Janard Geffrard, recibió 16 golpes antes de ser asesinado por su compañero de celda Kevin Barnes, Imagen  de la firma Graham. En la imagen inferior, el presunto asesino.

El agresor estuvo asfixiando durante dos minutos al otro recluso y luego lo pisoteó en la cabeza y en la parte superior del torso. El ataque duró unos 20 minutos.

Una familia en Florida está pidiendo reformas carcelarias y preparándose para presentar una demanda por muerte por negligencia contra una cárcel de Broward después de que el hombre gay Janard Geffrard fuera supuestamente asesinado por su compañero de celda.

Geffrard, de 29 años, estaba detenido en una celda junto a Kevin Barnes, de 35, en la cárcel de la oficina del sheriff del condado de Broward cuando supuestamente fue golpeado mortalmente.

Según una declaración jurada obtenida por ABC News, Barnes confesó desde entonces haber golpeado a Geffrard el 16 de diciembre y les dijo que lo hizo porque el padre de uno era “gay”. Barnes ahora enfrenta cargos de intento de asesinato.

El abogado Josiah Graham, que representa a la familia de Geffrard, ha confirmado que Geffrard era un hombre gay declarado, además de padre de un hijo de 10 años que celebró su primer cumpleaños sin su padre el martes (2 de enero).

Ahora, la familia de Geffrard exige respuestas, así como reformas carcelarias, después de enterarse por una declaración jurada de que un oficial llegó a la celda solo más de 20 minutos después de que tuvo lugar el altercado, momento en el cual Geffrard estaba inconsciente y sangrando por la boca.

Según un informe de arresto visto por NBC Miami, las imágenes de vigilancia muestran al compañero de celda de Geffrard desaparecer de la vista, hacia el baño de la celda. Tres minutos más tarde, las imágenes muestran a Barnes estrangulando a Geffrard.

 El informe afirma que Barnes luego caminó de un lado a otro de la celda durante diez minutos antes de pisotear la cabeza y la parte superior del torso de Geffrard. Finalmente, poco menos de media hora después de que se produjera el presunto ataque, un agente abre la puerta de una celda y encuentra a Geffrard inconsciente.

Barnes admitió haber asfixiado a Geffrard porque “no estaba de acuerdo con su estilo de vida porque era gay”, afirma el informe.

El abogado de la familia de Geffrard, Josiah Graham, comentó sobre el ataque: “La noticia de su muerte fue obviamente un completo shock para la familia. Su madre está particularmente devastada. Porque este es su hijo primogénito. No es nada por lo que cualquier padre deba pasar; escuchar el hecho de que su hijo falleció es una cosa, pero escuchar que fueron brutalmente ejecutados porque era gay, es simplemente un escenario completamente diferente al que se enfrenta”.

Graham afirmó que, diez días después del ataque, Geffrard fue declarado con muerte cerebral.

Si bien la Unidad de Asuntos Internos de la Oficina del Sheriff de Broward inició una investigación sobre el incidente, que hasta ahora ha resultado en que al menos cuatro personas hayan sido puestas en licencia administrativa con goce de sueldo, la familia de Geffrard está pidiendo que se haga más.

Después de que Geffrard fuera arrestado por robo en mayo de 2023, se le declaró no apto para ser juzgado. Barnes, quien fue arrestado por una violación de la libertad condicional y un caso de robo de autos, también fue declarado no apto para ser juzgado.

Graham dijo a ABC News: “El siguiente paso es determinar la ubicación adecuada para alguien que tiene una enfermedad mental. ¿Lo encerramos en la cárcel indefinidamente? ¿O lo colocamos en algún tipo de centro de rehabilitación en un hospital? ¿Se va a casa? Esa determinación no se había tomado en el momento de su asesinato”.

La familia de Geffrard está pidiendo reformas que aborden el tratamiento de los reclusos con problemas de salud mental, así como vigilancia en las cárceles para evitar que ataques como este ocurran en primer lugar. La familia también planea presentar una demanda por muerte por negligencia.

 Fuente PinkNews

General, Homofobia/ Transfobia. Asesinato, Broward, EE.UU., Florida, Homofobia/Transfobia, Janard Geffrard, Josiah Graham, Kevin Barnes, Prisión

La demanda alega que la “prohibición general” de la prisión sobre la cirugía de afirmación de género viola la constitución y ha causado graves daños al recluso.

Una mujer transgénero que ha sido encarcelada en una prisión para hombres en Georgia ha presentado una demanda contra el Departamento Correccional del estado (GDC) junto con dos de sus contratistas médicos con fines de lucro por negarle atención de afirmación de género.

La denuncia, presentada el 6 de diciembre e identifica a la mujer como “Jane Doe”, alega que el GDC se ha negado a tratar “su severa y abrumadora disforia de género”. Citando la “prohibición general” del departamento sobre la cirugía de afirmación de género, la denuncia dice que la falta de acceso a esta atención llevó a Doe a continuar “sufriendo síntomas catastróficos de disforia de género”.

Según la demanda, Doe, de 55 años, se ha identificado como mujer desde la primera infancia y comenzó a vivir públicamente como mujer alrededor de 1988. Encarcelada en 1992, ha estado recluida en la prisión estatal de Phillips desde abril de 2022. Ha sido diagnosticada con disforia de género por múltiples profesionales médicos en las instalaciones en las que se encuentra alojada desde 1993.

Comenzó a recibir terapia de reemplazo hormonal (TRH) en 2015, pero se le negó el acceso a elementos que ayudarían en su transición social. La denuncia alega que el personal de GDC confiscó ropa que Doe confeccionó para parecer más femenina y se afeitó la cabeza cuando su cabello comenzó a crecer.

Dos médicos que tratan a Doe han sugerido que se beneficiaría de una cirugía de afirmación de género. “Pero incluso con estas dos recomendaciones, los administradores responsables de la atención de la Sra. Doe—el MHM (que brinda atención de salud mental a las prisiones), Wellpath (que brinda atención de salud mental y médica a las prisiones) y los demandados de GDC nombrados en este caso— impidió que la Sra. Doe accediera a la cirugía que necesitaba debido a la inconstitucional prohibición general de la GDC sobre la cirugía de afirmación de género”, afirma la demanda.

Como resultado, Doe intentó suicidarse en 2017. Luego, en 2019, una empleada de Wellpath interrumpió su tratamiento de TRH, citando “riesgos para la salud (incluida su edad, riesgo de coagulación sanguínea y riesgo de accidente cerebrovascular)”. Como resultado, mientras experimentaba “angustia fisiológica”, Doe fue puesta en régimen de aislamiento por haber sido agredida sexualmente en 2018. Intentó suicidarse nuevamente en diciembre de 2019.

Debido al empeoramiento de su disforia de género, ha seguido experimentando ideas suicidas y se ha autolesionado gravemente. Ha permanecido recluida en régimen de aislamiento y en julio de 2022 intentó autocastrarse.

“La prohibición general de GDC causó angustia a la Sra. Doe por no someterse a las cirugías y, por lo tanto, provocó que se autolesionara. La prohibición general de GDC le causó a la señora Doe un inmenso dolor y sufrimiento”, alega la denuncia.

En 2022, dos psiquiatras adicionales empleados por MHM recomendaron una cirugía de afirmación de género para Doe. Se le sigue negando tratamiento, así como otros elementos simples de afirmación de género. En julio de 2023, la Dra. Latonya James, directora médica de la prisión estatal de Phillips y empleada de Wellpath, le dijo a Doe que “GDC nunca realizaría esas cirugías, por lo que los abogados tendrán que discutirlo”.

La demanda de Doe acusa a GDC y sus contratistas de violar la Octava Enmienda, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y la Ley de Rehabilitación de 1973. Ella solicita una indemnización por daños y perjuicios y también ha solicitado una orden judicial preliminar que exige a GDC que le proporcione el tratamiento necesario de afirmación de género y artículos y trasladarla a una prisión de mujeres.

En un comunicado de prensa de esta semana, el abogado de Doe, Scott Novak, dijo que “la prohibición general de realizar cirugías de afirmación de género viola no sólo la propia política de GDC, sino también las normas médicas básicas y la Constitución de los Estados Unidos”.

