianza. Al ser concedida, permanecieron en prisión tan solo unos pocos días. Según declaraciones de HRAPF, el trato por parte de las autoridades de la cárcel fue correcto, quizás por temor a una nueva demanda. Sin embargo, fueron maltratados por la policía durante su detención y también por otros prisioneros, particularmente por los que se consideran líderes.

Finalmente, el 23 de septiembre tuvo lugar la audiencia en el tribunal de Nansana, tras la que se dictó sentencia absolutoria, quedando los 42 acusados definitivamente en libertad sin cargos.

Nuevo Código Penal y registro público de condenados por homosexualidad

El pasado mes de mayo, el Parlamento de Uganda aprobó el Proyecto de Ley de Delitos Sexuales, que incluye entre los actos punibles las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.

El Código Penal en vigor establece penas de prisión, que pueden llegar a la cadena perpetua, para aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El nuevo proyecto de ley especifica en su artículo 11 que los delitos punibles serán «la penetración del ano de otra persona con un órgano sexual o cualquier otro objeto» y «un acto sexual entre personas del mismo sexo». Esto supone la inclusión inequívoca de las mujeres dentro de este tipo de delitos y el fin de cualquier ambigüedad sobre el significado de «contra natura».

El texto aprobado también establece la creación de un registro permanente de delincuentes sexuales en el que se incluirán a todos los condenados por los delitos establecidos en el proyecto de ley. El registro será accesible para agencias de seguridad, compañías de seguros médicos, centros educativos, arrendadores, bancos y el público en general.

Yoweri Museveni,

Tras la aprobación por el Parlamento el proyecto de ley fue remitido al presidente Yoweri Museveni, para su promulgación. Sin embargo, en el mes de agosto Museveni decidió devolver el texto para su reconsideración. Según la vicepresidenta del Parlamento, Anita Among, el presidente había señalado que varios de los delitos incluidos en el proyecto de ley ya estaban sancionados por el Código Penal. Asimismo, Museveni apuntó que la Comisión de Reformas Legislativas había propuesto varias enmiendas al texto dirigidas a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios que nunca fueron consideradas.

A la agrupación de colectivos de activistas LGTBI Sexual Minorities Uganda (SMUG) le preocupa que el proyecto de ley aumente el ambiente fuertemente homófobo en la sociedad ugandesa. Según SMUG, el artículo 11 vulnera los derechos y la protección de las minorías estipulados en la Constitución de la República de Uganda.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. Como señalábamos anteriormente, el artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+ en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Anita Among, Coronavirus, Discriminación, Frank Mugisha, Homofobia, Human Rights Awareness and Promotion Forum (HRAPF), Kampala, LGTBIfobia, Nansana, Rebecca Kadaga, Sexual Minorities Uganda, Tortura, Uganda, Violencia policial, Yoweri Museveni

Represión contra la comunidad LGTBI en Uganda. La policía de este país africano ha arrestado a 23 personas en una redada en un albergue para jóvenes LGTBI sin hogar en las afueras de Kampala, agrediendo al menos a dos de ellas. Tres de los detenidos fueron puestos en libertad, mientras que los otros veinte permanecen en prisión provisional a la espera de juicio. Están acusados de vulnerar las normas de distanciamiento social impuestas por la pandemia de coronavirus, pero las autoridades tampoco descartan imputarles delitos de actos homosexuales, que están castigados con penas que pueden llegar a la cadena perpetua. Los activistas denuncian que la policía está aprovechando el miedo generado por la COVID-19 para recrudecer la persecución de la comunidad LGTBI.

Los hechos se producían en la mañana del pasado 29 de marzo. La policía hacía una redada en el albergue para jóvenes LGTBI sin hogar en Kyengera, a las afueras de la capital Kampala. 23 personas fueron detenidas y, según denuncia el Foro por la Concienciación y la Promoción de los Derechos Humanos (HRAPF), al menos dos de ellas fueron agredidas. Tras dejar en libertad a tres de los arrestados, los restantes veinte fueron puestos a disposición judicial y enviados a prisión provisional, acusados de desobediencia y de transmisión negligente de enfermedades. Las normas de distanciamiento social impuestas por la pandemia de COVID-19 prohíben las reuniones de más de cinco personas.

Las autoridades no descartan ampliar los cargos a la comisión de actos homosexuales, que en Uganda están castigados con penas que pueden llegar a la cadena perpetua. Los activistas están convencidos de que la LGTBIfobia es la verdadera motivación de la operación, que se escuda en el miedo que provoca el coronavirus para intensificar la persecución de la comunidad LGTBI y usarla una vez más como cabeza de turco.

