Tras la amenaza del diputado Kaiser de sacar al Movilh con fuerza policial de la Comisión de DDHH de la Cámara, dicha entidad sometió a votación si las organizaciones sociales, cualquiera fueran estas, podían o no presenciar el debate legislativo. Por 9 votos a favor y 1 abstención triunfó la opción que apoya la participación de las organizaciones sociales.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados, presidida por Lorena Fríes (CS), aprobó hoy que organizaciones sociales puedan monitorear de manera presencial el trámite de reforma a la Ley Zamudio, luego de que los/as diputada/as Ximena Ossandón (RN) y Johannes Kaiser (Republicanos) se opusieran a la presencia del Movilh, a menos que dicho organismo eliminara del Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género los nombres de quienes son identificados como homo/transfóbicos.

Después de discutir durante tres sesiones si prohibir o no al Movilh su asistencia a las sesiones de la Comisión de DDHH, esta optó hoy por votar en términos generales si las organizaciones sociales, cualquiera fueran estas, podían o no presenciar el debate.

Votaron a favor de la participación de las organizaciones sociales los/as diputados/as Fríes, Ana María Bravo (PS), Jorge Guzmán (Evópoli), Cristián Labbé (UDI), Daniel Lilayú (UDI),  Tomás Lagomarsino (IND), Hernán Palma (IND),  Lorena Pizarro (PC) y  Emilia Schneider (CS). En tanto el republicano Cristián Araya se abstuvo y su colega de partido, Kaiser, pese a amenazar que no permitiría hoy el ingreso del Movilh al Congreso Nacional y lo sacaría con fuerza policial, no estuvo presente en la sesión, al igual que Ossandón.

“Hoy ha triunfado la cordura, la no discriminación y la libertad de expresión. Que un grupo de parlamentarios de derecha hubiese llevado a discutir durante tres sesiones a la Comisión de DDHH si nuestra organización podía o no presenciar el trámite de reforma a la Ley Zamudio, significó por si mismo un acto de exclusión y discriminación que felizmente no triunfó”, sostuvo el fundador del Movilh, Rolando Jiménez.

Añadió que  “valoramos y agradecemos el voto de cada uno de los diputadas y diputados que no permitieron el avance de una atrocidad, como lo pretendían  Kaiser y Ossandón,  al exigirnos que censuráramos el Informe Anual de los DDHH de la Diversidad Sexual y de Género para poder participar de la Comisión, una movilización sin precedentes contra una organización LGBTIQ+ en el Congreso Nacional”, finalizó Jiménez.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Ana María Bravo, C's, Cámara de Diputadas y Diputados, Chile, Comisión de Derechos Humanos, Cristián Araya, Cristián Labbé, Daniel Lilayú, Emilia Schneider, Éricka Ñanco, Evópoli, Felipe Castillo, Francesca Muñoz, Hernán Palma, Homofobia/Transfobia, IND, Informe Anual de DDHH de la Diversidad Sexual y de Género, Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen, Jorge Guzmán, Ley Zamudio, Lorena Pizarro, MOVILH, Partido Social Cristiano, PC, PS, Rolando Jiménez, Sara Concha, Tomás Lagomarsino, UDI, Ximena Ossandón

General, Historia LGTBI Cámara de Diputadas y Diputados, Chile, Defensoría contra la Discriminación, Erika Olivera, IND, Leonardo Soto, Ley Zamudio, Lorena Pizarro, MOVILH, PAH, PC, PS, Rolando Jiménez, Tomás Hirchs

Fuente MOVILH

General, Historia LGTBI Ámbito educativo, Chile, DC, Fidel Espinoza, Gustavo Sanhueza, Jaime Quintana, José García Ruminot, Ley General de Educación, Ley sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales, Marco Ávila, MOVILH, Normativa educacional, PPD, Proyecto de Ley “José Matías”, PS, RN, UDI, Yasna Provoste

La iniciativa, impulsada por la diputada Marzán y el Movilh, cuenta con patrocinio parlamentario transversal y busca igualar la edad de consentimiento sexual de homosexuales y heterosexuales. En la actualidad la primera está fijada en 18 años y la segunda en 14 años.

 Con respaldo parlamentario transversal, la diputada Carolina Marzán (PPD, en la fotografía) y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)  presentaron un proyecto de ley que deroga el artículo 365 del Código Penal para equiparar así la edad de consentimiento sexual de parejas de igual y de  distinto sexo.

Junto a Marzán patrocinaron la iniciativa los/as diputados/as Gabriel Boric (PCS), Maya Fernández (PS), Pamela Jiles (PRV), Sebastián Keitel (RN), Erika Olivera (RN), Andrea Parra (PPD), René Saffirio (Ind), Leonardo Soto (PS) y Matías Walker (DC).

El artículo 365 establece que “el que accediere carnalmente a un menor de dieciocho años de su mismo sexo, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro, será penado con reclusión menor en sus grados mínimo a medio”

El dirigente del Movilh, Ramón Gómez, explicó que tal artículo, vigente desde 1874, “es un funesto resabio de la norma que penalizaba la homosexualidad y las relaciones homosexuales entre adultos. En la actualidad estigmatiza y daña la dignidad de jóvenes homo/bisexuales, pues solo en razón de su orientación sexual, y de ninguna otra consideración,  se considera a sus relaciones como un delito”.

En efecto,  el artículo 365 fija en 18 años la edad de consentimiento sexual para parejas del mismo sexo, en circunstancias que para heterosexuales en 14 años.

“Así, por ejemplo, se estigmatiza a jóvenes de 18 ó 19 años que tienen relaciones homosexuales con otros de 16 ó 17 años, lo que no aplica a la juventud heterosexual.  Es una abierta discriminación que el propio Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha pedido a Chile derogar. Más aún, Chile se comprometió a eliminar este artículo en un Acuerdo de Solución Amistosa firmado ante la Comisión Interamericana de DDHH”, señaló Gómez.

El dirigente añadió que “la vigencia del artículo 365 del Código Penal es además una de las razones porque Chile figura en los últimos lugares de la OCDE en cuanto a respeto a los derechos humanos de las personas LGBTI”.

En el proyecto de ley se establece que “es evidente que el tipo penal del artículo 365 no obedece sino a una consideración moral decimonónica, puesto que no confluye con la regulación de ninguna manera; no es armónico con la regulación de los delitos sexuales vigentes en nuestro ordenamiento, porque en realidad a los menores de 17 años y mayores de 14 no les reconoce ningún ámbito de libertad sexual cuando de relaciones homosexuales se trata, lo que es un error porque es dolosamente discriminatorio”.