Fuente LGBTQNation

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Brenda Díaz (Foto cortesía de Ana María García/Tremenda Nota)

WASHINGTON — El Departamento de Estado dijo el jueves que está “muy preocupado” por el bienestar de una mujer transgénero en Cuba que cumple una condena de 14 años de prisión luego de participar en una protesta antigubernamental en julio pasado.

Tremenda Nota, el socio de medios de Washington Blade en Cuba, señala que Brenda Díaz fue arrestada en Güira de Melena en la provincia de Artemisa el 11 de julio de 2021.

La protesta de la Güira de Melena fue una de las decenas contra el gobierno cubano que tuvieron lugar en todo el país ese día.

Tremenda Nota informa que las autoridades de Panamá, una prisión en la provincia de Mayabeque donde estuvo recluida Díaz, le afeitaron la cabeza y le quitaron las uñas antes de colocarla con prisioneros varones y obligarla a usar ropa de hombre. Tremenda Nota también señala que los funcionarios de prisiones se refieren a García por su nombre muerto.

Los informes indican que un tribunal de La Habana a principios de este año sentenció a García a 14 años de prisión.

García ha recurrido la sentencia y su madre, Ana María García, la vio el 17 de junio durante una audiencia judicial en el suburbio habanero de Marianao.

García dijo a Tremenda Nota que Díaz, quien vive con VIH, ha ido cuatro veces a la enfermería del penal y dos veces hospitalizada desde que está encarcelada. Díaz, según su madre, tiene acceso a medicamentos antirretrovirales, pero no siempre hay otros medicamentos disponibles. García también dijo a Tremenda Nota que la comida que recibe Díaz en prisión es “de muy mala calidad”.

“Estamos muy preocupados por el bienestar de Brenda Díaz, especialmente dados los informes de que está detenida en una prisión para hombres y no está recibiendo el tratamiento médico adecuado”, dijo el portavoz del Departamento de Estado a Blade en un comunicado.

Díaz se encuentra entre los cientos de personas que fueron arrestadas durante las protestas del 11 de julio.

Yoan de la Cruz, quien es gay, usó Facebook Live para transmitir en vivo la primera protesta del 11 de julio que tuvo lugar en San Antonio de los Baños en la provincia de Artemisa. El mismo tribunal de La Habana que sentenció a Díaz condenó a De La Cruz a seis años de prisión, pero fue liberado en mayo y puesto bajo arresto domiciliario por cinco años.

“Los fiscales estatales cubanos han fabricado cargos falsos o injustos, que incluyen ‘sabotaje’ por las acciones de los manifestantes durante el 11 de julio para silenciar a los disidentes, sofocar futuras protestas pacíficas e intimidar a los críticos del régimen”, dijo el portavoz del Departamento de Estado al Blade. “Estos manifestantes han recibido sentencias de prisión increíblemente duras dictadas en juicios por motivos políticos. Recomendamos encarecidamente al gobierno de Cuba que libere a la Sra. Díaz o, como mínimo, la transfiera a un centro acorde con su identidad de género y le brinde el tratamiento médico adecuado”, agregó el vocero.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, con sede en Washington, se encuentra entre los grupos que también han tratado de publicitar el caso de Díaz.

“A pocos días del primer aniversario de las protestas pacíficas conocidas como 11J (11 de julio), conozca la historia de Brenda Díaz, una mujer transcubana que cumple una condena de 14 años de prisión por expresar su identidad de género en medio de las protestas . ¡Conócela!”, tuiteó el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.

#Cuba | A pocos días de que se cumpla un año de las manifestaciones pacíficas conocidas como #11J, conoce la historia de Brenda Díaz, una mujer trans cubana que paga una condena de 14 años de cárcel por expresar su identidad de género en medio de las protestas. ¡Conócela!⬇️ pic.twitter.com/1KgQSeT0vu

— Race and Equality (@raceandequality) July 5, 2022

Plataforma 11M, un grupo independiente de derechos LGBTQ+ e intersexuales en Cuba, instó el jueves a Víctor Madrigal-Borloz, el experto independiente de la ONU en temas LGBTQ+ e intersexuales, a “investigar” el encarcelamiento de Díaz y un referéndum en septiembre sobre el borrador final del nuevo código de familia de Cuba. que extendería los derechos matrimoniales a parejas del mismo sexo.

Pedimos a @victor_madrigal que investigue el encarcelamiento de Brenda Díaz y el próximo plebiscito del Código de las Familias de Cuba».#LibertadParaBrendaDíaz#UnCódigoInclusivo pic.twitter.com/8k3VvLJRtw

— Plataforma 11M ️‍ (@11M_Cuba) July 8, 2022

Cuba se encuentra entre los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que votaron el jueves para renovar el mandato del experto independiente.

Fuente Los Ángeles Blade

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Presidente Edgar Lungo y embajador Daniel Foote

El gobierno de Zambia ha emitido esta semana un comunicado diciendo que el trabajo de Foote “ya no es sostenible,” y que lo declara “persona non grata”,  y forzando su regreso a los EE.UU..

El embajador Daniel Foote había dicho que estaba “personalmente horrorizado” por la dura sentencia contra dos hombres homosexuales, Japhet Chataba y Steven Samba, por una relación consensual “que no perjudicó absolutamente nadie.”

También acusó a las autoridades de tener un doble rasero cuando se trata de perseguir otros delitos, señalando: “Los funcionarios del gobierno pueden robar millones de dólares sin ser procesados”.

Los comentarios provocaron una furiosa reacción del presidente Edgar Lungu, que envió una carta de protesta a Washington declarando su negativa a trabajar con el embajador. Foote no pudo asistir a ciertos eventos, debido a “amenazas contra” él.

Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a Reuters: “Estamos consternados por la declaración del gobierno de Zambia acerca de que la posición de embajador Foote ya no es sostenible,lo  que consideramos que es el equivalente de una declaración de que el embajador es persona no grata. A pesar de esta acción, los Estados Unidos siguen comprometidos con nuestra asociación con la población de Zambia“, agregaron.

“Los Estados Unidos se oponen firmemente a los abusos contra las personas LGBTI. Los gobiernos tienen la obligación de garantizar que todas las personas puedan disfrutar libremente de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales que les corresponden”.

Cuando Foote informó de que había sido criticado por funcionarios de Zambia, respondió que lo único que quiere Zambio son diplomáticos “con bolsillos abiertos y las bocas cerradas.”

El presidente Lungu afirmó que rechazaría los $ 500 millones de dólares en ayuda de Estados Unidos que el país recibe cada año si se requiere el país para aceptar los derechos LGBT +.

La pareja condenada camino del tribunal

Zambia, LGTBfobia social y de Estado

Zambia heredó la legislación homófoba de la época colonial británica tras su independencia en 1964. Tanto las relaciones homosexuales masculinas como las femeninas son ilegales, con prolongadas penas de cárcel. Se trata, de hecho, de uno de los países africanos en los que la homofobia social es más fuerte: hasta el 98% de la población considera la homosexualidad moralmente inaceptable, según datos de 2010. La fuerte influencia evangélica no sería ajena a este clima de odio homófobo. Ya en 2010 recogíamos cómo múltiples instituciones del país (incluidos dos de los principales partidos políticos y diferentes líderes cristianos) se posicionaban con fuerza en contra de la homosexualidad como reacción al anuncio por parte del Gobierno sueco de que apoyaría a colectivos pro derechos humanos de Zambia, incluidos grupos LGTB.

Buen ejemplo del desprecio con que se tratan los derechos LGTB en Zambia fueron las declaraciones del actual presidente del país Edgar Lungu a principios de 2013, cuando era ministro del Interior. «Los defensores de los derechos de los homosexuales deben ir al infierno. No es un problema que vayamos a tolerar. No habrá discusión alguna sobre los derechos de los homosexuales. Ese asunto es ajeno a este país», afirmaba entonces.