El director de Sexual Minorities Uganda, Frank Mugisha, explica que la policía acudió al albergue tras las denuncias motivadas por la LGTBIfobia de los vecinos y lamenta que la estancia en una prisión atestada, lejos de impedir la transmisión, aumenta el riesgo de contraer COVID-19 u otras enfermedades. Los detenidos están especialmente indefensos, porque las limitaciones impuestas al transporte les impiden ejercer su derecho a la asistencia de un abogado. La vista está fijada para el próximo 29 de abril.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda

La homosexualidad ya es ilegal en Uganda. La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía también en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo. Y en noviembre, la policía detenía a 127 personas y acusaba a 75 después de una redada en un bar gay.

En 2017 el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

En octubre de 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+ en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, la semana pasada, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto del año pasado, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Coronavirus, Discriminación, Frank Mugisha, Homofobia, Human Rights Awareness and Promotion Forum (HRAPF), Kampala, LGTBIfobia, Rebecca Kadaga, Sexual Minorities Uganda, Uganda, Violencia policial

La persecución LGTBfoba se recrudece en Uganda. El anuncio de un ministro de reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo ha desatado una oleada de violencia, que se ha saldado con numerosos miembros de la comunidad heridos o arrestados y al menos uno asesinado. En la última redada de la que se tiene constancia, la policía detuvo a dieciséis personas acusadas de homosexualidad, que fueron sometidas a la tortura de los exámenes anales y posteriormente puestas en libertad. El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución expresando su preocupación por la situación.

El pasado agosto, el Gobierno volvía a poner en el punto de mira a la comunidad LGTBI ugandesa, una de las más perseguidas de África. Se relanzó entonces la posibilidad de reformar el código penal para castigar con la pena de muerte las relaciones homosexuales, una brutal medida que ya se intentó implementar en 2013. Un defecto de forma provocó su anulación por el Tribunal Constitucional del país, pero la legislación sigue castigando los delitos «contra natura» con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua.

El pasado 11 de octubre, el ministro de Ética e Integridad Simon Lokodo anunciaba que antes de fin de año se aprobaría una reforma para implantar la pena capital para las relaciones entre personas del mismo sexo y cárcel para la «propaganda homosexual». Aunque el Gobierno desmintió el plan, uno de los diputados que apoya la medida afirmó que la presentaría de todas formas en el Parlamento a título particular.

La atmósfera de renovada hostilidad social e institucional contra la comunidad LGTBI se ha traducido en un aumento de las agresiones homófobas y tránsfobas. Al menos una de ellas se ha saldado con una víctima mortal, la del activista Brian Wasswa, que murió en el hospital un día después de recibir una brutal paliza en su propio domicilio. Ocurría a principios de este mes. Pocos días después, dos mujeres trans eran salvajemente golpeadas a la salida de una discoteca. Los autores divulgaron vídeos de la agresión por las redes sociales.

La lista no acaba aquí: recientemente también se producía una agresión por parte de un oftalmólogo a una paciente lesbiana, con la que sospechaba que su hija mantenía una relación. La víctima sufre una fractura craneal grave tras ser golpeada con una barra de hierro. El domingo pasado, otra turba homófoba atacaba un centro de acogida para refugiados LGTBI en Kampala, la capital del país, provocando heridas graves a uno de los residentes. La organización avisó a la policía, que en lugar de proteger a las víctimas del ataque, arrestó a dieciséis personas que fueron acusadas de crímenes «contra natura»

Los activistas denuncian que los detenidos fueron sometidos a exámenes anales, unas prácticas consideradas tortura, para determinar si habían mantenido relaciones homosexuales. Como prueba de los presuntos delitos, se incautaron de preservativos, lubricantes y medicación antirretroviral. Los arrestados fueron puestos en libertad bajo fianza el pasado jueves, aunque la investigación policial sigue abierta.

La gravedad de la situación ha llegado hasta el Parlamento Europeo. La cámara aprobaba el pasado jueves una resolución para pedir a Uganda que no endurezca el código penal y que revise las leyes que criminalizan la homosexualidad. El texto salió adelante con 521 votos a favor, cuatro en contra y 110 abstenciones, entre ellas las de los tres eurodiputados de Vox. El resto de eurodiputados españoles presentes apoyó la resolución.

La difícil situación del colectivo LGTB en Uganda

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. El año pasado el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos.

Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.. Los nuevos casos que recogemos ahora son una muestra de que la violencia social no solo sigue muy presente, sino que incluso se recrudece al calor de la hostilidad institucional.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas

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La declaración negacionista de Val Kalende, hasta ahora abiertamente lesbiana y activista LGTB ugandesa, es un jarro de agua fría para la comunidad sexualmente diversa de este país africano, atenazado por una fuerte LGTBfobia social y de Estado. «Lo único que aprendí de ser lesbiana fue a ser una chica rebelde», dice entre otras cosas Kalende en su confesión televisiva (que tiene tintes religiosos, según ella misma reconoce y como también puede apreciarse claramente en la grabación). Todavía no se han pronunciado muchas organizaciones igualitarias en Uganda al respecto. Sin embargo, las entidades y los activistas que lo han hecho no ha sido para cargar contra ella, a la que en todo caso le han agradecido el esfuerzo realizado hasta ahora, sino para poner el foco en la moral religiosa LGTBfóbica. «La religión es un veneno», ha declarado la activista Stella Nyanzi. Con toda probabilidad, el caso de la supuesta «conversión» de Kalende será utilizado contra el colectivo LGTB por los grupos fundamentalistas cristianos.