Es “necesario proscribir del sistema penal cualquier consideración ideológica (o, incluso, moral) que tienda a la tipificación de un delito, toda vez que los criterios no responden a la certeza intersubjetiva de lo que la sociedad estima un interés objeto de tutela penal, mas solo una oportunidad legislativa sustentada en oportunidad, represión y discriminación”, añadió

“En el ordenamiento jurídico el derecho penal es un medio de control social toda vez que, en su esencia, se orienta a que ciertas conductas socialmente indeseables se eviten bajo la amenaza de la imposición de una sanción o pena para aquel o aquella que las realice.  (…) Sin embargo, no podemos comprender este sistema de normas de manera aislada, sino como un medio de control inserto en un sistema más amplio, en que diversas organizaciones son cruciales en la internalización de dichos valores como primordiales y que deben ser objeto de protección, con una amplitud tal, que abarca desde el núcleo familiar hasta instancias educativas formales o no”, finalizó el proyecto de ley.

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General, Homofobia/ Transfobia. Andrea Parra, Artículo 365 del Código Penal, Carolina Marzán, Erika Olivera, Gabriel Boric, Leonardo Soto, Matías Walker, Maya Fernández, MOVILH, Pamela Jiles, PCS, PPD, PRV, PS, Ramón Gómez, René Saffirio, RN, Sebastián Keitel

En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia  del Senado.

El proyecto de ley de matrimonio igualitario que presentó en 2017 la ex presidenta Michelle Bachelet en el marco de un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que el Estado de Chile firmó con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) reactivó hoy su tramitación parlamentaria en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado.

En la ocasión estuvieron los senadores Ximena Órdenes (PPD), Francisco Huenchumilla, (DC) Andrés Allamand (RN), Alfonso De Urresti (PS), Víctor Pérez (UDI), Juan Pablo Letelier (PS) mientras que el profesores derecho civil, Eduardo Court, expuso sobre la materia.

Como oyentes participaron representantes de Iguales y del Movilh, así como la opositora a los derechos humanos, Marcela Aranda.

Durante su presentación Court se refirió al avance del matrimonio igualitario en América Latina, así como a la Opinión Consultiva Número 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual considera que la negación de la plena igualdad legal a las parejas del mismo sexo contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos

Además enfatizó que la “procreación no puede asumirse con un fin del matrimonio”, dada la realidad de parejas que no pueden o no quieren tener hijos.

Sobre la materia, el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, señaló que “esperamos y exigimos que el debate de hoy no sea un paréntesis o una excepción, sino que una constante, de manera que se cumpla lo comprometido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí estamos hablando de igualdad legal para parejas que, a los ojos del Estado, son parias solo en razón de su orientación sexual. Hablamos de iguales condiciones de dignidad y derechos para todas las personas. Este proyecto no afecta a nadie, solo mejora la calidad de vida de un sector históricamente excluido. No hay razones para seguir postergando la aprobación del matrimonio igualitario”.

Esta fue la tercera vez que la Comisión de Constitución del Senado debate sobre la ley desde que ingresó a tramitación parlamentaria el 5 de septiembre del 2017 en el marco del cumplimiento del ASA, un acuerdo que el 9 de marzo del 2018 la Contraloría General de la República declaró como legal y vinculante.

En tanto, en el primer semestre de este año, y en diversas ocasiones, los presidentes del Senado, Jaime Quintana (PPD) y de la Comisión de Constitución Legislación y Legislación y Justicia, Felipe Harboe (PPD), comprometieron en reuniones con los movimientos LGBTI y públicamente que en el transcurso de este año la Sala votará la iniciativa legal.

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Karol Carola, El avance fue posible gracias al trabajo y voto de los/as diputados/as Castillo, Cariola, Jiles, Saffirio, Soto, Keitel, Marzán y Rocaffull. 

La Comisión de Familia y del Adulto Mayor, presidida por la diputada Natalia Castillo (RD), despachó anoche una reforma a la ley de adopciones que entrega a todas las parejas, sea cual sea su orientación sexual, los mismos deberes y derechos para la crianza de niños/as, avance festejado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

“Hoy damos un paso para el respeto integral al interés superior del niño, para el reconocimiento de la diversidad familiar, para la igualdad de derechos y para garantizar que efectivamente se amplíen las posibilidades de encontrar el mejor hogar posible para los hijos/as, al margen de la orientación sexual o identidad de género de los adoptantes”, sostuvo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, quien participó de todas las sesiones de tramitación del proyecto.

El avance fue posible gracias al trabajo de los/as diputados/as Natalia Castillo (RD), Pamela Jiles (PH), Karol Cariola (PC), René Saffirio (FR), Sebastián Keitel (Evópoli), Carola Marzán (PPD), Raúl Soto (DC) y Luis Rocaffull López (PS). En el lado opuesto se ubicaron los/as congresistas Francesca Muñoz (RN), Eduardo Salinas (RN), Gustavo Sanhueza (UDI), Álvaro Carter (UDI), Cristóbal Urritoechea (RN), quienes en todas las ocasiones votaron contra las parejas del mismo sexo.

Con el despacho, la ley quedó lista para su votación en la Cámara, tras lo cual será analizada por el Senado. “Todo indica que tendremos primero adopción homoparental y luego matrimonio igualitario”, consideró Jiménez.

En la jornada de ayer y la Comisión aprobó el procedimiento para que los convivientes civiles puedan adoptar a los hijos/as biológicos/as de sus parejas.

Con todo, fue el pasado 13 de junio cuando la Comisión de Familia aprobó la adopción homoparental, al establecer en un artículo que la crianza puede desarrollarse en el seno de una familia, ‘cualquiera sea su composición’”.

En tanto, el anterior 26 de septiembre, la Comisión aprobó expresamente la adopción por integración para parejas de igual y distinto sexo, sean de hecho o con unión civil.

Además, el 12 de diciembre se aprobó proteger de la discriminación en la ley de adopciones a todas las categorías contempladas en la Ley Zamudio, incluida la orientación sexual y la identidad de género.

Por último, en noviembre pasado fracasó un intento de diputados evangélicos por incluir un homofóbico artículo en la ley de adopciones.

Tras su despacho la ley deberá ser votada por la sala de la Cámara de Diputados, en marzo, y luego pasar al Senado.

Fuente MOVILH

General, Historia LGTBI Carola Marzán, Chile, Comisión de Familia y del Adulto Mayor, DC, Evópoli, FR, Karol Carola, Luis Rocaffull López, MOVILH, Natalia Castillo, Pamela Jiles, PC, PH, PPD, PS, Raúl Soto, RD, René Saffirio, Sebastián Keitel

El certamen prohíbe abiertamente la postulación de mujeres  trans, denunció el concejal socialista Pedro Muñoz Leiva. El Movilh envío una carta al alcalde y a todos los concejales para que ajusten las bases a la legalidad.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) solicitó hoy al alcalde de Valdivia, Omar Sabat Guzmán, y a todos los concejales de la comuna que modifiquen las bases del concurso “Reina de Los Ríos”, por ser “abiertamente transfóbicas, por incurrir en la ilegalidad y por basarse en prejuicios e ignorancia”.