La persecución ha proseguido y la LGTBfobia social, si cabe, ha aumentado. En 2014, el Ministro de Relaciones Exteriores, Gabriel Namulambe afirmaba que despenalizar la homosexualidad sería una afrenta al cristianismo… y ese mismo año, dos hombres eran absueltos por falta de pruebas tras más de un año en prisión preventiva. Pero en noviembre de 2015, una mujer transexual fue condenada a la cárcel por «sodomía» después de que, según el testimonio de la acusada, un taxista la forzara a mantener relaciones sexuales.

En abril de 2018, el gobierno de Zambia rechazó la recomendación de ocho países para reconocer las relaciones sexuales entre personas homosexuales, bisexuales y transexuales, remitida entre otras 203 recomendaciones en favor de los derechos humanos que le fueron sugeridas durante el Examen Periódico Universal de la ONU.

Unas  muestras de la homofobia y la transfobia legal que convierten en un infierno la vida de tantas personas LGTB en África

Fuente Pink News/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Ackson Mumba, África meridional, Criminalización de la Homosexualidad, Daniel Foote, Discriminación, Donald Trump, Edgar Lungu, Estados Unidos, exámenes anales, Homofobia, Iglesias Evangélicas, Japhet Chataba, Joseph Malanji, Jóvenes Líderes Africanos (YALI), Kapiri Mposhi, LGTBfobia, Pareja Gay, Prisión, Stephen Sambo, Zambia

Los dos hombres son retirados después de comparecer en la corte.

Un tribunal de apelación de Zambia ha confirmado la pena de quince años de prisión contra dos hombres por el delito de «actos contra natura». Los acusados, arrestados en 2017, fueron declarados culpables hace un año tras ser sometidos a la tortura de los exámenes anales. El embajador estadounidense en el país africano ha protestado contra la «horrible» sentencia, mientras que el presidente Edgar Lungu ha cargado contra las relaciones homosexuales que según su ignorante opinión «no practican ni los animales». Stephen Sambo, de 30 años, y Japhet Chataba, de 38, fueron el año pasado  acusados del delito de “tener relaciones sexuales contra el orden de la naturaleza” .

Los supuestos hechos se produjeron el 25 de agosto de 2017. Japhet Chataba y Stephen Sambo fueron detenidos después de que la empleada de un hotel los denunciara por haber mantenido relaciones sexuales. Durante el juicio, que tuvo lugar el año pasado, cinco testigos afirmaron que habían presenciado los actos por los que se acusa a los dos hombres, que se declararon no culpables. Los fiscales presentaron “videos y fotografías” de los dos hombres, mientras que un empleado del hotel le dijo a la corte que los vio teniendo sexo a través de una ventana. Los acusados se sometieron a la tortura de los exámenes anales, una práctica tan humillante como inútil para la finalidad que pretende.

A pesar de que los resultados de la infame prueba fueron «inconsistentes con las acusaciones», el juez Ackson Mumba consideró que las declaraciones de los testigos y el hecho de que los acusados se negaran a declarar constituían una prueba suficiente para decretar su culpabilidad. Un año después, un tribunal de apelaciones ha confirmado la sentencia de quince años de prisión por el delito de «conocimiento carnal contra natura».

El embajador estadounidense en Zambia ha expresado su consternación por el fallo, que ha calificado de «horrible». Daniel Foote calificó los hechos de crimen sin víctimas, al que contrapuso la impunidad de la corrupción en la administración zambiana. Según Associated Press, el embajador de los Estados Unidos en Zambia, Daniel Foote, dijo que estaba “horrorizado” por la sentencia. Foote dijo que los funcionarios de Zambia no lo intimidarían y agregó que la relación entre los dos hombres no lastima a nadie mientras que “mientras tanto, los funcionarios del gobierno pueden robar millones de dólares públicos sin enjuiciamiento”.

Unas declaraciones que escocieron al Gobierno del país africano, que envió una nota de protesta a la Casa Blanca. En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores de Zambia, Joseph Malanji, dijo que el embajador se estaba entrometiendo en los asuntos internos del país del sur de África, y que el gobierno enviaría una carta de protesta a Washington por los comentarios de Foote.

El presidente Edgar Lungu pidió una rectificación a su homólogo Donald Trump y aprovechó para lanzar una diatriba homófoba. Hablando sobre la sentencia, el presidente del país, Edgar Lungu, dijo a Sky News: “Estamos diciendo que no a la homosexualidad. ¿Por qué deberíamos decir que vamos a ser civilizados si lo permitimos … ¿Estás diciendo que somos muy primitivos ahora porque estamos desaprobando la homosexualidad? Incluso los animales no lo hacen, entonces, ¿por qué deberíamos vernos obligados a hacerlo porque queremos ser vistos como inteligentes, civilizados y avanzados, etc.?” Lungu dijo anteriormente: “Aquellos que defienden los derechos de los homosexuales deberían irse al infierno … Ese tema es extraño para este país”, añadió, sumando a su discurso de odio su profunda ignorancia sobre el tema.

El departamento de Estado norteamericano rehusó contestar si había recibido el requerimiento de Lungu. El mandatario zambiano reconoció que la economía del país depende en parte de la asistencia al desarrollo que envían países como Estados Unidos, pero se reafirmó en su defensa de la legislación homófoba. «Si quieren que la ayuda esté ligada a la homosexualidad, me temo que Occidente nos puede deja

Según Lusaka Times, el presidente de la Iniciativa de Jóvenes Líderes Africanos (YALI, por sus siglas en inglés), Andrew Ntewewe, dijo en una conferencia de prensa que los embajadores de EE. UU. Deberían “contenerse cuando se trata de la gobernanza de este país o el tipo de leyes que decidimos tener”.

Añadió: “De hecho, esos dos inadaptados que fueron encarcelados a 15 años recibieron clemencia por el juez de sentencia que administró la pena mínima de 15 años cuando podría haber optado por la cadena perpetua máxima”.

Las leyes que criminalizan la homosexualidad se derivan del antiguo código penal colonial británico de Rhodesia. Rhodesia del Norte se convirtió en Zambia en 1964.

Zambia, LGTBfobia social y de Estado

Zambia heredó la legislación homófoba de la época colonial británica tras su independencia en 1964. Tanto las relaciones homosexuales masculinas como las femeninas son ilegales, con prolongadas penas de cárcel. Se trata, de hecho, de uno de los países africanos en los que la homofobia social es más fuerte: hasta el 98% de la población considera la homosexualidad moralmente inaceptable, según datos de 2010. La fuerte influencia evangélica no sería ajena a este clima de odio homófobo. Ya en 2010 recogíamos cómo múltiples instituciones del país (incluidos dos de los principales partidos políticos y diferentes líderes cristianos) se posicionaban con fuerza en contra de la homosexualidad como reacción al anuncio por parte del Gobierno sueco de que apoyaría a colectivos pro derechos humanos de Zambia, incluidos grupos LGTB.

Buen ejemplo del desprecio con que se tratan los derechos LGTB en Zambia fueron las declaraciones del actual presidente del país Edgar Lungu a principios de 2013, cuando era ministro del Interior. «Los defensores de los derechos de los homosexuales deben ir al infierno. No es un problema que vayamos a tolerar. No habrá discusión alguna sobre los derechos de los homosexuales. Ese asunto es ajeno a este país», afirmaba entonces.

La persecución ha proseguido y la LGTBfobia social, si cabe, ha aumentado. En 2014, el Ministro de Relaciones Exteriores, Gabriel Namulambe afirmaba que despenalizar la homosexualidad sería una afrenta al cristianismo… y ese mismo año, dos hombres eran absueltos por falta de pruebas tras más de un año en prisión preventiva. Pero en noviembre de 2015, una mujer transexual fue condenada a la cárcel por «sodomía» después de que, según el testimonio de la acusada, un taxista la forzara a mantener relaciones sexuales.

En abril de 2018, el gobierno de Zambia rechazó la recomendación de ocho países para reconocer las relaciones sexuales entre personas homosexuales, bisexuales y transexuales, remitida entre otras 203 recomendaciones en favor de los derechos humanos que le fueron sugeridas durante el Examen Periódico Universal de la ONU.