«Yo era la oveja negra de la familia. Mi familia estaba enojada conmigo por ser lesbiana. Mis tíos, tías, primos, sobrinos y muchos amigos me rechazaron y me repudiaron», narraba en su aparición televisiva la hasta ahora activista Val Kalende. «Me quedé huérfana entre los 16 y los 17 años. Mis padres fallecieron a causa del VIH/Sida antes de que se descubrieran los antiretrovirales. Mi madre falleció más tarde, después de mi padre. Fui a otra casa. Es en esta casa donde me introdujeron a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo», continúa el discurso de esta mujer.

Kalende cuenta que «me fue muy bien en la escuela y fui admitida en uno de los mejores colegios femeninos de Uganda. Me uní a St. Joseph Nsambya y allí conocí a muchas chicas que mantenían relaciones sexuales del mismo sexo». A raíz de ahí «conocí e hice muchas amigas y sabía o era parte de los entornos lésbicos. Pero, estoy sorprendida de que casi todas estén casadas y de que tengan familias felices y crecidas. Sin embargo, aquí todavía estoy yo con la carga de ser lesbiana. La chica a la que podría llamar mi primera relación a los 17 años está felizmente casada y tiene una familia. Lo único que aprendí de ser lesbiana fue a ser una chica rebelde». En este sentido, remata preguntándose «por qué el mundo nos obligó a convertirnos en chicas que no aman a los hombres».

A pesar de estas sorprendentes declaraciones, que se pueden resumir en su frase de «ya no soy lesbiana», Val Kalende lleva más de una década trabajando para organizaciones LGTB como Freedom y Roam Uganda o Sexual Minorities Uganda, entre otras. También estableció lazos con el activismo de otros países como los Estados Unidos, impartió conferencias en distintos países y publicó artículos en medios de masas reclamando la igualdad y los derechos humanos. Llegó a ser arrestada en alguna ocasión. Ahora, Kalende se aleja de todo este pasado, construido con esfuerzo y sacrificio, para dedicarse a construir su moral cristiana.

Ya en 2009, al visibilizarse mediáticamente como lesbiana, uno de esos medios recogió los intentos de su pastor de que realizara otra entrevista en la que admitiera haberse «convertido» en heterosexual por «un milagro». Algo que no hizo entonces, pero que ha acabado haciendo casi una década después.

Todavía no se han pronunciado muchas organizaciones igualitarias en Uganda al respecto. Sin embargo, las entidades y los activistas que lo han hecho no ha sido para cargar contra ella, a la que en todo caso le han agradecido el esfuerzo realizado hasta ahora, sino para poner el foco en la moral religiosa LGTBfóbica. «La religión es un veneno», ha declarado la activista Stella Nyanzi.

«Tal vez tenemos que averiguar qué causó esto en lugar de culparla. Permitámonos también abordar el odio dentro de la comunidad misma», defiende Mirakel Rakkaus Hossy (otra activista ugandesa que tuvo oportunidad de trabajar con Kalende), que agrega que «no podemos decir que ella fue un fraude».

Este es el vídeo completo en el que se registra la intervención de Kalende:

La difícil situación del colectivo LGTB en Uganda

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión.

El año pasado el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía también en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales del año pasado, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

Fuente Dosmanzanas

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El Orgullo LGTB, cuya celebración estaba prevista esta semana, ha sido definitivamente cancelado por sus organizadores tras las amenazas del ministro ugandés de Ética e Integridad, Simon Lokodo. Unas amenazas que unidas al antecedente del año pasado, cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas, han llevado a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

La cancelación del Orgullo ugandés, compuesto por una serie de actos que iban a tener lugar desde el miércoles 16 de agosto hasta hoy, sábado 19, cuando debía tener lugar el evento principal, ha sido anunciada “con gran tristeza” a través de un comunicado de prensa por sus organizadores. En el comunicado, los activistas LGTB explican que tras lo sucedido el año pasado la celebración suponía un enorme desafío que en principio estaban dispuestos a acometer, pero que las amenazas de Lokodo de intensificar la persecución y las advertencias de la policía ugandesa, que el día de la gala de apertura se personó en el lugar e impidió su celebración, les han hecho cambiar de opinión. “Tristemente, el coraje y la determinación que llevamos en nuestros corazones no son suficientes como para poner en peligro tantas vidas inocentes”, explican.