En efecto, entre los requisitos las bases exigen a las concursantes “sexo femenino al momento de nacer”, aspecto que fue conocido luego de que el concejal Pedro Muñoz Leiva  (en la fotografía) denunciará por redes sociales el hecho.

“Condenable es que la Municipalidad de Valdivia, existiendo hoy una Ley de Identidad de Género y una Antidiscriminación, discrimine a personas trans en concurso Reina de Los Ríos, que ya es objeto de críticas por patriarcal y machista. El atraso cultural es evidente”, sostuvo Muñoz Leiva.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, explicó que las bases “excluyen a las mujeres trans, toda vez que a ellas se les asignó un sexo masculino en su partida de nacimiento”.

El dirigente precisó que “la Ley Zamudio es clara en proteger a las personas trans y prohibir todo tipo de discriminación basada en la identidad de género. Esto significa que se debe respetar y reconocer el nombre y sexo social de las personas trans, al margen de lo que indique su carnet de identidad o su partida de nacimiento. Pues bien, las bases del municipio de Valvidia violentan este derecho y a la ley”.

“Los tribunales de justicia han sancionado en diversas ocasiones a instituciones públicas o privadas que se niegan a reconocer el nombre y sexo social de las personas trans, por lo que llamamos a al municipio a corregir en breve las bases”, apuntó el Movilh.

“Llamamos al alcalde Sabat, a todos/as los concejales y a los responsables de este concurso, a modificar las bases, a capacitar a los funcionarios/as en materia de derechos humanos, no discriminación e identidad de género y a prevenir que en el futuro se repitan situaciones tan lamentables como las de este concurso”, redondeó Jiménez.

Junto a Sabat, el Movilh envió igual petición a los concejales de Valvidia, Felipe Riffo Maechel (RN), Marco Santa Arias (PRI), Leandro Kunstmann Collado (UDI), Francisco Eguiluz Figueroa (RN), Rocío Araya Garay (PS), Pedro Muñoz Leiva (PS), Cecilia Agüero Ramírez (DC) y Guido Yobanolo Valdebenito (PPD).

Finalmente el Movilh valoró “la preocupación del concejal Muñoz Leiva por este tema, así como la denuncia que formuló con miras a revertir esta discriminación”.

*Foto de concejal Muñoz Leiva

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Cecilia Agüero Ramírez, DC, Felipe Riffo Maechel, Francisco Eguiluz Figueroa, Guido Yobanolo Valdebenito, Homofobia/Transfobia, Leandro Kunstmann Collado, Marco Santa Arias, MOVILH, Omar Sabat Guzmán, Pedro Muñoz Leiva, PPD, PS, Reina de Los Ríos, RN, Rocío Araya Garay, Rolando Jiménez, UDI

Los parlamentarios buscan que el Gobierno aclare el estado del Acuerdo de Solución Amistosa que Chile firmó ante la CIDH para el impulso del matrimonio igualitario y de otras medidas. El Movilh valoró la gestión de los parlamentarios.

Los diputados Marcelo Díaz (PS) y Matías Walker (DC) solicitaron a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara que cite al Ministro de Justicia, Hernán Larraín, y a la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, para que expliquen como el Ejecutivo impulsará el matrimonio igualitario y otras medidas del Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) firmado por el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La petición ocurrió a días de que la CIDH citara al Gobierno, luego de que el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunciara distintos incumplimientos del ASA, entre esos la falta del impulso del matrimonio igualitario.

Díaz explicó en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que Larraín y Recabarren deben ser citados para dar cuenta sobre el ASA, el cual “establece varias cosas, como el proyecto de ley de identidad de género, el matrimonio igualitario y campañas de prevención y no discriminación. Hay un catálogo de cosas que están comprometidas por el Estado de Chile. La situación es preocupante, pues habría ciertos incumplimientos al respecto”.

En tanto, Walker señaló que “hemos reiterado que aquí hay un compromiso del Estado de Chile. Independientemente de las distintas posturas que cada parlamentario pueda tener, lo que no puede hacer el Congreso Nacional es dejar de discutir el tema”.

Añadió que “hay una necesidad de que el gobierno del presidente de Sebastián Piñera explicite la forma como va a cumplir con este compromiso de Estado. Hemos conversado además con la nueva presidenta de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, Natalia, Castillo, y con la diputada Pamela Jiles para que independientemente del trámite en el Senado (donde la ex mandataria Michelle Bachelet ingresó el proyecto de ley en el marco del cumplimiento del ASA), la Cámara de Diputados pueda discutir los distintos proyectos que hemos presentado sobre matrimonio igualitario”.

El Movilh “valoró las medidas tomadas por Díaz y Walker, en tanto comprenden que el impulso del matrimonio igualitario, involucra al Estado como conjunto, y ninguna institución puede boicotear , entorpecer o no cumplir este compromiso, menos el Gobierno o el Congreso Nacional. Esperamos que la presencia de Larraín y Recabarren en la Comisión, sirva para aclarar todas las dudas que el Congreso Nacional y la ciudadanía puedan tener en torno al estado de avance del ASA”.

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General, Homofobia/ Transfobia. Acuerdo de Solución Amistosa (ASA), Castillo, Chile, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), DC, Marcelo Díaz, Matías Walker, Matrimonio igualitario, Michelle Bachelet, Natalia, Pamela Jiles, PS, Sebastián Piñera

Con todo, el Movlh precisó que los menores de 14 años pueden seguir cambiando su nombre y sexo legal con la ley vigente, como ha ocurrido hasta ahora.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) valoró que un grupo de parlamentarios encabezados por la senadora Adriana Muñoz (PPD) estén impulsando un proyecto de ley para incluir a los menores de 14 años en la Ley de Identidad de Género

La iniciativa; que también es patrocinada por los senadores Juan Ignacio Latorre (RD), Jaime Quintana (PPD), Ximena Rincón (DC), Isabel Allende (PS) y Muñoz,; busca así revertir la exclusión de los menores de 14 años de la recién aprobada ley.

“Valoramos profundamente que se estén dando estos pasos, pues no hay razón alguna para discriminar a las personas trans en su infancia. Es justamente en la infancia cuando más requieren ayuda. De acuerdo a nuestros estudios, el 35% de las personas trans ha intentado suicidarse antes de los 10 años producto de la discriminación. De ahí la importancia de hacer frente a esta realidad”, sostuvo el vocero del Movilh, Oscar Rementería.

De todas formas, precisó Movilh, “consideramos de la máxima relevancia aclarar que bajo la legislación actual, que no se anula con la Ley de Identidad de Género, los menores de14 años sí podrán seguir cambiando su nombre y sexo legal mediante petición al juzgado de letras de su respectivo domicilio. Así ha ocurrido hasta ahora, permitiéndose incluso del cambio de nombre y sexo legal de menores de 5 años, y seguirá ocurriendo”.