Unas  muestras de la homofobia y la transfobia legal que convierten en un infierno la vida de tantas personas LGTB en África

Fuente Pink News/Cristianos Gays

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Grooming: Lauren Reynolds
Photographer: Phine Ka

(el 20/10/2018 alrededor de las 13:15)

Estaba candando mi bicicleta en un aparca-bicicletas de una calle céntrica de la ciudad. En ese momento reparé que había un hombre joven con gafas de pie comiendo una magdalena en frente de mí. Me ofreció un trozo de magdalena de forma simpática y amable. Decliné su invitación con una sonrisa argumentando que sólo tenía una magdalena y se iba a quedar sin almuerzo. Al insistir con gracia en lo rica que estaba, decidí aceptar su invitación. Tras comentar lo realmente delicioso de su sabor y decirme que la había comprado justo en la panadería que tenía a mi espalda, iniciamos una conversación llena de acogida humana.

Utilizó algunos diminutivos en navarrico. Le pregunté si era de Navarra. Me respondió que no, procedía de Lleida y había venido a trabajar a Astigarraga. Hablamos de bicicletas. Él acaba de aparcar la suya en el mismo aparca-bicis. Que candados eran los mejores para tratar de evitar robos. Había vivido en Francia y allí se podían comprar unos con alarma que no eran muy caros. Tenía tres hijos en Lleida de 16, 13 y 2 años y medio, los dos primeros de una pareja con la que convivió doce años y el más pequeño con una segunda pareja. Expresaba que los quería profundamente, llamaba por teléfono e iba a ver siempre que tenía el dinero para pagar el viaje. Yo le dije que estaba casada y que mi hijo era de la misma edad del suyo mayor y mi hija un año más pequeña que su hijo mediano.

En el curso nuestra agradable conversación, que duró algo más de media hora, señaló que había estado en la cárcel y que allí se había dado cuenta que la libertad se encuentra en la mente de cada persona. En un patio muy pequeño, donde el espacio era casi nulo entre compañeros de encierro, dejar claro las distancias físicas y de relación se tornaba vital. Él había encontrado la suya en abrir su pensamiento a ideas que se encontraban fuera de la cárcel. Pero se vio abocado a defender su espacio físico con la intimidación y la amenaza al otro. Si alguien no respetaba su espacio le advertía que en la ducha podía haber un navajazo. Tras escuchar su explicación, comenté en tono entre serio y jocoso que me había gustado su relato hasta el momento de la ducha, y dije que las reacciones hacia los demás han de ser proporcionales a la acción recibida. Entonces rectificó afirmando que por su puesto debía ser así. Aclaró que se había expresado mal porque, le ocurría en ocasiones, revivía la dureza de algunos episodios y recreaba la forma de comunicarse aprendida en prisión.

Hablamos del sistema de relación social y legal imperantes. “Imagínate cómo sería todo si las personas actuáramos como tú y yo ahora, hablando así, aunque no se conocieran”. Le respondí que estaba totalmente de acuerdo con él. Muchas veces había pensado sobre el daño que nos hace la desconfianza de nuestros días. Sobre la estructura de mantenimiento del orden social, estaba convencido en que la violencia no se combate con violencia. Llevar un arma, como es el caso de un policía, entendía que ya significaba violencia. La prisión debía ser un lugar donde las personas encontraran lo que necesitaran. Me contó que su hermano de Pamplona le enseñó un libro de historia de Rusia donde se recogía una experiencia de otro siglo de una cárcel de estas características. Todos recibían aquello de lo que habían carecido (educación, trabajo, acompañamiento) y que había condicionado su pasado de delincuencia. Añadió con naturalidad que si no respondían a este ofrecimiento se exponían a que acabaran con su vida. Para él, lo más importante sin duda era la oportunidad de ser acogido y ayudado. Aquella experiencia no tuvo continuidad “porque no interesó, lo mismo que ahora, la prisión se mantiene por intereses del sistema”, apostilló.

A mitad de la conversación, nos presentamos. Le dije que me gustaba mucho su nombre, corto y con personalidad. “Es corto para Francisco.”

Le pregunté por qué fue a prisión. Me contestó que tuvo una vida muy dura. Su familia no le trató bien. Se volvió violento desde muy joven. Tenía muchos antecedentes policiales. Le acusaron de ser cómplice en una agresión grave aunque realmente su participación no fue en la medida en que recibió la condena. Volví a preguntar si se refería a sus padres cuándo mencionó que había recibido un mal trato. Asintió. Percibí que era demasiado doloroso para él abordar el tema y entendí por qué me dijo que era de Lleida aunque tenía acento navarrico. Le dije que lo sentía mucho. Me preguntó por qué lo sentía. Respondí que porque era madre y me hería pensar que hubiera niños y adolescentes carentes del amor de sus padres. “No lo sientas, las cosas son así, eso me ha hecho ser quien soy”, me respondió.

El momento de nuestra conversación en el que Xisco realmente se emocionó fue cuando hablamos de quienes somos los seres humanos unos para los otros. “Somos hermanos”, aseveró, recordando las palabras de un amigo muy querido suyo que solía formular esta frase.

“Has aparecido por una petición que he hecho al universo”, me dijo poco antes de despedirnos. Me sentí agradecida y emocionada. Le contesté, con cariño, que el placer de conocerlo había sido de verdad mío.

Lourdes Fernández Manzano

Fuente Fe Adulta

Espiritualidad Dolor, Encuentro, Prisión, Xisco

Lindsay Saunders-Velez – Foto: Uso permitido

Lindsay Saunders-Velez había presentado una demanda alegando ser víctima de amenazas, acoso y agresión. Tras denunciar un intento de agresión sexual al ser trasladada a una «plataforma de castigo», sus abogados solicitan que sea devuelta a su celda habitual, petición que es rechazada por una juez. Horas después es víctima de una violación.

En julio del año pasado, Lindsay Saunders-Velez, de 20 años de edad, presenta una demanda alegando ser víctima de amenazas, acoso y agresión desde el momento en que ingresa en una prisión federal masculina de Canon City, en Colorado. Su delito es el de violar un acuerdo de declaración de culpabilidad en un caso de amenazas. Como consecuencia de una infracción disciplinaria por besar a un recluso —acto que ella niega—es castigada a ser confinada durante 30 días en una «plataforma de castigo», pero sus abogados solicitan a una juez que permanezca en su celda habitual ante el riesgo de sufrir alguna agresión sexual. Ha sido víctima de una violación sólo unas horas después de que el 20 de abril una juez denegara su petición.

«Este problema no va a desaparecer (…). Vamos a luchar hasta que estas personas sean tratadas con el respeto que merecen», asegura Paula Greisen, abogado de Saunders-Velez, a quien representa de manera gratuita junto a Meredith Munro. A pesar de que la reo ha denominado que las cárceles del estado son «discriminatorias y peligrosas» para las personas transgénero, la juez Marcia Krieger sostiene que sus abogados no han demostrado que existiera un riesgo de «lesión inminente e irreparable». Según Greisen, este caso ilustra la situación de abuso y amenazas a la que se enfrentan las personas transgénero en las cárceles estadounidenses.

La ley federal exige que los funcionarios penitenciarios evalúen individualmente dónde alojar a cada persona transgénero, pero casi todas las instalaciones correccionales siguen tomando esa decisión en función de los genitales de cada persona y en función de su género de nacimiento, sostiene Demoya Gordon, abogada del Proyecto de Derechos Transgénero de Lambda Legal, asegurando que la mayoría de las mujeres transgénero terminan confinadas en cárceles de hombres donde son hostigadas, víctimas de abusos y violaciones.

Las experiencias por el sistema de crianza temporal de acogida siendo niña y por el sistema de correccionales para jóvenes han llevado a Saunders-Velez a trabajar con la Unión Americana de Libertades Civiles de Colorado con el objetivo de conseguir un acuerdo para ampliar los derechos de las personas transexuales menores de edad que tienen que pasar por un periplo similar al suyo. Como consecuencia de su labor, las agencias juveniles requieren ahora que un equipo evalúe de manera individual a cualquier persona transgénero que sea detenida para decidir con qué género se le debe alojar.