El ministro ugandés de Ética e Integridad, que por cierto es un antiguo sacerdote católico que hace once años dejó el sacerdocio por la política (se graduó en Arte y en Teología en la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma) no solo ha advertido que habría detenciones masivas, sino que ha llegado a amenazar físicamente a la activista Kasha Nabagesera si se la volvía a encontrar frente a frente. Así lo asegura el comunicado de prensa de los organizadores del Orgullo (sin nombrar expresamente a la conocida activista) y así lo ha confirmado la propia Nabagesera en una entrevista a Le Monde, en la que explica que ella y el ministro mantuvieron una conversación de más de 15 minutos el pasado lunes, tras la cual quedó claro que las amenazas de Lokodo iban muy en serio. “Ha sido una decisión muy difícil de tomar, pero ante todo tenemos que pensar en la seguridad de la comunidad”, declaraba Nabagesera al diario francés. El argumento del Gobierno ugandés para prohibir los actos del Orgullo, según asegura el comunicado y confirma Kasha Nabagesera, es que el Orgullo LGTB tiene como finalidad “reclutar” nuevos miembros para el colectivo.

“No estamos cancelando el Orgullo por vuesta homofobia [en referencia a las autoridades ugandesas] y falta de respeto a nuestros derechos, esta es una decisión que tomamos para protegernos. ¿Cómo lucharemos contra vuestra opresión si nos matáis o si nos metéis en la cárcel?”, explican sus organizadores en el comunicado. “Debe quedar claro para todos nuestros socios clave y para el resto del mundo que la lucha por la igualdad en Uganda está lejos de haber terminado. De hecho, acaba de empezar, y no pararemos hasta que las minorías sexuales y de género vean reconocidos sus derechos como seres humanos”, añaden.

Uganda: una pesadilla continua

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que “tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona”. El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan “prácticas indecentes” se castigan con hasta siete años de prisión.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía el año pasado en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2013 y a la cual ella misma llegó a llamar “un regalo de Navidad”. Esta ley, que provocó la indignación internacional, fue anulada por vicio de forma por el Tribunal Constitucional en agosto de 2014. La ley finalmente fue invalidada por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había aprobado sin el quórum necesario. Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación.

En noviembre de 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al “interés público” o si son “contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda”. Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna, hace unos meses el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como “inmorales o socialmente inaceptables”, la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. Son muy numerosos los frentes en los que hay que seguir trabajando.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas

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La pesadilla homófoba en Uganda podría regresar. Rebecca Kadaga, la presidenta del Parlamento, se ha mostrado partidaria de volver a tramitar la ley que endurecía el trato penal a las personas homosexuales y que fue anulada por el Tribunal Constitucional de ese país por defecto de forma. Kadaga fue una de sus mayores defensoras y llegó a calificar la brutal ley de “regalo de Navidad” a su pueblo.

El texto aprobado por el Parlamento ugandés en diciembre de 2013 y ratificado dos meses después por el presidente Yoweri Museveni, preveía penas de hasta cadena perpetua para las personas LGTB y quienes los apoyaran. En agosto de 2014, sin embargo, el Constitucional anulaba la medida, aunque no se pronunció sobre el fondo de la cuestión y se limitó a considerar que en la votación del texto por el pleno del Parlamento, este no disponía del quórum necesario (al menos un tercio de los diputados electos). El fallo, conviene precisar, no supuso la despenalización de las relaciones homosexuales en Uganda, ya ilegales en el marco jurídico anterior.

Nada más conocerse la sentencia, un grupo de representantes comenzó a organizarse para forzar una nueva votación de la ley homófoba en el menor tiempo posible. El proyecto, en cualquier caso, debería ser sometido a una nueva tramitación completa para no volver a ser tumbado. En este tiempo, el Parlamento ha discutido y aprobado una ley que permite al Gobierno prohibir o disolver cualquier ONG, entre ellas las que defienden los derechos LGTB o luchan contra la propagación del VIH.

Pero parece que esta medida no es suficientemente represiva para Kadaga, quien ha reabierto el debate sobre la anulada ley homófoba. La presidenta de la cámara se ha mostrado decidida, en una entrevista, a promover su tramitación si se presenta de nuevo ante el Parlamento. Si efectivamente empezara una nueva discusión del asunto, sería posible para el presidente Yoweri Museveni (que amagó en su momento con vetar la ley aunque al final optó por sumarse a la corriente homófoba) detener el proceso por medio del ministerio de Hacienda, que en este caso solo tendría que emitir un dictamen negativo de impacto fiscal para que el proyecto no prosperara. Museveni se ahorraría así más complicaciones con los países donantes de ayuda al desarrollo, entre ellos Estados Unidos.