“El único problema será que el trámite seguirá siendo engorroso, pero lo claro es que este derecho no ha sido anulado por la Ley de Identidad de Género. Llamamos a informar debidamente a las familias sobre este punto”, finalizó el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

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General Adriana Muñoz, DC, Isabel Allende, Jaime Quintana, Juan Ignacio Latorre, Ley de Identidad de Género, MOVILH, Óscar Rementería, PPD, PS, RD, Rolando Jiménez, Ximena Rincón

La  parlamentaria del PPD se ha caracterizado por su respaldo a los derechos humanos de las personas LGBTI

La Comisión Mixta encargada de analizar el proyecto de ley de identidad de género se conformó ayer en el ex Congreso Nacional de Santiago, eligiendo como su presidenta a la senadora Adriana Muñoz (PPD), quien la semana anterior había firmado un acuerdo con el Movilh para impulsar los derechos LGBTI comprometidos por Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD)

Esta jornada Muñoz expresó en Radio Cooperativa su respaldo a la propuesta de ley despachada por la Cámara de Diputados, “porque se sustenta en dos principios: el principio del interés superior del niño, niña o el adolescente, donde eso significa que los órganos del Estado tenemos que garantizar la máxima satisfacción del ejercicio de sus derechos”

“El otro principio es el de autonomía progresiva, donde todo niño, niña o adolescente podría ejercer sus derechos por sí mismo en consonancia con la evolución de sus facultades, su edad y su madurez. Lo que la propia Cámara aprueba es el representante legal, que es muy importante, una persona que esté a cargo legalmente del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, que tengan un papel más de orientación, de dirección en el ejercicio de este derecho y no sometido a la voluntad del padre”, explicó.

Junto a Muñoz integran la Comisión los/s senadores/as Felipe Kast (Evópoli), Jacqueline Van Rysselberghe (Biobío), Alejandro Navarro (Indp), Adriana Muñoz (PPD), Juan Latorre (RD), así como los/as diputados/as Diego Paulsen (RN), Matías Walker (DC), Raúl Saldívar (PS) y Natalia Castillo (RD).

Durante su constitución, la Comisión Mixta determinó que el próximo lunes expondrán en su seno organizaciones defensoras y opositoras del proyecto de ley, así como el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien al ser consultado sobre la inclusión de menores de 18 años en la iniciativa, señaló hoy a T13 Radio que “yo no veo la condición de inconstitucionalidad en este tema”.

El vocero del Movilh, Oscar Rementería, enfatizó, por su lado, que la “constitución de la Comisión Mixta ay nos pone en tierra derecha para avanzar a la aprobación de la norma en mayo, lo cual es nuestra aspiración. Nuestra intención es que sean incorporados los menores de 14 años en la ley, y para tales efectos, ayer y ya obtuvimos el respaldo de la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández”.

El inicio del debate en la Constitución Mixta fue rechazado ayer grupos opositores al proyecto de ley. La auto-denominada Coordinadora Nacional ProFamilia, portó un cartel donde señalaban que “sentir que soy algo no es serlo. Los sentimientos no determinan la realidad y mucho menos pueden ser el fundamento para exigir derechos”.

La postura es similar a la de la presidenta de la UDI, JacquelineVan Rysselberghe, quien en los últimos días ha exacerbado su rechazo a al proyecto a través declaraciones públicas y presiones al Gobierno y a Chile Vamos.

Tras anunciar que acudirá al Tribunal Constitucional si es que el proyecto de ley incorpora a los menores de 18 años, la senadora sostuvo que “siempre hemos defendido el derecho primordial de los padres a educar a sus hijos, pero también hemos aceptado que hay ciertos casos en los que la sociedad pone el límite, como es el caso del alcohol. Un niño aunque su padre lo autorice, no va a poder comprar alcohol en un restaurant”. “Lo que no se puede hacer es el cambio de sexo. Lo que decimos es que cuando se haga, lo haga una persona con autonomía plena y la madurez suficiente, que en caso de Chile es la mayoría de edad a los 18 años”, agregó a La Tercera.

El Movilh repicó que “los grupos auto-declarados pro vida y Van Rysselberghe confunden a la ciudadanía con informaciones erróneas y falsas para validar sus prejuicios. Con todo, el interés superior del niño es prioritario y eso no hay manera de rechazarlo”.

Fuente MOVILH

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Se votará en la sala el 23 de enero.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó y despachó ayer  el proyecto Ley de Identidad de Género, en el marco de un un claro liderazgo de la ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, para impulsar y perfeccionar la iniciativa.

En efecto, bajo la administración de Narváez el proyecto ha experimentado los más sólidos avances de su tramitación, tras casi cinco años de debate de una iniciativa que en su versión original no introducía ningún cambio significativo para las personas trans, trasladando sólo el  proceso de cambio de nombre y sexo legal de los tribunales civiles a los de  familia.

El proyecto finalmente despachado por la Comisión es radicalmente distinto, en lo que jugaron un rol crucial las indicaciones del Ejecutivo y de distintos parlamentarios que acogieron las propuestas de los movimientos LGBTI.

Entre quienes integran la Comisión destacó la labor de su presidente, Sergio Ojeda, así como de los diputados Matías Walker (DC), Sergio Espejo (DC), Robeto Poblete (IND), Felipe Letelier (PPD), Tucapel Jiménez (PPD), René Zaffirio (IND), Raúl Salvídar (PS) y Felipe Kast (Evópoli). A estos se suma Gabriel Boric (Movimiento Autonomista), que presentó indicaciones para perfeccionar la norma.

El proyecto despachado permite que los mayores de 18 años puedan cambiar su nombre y sexo legal con un trámite administrativo en el Registro Civil sin requisitos de por medio y sin la exigencia de ningún certificado médico.

Del mismo modo, posibilita que los menores de 18 años soliciten su cambio de nombre y sexo en tribunales de familia, trámite que deberán realizar con el consentimiento de sus padres, madres o de quien los tenga bajo cuidado. En este caso, deberán aportarse certificados o testimonios que acrediten la identidad de género. En relación a las personas casadas, el trámite también se realizará en tribunales de familia.

A la par se considera a la expresión de género como una categoría protegida y se reforma la Ley Zamudio para que también ahí sea incorporada.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, indicó que “demos dado un nuevo hacia la dignidad de personas trans, el sector más vulnerable y desprotegido de la diversidad sexual y de género que desde siempre ha padecido brutales atropellos y obstáculos para el acceso a salud, la educación y el trabajo sólo porque el nombre y sexo asignado al nacer no se corresponde con su identidad. Esperamos que el 23 de enero la Cámara de Diputados esté a altura de la circunstancias”. Apuntó que la “igualdad de derechos para las personas trans se acerca y eso le hará bien a Chile y la sociedad toda”.