Saunders-Velez ingresa en prisión en mayo de 2017 con una pena de tres años. No tardan en surgir los problemas, según su demanda, puesto que los presos retiran con frecuencia una pantalla de privacidad que le protege mientras usa el cuarto de baño de su celda. Aparte de amenazas de otros prisioneros, en diciembre informa de una agresión sexual por parte de otro recluso durante un traslado a otra prisión de Colorado, lo que le lleva a introducirse varias navajas de afeitar con el objetivo de ser enviada a un hospital y evitar ser reasignada al mismo centro penitenciario que su agresor.

«He vivido fuera como una mujer trans desde los 4 años», explica en una queja que presenta en julio en la que explica que ha sido diagnosticada con disforia de género, comenzando a tratarse con hormonas en 2017 y desarrollando rápidamente una «forma femenina», denunciando que en la cárcel se ha violado su derecho a la protección contra el castigo cruel e injusto. El personal penitenciario niega su solicitud para que se dirijan a ella en femenino y con el nombre de Lindsay. También rechazan sus peticiones de comprar ropa femenina y productos para retirar su vello facial. Según los informes médicos, al día siguiente de ser rechazado su traslado, Saunders-Velez recibe asistencia sanitaria presentando lesiones rectales, entre otras heridas, aparte del riesgo de que su agresor sea VIH positivo al ser consumidor habitual de drogas por vía intravenosa.

Según los últimos datos disponibles de la Oficina de Estadística de Justicia de los Estados Unidos, alrededor de 3200 reclusos de las prisiones estatales y federales se identifican como transgénero en 2012, de los que un 40 % asegura haber sido víctima de agresión sexual por parte de otro preso o de un funcionario, mientras que sólo el 4 % de los presos masculinos denuncia haber sufrido alguna agresión sexual.

Fuente Universogay

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Acatando el dictamen de una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Colombia pide perdón a Marta Álvarez Giraldo por haber violado sus derechos por ser lesbiana cuando cumplía una pena de cárcel y le negaron tener visitas íntimas con su pareja.

Desde 1992 hasta 2002, Marta Álvarez Giraldo cumple pena por un delito, teniendo que pagar además por ser lesbiana, siendo violados sus derechos por el estado colombiano cuando no le permitían visitas íntimas con su pareja. En 1996 denuncia su situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le da la razón dieciocho años después, reclamando acciones reparadoras por parte del estado, entre ellas una disculpa pública y la divulgación de un libro autobiográfico, escrito en el tiempo que estuvo presa. Enrique Gil Botero, ministro de Justicia de Colombia, reconoce el pasado 6 de diciembre la responsabilidad del estado en la discriminación de Marta Álvarez, prometiendo que no volvería a repetirse una situación similar.

«Una persona no debería cumplir doble condena por su orientación sexual. Aquellas personas LGBT que se encuentran en las cárceles merecen un trato digno y humano, y no pueden ser objeto de los prejuicios y la discriminación (…). Volver a El Buen Pastor, esta vez en condiciones completamente diferentes me hace sentir que sí tengo derechos. La vida me está dando la oportunidad de volver, pero esta vez empoderada, llena de orgullo y siendo un referente para las mujeres privadas de la libertad, es una sensación diferente », declara Álvarez Girado, quien inicialmente sí obtiene la autorización de la Fiscalía para sus visitas, siendo el director del centro penitenciario el que se las niega alegando que es algo «bochornoso, que era algo inmoral, que era inclusive peligroso».

«El caso de Marta Álvarez representa la lucha de las mujeres, las lesbianas y las defensoras de derechos humanos; nos recuerda que las personas LGBT privadas de la libertad tienen derechos y que el estado colombiano tiene la obligación de evitar que estas personas sean discriminadas en razón de lo que son, por quienes les custodian o, incluso, por sus propios compañeros de reclusión», declaran desde Colombia Diversa.

«Hoy nos reunimos, con el fin de reivindicar la vida y los derechos de Marta Álvarez, pues sin justificación alguna, el estado violentó su derecho a la igualdad mientras se encontraba privada de la libertad y le negó la visita íntima, con base en prejuicios debido a su orientación sexual (…). El estado colombiano realiza el presente reconocimiento de responsabilidad internacional, y pide sincero perdón, bajo el entendido de que, al tratarse de una medida de reparación, sus efectos están orientados a mitigar, de alguna manera, las afectaciones causadas a la señora Marta Lucía Álvarez. Haberle negado el derecho a la visita íntima debido a su orientación sexual fue un hecho de discriminación extrema (…). Pedimos perdón por las acciones y omisiones de agentes estatales, que configuraron la vulneración de sus derechos a la integridad personal, a la honra, a la dignidad, a las garantías judiciales, a la protección judicial y el derecho a la igualdad ante la ley», señala en su disculpa Gil Botero.

«Por una parte, la lucha de Marta Álvarez avanzará los derechos de las personas LGBT en las cárceles de Colombia y de la región al exigir el desarrollo de estándares internacionales que garanticen la no discriminación y no repetición (…). Por otra, la publicación de su diario es una acción reinvindicante no solo para Marta si no para todas las personas LGBT que en algún momento han vivido con el peso de tener que esconder su identidad e historia», señala Francisco Quintana, director del Programa de la Región Andina, Norteamérica y del Caribe de CEJIL. Después de tres años de negociaciones, se ha llegado a un acuerdo mediante el que se implementan en las cárceles colombianas las recomendaciones del informe de Fondo de la CIDH, así como también puede leerse ya el libro de Marta Álvarez, Mi historia la cuento yo.

Fuente Universogay

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Un buen pastor… un hombre de Dios uno de cuyos libros, Cinco panes y dos peces, os recomendamos vivamente leer…

(Fides/RV).- En la audiencia concedida esta mañana al Card. Angelo Amato, S.D.B.,, Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el Santo Padre Francisco ha autorizado a la Congregación a promulgar varios Decretos, entre ellos el que se refiere a “las virtudes heroicas del Siervo de Dios Francisco Javier Nguyên Van Thuân, Cardenal de la Santa Iglesia Romana”

Van Thuân nació el 17 de abril de 1928 en Huê, Vietnam. Fue ordenado sacerdote el 1 de junio de 1953. Nombrado por Pablo VI arzobispo titular de Vadesi y Coadjutor de Saigon (Thành-Phô Chi Minh, Hôchiminh Ville) el 24 de abril de 1975, pocos meses después, con la instauración del régimen comunista fue arrestado y encarcelado.

Vivió en la cárcel durante 13 años hasta el 21 de noviembre de 1988, sin un juicio ni sentencia, pasando 9 de ellos en aislamiento.

En el largo periodo de aislamiento en Hanoi, custodiado por dos guardias, había recogido todos los pedazos de papel que encontraba, realizó una especie de agenda en la que escribió más de 300 frases del Evangelio, celebró la Eucaristía en la palma de la mano y creó pequeñas comunidades cristianas.

El 21 de noviembre de 1988 fue liberado, con el nombramiento como arzobispo coadjutor de Saigón, el 24 de noviembre de 1994 fue nombrado vicepresidente del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz, del que pasó a ser presidente en 1998. Cargo en el que permaneció hasta 2002, fecha en que falleció por un tumor.

Fuente Religión Digital

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Desde hace tiempo te venimos hablando del caso de Joan Cardona, el chico gay condenado en 2014 por abusar sexualmente de una chica en el portal de su casa, que no sólo tenía coartada y pudo demostrar que estaba en otro sitio en el momento del delito; sino que además ha sido condenado únicamente por el testimonio (en ocasiones contradictorio) de la víctima.

Joan ingresó el pasado martes por la tarde en el Centro Penitenciario Lledoners, a 70 kilómetros de Barcelona, donde tendrá que cumplir una pena de tres años después de haber agotado todas las vías posibles para evitarla. A principios de febrero el Gobierno le denegó la petición de indulto parcial (se mantenía la pena pero no tenía que entrar en prisión), petición que no fue de indulto total porque para ello Joan tenía que reconocer estar arrepentido del delito y él siempre ha mantenido su inocencia.