Absuelto el entrenador de fútbol acusado de sodomía

Sin salir de Uganda, esta semana también hemos conocido la resolución de un caso que habíamos recogido en dosmanzanas. Chris Mubiru, exentrenador del equipo de fútbol Sports Club Villa de Kampala, ha sido absuelto de los cargos de sodomía que pesaban sobre él. El asunto se remonta a 2012, cuando el infame tabloide Red Pepper publicó unas fotografías de Mubiru manteniendo supuestamente relaciones sexuales con uno de sus jugadores. Bajo el titular “Smoked Out” (“Al descubierto”), el tabloide se jactaba en portada de haber “pillado” al entrenador “sodomizando a jugadores”. En el interior, más imágenes con textos describiendo las escenas de la forma más homófoba, destinados claramente a incendiar la opinión pública.

Un año más tarde de la aparición de las fotos en Red Pepper, Mubiru fue detenido y comenzaba el proceso por “conocimiento carnal” del futbolista Emmanuel Nyanzi. El entrenador habría sido además sometido a la tortura de los “exámenes anales” para determinar su posible homosexualidad. En septiembre de 2015, un tribunal de Kampala lo encontró culpable de sodomía y lo sentenció a 10 años de prisión y al pago de una multa. Ahora, el Tribunal Supremo ha revocado la sentencia original por falta de pruebas de que se hubiera producido penetración anal.

Fuente Dosmanzanas

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Si hay algo que define a la comunidad LGTB de Uganda es su valentía, y una vez más así ha quedado de manifiesto. Más de un centenar de personas se congregaron este sábado en la ciudad de Entebbe, a orillas del lago Victoria, para reivindicar la dignidad de los ciudadanos LGTB en el tercer Orgullo celebrado en el país. La marcha ha estado marcada este año por la reciente sentencia del Tribunal Constitucional ugandés que anulaba la infame ley que endurecía el trato penal a las personas homosexuales.

El evento, al que se podía acceder solo mediante invitación, contó con la autorización de la policía, según la organizadora Sandra Ntebi. Los alrededor de 100 participantes discurrieron, como el año pasado, por el Jardín Botánico de Entebbe, ciudad situada cerca de la capital Kampala y que, además, alberga el palacio presidencial. Muchos de ellos portaban máscaras para evitar ser reconocidos y, como medida de seguridad, el lugar exacto de la concentración no fue revelado hasta última hora.

“Some Ugandans are gay. Get over it”, rezaba el mensaje que portaba uno de los manifestantes (“Algunos ugandeses son gays [y lesbianas]. Supéralo”), una adaptación del eslogan de la campaña pro-gay en los autobuses de Londres promovida por la organización Stonewall en 2012. Ntebi explicó el carácter festivo de la marcha: “Este evento es para unirnos. Todos estaban escondiéndose por la ley anti-homosexual. Es un día feliz para todos nosotros”, declaró. Otro de los participantes, Alex Musoke, relató como reunió el “coraje” para salir del armario tras la invalidación de la ley homófoba, mientras que una bandera arco iris animaba a la población a “unir sus manos” contra el “genocidio” de los homosexuales en Uganda. La marcha transcurrió sin incidentes ni detenciones (a diferencia de lo ocurrido hace dos años) y con una reducida presencia policial.

El fiscal general recurre la decisión del Constitucional

Mientras tanto, sin embargo, los sectores homófobos de Uganda no se dan por vencidos. Horas antes de que diera comienzo la marcha, el fiscal general anunció su intención de recurrir la sentencia del Constitucional ante el Tribunal Supremo, que invalidaba la ley homófoba por falta de quórum en su aprobación. La noticia se produce después de que un grupo de unos 100 parlamentarios firmara una petición a la presidenta del Parlamento Rebecca Kadaga para que permita una rápida repetición de la votación de la ley; algo a lo que se opone uno de sus principales promotores, el diputado David Bahati.

La jugada del fiscal general podría quitar parte de razón a los que acusaban al presidente Yoweri Museveni de estar detrás del relativamente rápido fallo del Constitucional. Lo cierto es que, con su intervención o no, el presidente se quitaba un peso de encima justo antes de su visita a Estados Unidos, país que había impuesto sanciones a Uganda a raíz de la aprobación de la ley. Con respecto a las posibilidades del recurso, el activista Edwin Sesange se ha mostrado optimista al considerarlo un “desperdicio del dinero de los contribuyentes”, aunque ha asegurado que sus abogados están preparados para seguir defendiendo la anulación de la ley.

Fuente Dosmanzanas

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Poco tiempo ha durado la tranquilidad para los ciudadanos LGTB de Uganda y los que los apoyan. Apenas unos días tras la sentencia del Constitucional que anulaba la infame ley que endurece el trato penal a las personas homosexuales, un grupo de legisladores se ha puesto en marcha para reactivar la medida homófoba en el Parlamento. Y ello en un clima de renovada virulencia contra gays y lesbianas.