En la actualidad, sin la ley de identidad de género, para todos los casos el trámite de cambio de nombre y sexo legal se realiza en tribunales civiles, los cuales dependiendo del juez pueden o no exigir certificados psicológicos, psiquiátricos y/o cirugías de readecuación corporal, además de exámenes en el Servicio Médico Legal.

Fuente MOVILH

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Tras votación de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. En paralelo, evangélicos se manifestaron con violencia contra la ley y los activistas LGBTI, a tal punto que uno los agresores debió ser multado por Carabineros.

Un duro revés sufrió hoy la Ley de Identidad de Género, luego de que la Comisión de Derechos Humanos del Senado excluyera de la norma a los menores de 18 años, medida repudiada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y que espera revertirse en la Cámara de Diputados.

La exclusión de los menores de 18 años se basó en una indicación del parlamentario Andrés Allamand (RN) que fue aprobada con los votos de los senadores Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), Manuel José Ossandón (IND) y Manuel Antonio Matta (DC), mientras que Juan Pablo Letelier (PS) y Alejandro Navarro (IND) estuvieron por mantener los derechos de  los/as niños/as y adolescentes.

A la sesión también asistieron el senador Francisco Chahuán (RN) y la vocera de Gobierno, Paula Narváez.

Tras asistir al Congreso Nacional de Valparaíso, el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, sostuvo que “esta votación es impresentable, pues lo que se debe garantizar es la igualdad de trato a las personas trans desde la más tierna infancia, para garantizar un desarrollo armónico que mejore su calidad de vida. Hoy tres senadores se han pronunciado contra el interés superior del niño”.

El Movilh denunció además que “ que la Comisión de DDHH actuó puerta cerrada y con un trato desigualitario a los movimientos sociales, pues la casi totalidad de éstos no pudo ingresar a la sesión. Son tales situaciones las que levantan legítimas sospechas y dudas, respecto a los reales compromisos políticos existentes en torno a esta ley por parte de todas las autoridades.

Si bien es cierto hoy se aprobó que los mayores de 18 años puedan cambiar incluso más de una vez su nombre y sexo social en el Registro Civil, “la exclusión de los menores es un duro revés que esperamos revertir en la Cámara de Diputados”, añadió el Movilh

En esta jornada, el Gobierno había presentado además en el Congreso Nacional un total de seis nuevas indicaciones que ampliaban las exigencias de cambio y nombre de sexo legal a los menores de 18 años, pero no los excluía del proceso.

Transfobia desatada

Como si fuera poco,  esta jornada hubo violentos discurso de odio contra el proyecto de ley en las afueras del Congreso Nacional.

Por un lado la dirigente de la Agrupación Somos Millones, Antaris Varela, distribuyó panfletos donde se indicaba que la la “ideología de género niega la naturaleza humana” y, por otro, el autodenominado “pastor” Javier Soto, acusaba en sus impresos la existencia de una “doctrina de demonios. Es un conjunto de ideas falsas que busca manipular y engañar la mente de los niños promoviendo la homosexualidad (…), violentando psicológicamente la inocencia de los niños, estropeando su sano desarrollo”.

Junto a ello, portó lienzos con el logo del Movilh y con la frase “la ley de identidad de género busca pervertir la inocencia de menores de edad para entregarlos a pedófilos que vomitan diversidad sexual. No al terrorismo pedófilo en Chile”.

La situación alcanzó su máximo nivel de violencia cuando el sujeto se abalanzó  sobre Jiménez gritándole con megáfono en mano “sucio”, “pervertido” y “abusador de niños” en el frontis del Congreso Nacional. Una situación similar había ocurrido ayer en el mismo lugar, en el marco de la votación del aborto por tres causales.

Esta vez, Jiménez denunció los hechos a carabineros, los cuales lograron controlar a Soto, además de pasarle un parte por ruidos molestos.

“Además estamos evaluando seriamente presentar nuevas acciones legales contra Soto. La primera vez logramos que fuera condenado a 300 días de pena remitida, así como inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos, por sus discursos de odio y promotores de la violencia. Dada su insistencia homofóbica, creemos que este sujeto debiese ahora ir a la cárcel efectiva, lo cual sería posible esta vez por ser un reincidente de un mismo delito”, puntualizó el presidente del Movilh, Ramón Gómez.

Los rechazos evangélicos de esta semana había comenzado ayer con una protesta de la Iglesia Reconcíliate con Dios, en la Plaza 21 de mayo. “Con este proyecto se busca homosexualizar a las nuevas generaciones a través de la educación y desde el jardín escolar”, dijo Juan Aguirre, otro supuesto pastor.

Fuente MOVILH

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Al recordar acuerdo que el Estado selló con el Movilh, organismo que ayer envió misivas los presidentes de todos los partidos y la ministra Paula Narváez para que las temáticas de la diversidad sexual integren las prioridades legislativas.

La ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez, enfatizó ayer los compromisos sobre el matrimonio igualitario y la Ley de Identidad de Género, al referirse al acuerdo de solución amistosa que el Estado selló con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) con la mediación da la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En relación al matrimonio igualitario sostuvo que “estamos en eso dentro del tiempo establecido, para luego enviar el proyecto de ley al Parlamento, así que ahí no hay incumplimiento”.

Sobre la Ley de Identidad de Género, sostuvo que “entendemos que se ha presentado una serie de indicaciones de parte de la Oposición. Nosotros entendemos que las indicaciones son absolutamente legítimas desde el punto de vista del proceso legislativo, y el Gobierno seguirá adelante, respetando el trámite legislativo como el de cualquier proyecto de ley”.

Ayer el Movilh envió una misiva a la Nueva Mayoría y a la ministra Narváez donde solicitó que la ley de identidad de género y el matrimonio igualitario sean incorporados en la lista de prioridades legislativas que definirán el próximo 1 de diciembre.

La carta fue enviada a los/as presidentes/as del PS, Isabel Allende, de la DC, Carolina Goic; del PPD, Gonzalo Navarrete; del PC, Guillermo Teillier; del PRSD, Ernesto Velasco; del Mas, Cristián Tapia, y de IU, Francisco Parraguez.

Y es que el diputado Kast pidió a la Contraloría que anule acuerdo entre el Estado y el Movilh por el matrimonio igualitario.  La odiosa arremetida es respaldada por los diputados Squella y Coloma. El Movilh acusó a Kast de utilizar los derechos de la diversidad sexual para posicionar su debilitada pre-candidatura presidencial.

El diputado José Antonio Kast (ex UDI) solicitó hoy a la Contraloría General de la República que declare ilegal el acuerdo de solución amistosa sobre el matrimonio igualitario que sellaron el Estado de Chile y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) con la mediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La homofóbica acción es respaldada por los diputados UDI Arturo Squella y Juan Antonio Coloma, y el ultraconservador movimiento Comunidad y Justicia, el mismo que entre el 2014 y 2015 perdió en tribunales todos los recursos que buscaban anular sentencias de los tribunales a favor de las familias homoparentales y del cuento “Nicolás tiene dos papás”.