El caso de Joan es bastante esperpéntico y no se comprende que la justicia española pueda enviar a la cárcel a alguien teniendo como única prueba el testimonio de la víctima; algo que, sinceramente da bastante miedo. Como se explica en la petición en Change.org que se creó para exigir que el Tribunal Constitucional valorara detenidamente la sentencia, el 19 de noviembre de 2012 una chica sufrió una agresión sexual en el portal de su casa a manos de un chico que llegó en motó, forcejeó con ella, le realizó tocamientos por encima de la ropa y luego huyó en esa misma moto.

Días más tarde la chica reconoció a su agresor como cliente del supermercado en el que ella trabajaba. El chico al que reconoció fue Joan. Por parte de la acusación las únicas pruebas que se pudieron aportar fueron el testimonio de la víctima y el de un compañero de trabajo que corroboró, únicamente, que Joan era cliente habitual del supermercado. La descripción que la chica realizó de su agresor, además, no sólo no se correspondía con la fisonomía de Joan sino que además aseguraba que el agresor llegó en moto (Joan ni tiene ni sabe conducir una moto), llevaba un casco blanco (Joan no tiene un casco blanco) y cazadora de cuero negra (que tampoco la tiene).

Pero lo más sorprendente es que la defensa de Joan pudo demostrar, con testimonios jurados de su hermana y el novio de ésta, que en el momento de los hechos Joan estaba cenando en casa con ellos. Además aportaron el registro de aparcamiento de una bicicleta municipal cerca de su casa antes de que sucediera la agresión y también se le hizo llegar al juez el registro de una conversación que Joan mantuvo poco después con su novio a través de Facebook con la que demostraban no sólo que Joan no podía estar en dos sitios al mismo tiempo sino que, además, es homosexual.

El juez desestimó todas las pruebas de la defensa y, basándose únicamente en el testimonio de la víctima de la agresión, condenó a Joan a tres años de prisión y le impuso una orden de alejamiento que le obligó a tener que abandonar su casa y su barrio.

Hay que recordar, por cierto, que en la primera sentencia el juez no sólo dijo que le daba igual que Joan hubiera demostrado que no tenía una moto porque “podría haberla tomado prestada” (como señalaron Mafia Rosa en un artículo hace unos meses, el caso de Joan está lleno de “podrías”); sino que además no dudó en mostrar una homofobia galopante al asegurar que la orientación sexual de Joan era irrelevante y pudo perfectamente haber sentido el impulso de abusar de una mujer porque “En el ámbito de las tendencias sexuales las posibilidades son múltiples“. Es decir, como dijo el propio Joan: “cuando eres heterosexual no hay ninguna duda, pero cuando eres homosexual lo tienes que demostrar“.

Lo peor de este caso es que, basándonos en la débil sentencia emitida por el juez, en este caso hay dos víctimas: la agredida, que no sólo fue asaltada y sufrió el intento de violación sino que además no ha recibido justicia porque el sistema judicial no ha hecho bien su trabajo; y Joan, que sin comerlo ni beberlo se ha visto metido en este despropósito. Y no olvidemos que, si Joan es inocente (y, sinceramente, todo apunta a que lo es) el verdadero culpable sigue en libertad y probablemente repitiendo el delito. Cierto es que el caso de Joan ha pasado por varios tribunales y eso podría hacer pensar que hay una parte de la historia que los jueces conocen y nosotros no; pero no podemos descartar que las revisiones que se hayan hecho del caso haya sido superficiales y no se haya ido al detalle para no perjudicar al juez que, con estos datos en la mano, no ha emitido una sentencia justa.

Está claro que en este caso Joan no fue inocente hasta que se demostrara lo contrario, porque a pesar de haber podido acreditar su inocencia el juez decidió que era culpable a pesar de todo.

Fuente | Menorca.info, vía EstoyBailando

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Shiloh Quine

El Estado norteamericano de California está a punto de comenzar a facilitar a los ciudadanos que se mantienen recluidos en las prisiones de la región estadounidense y son abiertamente transexuales la ropa y demás productos acordes a la identidad de género que manifiesten los mismos, con el objetivo de cumplir lo estipulado al respecto por los tribunales estatales.

La demanda presentada por Shiloh Quine, una reclusa transexual, contra el Estado de California con el objetivo de que el mismo respete su identidad de género podría lograr un nuevo hito para los reclusos transexuales de la región estadounidense. Una sentencia establece que el Estado debe proporcionar ropa y productos acordes a la identidad de género de los ciudadanos que se mantienen recluidos en las cárceles estatales. Queda una audiencia sobre el caso antes de que el Estado sea condenado en firme a aplicar dicha política.

Dicha audiencia final se prevé que tenga lugar, si se cumple el calendario fijado hasta el momento, el próximo 27 de abril, momento en el que el juez encargado de examinar la demanda de Shiloh Quine contra el Estado de California tome una decisión firme que ponga fin a la disputa.

Quine ya consiguió marcar un hito en los derechos civiles de los reclusos transexuales en el año 2015, momento en el que consiguió que la Justicia obligara al Estado de California a financiar la cirugía de reasignación de sexo a la que quería someterse y a la que, finalmente, ha podido someterse mediante el pago de los costes por parte de la Administración.

La segunda etapa en la lucha de Quine por el respeto de sus derechos por parte de las autoridades penitenciarias de California era conseguir que el gobierno facilite a los presos transexuales la ropa y productos de uso diario acordes a la identidad de género que exprese el recluso, independientemente de sus genitales o sexo de nacimiento.

La organización Transgender Law Center, un colectivo de lucha en los tribunales por los derechos de la comunidad transexual, está detrás de las demandas presentadas por Quine contra el Estado de California, mostrándose orgullosa de los logros que han conseguido por dicha vía hasta el momento.

Fuente , vía Universogay

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El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, quiere cambiar la política del Servicio de Correcionales de Canadá para que los presos trans sean internados según su identidad de género y no según sus genitales.

Aunque muchas veces hablemos de las tremendas complicaciones que afronta una persona trans en el mundo, es fácil que caigamos en el simplismo y pensemos que tampoco es tanto o que tampoco falta tanto por hacer. Como es algo que a mí no me afecta, seguramente no sea para tanto.

Pero las personas trans se enfrentan a una realidad hostil casi constantemente y uno de los casos en los que más hostil puede resultar esa realidad es el momento en que, por las circunstancias que sean, han de ingresar en prisión. Sin ir más lejos, cuando La Veneno estuvo en prisión entre 2003 y 2006 cumplió condena en una cárcel de hombres.

Otro caso muy en boca de todos estos días (por el posible indulto de Obama) es el de Chelsea Manning, la exsoldado que filtró documentos a Wikileaks que fue detenida cuando aún se presentaba como hombre y que ahora está internada en una prisión militar sólo para hombres.

Hace unos días el Servicio de Correccionales de Canadá aclaró su política respecto a los presos trans y dijo que deberán ser internados según su sexo biológico al nacer y no según su identidad de género. Así las delincuentes trans que no estén operadas han de ir a una cárcel de hombres y los delincuentes trans que no estén operados a una de mujeres. Esta política, según uno de los Investigadores de Correccionales del país, Ivan Zinger, es “decepcionante“.

Decepcionante porque, como explica Zinger, los correccionales canadienses están haciendo oídos sordos al compromiso del gobierno de Justin Trudeau para promover y proteger los derechos de las personas transgénero, transexuales y de género no binario. El propio Trudeau, al conocer la postura de los correccionales, ha declarado que el gobierno revisará esa política para “reconocer que los derechos trans son derechos humanos” y señala la necesidad de “defender los derechos y la dignidad de todo el mundo de todas las formas posibles.“

Zinger cree que esta política es una violación de los derechos humanos puesto que los presos deberían ser internados “basándose en su identidad de género, no en sus genitales“; y ya ha dicho que ayudará a Trudeau a cambiar las normas del Servicio de Correccionales.

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Shaunda Lane,

Condena de 5 años para la mujer que agredió con un bate de béisbol a una pareja de lesbianas sordomudas.