La decisión del alto tribunal ugandés, ante el que los activistas LGTB recurrieron en marzo, no se pronunció sobre el fondo de la cuestión y se limitó a considerar que en la votación del texto por el pleno del Parlamento ugandés, este no disponía del quórum necesario (la Constitución ugandesa obliga a que cuando se vota una ley estén presentes al menos un tercio de los diputados electos, proporción que no se alcanzó entonces). El fallo, conviene precisar, no supuso la despenalización de las relaciones homosexuales en Uganda, ya ilegales en el marco jurídico anterior.

Nada más conocerse la sentencia, un grupo de representantes comenzó a organizarse para forzar una nueva votación de la ley homófoba en el Parlamento en el menor tiempo posible. Unos 100 legisladores, liderados por Latif Ssebaggala, han firmado su disposición a votar a favor si se vuelve a debatir la norma en el pleno. Ssebaggala la ha calificado de “prioridad nacional” y se ha mostrado confiado en que el tema pueda ser abordado de nuevo en cuestión de semanas, tras el periodo vacacional. Su colega el representante Medard Bitekyerezo prevé una votación a mano alzada en la que “sepamos quién es un homosexual y quién no”.

Sin embargo, los homófobos podrían no tenerlo tan fácil como podría parecer. A pesar del llamamiento de Ssebaggala a la presidenta del Parlamento Rebecca Kadaga para que permita una rápida repetición de la votación, la ley debería someterse a una nueva tramitación completa para no correr el riesgo de volver a ser impugnada ante el Constitucional por fallo de tramitación. Esta es, de hecho, la posición del principal promotor de la ley, el diputado David Bahati (bien conectado, por cierto, con la derecha religiosa estadounidense), que ha afirmado que “toda ley será aprobada de acuerdo con el procedimiento” establecido.

Si efectivamente empieza una nueva discusión del asunto, sería muy fácil para el presidente Yoweri Museveni (que amagó en su momento con vetar la ley aunque al final optó por sumarse a la corriente homófoba) detener el proceso por medio del ministerio de Hacienda, que en este caso solo tendría que emitir un dictamen negativo de impacto fiscal para que el proyecto no prosperara. Museveni se ahorraría así más complicaciones con los países donantes de ayuda al desarrollo, entre ellos Estados Unidos, donde por cierto ha sido recibido esta semana por el presidente Barack Obama. De ser así, habrían surtido efecto tanto las sanciones económicas como las diplomáticas (denegación del visado a los ugandeses responsables de abusos contra los derechos humanos).

Temor a ataques homófobos masivos

Pero aunque la draconiana ley entrara en vía muerta, los ciudadanos LGTB de Uganda seguirán sin poder respirar aliviados. Desde que se conoció la sentencia del Constitucional se habrían multiplicado las diatribas homófobas desde los púlpitos y las redes sociales, con llamamientos al “exterminio” de gays y lesbianas. Los activistas LGTB del país temen una escalada de violencia similar a la desatada tras la aprobación de la ley homófoba y señalan los discursos de incitación al odio como su principal preocupación en este momento.

Fuente Dosmanzanas

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Pedro Zerolo celebra la derogación de la ley antigays de Uganda

Museveni niega que la presión internacional haya tenido que ver con la sentencia que anula la Ley Anti Homosexualidad

Era lo esperado. El Gobierno de Uganda no ha esperado mucho para anunciar que recurrirá la sentencia del Tribunal Constitucional del país que anula la legislación anti gay que entró en vigor en el país el pasado mes de febrero. Los jueces se basaron en un defecto de forma, la falta de quórum en el Parlamento en el momento de aprobarse la ley, para invalidar todo el proceso. La primera reacción por parte del Gobierno vino por parte del parlamentario que introdujo el proyecto de ley, David Bahati. “La sentencia de la corte no es ninguna victoria, la moral del pueblo de Uganda prevalecerá. El Fiscal General, que es muy competente, presentará una demanda al Constitucional sobre su sentencia. Nuestro competente equipo legal continuará el proceso en la Corte Suprema y creo que ganaremos”, explicó Bahati al diario local The Monitor.

El parlamentario agradeció también a todos los parlamentarios que habían defendido “lo que es correcto” y criticó que la abogada del Estado, Patricia Mutesi, no había tenido oportunidad de probar la cuestión del quórum en el Parlamento. El panel de cinco jueces que anuló la legislación, sin embargo, había considerado probado, por unanimidad, que la portavoz del Parlamento, Rebecca Kadaga, no había atendido las advertencias de tres parlamentarios que habían alertado de la falta de quórum. Entre ellos se encontraba el primer ministro, Amama Mbabazi, que fue de los primeros en pronunciarse en contra de la ley.