Tras presentar la acción, Kast explicó a “Opine Chile” que “hemos levantado una solicitud a la Contraloría para que revise la legalidad de un acto de gobierno firmado por varios ministros junto con el Movilh que pasa a llevar las sentencias de la Corte de Apelaciones, del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema”.

Añadió que “el gobierno ha vulnerado, a nuestro juicio, el Estado de derecho que nos rige, ha desconocido sentencias del máximo tribunal, frente a una presentación que hacen particulares a la Comisión de Derechos Humanos de la Corte Interamericana planteando que sus derechos fueron vulnerados en Chile al no permitir que dos hombres fueran casados frente a un oficial del Registro Civil”.

El parlamentario redondeó que “ellos presentan esta reclamación y el Estado no se defiende. Perdón, primero sí se defiende y después llega a un acuerdo extrajudicial, siendo que ello no está dentro de las facultades de los ministros. Por tanto, esto sería como si Chile después de una demanda en La Haya por parte de Bolivia, llegara a un acuerdo extrajudicial y entregara el río Silala. Eso es inaceptable y aquí ocurrió lo mismo”.

Para Kast “se vulneran los derechos de cualquier chileno si es que no se respetan los tribunales de nuestro país. Aquí por así decirlo, el gobierno se dejó ganar, y eso no puede ser porque le resta seguridad a todas las personas en Chile. Cualquiera podría ver vulnerado sus derechos: si no queda conforme con las sentencias de la Corte Suprema, va a un tribunal internacional, reclama, demanda al gobierno y el gobierno le da la razón por una vía extrajudicial. Eso atenta contra la igualdad ante la ley, atenta contra el Estado de derecho y es una forma en que el gobierno ha ido manejándose en temas de derechos humanos. Cuando algo no le gusta, busca una manera de soslayar la ley y hacer acuerdos de este tipo”.

Puntualizó que “doy un defensor de los derechos humanos de las personas, soy un defensor de la legalidad y creo que todos deberían estar en contra de este tipo de situaciones. Son los activistas de ciertas causas los que están dispuestos a romper con la ley, para llegar a su fin. Aquí priman las ideologías más que las leyes”

Utilización política

En respuesta, el Movilh acusó a Kast “de utilizar los derechos humanos de las personas lesbianas, gays,, bisexuales, transexuales e intersexuales para publicitar su debilitada y a claras luces fracasada pre-candidatura presidencial”. “No somos ingenuos. No creemos que Kast desconozca sobre competencias para firmar soluciones amistosas y, por tanto debe saber, que los firmantes si están habilitados. También Kast debe saber que el Estado no cedió en nada que no solicitáramos y que el acuerdo no fue fácil. Si está usando argumentos que se caen por su propio peso, es claro que su único objetivo es figurar, antes que conseguir que sus homofóbicas posturas sean aceptadas por la Contraloría”, dijo el Movilh.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, añadió que “Kast debería tener la decencia de dedicarse 100% a su labor parlamentaria, en vez de andar preocupado de su campaña presidencial, que también sabe no prosperará. Sus aleteos homofóbicos están destinados al fracaso, al igual que sus aspiraciones presidenciales”.

“Esperamos que el Gobierno haga una férrea defensa del acuerdo ante esta arremetida, pues el lo que corresponde hacer a la luz del compromiso firmado”, puntualizó el Movilh.

Fuent MOVILH (1, 2)

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En el marco del Proyecto de Ley de Garantías de Derechos de la Niñez. También se aprobó un articulo que prohíbe la discriminación por orientación sexual o identidad de género. El debate estuvo cruzado por opiniones transfóbicas de profesionales católicos que vincularon a la trasexualidad con patologías, peligros y “etapas superables”.

La Comisión de Familia y Adulto Mayor de la Cámara de Diputados incorporó la realidad de los niños y niñas trans en la Ley de Garantías de Derechos de la Niñez que el Ejecutivo ingresó a tramitación del Parlamento el pasado 25 de septiembre, aspecto festejado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

La luz verde se dio anoche en una extensa sesión de tres horas que contó con la especial intervención del ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, y con la presencia de la directora Ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia,  Estela Ortiz, de organizaciones opositoras a la norma y del Movilh.

En concreto se aprobó por 7 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención una indicación al artículo 12 de la ley que garantiza el derecho de los niños y niñas trans a desarrollar su propia identidad.

De esa manera, la ley establece que “todo niño tiene derecho, desde su nacimiento, a tener un nombre, una nacionalidad y una lengua de origen; a conocer la identidad de sus padres; a preservar sus relaciones familiares de conformidad con la ley; a conocer y ejercer la cultura de su lugar de origen y, en general, a preservar y desarrollar su propia identidad e idiosincrasia, incluida su identidad de género”.

Votaron a favor los diputados Ramón Farías (PPD), Daniela Cicardini (PS), Sergio Ojeda (DC), José Miguel Ortiz (DC), Marcelo Schilling (PS), Marcos Espinosa (PRSD), Karla Rubilar (INP). En contra se pronunciaron los parlamentarios Nicolás Monckeberg (RN), Claudia Nogueira (UDI), Jorge Sabag (DC), David Sandoval (UDI), y Marisol Turres (UDI). En tanto, Marcela Sabat (RN) se abstuvo.

Ya con anterioridad, la Comisión había aprobado el artículo 8 del proyecto, garantizándose que “ningún niño podrá ser discriminado en forma arbitraria en razón de su raza, etnia, nacionalidad, cultura, estatus migratorio, carácter de refugiado o asilado, idioma, opinión política o ideología, afiliación o asociación, religión o creencia, situación socioeconómica, sexo, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales; estado civil, edad, filiación, apariencia personal, salud, discapacidad o en situación de discapacidad, estar o haber sido imputado, acusado o condenado por aplicación de la ley N° 20.084, o en razón de cualquier otra condición, actividad o estatus suyo o de sus padres, familia, representantes legales o quienes lo tengan bajo su cuidado”.

Durante variadas sesiones se expresaron posturas a favor y en contra de la iniciativa.  Ayer fueron los turnos del académico de la Universidad Diego Portales, Domingo Lovera, que manifestó un claro y sólido apoyo a los derechos de los niños y niñas LGBTI, y del psiquiátra Francisco Bustamante, del secretario general de la Universidad Finis Terrae, Álvaro Ferrer y de la endocrinóloga la Universidad de Los Andes, Francisca Ugarte, quienes se refirieron a la identidad de género diversa con un lenguaje prejuicio y denigrante, asociando a la transexualidad con patologías, peligros, etapas superables, o condiciones modificables.