Un tribunal ha condenado este jueves, 7 de julio, a Shaunda Lane, de 32 años de edad, a 5 años de cárcel por una agresión producida con un bate de béisbol a una pareja de lesbianas sordomudas, quienes le habían pedido que abandonara su domicilio usando el lenguaje de signos.

Una de las víctimas sufrió contusiones y la otra heridas en la mano y el brazo. Ambas se habían mudado recientemente desde Indiana a Hot Springs, California. La agresora les atacó en las inmediaciones de su domicilio, poco después que se produjera el incidente en el domicilio de la pareja. Alguien había irrumpido en su domicilio y les habían roto sus teléfonos al día siguiente.

Dee y Cat, con su terapeuta

«Alguien estaba realmente ofendida. No creemos que supiera que eran sordas, y se ofendió por sus gesticulaciones, al no ser capaces de comunicarse y despedirla de su propiedad», explica Dale Mondary, del Departamento de Policía de Desert Hot Springs, quienes no lo han considerado como un crimen de odio. «Particularmente, en este caso, el motivo parece ser una respuesta irracional de una parte ofendida, que volvió y las asaltó», concluye.

La cuidadora de la pareja, había iniciado una campaña para recaudar fondos para ayudar a la pareja a cubrir sus gastos médicos, que ascendías a 2.300 dólares, objetivo que ha alcanzado al conseguir hasta 2.365 dólares.

Fuente Universogay

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Rosmit Mantilla

Las prisiones en Venezuela son famosas por su dureza y los abogados de Rosmit Mantilla temen que su integridad física pudiera estar en gran peligro, especialmente debido a que él es un reconocido activista a favor de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.

La vida del apresado activista opositor venezolano Rosmit Mantilla, elegido diputado suplente en las parlamentarias del pasado diciembre, correrá peligro si es trasladado a un penal de presos comunes, advirtió la oficina en Caracas de Amnistía Internacional (AI).

“El miembro de la oposición, activista por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans, y prisionero de conciencia Rosmit Mantilla está en riesgo de ser transferido a una cárcel de delincuentes comunes donde su integridad física podría estar comprometida”, dijo AI en un comunicado.

El traslado fue pedido por la Fiscalía tras una protesta esta semana de Mantilla y otros tres “presos de conciencia” en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, donde habrían dañado cámaras internas de seguridad.

“Un juez debe ahora aceptar o denegar el traslado” solicitado por la Fiscalía tras “un incidente ocurrido en el Sebin donde actualmente Mantilla se encuentra privado de libertad”, relató AI.

Mantilla, miembro del partido de oposición Voluntad Popular, se encuentra detenido desde el dos de mayo de 2014 por cargos relacionados con las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar ese mismo año. “Él es un prisionero de conciencia que no ha formulado ningún llamado a la violencia ni ha hecho uso de la misma, y los cargos de los que se le acusan carecen de evidencia sólida”, denuncian desde la ONG, que, añaden, “debe ser liberado inmediata e incondicionalmente”.

Fuente Agencias/Cáscara amarga

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150.000 firmas para pedir que una reclusa transexual sea trasladada a una prisión de mujeres

Tara Hudson, de 26 años, cumple una condena de 12 semanas por delitos menores en la cárcel Horfield, al suroeste de Inglaterra, y está compartiendo espacio con 600 reclusos varones a pesar de haber denunciado que la han forzado sexualmente constantemente. Al parecer, las autoridades penitenciarias no han escuchado sus recursos para que le trasladen a una cárcel de mujeres porque Tara no posee el certificado de reconocimiento de género y en su pasaporte figura un nombre masculino. Si bien su médico considera que es una mujer, Hudson, quien se ha sometido ya a cirugía en varias ocasiones durante seis años, aún no ha obtenido reconocimiento oficial del cambio de sexo legal. Una portavoz de la cárcel dijo que el lugar en que se encarcela a las personas se determina “en función de su género legalmente reconocido”. No obstante, “en casos así, los médicos especialistas han de examinar las circunstancias, con el fin de proteger el bienestar emocional de la persona”, puntualizó. “Además, hay reglas estrictas” para garantizar la seguridad de los presos transexuales, aseguró.

En declaraciones exclusivas al portal Gay Star News, Jackie Brooklyn, la madre de Tara, dijo que había logrado por fin hablar con su hija. “Hablé con Tara hoy y me dijo que está sufriendo acoso y abusos sexuales constantes. En el ala donde se encuentra recluída, un hombre en la celda de al lado intentó suicidarse varias veces mientras ella estaba allí”, ha explicado la preocupada madre.

Jackie teme lo peor para su hija, ‘Ellos están gritando constantemente su nombre y le piden que les muestre las tetas. A pesar de pasar muchas horas al día en sus celdas, cuando salen a las zonas comunes se siente acosada sexualmente’, ha denunciado la madre.

Una filtraciones del centro penitenciario apuntaban que Tara iba a ser trasladada a una cárcel de mujeres. Sin embargo, fuentes cercanas a la campaña de apoyo #ISeeTara en Bath lo han negado.

Mañana se va a presentar una apelación en la Corte de Bristol pero si fracasa, la prisión junto con el Ministerio de Justicia británico mantendrían a Tara en la misma cárcel masculina.

Una petición en Change.org defendiendo que Tara sea trasladada a una cárcel de mujeres  superó las 100.000 firmas y se han previsto manifestaciones para mañana a las puertas del tribunal de apelación en Bristol, así como frente al Ministerio de Justicia en Londres. En el texto se afirma que la cárcel de Bristol, en la que se encuentra actualmente, es sumamente violenta y que se encuentra en “grave peligro de abuso, violencia sexual e incluso de muerte”. La petición afirma que hay entre 20 y 30 transexuales en las cárceles británicas que corren serios riesgos de sufrir abusos.

Desde el Ministerio de Justicia nadie se ha pronunciado sobre esta violación de directrices y de la forma que Tara está siendo vejada.

Nos sumamos a la campaña #ISeeTara.

Fuente Ragap y Cáscara Amarga

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Se complementarán con labores asistenciales a este grupo de internas e internos que han sido abandonados por sus familiares a causa de su orientación o identidad de género.

La población Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Travesti, Transexual e Intersexual (LGBTTTI) del Reclusorio Preventivo Varonil Norte y la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla en México, recibieron talleres de yoga y lectura en prevención de VIH/Sida, a fin de poner atención a este sector.

En un comunicado, la subsecretaría de Sistema Penitenciario de la capital mexicana, en coordinación con la Asociación Civil “Almas Cautivas”, organizó talleres de lectura en especial para mujeres transexuales, así como ejecuciones de Yoga Kundalini en el marco del Proyecto “La Primavera en Rosa” que previene la transmisión del VIH.

Precisó que son más de 160 internos de este sector de la población quienes reciben las clases, y que al finalizar recibirán una constancia de participación, siempre y cuando cumplan 80 por ciento de asistencia. Se prevé que el proyecto termine en diciembre.

Al respecto el subsecretario de Sistema Penitenciario, Hazael Ruiz Ortega, señaló que “se continúa con la instrucción de la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, de desarrollar labores asistenciales a este grupo de internas e internos que han sido abandonados por sus familiares a causa de su orientación o identidad de género”.

Además, dijo que con el apoyo de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, “estamos reforzando una campaña para prevenir y atender infecciones de transmisión sexual y brindar orientación psicológica individual y en grupo”. Durante las actividades de yoga y lectura se hará la entrega de preservativos y kits de limpieza a la población LGBT.

Fuente Cáscara Amarga

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Kemal Ördek está pasando por un verdadero calvario y sus derechos civiles han sido pisoteados. Si no fuera poco con haberle vejado y violado, las autoridades turcas la han forzado a compartir celda con sus agresores. El activista transexual, defensor de los derechos laborales de los trabajadores sexuales LGBTI, fue violado y le robaron en su casa en Ankara, Turquía, el pasado 26 de julio. Dos hombres que irrumpieron en su domicilio le quitaron su teléfono móvil y después le forzaron sexualmente, según ha denunciado la víctima públicamente.