La sentencia además establece que los demandantes solo tendrán que pagar la mitad de los costes judiciales. Los demandantes eran el profesor Joe Oloka-Onyango, el parlamentario del Partido Independiente Fox Odoi-Oywelowo, el periodista y activista Andrew Mwenda, el profesor Morris Latigo, el doctor Paul Nsubuga Ssemugoma, y los activistas Jacqueline Kasha Nabagesera, Julian Pepe Onziema, y Frank Mugisha.

La demanda estaba apoyada además por el Foro por la Promoción de los Derechos Humanos (HRAPF) y el Centro por la Salud, los Derechos Humanos y el Desarrollo (CEHURD).

Foto: Activistas celebran la sentencia (Monitor).

Fuente: Ragap

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El Tribunal Constitucional de Uganda ha derogado la Ley contra la Homosexualidad del país hoy viernes 1 de agosto de 2014.

Es derogada por una cuestión de forma, sin entrar al fondo del asunto.

Los activistas LGBT de Uganda creen difícil que el Parlamento vuelva a aprobarla.

La norma condenaba a cadena perpetua a los homosexuales y prohibía asociarse a este colectivo

Buena noticia la que conocíamos este 1 de agosto. El Tribunal Constitucional de Uganda ha anulado la ley aprobada en diciembre por el Parlamento de ese país en que endurece el trato penal a las personas homosexuales, con penas que pueden llegar a la cadena perpetua, y castiga además a las personas y organizaciones que les presten ayuda o soporte. La decisión, adoptada por unanimidad, no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión y se limita a considerar que la votación del texto por el Parlamento no se ajustó a las normas procedimentales.

El Tribunal Constitucional de Uganda ha invalidado este viernes la ley por la que se condenaba a cadena perpetua a los homosexuales y prohibía la existencia de asociaciones de gays y lesbianas. La norma fue aprobada por el presidente Yoweri Museveni en febrero de 2014.

Con vítores y aplausos han acogido los activistas LGBT y por los derechos humanos la sentencia del Tribunal Constitucional de Uganda que ha dado esta mañana la razón a los demandantes y ha invalidado la legislación contra la homosexualidad que fue aprobada el pasado mes de febrero en el país. Ha sido un defecto de forma, la falta de quórum en el Parlamento en el momento de aprobarse la ley, lo que ha invalidado todo el proceso. “Primera victoria: El juez está de acuerdo con los demandantes en que no había quórum cuando la ley contra la homosexualidad se aprobó. Dice que fue una ilegalidad. Segunda victoria: la corte declara el proceso entero de aprobar la ley anti homosexualidad como nulo”, ha explicado en Twitter el activista ugandés Andrew Mwenda.

En los cinco meses transcurridos desde que Uganda adoptó la ley, que imponía una pena de hasta cadena perpetua por la homosexualidad y tipificaba como delito la defensa de los derechos LGBT, los y las LGBT ugandeses han vivido bajo la amenaza constante de ser detenidos o sufrir violencia.

El tribunal anuló la ley por razones de procedimiento, diciendo que no era válida porque no había quórum en el Parlamento cuando se aprobó la legislación el 20 de diciembre. (El quórum es el requisito de que al menos un tercio de los miembros están presentes cuando se realice una votación). El tribunal se pronuncia sobre una petición presentada por un grupo de 10 activistas de derechos humanos, juristas y políticos de la oposición.

El tribunal no se pronunció sobre la cuestión de fondo de si las leyes anti-LGBT violan los derechos humanos básicos, por lo que el código de la sodomía preexistente, que se impuso cuando Uganda era una colonia británica, se mantiene en su lugar.

Para Miguel Ángel Sánchez, responsable del programa ÁfricaLGBT de Fundación Triángulo: “Es una magnífica noticia. La ley era una vergüenza para Uganda y ha sido el recurso de los propios ugandeses ante el tribunal lo que ha logrado que se anule. Cuando se aprobó la ley los diputados homófobos se saltaron el procedimiento, solo buscaban su propio interés. Ahora se ha puesto al descubierto su trampa. Felicitamos a los grupos LGBT y de Derechos Humanos ugandeses. Ese es el camino correcto, apoyar desde los países del norte la lucha por la igualdad de los propios ciudadanos de Uganda y de otros países. No intentamos imponer nuestra visión, sólo exigimos respeto a los Derechos Humanos en todo el mundo. Son los ciudadanos gais, lesbianas, trans, o simplemente gente de bien, los que exigen a sus gobiernos que cese la corrupción y la violencia contra las personas homosexuales y transexuales”.

Fuente El País, Ragap , Dosmanzanas y Universogay

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Las autoridades estadounidenses han suspendido parcialmente la ayuda a Uganda a causa de la aprobación de una ley que penaliza la conducta homosexual en el país africano. EEUU se suma de esta forma a una medida que antes han tomado Holanda, Dinamarca, Noruega e instituciones como el Banco Mundial, que ya han eliminado partidas por valor de 80 millones de euros a Uganda.