El Movilh, que monitoreó y estuvo presente en todas las sesiones donde se discutió la identidad de género o la orientación sexual, enfatizó que  “dimos un paso significativo y de primer orden para que se prohíba la discriminación a niños y niñas trans y para que se generen condiciones tendientes a respetar la identidad de género de los menores de edad en sus familias, en los jardines infantiles, en los colegios y, por cierto, en sus futuras universidades institutos o trabajos”.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, explicó que “esta aprobación fue un proceso difícil, pues hubo intentos por seguir cercenando la identidad de género de los niños y niñas, por desconocer su derecho a ser llamados e identificados como efectivamente se sienten y son. Felizmente, estos intentos no prosperaron, y se impuso el interés superior del niño. Aquí hay una esperanza muy hermosa de una mejor calidad de vida para las nuevas y futuras generaciones de personas trans”.

En paralelo a este debate se seguirá discutiendo en la Comisión de Derechos Humanos del Senado la Ley de Identidad de Género, para posibilitar el cambio de nombre y sexo legal de las personas trans con un trámite simple en el Registro Civil, dejando a un lado la judicialización del proceso para los mayores de edad y facilitando la diligencia para los niños y niñas en los tribunales de Familia.

Sin ir más lejos, ayer la Comisión de DDHH del Senado anunció que la ley de identidad de genero será despachada el próximo 12 de septiembre, luego de que el Gobierno le otorgara discusión inmediata, cumpliendo así con parte de los acuerdos que el Estado firmó con el Movilh, con la mediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Fuente MOVILH

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El anuncio ha tenido lugar en un momento en el que la Cámara de Diputados se prepara para tramitar la Ley de Identidad de Género, que ha sido aprobada en la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

La Comisión de Derechos Humanos del Senado terminó la tramitación de Ley de Identidad de Género, mientras que el gobierno anunció que el 2017 presentará al Parlamento la Ley de Matrimonio Igualitario, según ha dado a conocer el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

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General, Homofobia/ Transfobia., Judaísmo Alberto Robles, Antisemitismo, Antonio Saavedra, Chile, Comunidad Judía de Chile, Cristian Campos, Daniel Farcas, DC, Evópoli, Felipe Kast, Fernando Meza, Gabriel Silber, Gonzalo Fuenzalida, Hiram Villagra, Jorge Ulloa, José Antonio Kast, Juan Luis Castro, Juan Morano, Judaísmo, Los Patriotas, Marcela Hernando, María José Hoffmann, Miguel Alvarado, MOVILH, Neonazis, Padechi, Partidarios por la Defensa de Chile, Paulina Núñez, PPD, PRSD, PS, Ramón Farías, RN, UDI, Viva la Patria

El pasado día 3 de julio,  la ministra de Justicia de Chile, Javiera Blanco se reunió, con representantes de la Fundación Iguales. Y otro encuentro lideró el lunes pasado con dirigentes del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) para abordar diversas propuestas legislativas pro-igualdad, llegándose a importantes a acuerdos. En la cita el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, expresó la necesidad de que el Gobierno apoye que el Acuerdo de Unión Civil (AUC) sea incorporado en la Ley de Adopción, de manera que las parejas que contraigan el vínculo puedan criar niños/as.

Quienes asistieron a esas citas dicen que la secretaria de Estado manifestó una postura favorable a una petición que se le planteó: incluir el Acuerdo de Unión Civil (AUC), que regula la convivencia entre parejas de igual o distinto sexo, en el proyecto de ley que modifica el actual sistema de adopciones, ingresado en 2013 por el gobierno de Sebastián Piñera.

Las mismas fuentes agregan que Blanco aclaró que esa medida no la impulsará el gobierno, pero que el Ejecutivo no se opondrá. Y es que incluir el AUC en la nueva ley de adopciones que se está revisando en el Congreso es una materia que ya está siendo discutida formalmente al interior de la Comisión de Familia de la Cámara.

“Esta es una moción presentada por parlamentarios. Hay dos, con distintos alcances. Respecto de esas mociones, nosotros no vamos a presentar oposición. No nos vamos a oponer. Ahora, la discusión de los alcances y todo eso lo tenemos que ver cuando nos hagamos cargo del proyecto de ley de adopción. Estamos recién en la primera etapa”, dijo la ministra Blanco a La Tercera, al ser consultada.

El presidente de la Comisión de Familia de la Cámara, Ramón Farías (PPD), y la diputada Daniella Cicardini (PS) -integrante de esa instancia- presentaron dos indicaciones en esta línea. La primera fue realizada antes de la aprobación del AUC. Y en ella se establecía que cualquier persona, independiente de su estado civil, podrá adoptar niños. La segunda fue ingresada tras la aprobación del AUC, para solicitar explícitamente que ese tipo de parejas contempladas en la nueva regulación (aquellas que conviven, pero que no están casadas) estén consideradas entre quienes pueden adoptar en Chile. Esto, incluyendo tanto a heterosexuales como a homosexuales.

“La ministra señaló estar de acuerdo con esta idea y explicó que de ser consultado sobre la materia, el gobierno emitirá un pronunciamiento favorable. Esto es muy importante en momentos en que el Congreso discute una reforma a la Ley de Adopción y porque, además, sería absurdo impedirles adoptar a parejas que contraigan el AUC o negar ese derecho sólo a los convivientes civiles homosexuales”, comentó el director del área de Derechos Humanos del Movilh, Rolando Jiménez.

Asistentes a las reuniones que encabezó la secretaria de Estado con el Movilh y la Fundación Iguales sostienen que Blanco planteó, sin embargo, que no podía entregar seguridad sobre la prelación, es decir, respecto al lugar que tendrían los convivientes civiles heterosexuales u homosexuales en el listado de aquellas personas que son consideradas aptas para un proceso de adopción.

Para las organizaciones que defienden la diversidad sexual y los distintos tipos de familia, este podría ser un problema, ya que una pareja homosexual podría quedar, eventualmente, en el último lugar de ese listado, imposibilitando, en la práctica, que puedan adoptar.

Fuente La Tercera y MOVILH

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“Chile necesita una nueva institucionalidad para la diversidad, la inclusión y contra la discriminación”

Y la diputada,  Jacqueline Van Rysselbergue dice que las parejas homosexuales “son violentas” tras citar estudio financiado por grupo religioso. ¿quiénes son los violentos?

La organización chilena realizó una visita a La Moneda en la que pidió protección y que se adopten medidas de prevención para evitar estos hechos. Los mensajes de esta ocasión son mucho más violentos.

Es el segundo atentado a la sede de la organización en 23 años. El caso fue informado a La Moneda, donde se comprometieron gestiones con el Ministerio del Interior para prevenir nuevos episodios de violencia contra activistas LGBTI.

En menos de tres meses el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) sufrió ayer un segundo ataque a su sede, la que amaneció rayada con mensajes denigrantes y ofensivos hacia la diversidad sexual, como se puede apreciar en las fotografías adjuntas.