Después del asalto sexual, los dos desconocidos le obligaron a sacar dinero de su cuenta de un cajero automático pero Ördek vio a un oficial de policía y le explicó lo que le había sucedido. Los tres fueron custodiados hasta una comisaría y Ördek, su presunto violador y el cómplice compartieron la misma celda.

El activista relató en un blog en un portal de noticias LGBTI turca que la amenazaron de muerte si no se retractaba. ‘Retire los cargos. Usted sabe lo que sucederá si no lo hace. Sabemos donde vive ahora‘, le dijeron.

Ördek se negó a firmar una declaración y mantiene la versión del presunto ataque. Los asaltantes fueron finalmente puestos en libertad sin cargos. Los abogados de Ördek, por su parte, están intentando recabar pruebas.

“Todo lo que quiero hacer es gritar. Me han golpeado y violado dos veces y me han tenido que hospitalizar. Sé muy bien lo que significa la violación. Estoy destruido psicológicamente“, ha relatado Ördek en otra entrada del blog en el mismo sitio web.

El pasado jueves, 29 de julio, se celebró en Londres un acto benéfico en solidaridad con Ördek: ‘Nos ponemos en el lugar de Kemal Ördek‘, explicaron desde la organización.

“Sé que muchas personas trataron de ayudar, me dieron sus amables mensajes. Se lo agradezco a todos. Su solidaridad me fortalece”, respondió Ördek.

Está claro que Turquía es uno de los países en los que la comunidad LGBTI corre todo tipo de peligros. El gobierno turco propuso en 2014 crear una prisión especial para alojar a los presos homosexuales, bisexuales y transexuales. En estas cárceles se alojarían aquellos internos no estrictamente heterosexuales, para evitar agresiones por parte de otros presos.

El proyecto, de hecho, es una continuación de las políticas ya en marcha en el país, donde se reguló la creación de los llamados «pabellones rosas» en varios centros penitenciarios, para segregar a convictos de diferente condición sexual. Muchos de ellos se enfrentan a la discriminación y al hostigamiento de otros internos, y, a veces, de los funcionarios de prisiones. Las más afectadas vienen siendo las personas transgénero, que hasta ahora eran enviadas a cárceles de mujeres u hombres de forma bastante arbitraria, según el criterio de la autoridad de turno.

La asociación Kaos LG, que defiende los derechos del colectivo LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) en Turquía, denunció la situación de una transexual llamada Avsa, que se puso en huelga de hambre para denunciar varias agresiones sexuales sufridas a manos de empleados de las prisiones de Giresun y Bafra. Por episodios como estos, muchos defienden la segregación como algo positivo. De hecho, Bozdag ha defendido que muchos de los presos revelan voluntariamente su condición sexual a los empleados de justicia: en 2013, por ejemplo, lo hicieron 81 personas.

Pabellones segregados se han implementados en prisiones de Argentina, Brasil y otros lugares en los últimos años, y la medida es apoyada por algunas organizaciones internacionales de derechos humanos. El anuncio, sin embargo, también ha provocado críticas en la propia Turquía: «Lo que es más urgente para los individuos LGBT es mejorar las condiciones actuales de encarcelamiento y terminar con su ‘aislamiento dentro del aislamiento’», declaraba el diputado opositor, Veli Agbaba. ‘Esta medida implicará también revelar la orientación sexual de los internos. Por eso se necesita un trabajo meticuloso antes de eso’, explicó.

Fuente Ragap

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Ingreso en prisión de Alcalá Meco, en la mañana de este jueves, del guardia civil. / LV

El guardia civil penado con cárcel por insultar a un mando se despidió ayer de su mujer y su hija pasará entre rejas los próximos cuatro meses

La familia recuerda que en la jurisdicción ordinaria habría sido condenado a una multa

Jorge García Badía | CIEZA. @jgbadia. 29 enero 2015

No pudo reprimir las lágrimas al ver el disfraz de su pequeña Celia, porque sabía que no se lo podrá ver puesto. Tampoco podrá soplar las velas con ella cuando cumpla dos añitos el próximo 11 de marzo. Sergio se va a perder cuatro meses de la vida de su hija porque el Juzgado Togado Militar de La Coruña le ha mandado a prisión por decirle «maricón» a un sargento primero del cuartel de la Guardia Civil en Irún (Guipúzcoa).

Sergio ingresó en la prisión militar de Alcalá Meco esta mañana. «Esto no tiene ni pies ni cabeza», se repetía ayer, una y otra vez, Sergio, guardia civil de 36 años, destinado en la actualidad en Archena. El encontronazo con el mando se produjo en 2006, después de que el agente cambiase las guardias en el Grupo Fiscal por una vacante en la cocina de la cantina de Irún. Le apetecía ese destino, pues antes de ingresar en la Benemérita había regentado una bocatería en Lorquí. «La gente se quejaba todos los días del menú, pero el sargento era un hombre chapado a la antigua: no quería cambiar nada».

Sergio aprovechó la ausencia del mando por vacaciones para intentar satisfacer las peticiones de sus compañeros, imprimiendo al rancho militar sus buenas dotes culinarias. «Preparaba patatas con ajo, sardinas… Pasamos de treinta a cincuenta comensales y aumentamos los ingresos». Sin embargo, el sargento primero no tardó en relevar a Sergio, aprovechando un descanso de éste.

La noticia la conoció a su regreso y a través de un tercero. El roce entre ambos quedó sin resolver, hasta que el 31 de diciembre de 2006 se le ocurrió auxiliar al nuevo cocinero. «Se le estaba quemando la cena de Nochevieja y me pidió ayuda. Fue entonces cuando el sargento me vio en la cocina y mandó a un compañero para decirme que me marchase. Salí al bar y le dije que no tenía huevos a decirme las cosas a la cara. ‘¡Eres un cobarde!’». El asunto acabó en el Tribunal Militar de Burgos, que archivó la causa en la que el mando acusaba a Sergio de decirle «maricón», incluso de haberle amenazado supuestamente con un vaso de tubo que rompió en la barra. «Ha mentido desde el principio; si hago eso me habrían engrilletado. Solo le dije ‘cobarde’», insiste Sergio. Leer más…

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Es la pena máxima que contempla la ley por este tipo de prácticas

Apenas unos meses después de que una protesta internacional propiciara la liberación de un turista británico encarcelado en aquel país, Marruecos ha decretado la entrada en prisión de dos hombres por tener sexo gay.

Un tribunal condenó a dos varones el pasado 23 de diciembre a tres años de prisión por “prácticas homosexuales”, la pena máxima prevista por la ley. El fallo se emitió por vía rápida en el tribunal después de que se encontrara a dos hombres manteniendo relaciones sexuales el pasado 13 de diciembre.

“He visto cosas que no sabía que existían. Aquello no era una prisión, es un campo de concentración”, aseguró el jubilado británico tras ser liberado y que había sido condenado a cuatro meses de prisión junto a su pareja marroquí, Jamal Jam Wald Nass, el pasado octubre, mientras se encontraba de visita en el país y después de que la policía encontrara imágenes de relaciones homosexuales en su teléfono, a pesar de que estaba protegido con contraseña.

“Apenas puedo mover el brazo después de 20 noches durmiendo en el suelo. Sólo quiero irme a casa a dormir en mi cama”. Según relata Ray Cole, la pareja fue alojada en una celda construida para 44 personas, pero donde se hacinan más de 60.

Gracias a la intervención de las autoridades británicas y de la Unión Europea se le ha concedido la libertad condicional y, una vez en la calle, tomó el primer vuelo de vuelta a Londres. Cole, de 69 años, conoció a Nass, que tiene 20, a través de Facebook. Ya se habían visto cara a cara en un viaje anterior, pero fue en el segundo que se produjo la detención.

Fuente Ociogay

Homofobia/ Transfobia., Islam Islam, Jamal Jam Wald Nass, Marruecos, Prisión, Ray Cole

Leído en el twitter de José María Olaizola sj:

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Hay quien ni siquiera sabe que está preso… ¡pero hay salida!

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"Migajas" de espiritualidad, Espiritualidad José María Olaizola, Libertad, Prisión