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Leemos en Dosmanzanas el nuevo giro a la situación del proyecto de ley que endurece el trato penal a gays y lesbianas en Uganda. El presidente Yoweri Museveni se ha mostrado dispuesto a sancionarlo con su firma, después de que un informe de científicos locales “demostrara”, según ha afirmado, que la homosexualidad no es innata.

Si hace dos semanas informábamos de las reticencias del presidente ugandés a ratificar la reforma (llegó a reprochar a la presidenta del Parlamento Rebecca Kadaga haber aprobado el proyecto sin suficiente quórum), Museveni defiende ahora la inexistencia de pruebas del carácter innato de la homosexualidad y se muestra favorable a recrudecer la persecución homófoba con dos medidas: firmar la ley aprobada en diciembre por el Parlamento para que entre en vigor, y eliminar la posibilidad de libertad bajo fianza para los detenidos por el delito de sodomía.

Según el comunicado de la oficina presidencial hecho público el domingo, el mandatario se escuda para ello, y frente a posibles críticas futuras por parte de “grupos externos”, en los expertos ugandeses consultados. El documento que habría servido a Museveni a decantarse por firmar la ley homófoba recoge siete conclusiones, muchas de las cuales están basadas en prejuicios como que la homosexualidad “es un comportamiento anormal que puede ser adquirido” o que requiere de “una regulación” para “proteger a los más vulnerables”.

¿Una muestra de populismo?

El director del diario ugandés The Observer, Richard Kavuma, opina que en Museveni ha pesado más un cálculo de intereses que el criterio “científico” de los expertos. El periodista califica de “curioso” que no se tenga en cuenta la opinión de la comunidad científica internacional, expresada en una carta enviada a Museveni el pasado 3 de febrero, documentada y firmada por numerosos expertos en psicología y trabajadores sociales de Estados Unidos, Canadá, Italia o Israel. El texto recoge el consenso actual sobre la homosexualidad como una circunstancia natural y no patológica, la desliga de la pedofilia y describe los daños que producen las “terapias” reparadoras.

Kavuma opina, por tanto, que el presidente firmará la ley para contentar a sus compañeros de partido y a buena parte de la sociedad, que se muestra favorable a ella. A su modo de ver, sin embargo, la norma podría ser declarada inconstitucional si fuera recurrida ante los tribunales, debido al carácter “mayormente progresista” de la ley fundamental ugandesa. Con esta jugada, Museveni conservaría su popularidad y trasladaría el asunto al terreno judicial. La ley, recordemos, establece penas que oscilan entre los 14 años de prisión a la cadena perpetua para las personas que mantengan relaciones homosexuales, prohíbe la ”promoción de la homosexualidad” (lo que hará imposible la existencia de organizaciones que defiendan los derechos de las personas homosexuales) y castiga incluso a aquellos que conociendo la existencia de una relación homosexual no la denuncien.

Obama hace público su malestar

Tras conocerse la noticia, el mismo domingo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hacía público un comunicado en el que expresaba su malestar y anunciaba que si la ley homófoba recibe finalmente la sanción del presidente de Uganda, las relaciones bilaterales se resentirán:

Como país y como pueblo, Estados Unidos ha apoyado de forma constante la protección de las libertades fundamentales y de los derechos humanos universales. Creemos todas las personas del mundo deben ser tratados de forma igualitaria, con dignidad y respeto, y que deben tener la oportunidad de alcanzar su máximo potencial, sin importar quiénes son o a quiénes aman.

Es por eso que estoy tan profundamente decepcionado por el hecho de que Uganda vaya a promulgar en breve una legislación que criminaliza la homosexualidad. El proyecto, una vez que sea firme, será más que una afrenta y un peligro para la comunidad homosexual de Uganda. Constituirá un retroceso para todos los ugandeses y un mal reflejo del compromiso de Uganda de proteger los derechos humanos de su pueblo. También será un serio revés para todos aquellos que en este mundo comparten compromiso con la libertad, la justicia y la igualdad de derechos.

Como ya hemos transmitido al presidente Museveni, la promulgación de esta legislación complicará nuestra valiosa relación con Uganda. En un momento en que por desgracia asistimos a un aumento en las denuncias de violencia y acoso contra miembros de la comunidad LGTB, desde Rusia a Nigeria, saludo a todos los que en Uganda y en todo el mundo permanecen comprometidos con el respeto a los derechos humanos y a la dignidad básica de todas las personas.

La consejera de Seguridad Nacional, Susan Rice, utilizaba por su parte su cuenta de Twitter para mostrar su decepción por la noticia. Rice confirmaba además que había mantenido una conversación con el presidente Museveni y le había instado a no firmar la ley.

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