La situación, que afectó la dignidad de personas LGBTI, “nos causa gran extrañeza y preocupación, pues nunca en 23 años habíamos sido atacados de esta manera y ya contamos dos atropellos desde mayo a la fecha”, indicó el Movilh.

En el ataque del 19 de mayo pasado hubo frases agresivas, “pero esta vez el nivel de violencia fue mayor. Tenemos entonces dudas sobre los alcances de esta situación”, indicó el organismo. “Esta situación afecta nuestra dignidad como personas y como organización y nos causa gran extrañeza y preocupación, pues nunca en 23 años habíamos sido atacados de esta manera y ya contamos dos atropellos desde mayo a la fecha”, indicó el Movilh en un comunicado. Además informaron de que no serán borrados inmediatamente para sensibilizar sobre la importancia de combatir este tipo de hechos.

El caso fue informado ayer al Gobierno, en una visita a La Moneda, y a la Municipalidad de Santiago. Se espera que las autoridades adopten algún nivel de coordinación con el Ministerio del Interior de manera de prevenir nuevos ataques a los defensores de los derechos humanos,

“La violencia homofóbica existe y el frontis de nuestra sede es lamentablemente prueba de ello”, dijo ayer el Movilh.

El nuevo atentado despertó la solidaridad de cientos de personas y de autoridades que se contactaron con el Movilh por fono o mediante redes sociales. Fueron los casos de los diputados Maya Fernández (PS) y Felipe de Mussy (UDI), de la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, de la ex vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, de los concejales Patricio Gonzaléz y Carol Bortnick, de presentantes de Amplitud, Evópoli, de Red Liberal  y de la DC y de los periodistas Rayén Araya, Consuelo Saavedra, Catalina Castro y Dante Muzzio, además de organizaciones de derechos humanos de Chile y otros países.

El Movilh valoró y agradeció las muestras de solidaridad.

Los dirigentes del Movilh también fueron a La Moneda para tratar posibles reformas a la Ley Zamudio o Antidiscriminación, cita en la que también pedirán medidas de protección y prevención. “Esperamos un claro y rotundo rechazo de las autoridades a este abuso y atropello“, finalizaron.

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Una pareja portuguesa con su hija, el pasado febrero en Lisboa. / PATRICIA DE MELO MOREIRA  (AFP)

Leemos en Dosmanzanas y en  El País:

Finalmente el Parlamento de Portugal ha dicho “no” al proyecto de ley propuesto por el Partido Socialista (PS) para legalizar la “coadopción”, es decir, la posibilidad de que uno de los cónyuges de un matrimonio entre personas del mismo sexo pueda adoptar a los hijos legalmente reconocidos del otro, para dar seguridad jurídica a las familias homoparentales ya existentes. Pese a que una quincena de diputados del gobernante Partido Social Demócrata (PSD), de centro-derecha, ha votado a favor de la propuesta, esta ha sido derrotada por cuatro votos. El Parlamento votaba el proyecto después de que el Tribunal Constitucional portugués tumbara la propuesta de referéndum con la que el PSD quería eludir su responsabilidad.

La ley portuguesa de matrimonio igualitario fue aprobada en 2010, pero incluyendo una cláusula discriminatoria que impide optar a la adopción, y ello pese a que las personas homosexuales solteras sí pueden adoptar. La limitación fue impuesta por el entonces gobernante PS contra el criterio de otros grupos de izquierda y muchos la consideraron inconstitucional, dado que la Constitución portuguesa recoge de forma expresa la no discriminación por razones de orientación sexual. De hecho, aunque la ley fue sometida a revisión por el Tribunal Constitucional por iniciativa del presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva, la prohibición de la adopción quedó fuera de la consulta, para evitar que fuera el único punto declarado inconstitucional.

En febrero de 2012, ya con mayoría de centro-derecha, el Parlamento rechazó acabar con dicha discriminación, pero varios diputados del PS expresaron su intención de promover un proyecto que legalizara la coadopción. Así se hizo, y en mayo de 2013 el PSD permitió de hecho que prosperara la iniciativa cuando fue votada en primera lectura. Una actitud que causó malestar entre las bases más conservadoras de ese partido, lo que derivó en que ocho diputados pertenecientes a sus juventudes propusieran un referéndum sobre la materia, y así evitar posicionarse.

El grupo parlamentario del PSD hizo suya la idea, que incluía además la formulación de dos preguntas (una sobre coadopción y otra sobre adopción conjunta). La propuesta de referéndum fue aprobada en enero por 103 votos de los socialdemócratas contra 93 votos de la izquierda. El CDS-PP, partido situado aún más a la derecha del PSD y que forma parte de la coalición de Gobierno, optó por la abstención, al igual que dos diputados socialistas. La estratagema del PSD, sin embargo, se topó con el Tribunal Constitucional, que debía dar su visto bueno. El alto tribunal consideró que no puede preguntarse al mismo tiempo sobre la coadopción, “donde existe una familia ya constituida de facto” y sobre la adopción conjunta, “donde se pretende constituir una familia ex novo”. El Constitucional estimó que hacer coincidir ambas preguntas generaba “ambigüedad” y que la respuesta a una de ellas podía generar un efecto de “arrastre” sobre la otra.

La votación

Tras el dictamen del Constitucional, el presidente Cavaco Silva devolvió la patata caliente al Parlamento. Finalmente el PSD decidía dar libertad de voto a sus diputados y afrontar la votación parlamentaria, que ha tenido lugar este mismo viernes. Pese a que quince diputados del PSD han votado a favor de la propuesta, esta era derrotada por 111 votos contra 107 (solo cuatro votos de diferencia). Ha habido además cinco abstenciones (en realidad, siendo estrictos, este resultado se refiere solo a una parte del articulado, la que se ha votado inicialmente. Luego se ha votado otra parte, cuyo resultado ha sido casi idéntico, salvo porque la abstención de un diputado del PSD se ha convertido en un voto en contra).

En esta ocasión, y a diferencia de los sucedido cuando se votó la propuesta de referéndum, los diputados del CDS-PP sí se han pronunciado: todos ellos han votado en contra, salvo uno que estaba ausente. En los partidos de izquierda (PS, Bloque de Izquierda, Verdes y Partido Comunista) todos los diputados han votado a favor salvo dos socialistas (que se han abstenido) y un comunista que no estaba presente.

Habrá que ver qué sucede en las próximas semanas. La diputada socialista Isabel Moreira ha asegurado que su grupo seguirá batallando porque se apruebe la coadopción durante la presente legislatura, mientras que las juventudes socialdemócratas insisten en “la necesidad” de un referéndum sobre la materia. Es posible también que el asunto quede ya aparcado hasta la próxima legislatura (Portugal debe celebrar elecciones generales en 2015), en la que si la tendencia que marcan las encuestas se mantiene las fuerzas de izquierda pueden recuperar la mayoría parlamentaria. Leer más…

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